La jueza Rocío González hizo lugar a un amparo judicial a favor de un profesional del derecho A.R.D.E para que el mismo pueda recibir la vacuna contra el COVID-19. Ahora el Ministerio de Salud deberá acatar la resolución dictada por la Justicia o en su defecto apelar el presente fallo judicial.
La citada magistrada señala en su resolución que “el análisis del escrito inicial y de la prueba documental presentada por el accionante surge que el abogado es una persona que por su condición de salud diagnosticado con asma bronquial, asimismo de alergia al polvo y a los ácaros resulta encontrarse en una situación de vulnerabilidad por lo que existe un verdadero peligro de ser gravemente lesionado en sus derechos de no resolverse la cuestión de manera inmediata por lo vía del amparo”.
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Además la magistrada refiere que corresponde hacer lugar al amparo y ordenar que el accionante se registre para agendar su inmunización ante el vacunatorio que le corresponda, menciona la determinación judicial. Este es uno de los primeros casos que por orden judicial se ordena el acceso a la vacuna contra el coronavirus.
En caso que el Ministerio de Salud decida apelar el presente fallo judicial será un tribunal de apelación el que tendrá que analizar si corresponde confirmar la resolución dictada en primera instancia o revocar la presente determinación adoptada por la jueza González.
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Admiten enjuiciar a jueza que habilitó carrera de Medicina en CDE
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados admitió la acusación contra la jueza de Itakyry, Eresmilda Román Paiva, quien presuntamente de forma irregular y vía medida cautelar habilitó la carrera de Medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián, filial Ciudad del Este. Igualmente, la referida magistrada para evitar que el JEM pueda investigarla por mal desempeño en sus funciones, presentó renuncia al cargo de jueza, pero la Corte todavía no aceptó la renuncia por lo que el jurado está habilitado para indagar a Paiva.
El JEM decidió admitir la acusación atendiendo a que la Procuraduría General de la República en representación del Estado y el Consejo Nacional de Educación Superior, órgano oficial encargado de la habilitación de carreras en educación superior, presentaron la acusación contra la mencionada magistrada.
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Rechazan amparo
La jueza Carmen Barrios rechazó el amparo promovido por la Universidad Autónoma San Sebastián filial Ciudad del Este contra el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). La referida casa de estudios presentó el amparo para poder ofrecer la carrera de Medicina, pero con la resolución de la magistrada no se podrá promocionar la carrera.
Barrios sostuvo que “si se hace lugar al amparo se estaría violando la propia ley que rige al ente rector, lo que se considera inadmisible desde todo punto de vista”. Agrega “la vía del amparo no es la idónea para obtener la habilitación de una carrera, máxime cuando existe un procedimiento en trámite y los requisitos están siendo aún evaluados por la entidad competente”, alega la jueza al rechazar la pretensión de la casa de estudios.
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A Ultranza Py: pastor José Insfrán seguirá preso en la cárcel de Emboscada
La jueza Rosarito Montanía ratificó la prisión preventiva del pastor José Insfrán, hermano de Tío Rico, procesado por lavado de dinero en el marco del operativo A Ultranza Py. La resolución de la citada magistrada se dio a conocer luego de la audiencia de revisión llevada a cabo ante la referida magistrada.
Ahora la defensa del procesado tiene la posibilidad de apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que tendrá que analizar y estudiar si corresponde ratificar la prisión preventiva del pastor.
Actualmente, Insfrán está privado de su libertad en la penitenciaría de Emboscada desde febrero de este año, donde por disposición de la jueza Rosarito Montanía el mismo fue trasladado a dicho lugar. En varias ocasiones su defensa pretendió nuevamente ser trasladado hasta la base de operaciones de la Senad pero dicho pedido fue negado.
Según la presente investigación del Ministerio Público, Insfrán, líder de una congregación religiosa denominada Centro de Convenciones Avivamiento, en Curuguaty, es acusado por la Fiscalía de utilizar su centro religioso en el megaoperativo de investigación denominado A Ultranza Py.
Se trata de una organización criminal del uruguayo Sebastián Marset, todavía prófugo de la Justicia y Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán, hermano del pastor, quien ya se encuentra imputado y está recluido en el penal de Viñas Cué.
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Caso Zapag: jueza ordenó el sobreseimiento definitivo de Marcello Fretes
La jueza penal de garantía Cynthia Lovera hizo lugar al sobreseimiento definitivo del joven Marcello Giovanni Fretes Laterra, quien en su momento fue procesado por lesión grave por la golpiza que recibió el joven Benjamín Zapag. Con la presente resolución judicial, Fretes queda desvinculado de forma definitiva del proceso penal.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en el juzgado penal de garantía a cargo de la referida magistrada. Es importante mencionar la Fiscalía General del Estado fue la que ratificó el pedido de sobreseimiento definitivo de Fretes.
Asimismo meses atrás, la jueza Cynthia Lovera elevó a juicio oral y público el proceso penal que enfrenta Héctor Grau, acusado por lesión grave, cuya víctima fue el joven Benjamín Zapag. Se deberá sortear el tribunal de sentencia que a su vez fijará la fecha para el desarrollo del juicio oral y público.
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, Zapag fue detenido a la salida del sanitario de una discoteca asuncena, en noviembre de 2022, sitio donde se produjo el ataque físico. Mientras que el acusado Héctor Grau, quien estaba ubicado al costado izquierdo de la víctima, presuntamente aplicó los golpes que le produjeron la lesión a Zapag.
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Indagatoria a la gavilla de Abdo: “El final de la historia está absolutamente demostrado”
“Es un paso fundamental en todo proceso penal, es algo absolutamente necesario en un proceso que sigue adelante a pesar de las diferentes incidencias, nulidades y chicanas que han desviado totalmente el proceso natural”, sostuvo el abogado Pedro Ovelar con relación a la convocatoria a indagatoria a los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández, imputados por por filtrar informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) con fines políticos.
“La indagatoria es un medio de defensa, no es un acto propiamente investigativo, pero yo estoy seguro que con el tiempo se irá limpiando todo lo que ensuciaron para llegar al final de la historia que está absolutamente demostrado con la imputación y las diligencias realizadas de que hubo filtraciones, persecución política, que manipularon instituciones para perseguir a los adversarios políticos”, señaló en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Giuzzio, Arregui y Fernández se encuentran imputados por los supuestos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal, tras la denuncia realizada ante el Ministerio Público por Ovelar, quien ejerce la defensa legal del expresidente Horacio Cartes.
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Cartes había sostenido en su acusación de que fue víctima de una persecución política durante el anterior gobierno mediante el uso de las instituciones públicas. “No se tuvo el resultado deseado, que el Partido Colorado pierda las elecciones presidenciales, pero sí tuvo un efecto tremendamente dañino para una persona inocente”, afirmó.
Así también añadió que “sabían que era inocente, pero manipularon todas las instituciones para condenarlo, no solo mediática y socialmente, sino que también afectaron su patrimonio, sus bienes. Son responsables, lo hicieron, está comprobado y por eso se encuentran imputados hoy en día”.
Caso Montserrat Alliana
Por otra parte, Ovelar se refirió sobre el pedido realizado por los agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, quienes solicitaron la desestimación de la causa penal contra la funcionaria de la Cámara de Diputados Montserrat Alliana Encina sobre cobro indebido de honorarios y otros. “Esto fue totalmente político, nada de jurídico. El Ministerio Público, con la investigación y el análisis realizado, echa por tierra cualquier tipo de entidad a esta denuncia”, indicó.
Sostuvo que “fue una investigación muy profunda de parte del Ministerio Público respecto a la conducta de mi representada. Analizaron desde su nombramiento, todo el tiempo que estuvo trabajando hasta que fue denunciada, incluso la remuneración recibida. Revisaron dónde prestaba servicios, la ubicación de su teléfono celular, los permisos que obtuvo, tanto particulares como de salud, y las entradas y salidas del país para ver si coincidía con el tiempo en que figuraba como trabajando”.
Ovelar acotó: “lo más importante fue el análisis jurídico sobre la atipicidad, es decir, que su conducta desde su nombramiento, el cargo que ocupa y la remuneración que recibe están acordes a la ley y que no hay ningún hecho punible en el cual haya incurrido, tanto ella como también el diputado y presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre”.