El Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia designó al director de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, Rodolfo Heyn Arias, como encargado de despacho de la Superintendencia General de Justicia sin perjuicio de sus funciones en virtud a la renuncia del funcionario Mario Elizeche. El documento lleva la firma de los ministros César Diesel y Luis María Benítez Riera.
Días atrás el pleno de la máxima instancia judicial aceptó la renuncia de Elizeche exsuperintendente general de Justicia. El mismo dejó de ser funcionario luego de 24 años de ocupar varios cargos en la Corte.
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La Superintendencia General de Justicia debe investigar con eficiencia las denuncias institucionales y ciudadanas e instruir sumarios administrativos que aseguren el debido proceso con miras a los intereses de la institución y precautelar el derecho de los ciudadanos para el acceso efectivo y eficaz al servicio de la justicia.
Asimismo, se encarga de observar el debido cumplimiento de las decisiones del órgano superior y dar seguimiento ante las instancias jurisdiccionales y administrativas a todas las eventuales irregularidades denunciadas contra los magistrados, auxiliares de justicia y funcionarios del Poder Judicial.
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IPS pide a la Corte auditoría del expediente sobre ejecución hipotecaria
El Instituto de Previsión Social (IPS) solicitó a la Superintendencia de Justicia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que lleve adelante una auditoría para conocer quiénes fueron los responsables del extravío de hojas y la desidia judicial acerca del expediente caratulado: “IPS contra Espigal SA, sobre ejecución hipotecaria y prendaria del año 2002″.
Este juicio, que comenzó el 26 de setiembre de 2002, se encuentra sin tener los avances correspondientes en el juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial del octavo turno, y el monto de la demanda es de un monto superior a los G. 18.617 millones.
Desde la Dirección Jurídica de la previsional señalaron que el juicio cuenta con más de 10 años y que antes nadie impulsó desde el IPS para apurar el proceso y permitir la ejecución hipotecaria, considerando la sustracción de hojas del expediente.
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“Ante esta situación, denunciamos ante la Superintendencia de Justicia, y pedimos una auditoría interna y externa para deslindar responsabilidades e identificar a los responsables, de todas las personas que intervinieron en el proceso por la desidia”, aseveró el director jurídico, Dr. José González.
Según la denuncia existen hechos relevantes que ameritan una investigación sobre la conducta de los agentes de Justicia que intervinieron en el caso, ya sean jueces, actuarios e incluso de los abogados de la Dirección Jurídica de IPS, que corresponden al año 2002 en adelante.
De acuerdo con el Informe del entonces actuario, Abg. Alexis Mendoza, de fecha 8 de mayo de 2012, señala que las fojas 1 al 43 de los autos caratulados “Reconstitución del expediente : IPS C/ Espigal S.A. sobre ejecución hipotecaria”, no se encuentran glosados a autos.
La denuncia señala que los folios faltantes fueron buscados en los armarios de la secretaría de la Dirección Jurídica de IPS y no fueron encontrados.
Los documentos a los que hace alusión se tratan nada más y nada menos que del Estado de Cuenta de la demandada, la cesión de derechos al IPS y una nota en la que la empresa privada reconoce la deuda y el monto. Es decir, que la “parte extraviada” desapareció, dice parte de la denuncia presentada por la entidad previsional.
Actualmente, varios juicios son objeto de auditorías, tanto internas como externas, a los efectos de investigar y deslindar responsabilidades en el desempeño de los funcionarios, respecto al cumplimiento de sus deberes y obligaciones, para con la Institución. Si el caso amerita, los antecedentes deben ser remitidos al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, señala la denuncia presentada.
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Salud clausura clínica privada por falta de pagos y por ofrecer servicios no autorizados
Este jueves, desde el Ministerio de Salud intervinieron y cerraron temporalmente la clínica Empe, por brindar servicios de asistencia médica, que no fueron declarados. Además, el servicio estaba en falta con pagos en cuanto a los aranceles anuales, sin embargo, una vez que regularice sus obligaciones, la empresa podrá volver a operar.
El abogado Enrique Román, de la Superintendencia de Salud, confirmó en entrevista con La Nación/Nación Media, que el pasado 23 de setiembre cerraron la clínica Empe, ubicada sobre Padre Casanello casi Félix Bogado, cuyo propietario es el doctor Víctor Buzarquis. Este local estaba habilitado para prestar servicio de ambulancia, pero no así de brindar atención médica.
“Empe está habilitada como empresa prestadora de servicios de salud y tiene dos rubros, uno el servicio hospitalario que compone una base operativa comunicacional y el servicios de ambulancia, por ese lado no hay problema. Aparte tiene una policlínica que está habilitada por el ministerio y actualmente están en falta administrativa por el no pago de los aranceles anuales”, confirmó Román.
Afirmó que atendiendo a la falta de pago es que intimaron y clausuraron el local. “Durante la intervención encontramos otra falta porque desarrollaban dentro de la clínica actividades, por ejemplo medicina laboral, inspecciones médicas e instituciones escolares, también atención domiciliaria, que no fueron declaradas. Negaron que estaban realizando, dijeron que era publicidad, pero no obstante para nosotros no aclararon”, resaltó.
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Cierra hasta regularizar
Román agregó que desde la empresa no presentaron ninguna nota y tampoco dijeron que no estaban atendiendo en la clínica, no hay una nota que conste la información que ellos dieron como negativa dentro de la fiscalización. “Ante esta situación correspondía clausurar en forma temporal hasta que ellos regularicen la situación”, refirió.
Puntualizó que la clínica debe realizar el pago cuando ellos puedan y que en ese periodo permanecerá cerrada. “Cuando encontramos que supuestamente venían ofreciendo actividades que no están declaradas, entonces eso constituyó una alerta, una llamada de atención para nosotros. Ahora cuanto más rápido ellos tengan, abonen sus obligaciones y presenten la documentación que se les requiere con respecto a la actividad médica que ofrecen y que desarrollan, entonces ahí se va a levantar la medida”, aseguró.
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Caso Andy: Corte había ordenado que demanda civil contra Bruno Madelaire siga su curso
La sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió anular los fallos de primera y segunda instancia que privaba a Andy Moreno, víctima de un terrible accidente de tránsito que casi le costo la vida, seguir con la demanda por indemnización de daños y perjuicios que se presentó contra Bruno Madelaire, autor del tremendo suceso y que hasta la fecha a pesar de que pasaron 18 años del percance, aún no da la cara y mucho menos se hizo cargo del accidente.
El abogado Eduardo González, representante de Andy Moreno, en comunicación con el programa Arriba Hoy del canal GEN, señaló que “en el año 2019 Andy se me acerca para presentarme el caso y ante eso pido el expediente judicial para analizar y ya el expediente estaba en archivo y al verificar encontré que ya se resolvió una excepción de falta de acción que presentó Madelaire, pero nunca fue notificada a las partes dicha resolución y al no notificar no corrió el plazo para la prescripción, por lo que nosotros notificamos y apelamos y el tribunal de Apelación confirmo el fallo de primera instancia por lo que recurrimos a la Corte y la sala constitucional hace lugar a la acción y anuló los fallos de primera y segunda instancia, por lo que el juicio se retrotrae al inicio de la demanda para que Madelaire conteste”, indicó el citado profesional.
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Asimismo, González se refirió sobre si Andy recibió ayuda o no de parte del autor del accidente “Andy no recibió ninguna ayuda en ningún momento y su familia fue la que siempre estuvo a lado de él”. Sostuvo que " nunca hubo una propuesta sería de parte de Madelaire”.
LE PRACTICARON 52 CIRUGÍAS
“Económicamente este señor dejó un enorme bache en mi familia porque mis padres casi vendieron la casa, pero gracias a Dios también mis amigos estuvieron con nosotros”, dijo la víctima del accidente, Andy Moreno
Sostuvo que en estos últimos años se tuvo que realizar 52 cirugías en Paraguay, Argentina y Alemania para poder tener una vida más llevadera, “pero el bache económico que me dejó este señor no tiene nombre. Hace 18 años que estoy luchando con una demanda civil para cobrar algo”, puntualizó. El joven reclama justicia.
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Tras el feminicidio de su madre, joven recibe amenaza del asesino y teme por su vida
El pasado 11 de setiembre, en plena vía pública en el barrio Caacupemí de la ciudad de Capiatá, Zulma Beatriz Chávez, de 46 años, fue emboscada por su ex pareja Jorgelino Ramírez Díaz, quien tras un breve forcejeo le infligió varias heridas con un cuchillo, las que le causaron la muerte.
El hombre ya había ingresado a la cárcel por violencia intrafamiliar y hacía solo unos días fue beneficiado con arresto domiciliario por parte de la jueza Norma Salomón, la misma magistrada que ahora lleva la causa de feminicidio en contra del sujeto.
Beatriz García, hija de Zulma Beatriz Chávez, en conversación con el programa “Así son las cosas” emitido por “GEN” y Universo 970 AM / Nación Media, denunció que hasta el momento no entiende cómo la misma juez que le otorgó la libertad al asesino de su madre sea la encargada de investigar su muerte, al tiempo de exigir su cambio o renuncia.
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También comentó que vive con miedo porque el autor del crimen contra su madre continua prófugo y ya se demostró lo peligroso que puede llegar a ser, destacando que incluso recibió una amenaza de su parte el día que acabó con la vida de su madre.
“Mandó un mensaje al teléfono de mi mamá después de cometer el asesinato y decía al fin cometí lo que quise y ahora voy a matarle a tu hija; todas estas amenazas ya venían desde antes y prosiguen”, explicó Beatriz García en medio de lágrimas.
Lamentó que su madre haya sido ignorada por las autoridades pertinentes durante los últimos tres años, en los cuales en total presentó 16 denuncias por maltrato, sin contar la última que intentó suscribir la mañana del día en que fuera asesinada, comentando que sí se hubieran tomado las medidas de seguridad debidas, su madre aún podría seguir viva.
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