La jueza de Caacupé, Haydé Pereira, rechazó el amparo de una mujer que tiene un tumor y que pretendía vacunarse contra el COVID-19 y a su vez le impuso las costas del juicio. Foto: Gentileza.
Justicia rechazó amparo para vacunarse de una mujer con tumor y le impone pagar costas del juicio
Compartir en redes
La jueza Penal Adolescente de Caacupé, Haydé Pereira, rechazó el amparo constitucional promovido por Melissa María Lichi Torres, quien está siguiendo un tratamiento médico por una lesión tumoral hipófisis y debido a la determinación judicial la mujer no se podrá aplicar la vacuna contra el COVID-19. Lo llamativo y hasta inédito del presente caso es que la magistrada le impuso a la mujer pagar las costas del presente juicio, situación que generó el repudio en redes sociales y solicitaron la intervención del ministro superintendente de Cordillera, Alberto Martínez Simón, y que se inicie una investigación a la jueza Pereira.
La representante legal de la accionante explicó punto por punto la enfermedad que sufre Melisa Lichi Torres y que la misma es altamente vulnerable por lo que solicitó el auxilio a la Justicia para que la mujer se pueda vacunar contra el COVID-19. Igualmente se citaron artículos de la Constitución Nacional donde se garantizan el derecho a la salud pública. Este pedido no fue tenido en cuenta por la referida magistrada quien resolvió rechazar el presente amparo.
La abogada Cristina Servín, quien presentó el amparo en representación de Melisa Lichi, tiene la posibilidad de apelar la resolución judicial y en caso de ser así, será un Tribunal de Apelación el que deberá estudiar si corresponde revocar la resolución de la jueza Pereira o en su defecto confirmar el presente fallo judicial.
Juez ordenó vacunar a personas con Síndrome de Down
El juez de sentencia Darío Báez hizo lugar a una medida cautelar y ordenó que 31 personas con síndrome de Down, pertenecientes a la Asociación Síndrome Down del Paraguay, reciban la vacuna contra el COVID-19. Fue en el marco de la presentación de un amparo de pronto despacho contra el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. El referido magistrado judicial emplazó al Ministerio de Salud que las 31 personas sean vacunadas dentro del plazo de 24 horas. Asimismo, menciona la determinación judicial que la aplicación de la dosis se lleve a cabo en la Secretaría Nacional de Deportes de conformidad al estado de de vulnerabilidad en que se encuentran las personas beneficiadas por la justicia.
La Procuraduría General de la República, en ejercicio de la representación legal del Estado, defendió la improcedencia de la demanda y sostuvo que no se cumplían los requisitos legales para una condena. Foto: Archivo
La Procuraduría General de la República evitó el pago multimillonario en juicio por indemnización
Compartir en redes
La Corte Suprema de Justicia rechazó una demanda promovida por un exfuncionario de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), quien reclamaba alrededor G. 5.400 millones en concepto de indemnización por supuestos daños y perjuicios derivados de una destitución que consideraba injustificada. Los ministros de la Corte César Garay, Eugenio Jiménez y Alberto Martínez Simón firmaron la resolución judicial.
En la demanda civil, el exfuncionario de la Ande había solicitado el 3 % mensual de intereses sobre tal monto, suma que alcanzaba los G. 11.500 millones solo en intereses. Además, se ahorraron los posibles honorarios profesionales de los abogados del demandante, lo que habría representado un desembolso total de G. 20.608.583.310 para el Estado paraguayo.
La Procuraduría General de la República, en ejercicio de la representación legal del Estado, defendió la improcedencia de la demanda y sostuvo que no se cumplían los requisitos legales para una condena por responsabilidad civil extracontractual. En su sentencia, la Corte señaló que no se acreditaron ni la existencia de un daño jurídicamente comprobado, ni el vínculo causal directo entre la actuación de los funcionarios y los perjuicios alegados, ni un factor de atribución válido.
El fallo resalta que las demandas contra el Estado deben demostrar con claridad los cuatro elementos esenciales de la responsabilidad civil: antijuridicidad, daño, nexo causal y factor de atribución. La sola disconformidad con un acto administrativo no basta para fundar una pretensión indemnizatoria, especialmente cuando los actos cuestionados ya han sido revisados en otras vías jurisdiccionales.
Este caso constituye un precedente relevante en la defensa del erario público y reafirma el compromiso institucional de la Procuraduría General de la República en asegurar una representación jurídica eficiente, que permita resguardar los intereses del Estado ante reclamos infundados.
El empresario de futbolistas Miguel González Zelada deberá cumplir una condena de dos años y seis meses de cárcel por incumplimiento del deber alimentario. Foto: Archivo
Ordenan captura de empresario de fútbol condenado por incumplir con el deber alimentario
Compartir en redes
La jueza de Ejecución, Penal Cynthia Sostoa Santander, ordenó la captura a nivel nacional del conocido empresario de fútbol, Miguel Ángel González Zelada, quien tendrá que cumplir una condena de dos años y seis meses de cárcel dictada en junio de 2015, por incumplimiento del deber alimentario.
En su momento el tribunal de sentencia, conformado por los magistrados Liza Battilana (presidenta), Manuel Aguirre y Rosarito Montanía, condenó al empresario a la pena privativa de libertad de dos años y seis meses en el marco de la causa iniciada en 2010, que quedó firme en la sala penal de la Corte el 31 de agosto de 2022.
El juzgado de Ejecución recibió el expediente en fecha 10 de julio de 2025 y tras corroborar todos los datos resolvió ordenar la captura de González Zelada, quien deberá pasar a cumplir la pena.
La jueza dispuso que una vez capturado, el empresario deportivo pasará a guardar reclusión en el establecimiento penitenciario más adecuado que designe el Ministerio de Justicia.
En el marco de este proceso, fue beneficiado en dos oportunidades con la suspensión condicional del procedimiento, sin embargo, debido a retrasos en el depósito del dinero acordado el proceso debió continuar.
Una vez que el condenado cumpla una parte de su condena tendrá la posibilidad de pedir la libertad condicional al juzgado de ejecución que deberá estudiar si corresponde o no.
Operativo Barret: decretan prisión de policía alias Pikeitor y otros imputados
Compartir en redes
La jueza Lici Sánchez, decretó la prisión preventiva de varios detenidos en el marco del operativo Barret, entre ellos militares, policías y presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al narcotráfico. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Varios imputados fueron trasladados a la cárcel de Tacumbú, mientras que los dos militares al penal de Viñas Cué, y el agente policial a la Agrupación Especializada. Están imputados Giovani Zárate Jiménez, alias Yoni, presunto líder de la estructura, quien estará privado de su libertad en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este; Alexandro Dos Reis Acosta, José Ignacio Ramírez.
Mientras que los militares Jorge Daniel Villalba, y Rodney Villalba estarán presos en la cárcel de Viñas Cué. Asimismo, el agente policial Germán Lezcano Ojeda alias Pikeitor cumplirá la prisión preventiva en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.
El Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, desplegó un operativo con más de ocho allanamientos en el departamento de Canindeyú, con el objetivo de dar con los integrantes de la banda criminal liderada por Felipe Santiago Acosta, alias “Macho”.
A través del operativo denominado Barret, las autoridades del orden buscan dar con las personas que estarían encargadas no solo del tráfico de drogas y armas dentro de la organización, sino de aquellas que se encuentran encargadas del lavado y el traslado del dinero.
La jueza Clara Ruiz Díaz decretó la prisión preventiva de Ignacio Luis Ortigoza, extitular del Indert, procesado por lesión de confianza. Foto: Archivo
Jueza decretó la prisión de extitular del Indert, que tiene varios procesos penales pendientes
Compartir en redes
La jueza penal de Garantía, Clara Ruiz Díaz, ordenó la prisión preventiva de Ignacio Luis Ortigoza Samudio, extitular del Instituto Nacional del Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), quien estuvo prófugo de la Justicia durante más de 6 años.
Asimismo, la citada magistrada fijó para el 11 de julio la audiencia preliminar de Ortigoza, cuando se va a saber si el presente caso va a un juicio oral y público.
El Ministerio Público en su momento presentó acusación contra Ortigoza y pidió que el presente caso se discuta en un juicio oral y público atendiendo todos los elementos probatorios que se tiene en la carpeta fiscal.
Ortigoza fue declarado en rebeldía y con orden de detención en el año 2019 y desde ese año estaba siendo buscado por varios casos de presunta lesión de confianza cometidas cuando el mismo era presidente del Indert.
En enero de este año, la jueza Clara Ruiz Díaz reiteró su orden de captura en el marco de la causa que investigó el intento de venta de parte del predio del aeropuerto de Capitán Bado, Amambay, en el año 2012.
Asimismo, Ortigoza estaba siendo investigado por lesión de confianza en la compra de 5.743 hectáreas de tierra en Cordillera a la firma San Agustín, vinculada al exsenador Jorge Oviedo Matto. Las tierras fueron adquiridas por la entidad estatal por un monto de G. 46.884.846.163.
Del mismo modo, Ortigoza también fue indagado por la venta irregular de tierras en Alto Paraguay y así como la venta de la reserva del Mbaracayú.