El representante del Ministerio Público, Rogelio Ortúzar, pidió 24 años de cárcel más 10 años como medida de seguridad para Óscar Benítez, autor confeso del secuestro de Cecilia Cubas, hija del expresidente de la República Raúl Cubas Grau. A las 13:30 horas el Tribunal de Sentencia convocó a las partes para dar a conocer la sentencia de primera instancia.
El juicio oral y público a Benítez ingresó ayer lunes a su etapa conclusiva con la presentación de los alegatos finales del Ministerio Público y la defensa del procesado. El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar a Benítez está integrado por los jueces Juan Carlos Hermosilla, Fabián Escobar y Sandra Farías.
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Se declaró culpable
Benítez se declaró culpable del secuestro de Cecilia señalando ante el tribunal que lo juzga: “Me declaro ante la ley, errante, culpable, porque fui para ayudar en esa situación y era joven, aventurero y pequé contra la familia Gusinky”.
Seguidamente, agregó: “Quiero pedir perdón a los padres de Cecilia Cubas y pido perdón al Estado porque era joven y rebelde, cargado de ideología y pequé contra el Estado paraguayo. Me arrepiento de mi pasado y estoy tranquilo, el viejo hombre falleció y me declaró culpable”.
El fiscal Rogelio Ortúzar calificó de inédito y sorprendente la declaración del acusado, ya que en sus años de representar al Ministerio Público no logró escuchar a un procesado de esta manera.
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Coautor del crimen
Ortúzar explicó que Benítez participó en todo momento del plagio de Cecilia y que primeramente se encargó de reclutar a personas para el hecho, alquiló casas, vigiló a la víctima durante su rutina, participó del secuestro, fue custodio de la víctima, cobró el rescate e inclusive fue coautor del crimen.
“Contra el actual acusado tenemos un caudal probatorio muy grande, 400 documentos, 20 pericias, 500 objetos, era junto con Anastacio Mieres el nexo del grupo previsor y ejecutor”, dijo Ortúzar. Otro de los acusados en este caso es Lorenzo González, quien está en Brasil, ya con proceso de extradición.
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Bolsonaro sube al estrado acusado de intento de golpe de Estado
- Brasilia, Brasil. AFP.
El expresidente Jair Bolsonaro comparecerá desde este lunes por primera vez ante la corte suprema de Brasil para ser interrogado bajo la acusación de haber intentado un golpe de Estado para mantenerse en el poder tras su derrota electoral frente a Lula en 2022.
La fiscalía acusó en febrero al ultraderechista, de 70 años, que gobernó Brasil de 2019 a 2022, de liderar una “organización criminal” para desconocer los resultados de los comicios e impedir la toma de posesión del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
La conjura habría fracasado por falta de apoyo de altos mandos militares, pero Bolsonaro y otros siete excolaboradores podrían enfrentar una pena de unos 40 años de cárcel si son condenados por los crímenes de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y de golpe de Estado.
El líder de la derecha y extrema derecha brasileñas insiste en su regreso político a pesar de estar inhabilitado para las elecciones de 2026 y niega las acusaciones, declarándose un perseguido de la justicia.
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“Aclarar lo que ocurrió”
Aunque tiene derecho a quedarse callado, Bolsonaro dijo la semana pasada a periodistas que responderá “sin ningún problema” a los cuestionamientos de la corte.
“Es una excelente idea que hablemos en vivo sobre golpe de Estado, estoy muy feliz de tener la oportunidad de aclarar lo que ocurrió”, afirmó el jueves el excapitán del Ejército.
Al día siguiente, ante un grupo de mujeres de su conservador Partido Liberal mostró un tono conciliador, señalando que comparecerá ante los jueces “sin querer desafiar a nadie”. “Es la hora de la verdad”, apuntó.
Cara a cara con Moraes
Los interrogatorios tendrán lugar en la sede del Supremo Tribunal Federal en Brasilia, uno de los edificios depredados por seguidores bolsonaristas en enero de 2023 para pedir a los militares que derrocaran a Lula, hechos que la fiscalía también vincula al expresidente.
Serán transmitidos en vivo y podrían extenderse toda la semana. Bolsonaro es el sexto en el orden dispuesto por el tribunal, por lo que es probable que su testimonio ocurra el martes o miércoles. Para el expresidente será un reencuentro con exaliados y enemigos jurados.
A su lado estarán los siete coacusados también llamados a declarar, incluyendo Mauro Cid, su exedecán y mano derecha, convertido para el bolsonarismo en traidor por haber colaborado con la fiscalía a cambio de una eventual reducción de sentencia.
El testimonio del teniente coronel permitió a la policía identificar a los distintos actores de la trama golpista y sus comprometedores intercambios de información, según la investigación.
En el banquillo, también se sentarán cuatro exministros y los exjefes de la Marina y de la agencia brasileña de inteligencia.
El interrogatorio será escenario además de un esperado cara a cara entre Bolsonaro y el emblemático juez a cargo del caso, Alexandre de Moraes, a quien el expresidente tacha de “dictador”. Moraes, así como la fiscalía y las defensas, podrán cuestionar a los acusados.
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“Historia” en proceso
El proceso judicial ha avanzado con mayor rapidez que el promedio de casos penales en Brasil, según Rogerio Taffarello, experto en derecho penal de la Fundación Getulio Vargas.
Pero la corte suprema aún podría escuchar nuevos testigos, además de los argumentos finales de las partes, antes de que los magistrados empiecen la votación para una eventual condena.
Debido a que el supuesto complot fue ideado durante largo tiempo y algunos crímenes imputados -como abolición violenta del Estado democrático- son nuevos en el estamento brasileño, se espera “una discusión jurídica extremadamente compleja”, dijo Taffarello a la AFP.
Bolsonaro pasó el fin de semana con sus abogados para preparar su testimonio, alojado en la residencia oficial de su aliado y gobernador del estado de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, según medios locales.
En una fase previa en que la corte escuchó a medio centenar de testigos, Freitas, que fue ministro de Infraestructura de Bolsonaro, salió en su defensa, afirmando que “nunca” oyó al ultraderechista referirse a un plan golpista.
Pero dos excomandantes de las fuerzas armadas confirmaron que Bolsonaro les presentó la posibilidad de eventualmente decretar un estado de “defensa o de sitio” para anular las elecciones y mantenerse en el poder.
El plan golpista contemplaba incluso el asesinato de Lula y del juez Moraes, según la fiscalía. “La historia de Brasil se estará escribiendo” durante el juicio, el primero por una tentativa de golpe bajo un régimen democrático en el país, dijo a la AFP Marcio Coimbra, director del “think tank” Casa Política.
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Ordenan búsqueda de adolescente indígena desaparecida en Curuguaty
El Ministerio Público ordenó este sábado la búsqueda y localización de una adolescente indígena de 13 años que se encuentra desaparecida desde el 5 de junio en Curuguaty (Canindeyú). Su madre indicó que escuchó una moto a las afueras de su casa y presume que salió con un desconocido.
Según la denuncia presentada ante la comisaría local por Silvia Vargas Martínez, madre de la menor, que reside en la comunidad indígena Piro’y; cerca de la medianoche del 5 de junio se dio cuenta de la desaparición de su hija. Horas antes, esta le dijo que iba a descansar, pero cuando la buscó ya no la encontró.
La mujer indicó que luego de que ella se retiró para dormir, escuchó el sonido de una motocicleta a las afueras de la casa, pero que no sospechó nada en ese momento. Sin embargo, esto hizo presumir que su hija salió del domicilio en compañía de un sujeto aún no identificado.
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El caso fue comunicado al agente fiscal Carlos Rodrigo Giandinotto Paredes, asignado a la Unidad Penal n.º 3 de la Fiscalía Zonal de Curuguaty, quien dispuso la búsqueda y localización de la adolescente Belén Deliz Benítez Vargas, de 13 años, en el marco de la Causa n.º 1105/2025, caratulada “Investigación Fiscal s/ Hecho Punible a Determinar – Menor que no regresa al hogar”.
“Se solicita la colaboración de la ciudadanía para recabar cualquier información que ayude a dar con el paradero de la menor recordando que se trata de una adolescente indígena cuya integridad debe ser protegida con especial urgencia”, expresa el pedido. En el caso de que se tenga información puede contactarse con la comisaría más cercana.
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Policía interroga a Bolsonaro sobre su hijo días antes de tener que declarar por su caso de golpismo
La policía de Brasil interrogó este jueves a Jair Bolsonaro sobre uno de sus hijos investigado por posible obstrucción a la justicia, mientras el expresidente se prepara para responder desde el lunes en un juicio por presunto golpismo ante la corte suprema.
El exmandatario de extrema derecha (2019-2022) declaró en Brasilia sobre supuestas gestiones del diputado Eduardo Bolsonaro para lograr sanciones del gobierno de Estados Unidos contra autoridades judiciales brasileñas, a las que acusa de “perseguir” a su padre.
La corte ordenó la semana pasada investigar si el tercero de los cinco hijos de Bolsonaro busca entorpecer el juicio en curso contra el expresidente y excolaboradores suyos por un intento fallido de golpe de Estado en 2022.
La fiscalía acusó a Jair Bolsonaro, de 70 años, de buscar el apoyo de las fuerzas armadas para impedir la asunción del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva luego de que lo derrotara en las elecciones de ese año.
De ser hallado culpable, podría enfrentar hasta 40 años de cárcel.
Tras declarar ante la policía, Bolsonaro dijo este jueves a periodistas que la próxima semana responderá “sin ningún problema” a las preguntas ante la corte por la supuesta trama golpista.
“Es una excelente idea que hablemos en vivo sobre golpe de Estado, estoy muy feliz de tener la oportunidad de aclarar lo que ocurrió”, afirmó el capitán retirado del Ejército.
Reconoció además que transfirió “dinero legal, limpio” por la suma de dos millones de reales (unos 358 mil dólares) a su hijo, quien se mudó a Washington en febrero bajo el argumento de que la justicia brasileña intentaría prohibirle salir del país.
“El financiamiento de mi hijo no es para ningún acto ilegal”, afirmó, y defendió que Eduardo Bolsonaro trabaja “por la democracia en Brasil”.
Amenaza
La corte suprema accedió la semana pasada a un pedido de la fiscalía para investigar al hijo de Bolsonaro, quien también fue llamado a declarar pero no concurrió, por “coacción” y obstrucción al juicio contra su padre.
Desde Washington, Eduardo Bolsonaro “amenaza” a fiscales, policías y jueces, según la fiscalía.
El diputado ha solicitado sanciones para funcionarios brasileños como el retiro de visa para Estados Unidos, el bloqueo de bienes y la prohibición de establecer relaciones comerciales con cualquier estadounidense.
También publicó mensajes con “un manifiesto tono intimidatorio”, contra “agentes públicos” y “los jueces del proceso penal” que enfrenta a su padre, según la fiscalía.
El activismo de Eduardo Bolsonaro ha tenido eco en el partido republicano y el gobierno de Donald Trump.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirmó en mayo que había una “gran posibilidad” de que Washington sancionara al juez supremo brasileño Alexandre de Moraes por una supuesta “censura” y “persecución política” contra la derecha brasileña.
Moraes es relator del juicio contra Bolsonaro, a quien interrogará a partir del lunes. Además es responsable de la investigación sobre su hijo.
Tras las declaraciones de Rubio, el presidente Lula salió en defensa del magistrado.
“¿Qué historia es esa de que Estados Unidos quiera criticar algo de la justicia brasileña?”, dijo el domingo, y repudió que el gobierno de Trump “quiera procesar a Alexandre de Moraes”.
Bolsonaro está inhabilitado electoralmente hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas el sistema de votación, pero se mantiene como líder de la derecha e insiste en que quiere ser candidato en las presidenciales de 2026, a las que Lula también podría presentarse.
Eduardo aparece entre los nombres barajados en sondeos de opinión para reemplazar a su padre si él no concurriera a las urnas.
Fuente: AFP
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Brasil: corte suprema retoma juicio sobre regulación de redes sociales
- Brasilia, Brasil. AFP.
La corte suprema de Brasil retomó este miércoles pasado un juicio que debe decidir sobre la regulación de las redes sociales, en un proceso pionero en América Latina sobre el papel de las plataformas en la propagación de noticias falsas y discursos de odio. Tras varios meses de pausa, la corte vuelve a analizar varios casos referidos a las reglas para las plataformas y a su responsabilidad sobre los contenidos publicados por los usuarios.
El proceso ocurre en paralelo a un juicio en la corte al expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro y varios excolaboradores, por un presunto intento de golpe de Estado en 2022 tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva. Según la fiscalía, los supuestos golpistas usaron las redes sociales para desinformar sobre la fiabilidad del sistema electoral y justificar sus acciones.
El debate sobre las redes sociales en el máximo tribunal debe definir de qué manera las plataformas pueden recibir sanciones por publicaciones ilegales de los usuarios. Otro punto clave es si las empresas tecnológicas deben fiscalizar y eventualmente retirar contenidos ilícitos por su propia iniciativa, sin necesidad de intervención judicial como dicta el marco regulatorio actual.
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“Nada que ver con censura”
Ocho de once magistrados aún deben votar sobre la constitucionalidad de un artículo del llamado Marco Civil de Internet, vigente desde 2014, que establece que las plataformas solo son responsables por daños causados por publicaciones de usuarios si se niegan a acatar un mandato judicial para eliminar dichos contenidos.
Los tres que ya lo hicieron, entre ellos el presidente de la corte, Luis Roberto Barroso, se pronunciaron por una mayor responsabilización de esas empresas. “Establecer los criterios que regirán los casos que llegan al poder judicial es nuestro deber (...) y no tiene nada que ver con censura. Estamos hablando de responsabilidad civil”, resumió el miércoles Barroso al abrir la sesión.
Aunque se analizan casos puntuales, lo que defina el tribunal sentará jurisprudencia que deberá aplicarse de manera general en Brasil.
Uno de los casos bajo análisis se originó por una apelación de Facebook contra un fallo que obligó a la compañía a indemnizar a una mujer que descubrió un perfil falso con su nombre e imagen para divulgar material ofensivo.
El magistrado Luiz Fux argumentó en su voto que en casos de incitación al odio o a la violencia, racismo, pederastia y apología de golpe de Estado, las plataformas deberían “supervisar activamente” y eliminar el contenido de inmediato, sin necesidad de orden judicial.
El bolsonarismo se ha mostrado crítico con ese proceso. Existe “preocupación ante la posibilidad de que el poder judicial imponga, de forma unilateral, restricciones severas a la libertad digital en Brasil”, señaló la semana pasada en una nota la bancada bolsonarista en la Cámara de Diputados. El sensible debate ante el supremo no tiene fecha de finalización.
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Acelerar la regulación
La potencia sudamericana ganó protagonismo mundial en torno a las responsabilidades de las plataformas en agosto de 2024, cuando otro de los jueces de la corte suprema, Alexandre de Moraes, ordenó bloquear el acceso a la red X en todo el país por negarse a acatar órdenes judiciales relacionadas con el combate a la desinformación.
El dueño de X, el multimillonario Elon Musk, ignoró los pedidos de eliminar cuentas de partidarios de Bolsonaro, en medio de un pulso con Moraes sobre los límites de la libertad de expresión y las amenazas a la democracia. Después de 40 días suspendida, Musk cedió y X volvió a funcionar normalmente en Brasil.
El gobierno estadounidense de Donald Trump estudia actualmente posibles sanciones contra Moraes, luego de que el entorno de Bolsonaro lo acusara de “perseguir” al exmandatario (2019-2022). Por su parte, el presidente Lula abogó el martes por “acelerar la reglamentación” de las plataformas. “No es posible que un tipo intente dar un golpe de Estado (...) y diga que eso es libertad de expresión”, dijo en rueda de prensa el izquierdista, en alusión a Bolsonaro.