La Cámara de Senadores remitió este martes el informe proveniente de la Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos, a la Contraloría General de la República y al Banco Central del Paraguay (BCP), para que puedan indagar respecto a los varios indicios de lavado de dinero detectados por el cuerpo bicameral del Congreso.

No obstante, desde la Cámara Alta señalan que aún falta remitir estos documentos que están desarrollados en varios tomos, al Ministerio de Economía y Finanzas; al Ministerio de Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República.

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Durante su proceso de investigación la CBI se basó en cuatro ejes principales, que son los vínculos sobre lavado de dinero, que a su vez estuvieron ligados eventualmente con el financiamiento político mediante los recursos recibidos por organizaciones sin fines de lucro. Igualmente se indagó el lavado de activos provenientes del tráfico de armas.

También contiene información relevante respecto al lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, blanqueadas e ingresadas al sistema financiero vía bancos y empresa.

Este frondoso informe elaborado por miembros de la CBI que conforman legisladores de ambas cámaras, contiene además conclusiones y recomendaciones para varias instituciones del Estado.

A los documentos escritos se les adjuntó pendrives con audios, videos, notas varias, documentos, entre otros, que guardan relación a los casos investigados por la Comisión.

Ayer lunes, estos mismos documentos ya tuvieron entrada en el Ministerio Público y se aguarda que la Fiscalía general designe a los agentes fiscales que indagarán sobre el caso. Igualmente, se había enviado copias de los documentos a la Cancillería Nacional, para que a su vez remita vía diplomática al Departamento de Estado y de Justicia de los Estados Unidos.

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En el marco de la investigación de un presunto asalto que se dio en el barrio Aguapey Rugua de la ciudad de Coronel Oviedo, la Fiscalía cuenta con un sospechoso que ya se encuentra detenido.

La fiscal Karina Domínguez confirmó que en horas de la tarde de ayer se procedió a la detención preventiva de un hombre, quien sería expareja de Patricia Paola Fernández, pareja de la víctima fatal.

“Tenemos algunos indicios que están siendo investigados, contamos con información de supuestas amenazas, pero es algo en lo que estamos trabajando. Según la declaración de la mujer, los sujetos que perpetraron el hecho habrían actuado con la cara cubierta”, mencionó la fiscal en conversación con la 1080 AM.

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La agente del Ministerio Público mencionó que la mujer aseguró que fueron interceptados en el camino por dos hombres y que las imágenes de circuito cerrado obtenidas hasta el momento solo muestran el ingreso y la salida del vehículo, pero no se observa a los supuestos asaltantes.

“Cuando nosotros llegamos, la mujer estaba en un claro estado de shock y se encuentra en un estado muy vulnerable porque está en el primer trimestre de su embarazo; ella no tenía heridas, pero había señales de maltrato”, indicó la fiscal.

Aseguró que sí se puede hablar de un asalto, ya que se constató que varios elementos de la casa faltaban, pero que tampoco se puede descartar que se trate en realidad de homicidio doloso, por lo que no pueden adelantar más detalles hasta contar con otras evidencias en las cuales trabajan.

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Con su puño de hierro contra las guerrillas, el expresidente colombiano Álvaro Uribe amasó una popularidad a prueba de balas. Pero una histórica condena le hace mella al líder de la derecha cuestionado por sus presuntos vínculos con paramilitares. El político que gobernó el país entre 2002 y 2010 fue declarado culpable de sobornar testigos para que atestiguaran a su favor sobre su participación de estos escuadrones de ultraderecha. Es el primer expresidente del país condenado por la justicia penal.

Hijo de un hacendado y nacido hace 73 años en Medellín, Uribe llegó al poder cuando el país ardía por el enfrentamiento entre guerrilleros, paramilitares y fuerzas del Estado. Logró una cuestionada reforma constitucional que le permitió reelegirse y gobernar ocho años consecutivos, en los que se convirtió en el verdugo de las extintas FARC, a las que acusa de haber matado a su padre.

De hablar pausado y oratoria convincente, también es conocido por acaloradas declaraciones y una famosa llamada telefónica filtrada a la prensa, en la que insulta a su interlocutor y amenaza con golpearlo. De la mano de Estados Unidos, con el Plan Colombia como brazo financiero y militar, lanzó una ofensiva sin precedentes contra las FARC.

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“A esos bandidos les llegó la hora de la derrota total”, dijo en 2003 Uribe, que también fue senador (1986-1994 y 2014-2020) y gobernador del departamento de Antioquia (1995-1997). Al tiempo que mejoró la percepción de seguridad, su gobierno fue cuestionado por miles de asesinatos cometidos por militares durante la lucha contra las guerrillas.

Han sido documentados más de 6.000 “falsos positivos”, civiles acribillados y vestidos como guerrilleros para inflar resultados de combate y recibir recompensas. De las ocho millones de víctimas que por entonces dejaba el conflicto armado -entre desplazados, muertos y heridos-, el 40% se registraron durante su mandato.

Con una popularidad que rondó el 80% durante su gobierno, Uribe abandonó el poder en 2010, después que la justicia vetara un referéndum para postularse a un tercer mandato consecutivo. El dirigente que se precia de no saber bailar ni cantar, ni contar chistes y ser adicto al trabajo, nunca pensó en el retiro. Tras su salida de la presidencia, regresó al Congreso y rompió récords: en 2018 se convirtió en el senador más votado en la historia colombiana y prometió servir al país “hasta el último día” de su vida.

Así se reafirmó como padre de la derecha moderna al frente del partido Centro Democrático, bastión opositor y semillero de sus herederos políticos. Pese a escándalos de corrupción, espionaje y vínculos con paramilitares que enredan a su círculo cercano, en marzo amasaba una popularidad del 52%, según una encuesta de Bloomberg.

Uribe podría enfrentar una pena de hasta 12 años de prisión. Este juicio es el más sonado y politizado de las últimas décadas en el país, y es la punta del iceberg de otras investigaciones sobre sus nexos con los paramilitares antiguerrillas que entregaron las armas bajo su gobierno, en una controvertida negociación.

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De baja estatura y cabello blanco, Uribe es una figura que divide a los colombianos. Pero hasta los más críticos ven en él un actor clave en la desmovilización de las FARC tras ocho años de golpearlas sin clemencia. Estuvo detrás de la elección de su sucesor, Juan Manuel Santos (2010-2018). Pero entonces ocurrió lo impensable: Santos, que luego ganaría el Nobel de la Paz, decidió negociar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y Uribe lo acusó de traición.

En 2014, tomó las riendas de la oposición desde el Senado y orquestó la elección de su delfín Iván Duque (2018-2022). Desde entonces ha cosechado apoyo con su rechazo al acuerdo que desarmó a las FARC, y más recientemente con sus críticas al primer gobierno de izquierda de Colombia, del exguerrillero Gustavo Petro.

De origen liberal y formado en Derecho, con estudios en Harvard, Uribe llegó al poder en primera vuelta electoral con un discurso radical. El conflicto interno había entrado en un período crítico por el fracaso de una tentativa de paz con las FARC, la arremetida paramilitar y un boyante negocio del narcotráfico.

“Uribe supo aprovechar el miedo que la sociedad colombiana sentía frente a la violencia y la inseguridad para legitimar un proyecto político basado en la mano firme del Estado” que llamó “seguridad democrática”, dice la politóloga de la Universidad de Los Andes, Laura Wills-Otero. Sobrevivió a 15 atentados. El día de su posesión, las FARC atacaron con cohetes la sede presidencial. Amante de los caballos y siempre protegido por un robusto esquema de seguridad, es reservado sobre su vida familiar. Es casado y tiene dos hijos empresarios.

Fuente: AFP.

El Ministerio Público revela que en los últimos seis años fueron investigadas 392 causas por el hecho punible contra la trata de personas en Paraguay.

Estas cifras forman parte de las 554 causas ingresadas y posteriormente analizadas en la Fiscalía tras las denuncias de las víctimas, y exponen una aproximación a la realidad registrada en los años 2019 al 2024.

El perfil del hecho punible, realizado por el Departamento de Estadísticas de la Fiscalía, revela que las denuncias son identificadas como:

Explotación sexual: (incluye prostitución, la servidumbre sexual u otros tipos de servicios sexuales, actos pornográficos, producción de material pornográfico), encabezan el tipo de trata, registrando 138 causas.

Servidumbre: la obligación de trabajar y/ o prestar servicios sin poder cambiarlo, registró 57 causas.

Trabajo o servicio forzoso: realizado bajo amenaza de una sanción o sin voluntad del prestador, se reportó un total de 55 causas.

Servidumbre de la gleba: persona ligada a tierra ajena, trabaja a cambio un pago o servicio, pero sin posibilidad de moverse del lugar se registraron 12 causas.

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Explotación económica de otra persona: con privación de derechos fundamentales figuran con 7 causas. Pese a no contar con una cifra elevada, la connotación del tipo del hecho sigue siendo grave y denigrante para la víctima.

El perfil de la Trata de personas detalla la edad de las víctimas. En ese sentido, muestra que los menores de edad hasta los 13 años, representan un 13 % de las personas afectadas, según el análisis del Observatorio del Ministerio Público.

Las víctimas (menores) entre 14 a 17 años encabezan la cifra de víctimas en un 34 %. Las de 18 a 29 años representan el 27 %, mientras que las de 30 a 55 años corresponden al 23 % .

El informe explica de forma contundente que las mujeres representan el 71 % de las víctimas de éste hecho punible, frente al 29 % del sexo masculino.

Involucrados. El análisis de las causas permitió conocer el vínculo de los víctimarios con las personas afectadas, aunque el 80 % de los involucrados no figuran en la denuncia, considerándose como una de los motivos el temor de las víctimas a revelar a sus victimarios.

En cuanto a los involucrados identificados, se encuentran en primer lugar los familiares y amigos de las víctimas, representando el 15 %. El 5 % incluye a implicados en redes criminales y personas con las que tuvieron contacto en viajes internacionales.

Analizando una base de datos con 76 causas que presentan vinculaciones con otro hecho punible, además de la trata de personas, se encuentra que 41 causas están relacionadas al proxenetismo. Un total de 25 causas tienen que ver con el abuso sexual en niños, 8 causas ligadas además al tráfico ilícito de drogas, 5 a coacción sexual, 2 secuestros y 1 lavado de dinero.

Causas por año: del 2019 al 2024 tras ser identificadas las 392 causas por el hecho punible contra la trata de personas, fueron analizadas para conocer el perfil del hecho punible.

En el 2019: 69 causas

2020: 88 causas

2021: 64 causas

2022: 64 causas

2023: 48 causas

2024: 59 causas.

Los departamentos en los que fueron denunciados la mayor cantidad de causas son Asunción, encabezando las cifras. Sigue Alto Paraná, Central, Caaguazú y San Pedro.

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