El juez Mirko Valinotti ordenó el sobreseimiento definitivo de María Laura Schiavo, exjefa de contratos de la Municipalidad de Asunción quien estuvo procesada en el caso Empo. Foto: Gentileza.
Empo: juez sobresee a exjefa de contratos de la Municipalidad de Asunción
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El juez de penal de Garantías Mirko Valinotti ordenó el sobreseimiento definitivo de la exjefa de contratos de la Municipalidad de Asunción, María Laura Schiavo, quien estuvo procesada por producción de documento no auténtico en el caso Empo donde está imputado el exintendente Mario Ferreiro y otros. Con la resolución del referido magistrado Schiavo queda totalmente desvinculada del proceso penal.
La resolución del magistrado Valinotti señala que “vistos los argumentos de la defensa y del Ministerio Público ambas son coincidentes en manifestar de que los documentos arrimados se puede comprobar que María Laura Schiavo se hallaba en uso del permiso de maternidad y lactancia al momento de consumación del supuesto hecho punible investigado y que no existen documentos que puedan vincularla de otra manera, por lo que se puede concluir que no tuvo participación en ningún hecho punible por lo que la fiscala agrega la imposibilidad de incorporar nuevos elementos por lo que corresponde que sea desvinculada del presente caso”.
También dice el fallo que “el juzgado considera que se hallan reunidos los elementos de convicción suficientes para hacer lugar al sobreseimiento definitivo de María Laura Schiavo en razón de que se ha podido determinar la no participación de la imputada en el hecho investigado por lo que se debe desvincular a la misma del proceso penal” menciona la resolución del juez Valinotti.
Es importante mencionar que la fiscala Stella Mary Cano estuvo de acuerdo para que se pueda hacer lugar al sobreseimiento definitivo de Schiavo. La representante del Ministerio Público sostuvo que “efectivamente se ha podido corroborar y comprobar que al momento en que se ha producido el hecho punible imputado, Schiavo contaba con permiso de maternidad y lactancia” menciona la contestación de la fiscala. El incidente fue presentado por el abogado Víctor Dante Gulino, quien solicitó el sobreseimiento definitivo de su defendida.
El juez de Garantía de Fernando de la Mora, Miguel Ruíz, elevó a juicio ora el proceso que enfrenta el hijo de un exvicepresidente de la República, acusado por abuso sexual en niños. Foto: Gentileza
Hijo de exvicepresidente de la República enfrentará juicio por presunto abuso sexual de un niño
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El juez Penal de Garantías de Fernando de la Mora, Miguel Ruiz, elevó a juicio oral y público el proceso penal contra el hijo de un exvicepresidente de la República, quien fue acusado por supuesto abuso sexual de un niño de 10 años. El Ministerio Público sostiene en su acusación que el hombre se aprovechó de la vulnerabilidad del menor para manosearlo en varias oportunidades.
Tras la audiencia preliminar, el juzgado resolvió admitir íntegramente la acusación del Ministerio Público y, además, dispuso que el acusado cumpla arresto domiciliario con control de la comisaría jurisdiccional de la zona. Asimismo, impuso medidas como la prohibición de acercarse a la víctima y a su madre.
La acusación presentada por el fiscal Armin Echeguren refiere que el procesado, aprovechándose de la vulnerabilidad de la víctima, quien tenía 10 años a la fecha de la denuncia, procedía a manosearlo en sus partes íntimas, por debajo de su ropa, utilizando como herramienta la excusa de los juegos para conseguir su cometido de índole sexual.
Los episodios, según la investigación, sucedían durante las visitas a su domicilio y, ocasionalmente, en la casa de los abuelos paternos, debido a que contaba con un régimen de relacionamiento.
Con la resolución del juzgado de primera instancia, el acusado deberá afrontar juicio oral y público y será juzgado por un Tribunal de Sentencia de Fernando de la Mora.
La Corte suspendió sin goce de sueldo al juez de Capitán Bado, Cristian Ariel Sánchez Zaracho, imputado por lavado de activos en la modalidad de frustración de comiso. Foto: Gentileza
Corte suspende a juez de Capitán Bado, imputado por caso vinculado a “Cabeza Branca”
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El Pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió suspender preventivamente en el ejercicio de sus funciones, y sin goce de sueldo, al juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Capitán Bado (Circunscripción Judicial de Amambay), Cristian Ariel Sánchez Zaracho, imputado por el supuesto hecho de lavado de activos en la modalidad de frustración de comiso. Asimismo, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) inició un proceso de enjuiciamiento en su contra.
De acuerdo con el acta de imputación, el magistrado habría ordenado la subasta pública de dos inmuebles que contaban con medidas cautelares vigentes y expectativa de comiso, en el marco de una causa vinculada al narcotraficante brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”.
Según el escrito fiscal, en agosto de 2023 la Senabico informó al juez que los inmuebles poseían medidas cautelares vigentes dictadas en dicha causa. Pese a ello, el magistrado dispuso la subasta de ambas propiedades. Posteriormente, informes de la Dirección General de los Registros Públicos emitidos en octubre y noviembre de 2023 —a pedido del propio juez— confirmaron la vigencia de una prohibición de innovar dictada por la jueza Penal de Garantías, Lici Sánchez.
A pesar de estos informes, la subasta se realizó el 8 de noviembre de 2023 y los inmuebles fueron adjudicados a la firma Grupo Paraná S.A. El 28 de noviembre, el juez aprobó el remate y ordenó la inscripción preventiva de los bienes a favor de la empresa adjudicada. Finalmente, la Dirección General de los Registros Públicos emitió una nota negativa y rechazó la inscripción debido a la vigencia de las medidas cautelares dictadas en el proceso penal relacionado con el caso “Cabeza Branca”.
Elevan a juicio oral causa por hurto contra sospechoso del crimen de Eusebio Ayala
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El juez Penal de Garantías, Yoan Paul López, elevó a juicio oral y público el proceso penal que enfrenta Édgar Clodomiro Rodríguez Merlo, uno de los sospechosos del crimen de Rebeca Martínez en Eusebio Ayala. En esta causa, Rodríguez Merlo está acusado en Asunción por el hurto agravado de una camioneta Toyota Fortuner, ocurrido el 20 de octubre de 2024 en el barrio Sajonia. Asimismo, el magistrado levantó la orden de captura internacional que pesaba sobre el imputado y decretó su prisión preventiva.
En relación con su presunto cómplice, José Luis Paes Gasparin, el juzgado se opuso al pedido de sobreseimiento provisional y remitió el expediente a la Fiscalía General del Estado para que ratifique la solicitud o presente una acusación formal.
La causa penal se originó tras la sustracción de una Toyota Fortuner blanca, año 2020, perteneciente a Héctor Daniel Villalba. El vehículo había sido estacionado alrededor de las 19:35 del 20 de octubre de 2024 en la intersección de las calles Cala’a y Antonio Ruiz de Arellano, en el barrio Sajonia.
Según la acusación, Rodríguez Merlo manipuló la puerta del conductor mientras Paes Gasparin realizaba tareas de vigilancia. Tras forzar el acceso, ambos ingresaron al habitáculo, lograron arrancar el rodado y, aproximadamente a las 21:04, se dieron a la fuga, iniciando la investigación por supuesto hurto agravado.
Rechazan chicana de abogado procesado por coacción y usurpación de funciones
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El juez Penal de Garantías de Luque, Nelson Romero, rechazó el recurso (chicana) presentado por Fernando René Marecos Gamarra, imputado por la presunta comisión de los hechos punibles de coacción y usurpación de funciones públicas. Marecos está procesado por participar, sin tener poder para participar en un procedimiento judicial irregular realizado en la firma Cargo Line Paraguay S.A., donde habría coaccionado a funcionarios de la empresa.
Romero sostuvo que el juzgado considera que la providencia recurrida por la defensa del imputado fue dictada conforme a lo dispuesto en el artículo 303 del Código Procesal Penal y sobre la base de un acta de imputación que reúne todos los requisitos legales para su admisión. Con este recurso, el imputado pretendía suspender la audiencia de imposición de medidas cautelares, fijada para el 8 de octubre a las 10:00.
De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos se registraron el pasado 16 de septiembre en las instalaciones de Cargo Line Paraguay S.A., durante la ejecución de una resolución judicial que disponía un cambio temporal en la administración de la firma. La imputación refiere que el abogado Marecos Gamarra asumió atribuciones que no le correspondían durante el procedimiento, en el cual incluso estuvo presente la jueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Mafalda Cameron.
Asimismo, la denuncia señala que el imputado participó en la diligencia judicial como supuesto representante de la parte demandante, sin embargo no existe ningún poder agregado al expediente que le otorgue dicha representación. El denunciante del caso es el actual gerente general de la empresa, Gustavo Martínez Venialgo.
Juez reencauza juicio civil
Por otra parte, el juez Guillermo Trovato reencauzó la actuación irregular de su colega Mafalda Cameron y sustituyó las medidas cautelares dictadas el 16 de septiembre. Trovato designó como administrador judicial de Cargo Line Paraguay S.A. a Gustavo Martínez, y de Cimportex Paraguaya I.C.S.A. a José Eduardo Fleitas Gómez. Ambos estarán bajo la fiscalización de la interventora María Graciela Álvarez Benítez, perito contable designada por el juzgado.