El Tribunal de Apelación integrado por los jueces Delio Vera Navarro, José Agustín Fernández y Bibiana Benítez anuló la absolución de culpa y pena del parlasuriano Pedro Milciades Duré y otros procesados más por lesión de confianza por la compra irregular de tierras de la firma San Agustín, que causó un perjuicio patrimonial al Estado de G. 60.000 millones.
Asimismo, el colegiado ordenó que Duré y los demás procesados Justo César Gamarra Suárez y Mario Echeverría enfrenten nuevamente un juicio oral y público. Todos los citados fueron absueltos de culpa y pena en enero de este año tras la realización de la diligencia judicial.
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Los camaristas mencionaron que no se valoraron los elementos de prueba bajo la sana crítica, por lo que se debe anular el presente juicio y se tiene que realizar un nuevo juzgamiento para los acusados.
Los fiscales Rodrigo Estigarribia y Francisco Cabrera habían apelado la resolución del Tribunal de Sentencia. Ante esta apelación, el tribunal de alzada decidió anular y ordenar nuevo juicio oral para todos los acusados.
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Ratifican prisión preventiva de tres exdirectivos de Ueno Bank
El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Anticorrupción y Crimen Organizado confirmó la prisión preventiva de Juan Manuel Gustale Cardoni, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Alejandro Gómez Abente, exdirectivos de Ueno Bank. Los tres habían apelado la decisión del juez Rodrigo Estigarribia, quien el pasado 5 de noviembre ordenó que permanezcan recluidos mientras avanza la investigación.
La defensa había solicitado sustituir la prisión por arresto domiciliario con tobillera electrónica, además de otras medidas de control. Sin embargo, los camaristas consideraron que las garantías inmobiliarias ofrecidas no reunían las condiciones necesarias para respaldar una medida menos gravosa, debido a la falta de certificados que acreditaran la titularidad, las condiciones de dominio y la disponibilidad de los bienes presentados como caución.
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Elementos analizados
Entre los elementos analizados por el Tribunal figuran las presuntas irregularidades en operaciones crediticias realizadas durante 2025 y 2026 con empresas vinculadas al grupo empresarial, así como la venta de una cartera de créditos por USD 74,4 millones a la firma Vinanzas SA. Según la hipótesis fiscal examinada, esta operación habría utilizado recursos provenientes del propio banco para aparentar una compra al contado.
La resolución también estableció una calificación jurídica provisoria de los hechos investigados, que incluye:
- presunto lavado de activos
- estafa
- conducta indebida en situaciones de crisis
- lesión de confianza
- violación del deber de llevar libros de comercio
- y asociación criminal.
No obstante, el Tribunal dejó abierta la posibilidad de revisar la prisión preventiva si las defensas presentan nuevos documentos que demuestren la suficiencia de las garantías ofrecidas.
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Ypytá: apelación frena constitución judicial en la Universidad Autónoma San Sebastián de PJC
En el marco del juicio civil de la firma Ypytá Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores, la abogada Ivonne María Guardati Maldonado —representante legal de Ronaldo Braga Diniz, presunto testaferro de Ángela Toumani (exesposa del capo narco asesinado Jorge Rafaat)— recurre a chicanas para evitar que se realice la constitución judicial en la Universidad Autónoma San Sebastián (UASS), institución ligada a la esposa de Rafaat.
Esta vez, la citada abogada apeló la determinación adoptada por la Justicia que ratificaba la realización de dicha diligencia. El objetivo de la medida es identificar a los ocupantes del inmueble, un valioso predio ubicado en Pedro Juan Caballero que habría sido objeto de una compra irregular, así como realizar un relevamiento de datos íntegro sobre las instalaciones donde funciona la referida universidad. Con la apelación presentada, se frena temporalmente la inspección, lo que sugiere que se intentaría ocultar información dentro de la casa de estudios.
Por su parte, el magistrado Édgar Rivas Laguardia, fuertemente criticado por su dudosa actuación en el caso, tardó nueve meses en autorizar la constitución judicial tanto en la UASS de Pedro Juan Caballero como en otras propiedades de la firma Ypytá.
Corte definirá si el juez queda fuera del cargo
El pleno de la Corte Suprema de Justicia deberá estudiar si corresponde confirmar en el cargo al juez Rivas Laguardia. Los ministros de la máxima instancia judicial tendrán la tarea de decidir si ratifican al cuestionado magistrado o si, por el contrario, apuestan por una figura nueva y más transparente para ocupar el juzgado civil de Asunción.
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Tras anularse su sobreseimiento, fijan fecha para tercer juicio a Tomás Rivas
El Tribunal de Sentencia, integrado por Darío Báez, Gloria Hermosa y Osvaldo Prates, fijó para el 18 de noviembre a las 08:30 el inicio del nuevo juicio oral y público contra el exdiputado colorado Tomás Rivas.
El exlegislador está acusado por presunta estafa en el caso de los “caseros de oro”, quienes cobraban salarios de la Cámara de Diputados por servicios que, en realidad, prestaban en el domicilio particular de Rivas.
El juicio oral también fue programado para los días 19, 20, 23 y 25 de noviembre. Este será el tercer intento del Ministerio Público por sostener la acusación.
En las dos ocasiones anteriores, el exdiputado obtuvo el sobreseimiento definitivo luego de que los tribunales consideraran válida la reparación del daño y declararan extinguida la acción penal.
La nueva convocatoria se produce después de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anulara dicho sobreseimiento.
La máxima instancia judicial consideró que no correspondía extinguir la causa por reparación del daño sin el consentimiento del Ministerio Público.
Al respecto, el ministro Manuel Ramírez Candia explicó que, si bien la estafa permite la extinción de la acción mediante la reparación del daño, la causa también incluye el delito de cobro indebido de honorarios —un ilícito contra el ejercicio de funciones públicas—, el cual no admite este mecanismo de solución.
Según la acusación fiscal, Rivas certificó planillas de asistencia falsas para justificar el pago de salarios a sus caseros con fondos del Estado, a pesar de que estas personas no cumplían funciones en la sede legislativa.
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Cámara de Apelación revoca y rechaza amparo promovido por jubilados navieros del IPS
La Cámara de Apelación Segunda Sala de la Capital —integrada por Juan Carlos Paredes, Stella Maris Zárate y Antonia López de Gómez— rechazó el amparo de pronto despacho promovido por un grupo de jubilados navieros del Instituto de Previsión Social (IPS), quienes accionaron contra el ente previsional para obtener la devolución y reajuste de sus aportes jubilatorios.
Los magistrados mencionaron en su resolución judicial que “no puede prosperar una acción de amparo, si existe un litigio judicial pendiente de resolución entre las partes cuyo objeto tenga conexidad con la petición en el amparo, porque de admitirse ello, se estaría violando una disposición judicial”.
Por las razones expuestas, se votó por hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el representante del IPS y, en consecuencia, revocar íntegramente la sentencia apelada, rechazando en su lugar la presente acción de amparo de pronto despacho, refiere el argumento del tribunal de alzada.
El abogado Raúl Mongelós, en representación de más de veinte jubilados del IPS, promovió una acción de amparo constitucional de pronto despacho contra el IPS, alegando que sus representados han cumplido con la presentación de los recaudos necesarios ante la institución para obtener lo que corresponde a cada uno.
Ante la no contestación del IPS, los jubilados recurrieron a la justicia, donde un juez de primera instancia hizo lugar al amparo, pero en segunda instancia se revocó y se rechazó la citada garantía constitucional.
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Los jubilados sostienen que el IPS no se ha pronunciado respecto de su petición de establecer los montos referidos a la liquidación de sus haberes con base en lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en los autos “Lino Asciano Acosta Amarilla y otros contra la Ley Nº 98/92”.
En dicho proceso, la Corte Suprema de Justicia dictó el Acuerdo y Sentencia (A. y S.) Nº 1917/2016, mediante el cual hizo lugar a la acción de inconstitucionalidad y declaró la inaplicabilidad de los artículos 3 y 4 de la Ley Nº 98/92 en relación con todos los accionantes. La decisión fue posteriormente objeto de aclaratoria mediante el A. y S. Nº 1197/2017, manteniéndose el alcance de la decisión respecto de todos los accionantes.
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