La Cámara de Apelación integrada por los jueces Emiliano Rolón, Arnulfo Arias y Bibiana Benítez confirmó a la jueza Rosarito Montanía para que siga entendiendo en el proceso penal que soporta Julio César Duarte Servián, imputado por asociación criminal, comercialización de estupefacientes y lavado de dinero. Se sospecha que Duarte Servián integraba una red criminal que llegó a juntar bienes por US$ 40 millones.
Días atrás la jueza Hilda Benítez otorgó el arresto domiciliario al procesado, pero el Ministerio Público apeló la resolución y el Tribunal de Apelación revocó la determinación, ratificando la prisión del imputado. A raíz del fallo de la magistrada Benítez, el pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió que la jueza sea trasladada a Pilar.
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Duarte fue detenido en Pedro Juan Caballero en un mega operativo, denominado Status, en setiembre del 2020, ocasión en que se desbarató la organización liderada por el Clan Morínigo-García. Este grupo enviaba drogas al Brasil y aparentemente lavaba dinero en Paraguay. El procesado igualmente es accionista de la casa de cambios Zafra, Uniexpress SA y supuestamente colaboraba a través de esas casas de cambios para mover pagos, cambiar divisas y circular el dinero de la organización, no sobrepasando el mínimo del monto establecido por ley.
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EE. UU. pierde su estatus de país libre de sarampión y enciende las alarmas sanitarias
Estados Unidos enfrenta un preocupante retroceso en materia de salud pública. Después de más de dos décadas de mantener bajo control el sarampión, el país perdió la certificación internacional que lo reconocía como territorio libre de transmisión endémica de esta enfermedad, debido al fuerte repunte de contagios y a la aparición de brotes que no se registraban desde hace décadas.
La decisión fue adoptada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y comunicada este viernes, según publicó The Wall Street Journal, que citó a personas familiarizadas con el proceso. El reconocimiento se había conseguido en el año 2000, pero la reaparición sostenida del virus terminó por poner en duda la capacidad del país para contener una enfermedad que puede prevenirse mediante la vacunación.
¿Qué está ocurriendo?
Durante 2026 se notificaron más de 5.400 casos de sarampión y al menos cinco muertes, principalmente en estados como Pensilvania, Nueva York y Wisconsin. El escenario representa un importante retroceso para uno de los sistemas sanitarios con mayores recursos del mundo y abre interrogantes sobre qué está ocurriendo con las políticas de prevención y vacunación en Estados Unidos.
Uno de los factores que explican esta situación es la disminución de la cobertura de inmunización infantil. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), apenas el 92,4 % de los niños en edad preescolar recibió la vacuna triple vírica, que protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola. El porcentaje está por debajo del 95 % recomendado para evitar que el virus vuelva a circular de manera sostenida.
La caída de la vacunación preocupa especialmente porque el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y puede provocar complicaciones graves e incluso la muerte. La pérdida de protección colectiva facilita que el virus encuentre nuevas oportunidades para propagarse, especialmente entre los sectores de la población que no están inmunizados.
“Los brotes descontrolados de sarampión en Estados Unidos, así como las muertes innecesarias, se deben a la baja cobertura de vacunación”, advirtió Noel Brewer, presidente de un comité independiente.
Para recuperar la certificación, Estados Unidos deberá demostrar que logró interrumpir la transmisión continua del virus durante al menos 12 meses. Hasta entonces, el país seguirá bajo la lupa sanitaria internacional, mientras crece la preocupación por el debilitamiento de una de las principales herramientas de prevención: la vacunación.
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Ratifican prisión preventiva de tres exdirectivos de Ueno Bank
El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Anticorrupción y Crimen Organizado confirmó la prisión preventiva de Juan Manuel Gustale Cardoni, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Alejandro Gómez Abente, exdirectivos de Ueno Bank. Los tres habían apelado la decisión del juez Rodrigo Estigarribia, quien el pasado 5 de noviembre ordenó que permanezcan recluidos mientras avanza la investigación.
La defensa había solicitado sustituir la prisión por arresto domiciliario con tobillera electrónica, además de otras medidas de control. Sin embargo, los camaristas consideraron que las garantías inmobiliarias ofrecidas no reunían las condiciones necesarias para respaldar una medida menos gravosa, debido a la falta de certificados que acreditaran la titularidad, las condiciones de dominio y la disponibilidad de los bienes presentados como caución.
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Elementos analizados
Entre los elementos analizados por el Tribunal figuran las presuntas irregularidades en operaciones crediticias realizadas durante 2025 y 2026 con empresas vinculadas al grupo empresarial, así como la venta de una cartera de créditos por USD 74,4 millones a la firma Vinanzas SA. Según la hipótesis fiscal examinada, esta operación habría utilizado recursos provenientes del propio banco para aparentar una compra al contado.
La resolución también estableció una calificación jurídica provisoria de los hechos investigados, que incluye:
- presunto lavado de activos
- estafa
- conducta indebida en situaciones de crisis
- lesión de confianza
- violación del deber de llevar libros de comercio
- y asociación criminal.
No obstante, el Tribunal dejó abierta la posibilidad de revisar la prisión preventiva si las defensas presentan nuevos documentos que demuestren la suficiencia de las garantías ofrecidas.
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Ypytá: apelación frena constitución judicial en la Universidad Autónoma San Sebastián de PJC
En el marco del juicio civil de la firma Ypytá Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores, la abogada Ivonne María Guardati Maldonado —representante legal de Ronaldo Braga Diniz, presunto testaferro de Ángela Toumani (exesposa del capo narco asesinado Jorge Rafaat)— recurre a chicanas para evitar que se realice la constitución judicial en la Universidad Autónoma San Sebastián (UASS), institución ligada a la esposa de Rafaat.
Esta vez, la citada abogada apeló la determinación adoptada por la Justicia que ratificaba la realización de dicha diligencia. El objetivo de la medida es identificar a los ocupantes del inmueble, un valioso predio ubicado en Pedro Juan Caballero que habría sido objeto de una compra irregular, así como realizar un relevamiento de datos íntegro sobre las instalaciones donde funciona la referida universidad. Con la apelación presentada, se frena temporalmente la inspección, lo que sugiere que se intentaría ocultar información dentro de la casa de estudios.
Por su parte, el magistrado Édgar Rivas Laguardia, fuertemente criticado por su dudosa actuación en el caso, tardó nueve meses en autorizar la constitución judicial tanto en la UASS de Pedro Juan Caballero como en otras propiedades de la firma Ypytá.
Corte definirá si el juez queda fuera del cargo
El pleno de la Corte Suprema de Justicia deberá estudiar si corresponde confirmar en el cargo al juez Rivas Laguardia. Los ministros de la máxima instancia judicial tendrán la tarea de decidir si ratifican al cuestionado magistrado o si, por el contrario, apuestan por una figura nueva y más transparente para ocupar el juzgado civil de Asunción.
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Ratifican prisión y elevan a juicio proceso por el sicariato del militar Guillermo Moral
La jueza de Garantías Cynthia Lovera elevó a juicio oral y público el proceso penal contra Ángel David González Guillén, acusado de colaborar con la logística del sicariato del teniente coronel Guillermo Moral, ocurrido el 2 de octubre de 2025 frente a la Facultad de Derecho de la UNA. Asimismo, la magistrada ratificó la prisión preventiva del procesado y admitió la acusación fiscal por los delitos de sicariato y asociación criminal.
De acuerdo con la Fiscalía, el acusado habría colaborado con una transferencia de G. 800.000 destinada a financiar la vigilancia y el seguimiento de la víctima. El dinero fue entregado por su hermano, Carlos Antonio Báez Guillén, alias “Lulú”, quien también le proporcionó los datos de una cuenta bancaria para realizar el envío. González Guillén recurrió a su amigo Rolando Javier Torres Rivarola, quien finalmente efectuó la transferencia a una cuenta perteneciente a Lucía Guadalupe Portillo Benítez, tía de uno de los presuntos autores materiales del crimen, Rogelio Lemuel Díaz Brítez.
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El Ministerio Público señala que las comunicaciones por WhatsApp, los registros bancarios y las declaraciones de testigos respaldan firmemente la acusación. Por otra parte, la jueza se opuso al pedido de sobreseimiento definitivo de Jorge Guillén Bogado y remitió las actuaciones a la Fiscalía General del Estado para que, en un plazo de 10 días hábiles, ratifique o rectifique la solicitud presentada por los fiscales inferiores.
Ahora se deberá sortear quiénes serán los jueces de Sentencia que deberán juzgar al acusado por el caso registrado frente a la facultad de derecho de la UNA.
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