La joven que el año pasado fue detenida luego de dejar una millonaria cuenta por realizarse varios tuneados en un salón de belleza de Ciudad del Este fue detenida nuevamente en Capiatá en un allanamiento realizado por el Ministerio Público en el marco de la investigación por el robo de un automóvil que presta servicio de transporte para una plataforma digital. Se trata de Lisandry Ayala Montiel, de 22 años de edad.
La agente fiscal Carolina Martínez encabezó el allanamiento en el cual fue detenida la mujer, quien habría participado del robo de un vehículo. El procedimiento se logró a raíz de la localización e individualización de la línea utilizada para la solicitud del servicio.
Además de Ayala Montiel, quien ya cuenta con el antecedente registrado en Ciudad del Este, está siendo buscado por la Policía Nacional Ángel Gustavo Vera Godoy, quien sigue con paradero desconocido con orden de búsqueda y detención como presuntos implicados en el hecho.
Los antecedentes del caso señalan que en fecha 2 de junio del corriente año la víctima fue requerida por su servicio en la plataforma de la aplicación de transporte alternativo sobre la calle Madame Lynch c/ Aviadores del Chaco.
Dos personas, una mujer y un hombre, abordaron el vehículo de la marca Toyota Vitz color gris, con chapa AAEZ 210, propiedad de la víctima. Se dirigieron desde la citada dirección hasta llegar a la ciudad de Capiatá km 20 del barrio San Cayetano, y tras concluir el servicio en un lugar de escasa iluminación, la persona de sexo masculino desenfunda un arma blanca tipo cuchillo y amenaza a la denunciante, intimándola a la entrega del vehículo, dejándola en el lugar.
Tras alzarse con las pertenecías de la víctima que se encontraban en el interior del rodado, finalmente el vehículo fue abandonado en las inmediaciones del lugar.
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Posteriormente, con el Departamento de Investigación de Delitos y la comisaría Octava se logró la identificación de los autores del hecho mediante la proporción de las características físicas y el reconocimiento de toma fotográfica exhibida a la víctima. A partir de allí, la fiscala interviniente realizó las diligencias que derivaron en el allanamiento y la detención de los supuestos malvivientes.
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Incautan 186 armas y 127.000 municiones de cinco locales comerciales irregulares
En el marco de un trabajo de control, la Dirección de Material Bélico (Dimabel) llevó adelante inspecciones en cinco casas comerciales que operaban de manera irregular, tres de ellas en la ciudad de Caazapá y las otras dos en Ciudad del Este. Producto de este trabajo fue incautada una importante cantidad de armas y municiones.
El ministro de Defensa, Óscar González, puntualizó este miércoles en conferencia de prensa que este tipo de trabajos se lleva a cabo de manera periódica desde la Dimabel, con el objetivo de contrarrestar cualquier actividad ilícita que permita el tráfico de armas en el país.
Durante la incursión a estas casas comerciales que operaban sin la habilitación necesaria fueron incautadas en total 186 armas de fuego, entre cortas y largas, así también decomisaron 127.000 municiones. Todo esto estaba siendo puesto a la venta de manera irregular.
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Según el reporte de las autoridades, inclusive en uno de los establecimientos intervenidos se intentó sobornar a uno de los funcionarios de la Dimabel, hecho que fue inmediatamente comunicado a los superiores de la entidad y al Ministerio Público, dejando constancia del hecho y abriendo un proceso de investigación independiente.
“El valor legal de estos materiales ronda los 4.000 millones de guaraníes, pero bien sabemos que esto, al traspasar al mercado negro y llegar hasta bandas delictivas, el precio se devalúa debido a esas actividades ilícitas”, mencionó Melanio Servín, director de la Dimabel.
Remarcó que el combate frontal al tráfico de armas es una de las prioridades del Gobierno, ya que a través del control de armas también se puede disminuir el impacto logístico de los grupos delincuenciales que operan en el país.
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Prieto usa nueva herramienta para dilatar causas por corrupción en el Este
El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, encontró una nueva herramienta para dilatar las causas que pesan en su contra por el supuesto manejo irregular de fondos públicos. El jefe comunal y su equipo de abogados amenazan con presentar una denuncia ante la fiscalía general y piden auditar las causas abiertas contra el lord municipal. Son 42 las denuncias presentadas contra Prieto hasta el momento.
- Unidad de Investigación Nación Media
Una nueva chicana fue presentada por el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. O, en palabras elegantes, el jefe comunal presentó un nuevo recurso procesal con el que buscará paralizar las 42 denuncias presentadas en su contra por el supuesto uso irregular del dinero de los contribuyentes esteños.
Según la defensa, se han detectado irregularidades graves como la alteración de folios y la sustracción de pruebas favorables que podrían haber beneficiado al jefe comunal. El lord mayor es representado por la abogada Gilda Portillo y por Guillermo Ferreiro, excandidato a diputado y coordinador de la Concertación Nacional, quien en el discurso siempre cuestiona los manejos del sistema de Justicia, pero que utiliza las mismas prácticas que tanto critica.
El objetivo de la presentación, según explican, es dejar constancia de lo que el equipo legal de Prieto considera una persecución política a través del uso indebido del Ministerio Público. Un argumento que habitualmente repiten quienes son señalados por el uso irregular del dinero público. Curiosamente, cuando personas ligadas al Partido Colorado realizan estas denuncias, la oposición las suele tratar de chicaneras, pero en el caso de Prieto quieren convertirlo en un perseguido.
Según los abogados defensores, el proceso judicial está plagado de investigaciones sesgadas, negligencias y una clara falta de imparcialidad.
En concreto, Prieto ataca -una vez más- la causa abierta en su contra por las irregularidades cometidas en plena pandemia con la compra de kits que supuestamente debían ser para personas de escasos recursos.
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Canastas de los amigos
El caso más notorio durante la pandemia fue la adquisición de cestas básicas por G. 1.769 millones, destinadas a familias de escasos recursos. En esta operación, están procesados Miguel Prieto, varios de sus funcionarios y Emili Vanessa Florentín Páez, actual asesora jurídica de la municipalidad. Según la Fiscalía, Florentín Páez habría colaborado en un esquema de facturación ficticia para encubrir la falta de entrega de mercaderías.
La firma Tía Chela S.R.L., adjudicada para proveer las cestas, no contaba con el inventario necesario, según se constató en las investigaciones. Para justificar las operaciones, se habrían utilizado facturas falsas emitidas por Vanemi S.A., empresa vinculada a Florentín Páez. Las transacciones ficticias totalizaron G. 692 millones, parte de un perjuicio económico estimado en G. 2.130 millones.
La Fiscalía descubrió una red de subproveedores inexistentes, que emitieron facturas para simular la entrega de productos nunca adquiridos. Este esquema refleja el grado de opacidad con que se manejaron los fondos destinados a mitigar los efectos de la pandemia en Ciudad del Este.
Disco-constructora
SCDE SA, antes conocida como Golden Rouge SA, pasó de ser un club nocturno para convertirse en una constructora favorecida por la Municipalidad de Ciudad del Este con más de G. 14.000 millones (unos USD 1,7 millones) en contratos desde 2022. Inicialmente, Golden Rouge operaba en el rubro de bebidas y entretenimiento, pero en 2021 cambió su denominación y actividades, incluyendo la construcción de carreteras, edificios y otras infraestructuras. Entre sus accionistas figura Lumma Silva Battochi, funcionaria de la municipalidad y esposa de Juan Quiroga Cañete, director de la Secretaría de la Vivienda. Silva Battochi, con un salario mensual de G. 3 millones, aportó G. 320 millones como capital para integrarse a la empresa, una cifra que contrasta notoriamente con sus ingresos como funcionaria.
Desde 2022, SCDE SA firmó siete contratos con la comuna esteña, que representan la mayor parte de sus ingresos, ya que solo cuenta con otros dos contratos menores con entes públicos. Este caso pone en evidencia las prácticas cuestionables en la administración del intendente Miguel Prieto, quien ha beneficiado de manera directa a empresas vinculadas a su entorno cercano, mientras persisten las dudas sobre la transparencia en el uso de los fondos públicos.
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Otras chicanas
No es la primera vez que Prieto recurre a chicanas para dilatar los procesos en su contra. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó el 25 de julio del año pasado la permanencia de los magistrados del Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, rechazando así la recusación presentada por la defensa del intendente de Ciudad del Este, en el conocido caso “Tía Chela”.
La recusación buscaba apartar a las juezas Andrea Vera, Bibiana Benítez y al camarista Arnulfo Arias del caso, bajo el argumento de que habrían actuado con una supuesta celeridad excesiva en la resolución de planteamientos judiciales, lo que, según la defensa, comprometía su imparcialidad. Sin embargo, la Corte Suprema desestimó este argumento, ratificando la continuidad de los magistrados en el proceso.
La causa permanece en un punto muerto, a pesar de que se había fijado una audiencia de imposición de medidas ante el juez Humberto Otazú, la cual fue suspendida debido a esta recusación. El proceso sigue estancado a la espera de que la Corte Suprema resuelva otro incidente pendiente.
A pesar de las advertencias de la máxima instancia judicial de evitar el uso abusivo de los recursos procesales, los abogados de Prieto continúan presentando medidas que, según señalamientos judiciales, buscan dilatar el avance de las investigaciones y postergar las resoluciones del caso. La defensa sostiene que se trata de un intento por garantizar el derecho a una investigación justa, mientras que desde el ámbito judicial se señala un posible intento de obstrucción del proceso.
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Se suspendió la audiencia preliminar de 21 acusados que por dinero ofrecían cargos en el IPS
A pedido del Ministerio Público se suspendió la audiencia preliminar para 21 personas acusadas por supuesta estafa y asociación criminal, por el proceso penal del esquema formado para solicitar dinero a cambio de contratos y recategorizaciones en el Instituto de Previsión Social (IPS).
El representante del Ministerio Público, Orlando Paiva, asumió desde este martes la unidad fiscal que pertenecía a su colega Sandra Ledesma, razón por la cual solicitó la suspensión de la audiencia preliminar. Ante este hecho la magistrada de Garantía, Alicia Pedroso, fijó para los días 11, 12 y 13 de marzo la realización de la diligencia judicial.
Los acusados son:
- Zulma Verónica Villalba Colmán
- Eduvigis Espínola
- Fátima Patricia Agüero Stehlik
- María Luján Aguilera Chaparro
- José Manuel Agüero Stehlik
- Carlos Barreto Ocampos
- Jennifer Karina González
- José Genaro Santacruz Frutos
- Reina Torres Vda. De Duarte
- Rodolfo Ramón Velázquez Caje
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Los acusados para quienes se pidió juicio oral son:
- Yolanda Teresa Balbuena Martínez
- Jorge Manuel Ferreira
- Edgar David Amarilla
- Lourdes Rocío Agüero Stehlik
- Carolina Martínez Escurra
- Blas Antonio Verón
- Fátima Adelaida González
- Hilario Velázquez Santacruz
- Jorge Felipe Saboredo
- Cynthia Adriana Caje Cabral
- Juana Anastasia Torres Coronel
De acuerdo al Ministerio Público, los acusados formaron un esquema de reclutamiento de personas, a quienes solicitaban entre G. 1.500.000 y G. 15.000.000 por acceder a un puesto laboral o conseguir ascensos en la previsional, según la acusación.
El presente proceso penal tuvo su inicio luego de la recepción del escrito de denuncia formulada por la jefa del Departamento de Asuntos Legales del IPS. Ante la denuncia, el Ministerio Público realizó varios procedimientos, logrando la detención de las personas nombradas más arriba.
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LN PM: edición del 25 de febrero
“Se debe definir el origen del dinero y quién lo recibió”, dicen sobre aporte de Lalo al abdismo
El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, se refirió a las afirmaciones del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista, quien aseguró haber aportado USD 1 millón para costear la campaña política del abdismo. El funcionario de Estado sostuvo que es clave que la Fiscalía indague sobre el origen del dinero, teniendo en cuenta las vinculaciones del dirigente político de Amambay con el narcotráfico.
“Se debe definir el origen del dinero si existió o no, quién puso ese dinero y quién recibió ese dinero, puede que sea legal o ilegal, pero se debe investigar. Me parece mucho dinero para una campaña política, dirán que esto es normal, pero no”, manifestó Rachid.
Primer día de Hambre Cero: destacan ejecución y ajustes en la cobertura
El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, calificó como “satisfactoria” la ejecución del primer día de cobertura total del programa Hambre Cero en instituciones educativas de Asunción, Central y Presidente Hayes.
Equipos de auditoría del MDS, junto con técnicos nutricionistas y de control, recorrieron diversos puntos para evaluar la implementación del plan. También se realizó un monitoreo telefónico en instituciones del interior, abarcando localidades como Cordillera, Paraguarí, Caaguazú, entre otros. “No hubo reclamos sobre la calidad ni la falta del servicio, pero sí ajustes necesarios en las cantidades debido a la actualización del Registro Único de Estudiantes (RUE)”, explicó.
Desarticulan depósito narco con 250 kilos de cocaína en Ciudad del Este
Agentes especiales de la regional de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Ciudad del Este (Alto Paraná) decomisaron 250 kilos de cocaína en un depósito que formaba parte de una estructura de tráfico internacional de drogas. El procedimiento se realizó ayer lunes, por la noche, en una vivienda ubicada en el barrio San Juan, a la altura del kilómetro 8, lado Acaray.
La comitiva llegó hasta el sitio, tras un trabajo de inteligencia realizado en la zona, explicó el titular de la Senad, Jalil Rachid. “Se desplegaron ciertas vigilancias e implementación de tecnología básica para confirmar la teoría del caso. Y es así que se llevó a cabo un allanamiento con intervención del Ministerio Público y se pudo incautar una vez adentro de la vivienda, 285 kilos de cocaína”, informó.
Encarnación: vendedores cuestionan estacionamiento tarifado
Vendedores de la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa, cuestionan el estacionamiento tarifado establecido en zonas turísticas. Sostienen que la medida ya repercute en la cantidad de personas que llegan hasta la playa San José.
El presidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes, Eligio Benítez, indicó que las ventas ya se ven afectadas y pidió a las autoridades rever la medida. La tarifa establecida para el cobro por el estacionamiento es de G. 2.500 la hora.
“El papa descansó bien, toda la noche”, dice el Vaticano
El papa Francisco, hospitalizado por una neumonía en los dos pulmones y con leves indicios de mejora, “descansó bien” durante la noche, indicó el Vaticano este martes de mañana en un comunicado sobre la salud del pontífice de 88 años. “El papa descansó bien, toda la noche”, declaró la Santa Sede en un escueto comunicado, en el 12º día de su hospitalización en Roma, la más larga desde que fue elegido líder de los católicos en 2013.
Los médicos hasta ahora no han dado un pronóstico sobre el jesuita argentino, hospitalizado el 14 de febrero con dificultades respiratorias y bronquitis, condiciones que posteriormente se agravaron. Sin embargo, la Santa Sede ofreció el lunes una actualización más optimista al señalar que Jorge Mario Bergoglio habían experimentado “una leve mejoría”.