El abogado Álvaro Arias, defensor de Raúl Fernández Lippmann, presentó un recurso extraordinario de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia contra la resolución del Tribunal de Apelación que había anulado la absolución de culpa y pena del exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Arias sostiene que “existe inobservancia de preceptos constitucionales y a su vez la sentencia de segunda instancia se encuentra manifiestamente infundada”. Asimismo, menciona que se tiene que confirmar la resolución del Tribunal de Sentencia que había absuelto de culpa y pena a su defendido.
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El exsecretario del JEM fue absuelto de culpa y pena por el tribunal colegiado integrado por Juan Pablo Mendoza, Fabián Weinsensee y Laura Ocampos. Para el citado tribunal no se probó la acusación del Ministerio Público, por lo que se resolvió absolver al acusado.
Este fallo fue apelado por la fiscal Victoria Acuña y un tribunal de apelación decidió anular la presente determinación y dispuso que se realice un nuevo juzgamiento.
Con la presentación hecha por Arias, serán los integrantes de la Sala Penal de la máxima instancia judicial quienes deberán decidir si corresponde confirmar la absolución o, en su defecto, realizar un nuevo juicio a Fernández Lippmann.
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Infraestructura: MEC transfiere más de G. 8.000 millones a 58 instituciones educativas
El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) inició esta semana la transferencia de recursos a directores de las primeras 58 instituciones educativas, con una inversión de más de 8.000 millones de guaraníes para mejorar los entornos de aprendizaje en establecimientos escolares de gestión oficial.
La meta es llegar a 1.000 establecimientos escolares que requieren obras civiles menores, es decir, renovación y reparación de elementos críticos priorizados, partiendo de la protección para la vida y la salud de la comunidad educativa.
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El plazo para la realización y culminación de las obras es de 90 días, y contarán con apoyo de profesionales ingenieros y arquitectos del MEC, que acompañarán todo el proceso de ejecución por etapas. Se estima que, en octubre del 2024, cada director o encargado de despacho que recibió la transferencia de recursos deberá presentar una rendición de cuentas, de acuerdo con el procedimiento establecido.
“Estos trabajos se realizarán en el marco del proyecto de Mejoramiento de los entornos de aprendizaje en establecimientos escolares e institutos de formación docente de gestión oficial del Paraguay-TAPE, con financiación del Fondo para la Excelencia Educativa y la Investigación (FEEI)”, menciona el comunicado.
Prioridades de intervención
Dada la naturaleza del gasto, y teniendo en cuenta la estrategia de priorización, se dará énfasis a las intervenciones consideradas de riesgo para la vida, como paredes, techos, hundimiento de pisos u otros similares, incluyendo elementos de electricidad.
Igualmente, se mejorarán aspectos relacionados con sistemas deficientes de agua, saneamiento e higiene, cambio de artefactos eléctricos, sanitarios, así como barreras para la inclusión de personas con discapacidad de acuerdo a los estándares internacionales siguiendo el diseño universal para el aprendizaje (DUA).
Los directores o encargados de despacho de las 58 instituciones beneficiadas en esta primera etapa participaron previamente de un taller de inducción y socialización de los procedimientos para la contratación del prestador de servicios que realizará las obras en los locales escolares.
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Licitación de data center permitirá al Estado optimizar recursos, dice Mitic
El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) detalló los beneficios de la licitación del Centro de Datos del Gobierno (data center), el cual tendrá un costo de G. 143.000 millones. Desde la institución hablaron sobre la importancia de contar con un sistema de información centralizado, esto teniendo en cuenta los planes de digitalización previstos en este gobierno.
“Por supuesto que van a atacar este tipo de proyecto en el que lo que hacemos es optimizar los recursos del Estado y al hacer esto, hay negocios que se van a perder de parte de interesados, es claro que esto es lo que le conviene al Estado”, manifestó el ministro Gustavo Villate a la 650 AM.
Las declaraciones del titular del Mitic se dieron como respuesta a algunos sectores que cuestionan esta licitación, quien señaló que las críticas nacen ya que debido a esta convocatoria, varias licitaciones que estaban previstas en el marco de otros proyectos quedan sin efecto, por lo que hay intereses económicos que se ven afectados.
“Si bien es una inversión importante, nosotros estamos en un proceso de digitalización del Estado, donde estamos llevando todos los trámites a la digitalización. Es un compromiso que le hice al presidente y a la ciudadanía de tener esa entrada de trámites en un 100 % este año y vamos a hacer ese esfuerzo. Tenemos que prever el crecimiento que se va a dar, necesitamos un data center con una certificación de disponibilidad lo más alta posible”, refirió.
Asimismo, aclaró que este centro de datos será uno de los más grandes con los que se contará pero que no será el único, puesto que se prevén otros tantos en Hernandarias como Ayolas, que servirán de contingencia. Asimismo, se van a potenciar los data center de ciertas instituciones que ya cuentan con este servicio.
“La crítica de que es viejo o no me parece que no tiene sentido. Tenemos dos opciones, una es la construcción y la otra que se haga modular, nosotros estamos planificando ambos escenarios. Esto va a ser un parque de data center, primero previendo construcción porque vemos ventajas para este momento que estamos iniciando, pero también proyectamos que la ampliación que sea modular”, expuso Villate.
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El Ministerio de la Defensa Pública presentó concurso de Buenas Prácticas
El Ministerio de la Defensa Pública, en el marco del Programa Estado de Derecho y Cultura de la Integridad, presentó el concurso de Buenas prácticas sobre el uso del Sistema de Asistencia Técnica (SAT) con el lema “Aportá al SAT como un experto”. El lanzamiento se llevó a cabo recientemente y contó con la presencia del defensor general, Javier Dejesús Esquivel.
‘’Mediante esta iniciativa se pretende encontrar y fortalecer al capital humano de la Defensa Pública, y esta es una herramienta válida que pretende fortalecer las buenas prácticas para que los funcionarios puedan mejorar continuamente y brindar un servicio de calidad a los sectores más vulnerables’', expresó al respecto, el defensor general.
El coordinador del Programa Estado de Derecho y Cultura de la Integridad, Javier Contreras, puso especial énfasis en el aprovechamiento de la tecnología para facilitar la organización de capacitaciones y para que estos sean realizados por la mayor cantidad de personas posible.
Afirmó por su parte que ‘’la tecnología es una herramienta muy poderosa para ello, los participantes se pueden multiplicar exponencialmente si se capta un material audiovisual de una exposición y se generan los materiales digitales que puedan apoyar dicha actividad”, comentó.
La implementación se encuentra a cargo del Instituto Técnico Superior del Ministerio de la Defensa Pública (ITS - MDP), con el apoyo del Programa Estado de Derecho y Cultura de la Integridad, llevado adelante por el Instituto Desarrollo (ID) con la asistencia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID PY).
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Indagatoria a la gavilla de Abdo: “El final de la historia está absolutamente demostrado”
“Es un paso fundamental en todo proceso penal, es algo absolutamente necesario en un proceso que sigue adelante a pesar de las diferentes incidencias, nulidades y chicanas que han desviado totalmente el proceso natural”, sostuvo el abogado Pedro Ovelar con relación a la convocatoria a indagatoria a los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández, imputados por por filtrar informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) con fines políticos.
“La indagatoria es un medio de defensa, no es un acto propiamente investigativo, pero yo estoy seguro que con el tiempo se irá limpiando todo lo que ensuciaron para llegar al final de la historia que está absolutamente demostrado con la imputación y las diligencias realizadas de que hubo filtraciones, persecución política, que manipularon instituciones para perseguir a los adversarios políticos”, señaló en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Giuzzio, Arregui y Fernández se encuentran imputados por los supuestos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal, tras la denuncia realizada ante el Ministerio Público por Ovelar, quien ejerce la defensa legal del expresidente Horacio Cartes.
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Cartes había sostenido en su acusación de que fue víctima de una persecución política durante el anterior gobierno mediante el uso de las instituciones públicas. “No se tuvo el resultado deseado, que el Partido Colorado pierda las elecciones presidenciales, pero sí tuvo un efecto tremendamente dañino para una persona inocente”, afirmó.
Así también añadió que “sabían que era inocente, pero manipularon todas las instituciones para condenarlo, no solo mediática y socialmente, sino que también afectaron su patrimonio, sus bienes. Son responsables, lo hicieron, está comprobado y por eso se encuentran imputados hoy en día”.
Caso Montserrat Alliana
Por otra parte, Ovelar se refirió sobre el pedido realizado por los agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, quienes solicitaron la desestimación de la causa penal contra la funcionaria de la Cámara de Diputados Montserrat Alliana Encina sobre cobro indebido de honorarios y otros. “Esto fue totalmente político, nada de jurídico. El Ministerio Público, con la investigación y el análisis realizado, echa por tierra cualquier tipo de entidad a esta denuncia”, indicó.
Sostuvo que “fue una investigación muy profunda de parte del Ministerio Público respecto a la conducta de mi representada. Analizaron desde su nombramiento, todo el tiempo que estuvo trabajando hasta que fue denunciada, incluso la remuneración recibida. Revisaron dónde prestaba servicios, la ubicación de su teléfono celular, los permisos que obtuvo, tanto particulares como de salud, y las entradas y salidas del país para ver si coincidía con el tiempo en que figuraba como trabajando”.
Ovelar acotó: “lo más importante fue el análisis jurídico sobre la atipicidad, es decir, que su conducta desde su nombramiento, el cargo que ocupa y la remuneración que recibe están acordes a la ley y que no hay ningún hecho punible en el cual haya incurrido, tanto ella como también el diputado y presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre”.