El juicio oral y público de un acusado por abuso sexual en niños, registrado en la colonia Ybyrapyta, Canindeyú, podría volver a suspenderse. Esto, debido a que el procesado designó al abogado Toribio Vázquez Bogado, quien solicitó que se posponga el juzgamiento argumentando que necesita copias del expediente judicial y de la carpeta fiscal para interiorizarse del caso.

La defensa del acusado busca postergar el inicio del juicio oral y lograr la impunidad, denunciaron las víctimas en contacto con La Nación/Nación Media. La audiencia pública está fijada para este 26 de mayo, a las 8:30 de la mañana; sin embargo, debido a la presentación realizada por la defensa, el juzgamiento podría posponerse.

De concretarse una nueva postergación, se sentará un precedente nefasto para la víctima y su familia, que sufren de las secuelas físicas y psicológicas del grave hecho ocurrido en el departamento de Canindeyú.

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El Tribunal de Sentencia encargado de juzgar al acusado está integrado por los jueces Benito González, Cynthia Espínola y Gustavo Villaverde.

Por su parte, el fiscal del caso, Néstor Narváez, mencionó que cuenta con suficientes elementos probatorios para lograr una sentencia condenatoria.

El abogado querellante, Saúl González, solicitó al tribunal que se ordene la detención preventiva del acusado para garantizar la realización del juicio oral, atendiendo a que las presentaciones de la defensa se realizan al solo efecto de dilatar el proceso. Este pedido debe ser analizado por los jueces.

Es de recordar que el acusado cumple arresto domiciliario desde hace aproximadamente dos años y, en caso de ser condenado, existe el riesgo de que pretenda cumplir su pena bajo ese mismo régimen.

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Un Tribunal de Sentencia integrado por Héctor Capurro, María Fernanda García y Yolanda Portillo condenó a 3 años de cárcel al abogado Diego Raúl Lansac Gómez, encontrado culpable por los hechos punibles de coacción grave y lesión del derecho a la comunicación y a la imagen, en un caso vinculado a lo que se conoce como “sextorsión”.

Según los jueces de Sentencia, se pudo probar durante el desarrollo del juicio -entre agosto de 2020 y septiembre de 2021- que el hoy condenado habría creado perfiles falsos en redes sociales para amenazar a una mujer con la difusión de imágenes íntimas si no cumplía determinadas exigencias, entre ellas, renunciar a su trabajo.

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La acusación fiscal también sostiene que Lansac difundió posteriormente las imágenes privadas de la víctima a familiares y personas cercanas, afectando su intimidad, dignidad y entorno personal. La fiscal Ruth Karina Benítez había solicitado en sus alegatos finales una pena de 3 años y 6 meses de cárcel.

El Ministerio Público sostuvo que el acusado utilizó cuentas falsas en plataformas digitales para contactar, hostigar y condicionar a la víctima mediante amenazas relacionadas con la publicación de contenido íntimo.

La Fiscalía destacó que pese a varios planteamientos dilatorios promovidos por la defensa, el juzgamiento concluyó con una sentencia condenatoria. El Tribunal además resolvió mantener el arresto domiciliario que pesa sobre Lansac hasta que la condena quede firme.

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Un abogado enfrentará un juicio oral y público por instalar dispositivos de vigilancia y acceder ilegalmente a cuentas personales de su expareja. La afectada es una agente fiscal. Además, mantenía relaciones con una menor de edad, con quien utilizaba el mismo modus operandi, por lo que será juzgado por pornografía infantil.

El hombre instaló un dispositivo de GPS de manera a controlar todo lo que hacía la fiscala, dónde se movilizaba y todos los movimientos que realizaba. También pudo acceder al vehículo con una copia de la llave que realizó sin autorización de la propietaria. “Él tenía acceso a todo”, precisó hoy la fiscal Irma Llano, en declaraciones a la 1020. Sin embargo, descartó que haya contado con ayuda de algún experto.

“Él tenía conocimiento de herramientas de informática. Aparentemente, todos estos hechos fueron realizados por él en persona”, indicó. Pero el hecho de ser profesional del Derecho es un agravante, porque “conoce muy bien con relación a hasta dónde abarca el derecho con relación a cada uno y de los delitos que está cometiendo”, aclaró.

De acuerdo a la acusación presentada por la víctima, el letrado accedió incluso al celular de su expareja, teniendo acceso a su correo electrónico, redes sociales, cuentas bancarias.

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Asimismo, realizó copias de seguridad y copias de pantalla al contenido almacenado en el celular y a través de lo cual pudo obtener conversaciones, mensajes, cuentas personales, videos y fotografías que pertenecen a esta mujer y cuyo contenido es de carácter personal y privado.

No contento, el abogado llegó a instalar cámara oculta en la habitación de la mujer, donde la filmó en distintas situaciones íntimas y privadas, sin el consentimiento y sin el conocimiento de la víctima, violando su privacidad y su intimidad.

El acusado se expone a tres hechos punibles: acceso indebido a sistemas informáticos, lesión al derecho a la comunicación y a la imagen y pornografía relativa a niños y adolescentes. Este último caso fue incluido debido a que, a partir de la investigación inicial, se descubrió que mantenía relaciones con una menor y que utilizaba el mismo modus operandi.

En ese sentido, fueron encontradas fotografías y videos de una menor de edad vestida con el uniforme de un colegio. También se hallaron fotografía de la cédula de la menor e imágenes de las partes íntimas de la adolescente.

“Se realizaron varios procedimientos y la extracción de los dispositivos involucrados, donde se pudo constatar otro hecho nuevo que sería pornografía infantil en niños y adolescentes, producción y exposición de las mismas”, confirmó la agente fiscal.

Por tales motivos, el juez penal de Garantías, Yoan Paul López, envió la causa a juicio oral y público. En tanto, la fiscalía pidió resguardo para la víctima por la gravedad de los hechos. “Estas actitudes no son normales, son hechos peligrosos que pueden llevar a otros hechos más graves como feminicidios. Son cuestiones alarmantes que hay que tomar los recaudos necesarios”, subrayó la representante del Ministerio Público.

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Tras más de un año de la acusación y dos años de la imputación, sigue trabada la causa penal por las filtraciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), que involucra a exaltos funcionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez. El motivo es una serie de recusaciones y recursos planteados por la defensa de exautoridades abdistas.

Aunque el Ministerio Público presentó acusación formal el 11 de marzo de 2025 y solicitó elevar la causa a juicio oral, hasta el momento ni siquiera pudo realizarse la audiencia preliminar.

La Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei), encabezada por el ingeniero Raúl Constantino, mantuvieron un encuentro con el Camilo Pérez, intendentable de Asunción por Honor Colorado, con la finalidad de interiorizarse sobre sus propuestas electorales y plantear los requerimientos del sector.

“Nosotros somos los primeros interesados, más allá de la ciudadanía en general, que el trabajo que haga el futuro intendente sea para mejorar el caos que hoy vive la ciudad de Asunción y, en esa línea, para nosotros es importante escuchar las propuestas de los candidatos”, indicó Constantino, este miércoles, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Desde las primeras horas de la fría mañana de este miércoles se desarrolla la feria “Che sýpe guarã 2.0”, en la Costanera de la capital, con gran afluencia de compradores. Ante el éxito de este tipo de exposiciones, con disponibilidad de carne vacuna, el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, anunció que la actividad se trasladará a los departamentos del interior.

El secretario de Estado adelantó que la primera edición en el interior del país se desarrollará en la ciudad de Concepción, con fecha a confirmar, según dijo a Paraguay TV. Adelantó que la realización del evento se está coordinando con las autoridades locales. Indicó que hay otra iniciativa que consiste llevar la “carnicería a tu barrio”, por lo que se está trabajando en la logística para ubicar los camiones con los productos cárnicos.

El presidente de la República, Santiago Peña, inauguró este miércoles el primer Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) del Chaco, en la ciudad de Villa Hayes, en el departamento de Presidente Hayes, un proyecto impulsado por la Oficina de la Primera Dama y el Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna). Este es el primer centro de los ocho que serán construidos en suelo chaqueño, y el tercero ya ejecutado a nivel país.

“En estos cinco años tenemos que encargarnos de sembrar muchas semillas, esta es una de las semillas que estamos sembrando”, fueron las expresiones del mandatario durante este evento. Peña sostuvo que la atención a la primera infancia se transformó en una política pública de su gobierno, una acción que quedará para el país y principalmente para las familias paraguayas.

“Dejan de lado todo lo que es mi carrera, me parece injusto que no se mire mi trayectoria” indicó el agente fiscal Aldo Cantero, al defender su inclusión en la terna para juez penal de primera instancia de Asunción, elaborada por el Consejo de la Magistratura (CM).

“La gente y los medios de comunicación que me atacan se olvidaron que tuve muchas causas de altísimo nivel y popularidad referente a cuestiones políticas. Yo con 30 años formé parte de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, empecé muy joven como fiscal y tengo 14 años de gestión probada y aprobada por todos los entes de control”, sostuvo al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) tendrá una nueva reunión este miércoles, fijada para las 15:00. Los trabajadores se mantienen firmes y aseguran que tienen justificado el pedido de aumento de 20 %. En el encuentro pasado estuvo ausente el representante de los empleadores.

Al respecto, José Pineda, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores – Auténtica (CUT-A), conversó con GEN y Universo 970/Nación Media y valoró la apertura del Ministerio de Trabajo para analizar con tiempo y poder debatir con tiempo sobre la cuestión salarial. “Esta vez el Ministerio de Trabajo, a través de la ministra Mónica Recalde, ha abierto la posibilidad de una conversación más temprana que anteriormente y el inicio de las conversaciones representa una oportunidad para presentar nuestra posición y tener tiempo suficiente para argumentar técnica y económicamente nuestro pedido de reajuste salarial muy por encima de lo que establece el IPC del Banco Central”, dijo.

La audiencia de revisión de medidas del exsenador Erico Galeano fue suspendida este miércoles tras una presentación realizada por la defensa del exlegislador. Los abogados interpusieron un recurso de reposición contra la convocatoria y también promovieron un habeas corpus preventivo ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El exsenador fue condenado a 13 años de cárcel por los delitos de lavado de dinero y asociación criminal en la causa A Ultranza Py.