Por sexta vez se suspendió la audiencia preliminar del diputado colorado Miguel Cuevas y la de su esposa, Nancy Florentín de Cuevas. Ambos soportan acusación por enriquecimiento ilícito y cobro indebido de honorarios. La diligencia judicial se pospuso por pedido, nuevamente, del abogado Guillermo Duarte Cacavelos, defensor de la pareja.
En este caso también está procesado Enzo Cuevas hijo del parlamentario, para quien se solicitó el sobreseimiento provisional, lo que implica que el mismo, si es beneficiado con dicha salida, el Ministerio Público tendrá más tiempo de poder recolectar más elementos de prueba contra Cuevas.
Ante la nueva suspensión el juez penal de garantía Yoan Paul López fijó nuevamente para el 5 de julio, a partir de las 09:00, la audiencia preliminar para el legislador, su esposa y su hijo.
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El abogado defensor del político colorado, Guillermo Duarte Cacavelos, solicitó al juez penal de garantías la suspensión de la diligencia judicial porque la esposa del procesado cuenta con diagnóstico positivo de COVID-19. Asimismo, Duarte Cacavelos agregó que Enzo Cuevas, hijo del parlamentario, cuenta con aislamiento preventivo y pendiente a realizarse la prueba del hisopado para descartar o confirmar su contagio.
Miguel Cuevas está acusado por enriquecimiento ilícito y declaración falsa, debido a que, supuestamente tiene una falta de correspondencia entre egresos e ingresos por más de G. 5.500 millones. Por su parte, Nancy Florentín está acusada por cobro indebido de honorarios.
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El 9 de diciembre se sabrá si religiosas van a juicio por servidumbre de adolescente
El juez Osmar Legal fijó para el 9 de diciembre, a las 8:30, la realización de la audiencia preliminar para Olga Bogado Cubas y Rufina Salinas Acuña, acusadas por trata de personas. En la diligencia judicial se definirá si las acusadas estarán sentadas en el banquillo de los acusados.
La Fiscalía sostiene que existen suficientes elementos probatorios para que el proceso penal se pueda elevar a un juicio oral y público, por lo que se ratificará en la audiencia en la acusación fiscal.
La fiscal Vivian Coronel fue quien presentó la acusación contra Olga Bogado Cubas, religiosa que presuntamente mantuvo durante varios meses a una adolescente de 16 años en régimen de servidumbre y trabajo forzado, además de maltratarla física y psicológicamente. Igualmente, el Ministerio Público analiza presentar el requerimiento conclusivo en relación con la procesada Rufina Salinas Acuña.
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La acusación fiscal señala que Olga Bogado Cubas acogió a la adolescente el 27 de marzo de 2023 en un lugar denominado “Casa de la Reina de la Paz”, ubicado en el barrio Molino de Luque. Esto ocurrió después de que la menor fuera captada, bajo engaño, por Rufina Salinas Acuña, para una supuesta formación como novicia religiosa en un local conocido como “Nuestra Señora de Caacupé”, en el Km 14 de Minga Guazú.
Desde su llegada a Luque, la víctima fue presumiblemente sometida a un régimen de servidumbre y trabajo forzado durante siete meses. Según los investigadores, Bogado la habría sometido a todo tipo de malos tratos, llegando a abofetearla y golpearla en la nuca constantemente. Además, la obligaba a besar el suelo hasta cien veces cuando no le gustaba su trabajo, según la acusación.
Posteriormente, el 20 de septiembre, Olga Bogado trasladó nuevamente a la víctima a la zona de Minga Guazú y la dejó a cargo de Rufina Salinas. Esta última finalmente abandonó a la menor frente a su vivienda y le dio instrucciones, amenazándola para que mintiera a su madre sobre las condiciones en las que había vivido en Luque.
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Caso Gomes: “Dejemos que la Justicia haga su trabajo”, sostiene Peña
“La ciudadanía necesita saber que pasó. Dejemos que la Justicia haga su trabajo y que el Ministerio Público pueda dilucidar qué pasó”, manifestó el presidente de la República, Santiago Peña, este viernes, consultado por los medios de comunicación durante un acto oficial en el Palacio de López, sobre el caso del diputado Eulalio Gomes, quien falleció durante un allanamiento en su vivienda en el marco del operativo Pavo Real II.
“Esto se encuentra en el campo judicial, acá hay una investigación fiscal. Todos queremos saber qué pasó. Él nos acompañó en este periodo, no fue electo por el movimiento Honor Colorado, pero trabajamos juntos, fue una persona que colaboró mucho con la gestión del Poder Ejecutivo”, indicó el mandatario.
De similar manera se había manifestado el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón Fernández, respecto a la importancia de esperar los resultados de la investigación judicial en curso y evitar sacar conclusiones prematuras respecto al procedimiento realizado en agosto pasado.
El jefe de Estado había expresado, hace tres meses, su plena confianza en las instituciones de seguridad afirmando que los protocolos policiales se cumplieron. El caso volvió a ser noticia ayer jueves debido a las disparidad en los informes dados a conocer por el Ministerio Público y la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) sobre las pruebas balísticas practicadas a Gomes.
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Caso Gomes: “Es prematuro intentar conclusiones definitivas”, sostiene Fiscalía
El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón Fernández, emitió este viernes un comunicado afirmando que resulta prematuro sacar conclusiones sobre si el fallecido diputado y dirigente de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista, disparó o no contra los efectivos policiales durante el allanamiento en su vivienda en la madrugada del lunes 19 de agosto, en el marco del operativo Pavo Real II.
“Las evidencias deben ser evaluadas en forma conjunta y armónica, conforme el artículo 175 del Código Procesal Penal. Para ello serán determinantes los resultados de informes técnicos, pericias, testimonios y otras diligencias aún pendientes”, indica.
Añade que “serán determinantes diligencias pendientes. El elemento invocado, según la difusión, deberá observar dicho proceso de integración, por lo que es prematuro intentar conclusiones definitivas, que solo enervarán el normal proceso de la investigación”.
El posicionamiento de la Fiscalía surge a raíz de las disparidad en los informes dados a conocer por el Ministerio Público y la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) sobre las pruebas balísticas practicadas a Gomes.
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De acuerdo al informe de la UNA se encontraron valores de plomo, bario, antimonio en los brazos y manos del legislador. Los valores en el brazo izquierdo de plomo ascienden a 139, bario a 237, antimonio a 11,4. En la mano, los índices de plomo son 224, bario 277 y antimonio 21,5.
En cuanto al brazo derecho, el plomo es menor a 5, la detección de bario es de 258 y antimonio menor a 10. En la mano, el plomo hallado fue de 120, bario 332 y antimonio menor a 10. Esto demuestra la presencia de residuos de disparos de arma de fuego y fueron hallados a partir de las muestras de hisopos tomados luego del allanamiento en su vivienda en Amambay, que derivó en el fallecimiento de Gomes.
“El Ministerio Público garantiza objetividad y basará los requerimientos en las constancias emergentes de la investigación, según las reglas del debido proceso, que su vez, es el norte del Estado de Derecho, premisa fundamental del modelo constitucional vigente”, sostiene el documento firmado por Rolón.
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Caso Gomes: fiscal adjunta afirma que aún no es escenario para formular imputaciones
La fiscal adjunta de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico Matilde Moreno indicó que aún existen diligencias pendientes que deberán ser tenidas en cuenta para evaluar posibles imputaciones contra los efectivos policiales que participaron del allanamiento a la casa del fallecido diputado y dirigente de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista, en el marco del operativo Pavo Real II.
“Hablar de una salida procesal aún no corresponde, pues faltan todos los elementos que deben ser incorporados. Recién cuando tengamos todas las evidencias y análisis realizados se puede tomar una decisión al respecto de cuál sería el requerimiento que eventualmente presentaría el Ministerio Público”, sostuvo en entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Moreno, quien se encuentra a cargo de la coordinación del equipo de agentes fiscales designados en la causa, señaló que entre las diligencias pendientes a ser incorporadas en la causa judicial figuran por ejemplo el informe de planimetría, autopsia y pericias ordenadas.
“Estas son diligencias que fueron ordenadas por anticipo por un juez que intervino el día del hecho y fueron solicitadas por el Ministerio Público. En la planimetría Se realizan las mediciones del lugar del hecho, donde estuvieron los diversos autores de manera que se pueda analizar y realizar el cotejo correspondiente de todas las evidencias que se fueron recabando”, mencionó.
Las declaraciones de Moreno surgieron tras informes dados a conocer este último jueves por el Ministerio Público y la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) sobre las pruebas balísticas practicadas a Gomes.
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Actualmente existe una disparidad en los informes, teniendo en cuenta que el laboratorio forense del Ministerio Público en su conclusión señala 12 muestras negativas y positivas en una de ellas. Mientras que el informe perteneciente a la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de Asunción determinó la presencia de residuos de disparos de arma de fuego en las extremidades superiores del diputado Gomes.
“Las evidencias deben ser analizadas y estudiadas en su conjunto, una sola evidencia no puede ser primordial o tomada como clave. Hay que entender que en todos los casos de investigación de hechos punibles uno tiene que analizar las evidencias en su conjunto. Esto es solo es una parte de todas las que aún faltan ser incorporadas”, remarcó.
Antecedentes
El parlamentario, su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, Óscar Daniel Cabreira Pinazo, Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Mathías Gaona fueron imputados por supuestos vínculos con el lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal. El allanamiento de la vivienda de Gomes estuvo encabezada por agentes de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de la Policía, de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (Fope) y fiscales.