La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, dispuso la conformación de un equipo de trabajo para investigar la desaparición de una joven en la ciudad de Luque. El equipo está integrado por los agentes fiscales especializados Joel Cazal, antisecuestro; Carina Sánchez, trata de personas, y la fiscala titular de la causa, Mirtha Ortiz, quien investiga la desaparición de Isaura Raquel Bogado Ortega.
Ortiz realizó varias diligencias. Entre ellas emitió una orden de búsqueda y localización en forma inmediata, la cual ha sido reiterada sobre el cumplimiento de la misma tras la desaparición, en fecha 13 de abril. Igualmente, se ha requerido la declaración testimonial de personas cercanas a su entorno.
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Por otra parte, la madre y otros familiares de la víctima fueron convocados a fin de que puedan aportar datos que puedan ser relevantes para la búsqueda de la joven. Se indagan, además, imágenes de circuitos de seguridad de cámaras instaladas en la zona que pudieran evidenciar algún rastro de la joven.
La Fiscalía ha realizado todas las diligencias de urgencia que se requieren y se encuentra indagando sobre las circunstancias de la desaparición. Cualquier dato puede comunicarse a la comisaría más cercana o la unidad fiscal a cargo en la sede de Luque.
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En dos operativos incautan productos agrícolas de contrabando por unos G. 215,5 millones
Tras un trabajo de investigación, agentes de la Dirección de Hechos Punibles y Económicos de la Policía Nacional -con el apoyo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)-, llevaron adelante dos intervenciones en el departamento de Itapúa, una en la ciudad de Capitán Meza y otra en el puente fronterizo de la ciudad de Encarnación.
En este sentido, el oficial primero Carlos Insfrán, jefe regional del Departamento de Delitos Económicos en Itapúa, en conversación con el programa “Arriba hoy” emitido por GEN y Universo 970 AM / Nación Media, manifestó que este tipo de operativos van aumentando en la zona con el objetivo de desalentar a quienes están detrás de este tipo de acciones.
En el primer caso, en particular, en la ciudad de Capitán Meza fueron incautadas un total de 33.000 kilogramos de fertilizantes, envasados para la venta, pero sin contar con ningún documento que los respalde. Se estima que la suma total de la perdida ascendería 210.000.000 de guaraníes.
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La segunda incautación se trató de camión lleno de mercaderías frutihotícolas, entre ellas 20 kilos de papa, 40 kilos de cebolla, 20 kilos de remolacha, 20 kilos de calabacín y otros 20 kilos de jengibre. Respecto a esta mercadería el oficial Infran subrayo que el valor aproximado en el mercado sería de 5.500.000 guaraníes, ya que siempre se venden a un menor precio en el mercado debido a su procedencia.
“El conductor de la carga no contaba con ningún documento de la misma y aseguró además que lo contrataron solo para este envío, por lo que no tenía la dirección de traslado porque se la darían una vez haya retirado la carga y estuviera en camino con ella”, preciso en otro momento el oficial Infrán.
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Caso Gomes: se aguardan resultados de las pericias de la Fiscalía y de la contraparte
El fiscal Christian Ortiz detalló que sigue el proceso de investigación por el fallecimiento del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, y que se aguardan los peritajes de los intervinientes como de la contraparte, la defensa de la familia de Gomes. Durante un allanamiento, en el marco de la causa Pavo Real II, ocurrido el pasado 19 de agosto en su domicilio, el legislador habría reaccionado a tiros contra los agentes policiales, que respondieron y se produjo el deceso.
“Los peritos por las partes ya fueron ofrecidos. Resulta ser que nuestro código establece ciertas pautas con respecto a los derechos que tienen las partes a intervenir y forma parte de esos derechos y están establecidos en el código de reformas el tema de ampliar e impugnar inclusive puntos de pericias, así como también el ofrecimiento de peritos”, explicó Ortiz, este lunes, en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Agrego que “los peritos ya están designados, ya prestaron juramento ante el juzgado y los puntos que están establecidos”. A partir de ahora, se aguarda que se presenten las pericias de ambas partes para “comparar” los hechos que se dieron durante el allanamiento realizado en el domicilio del entonces diputado.
“Una y otra parte van a tener sus pericias, se van a analizar, confrontar seguramente también las conclusiones que se vayan a llegar, y sobre aquellos puntos que no vayan a quedar claros seguramente está dentro de la potestad del Ministerio Público y mismo también del juzgado de solicitarles una ampliación con respecto a esos puntos”, explicó.
El hecho punible por el cual fue abierta esta causa fue “un hecho punible contra la vida”, explicó el agente fiscal, por lo que lo realizaron las acciones en protocolo de lo que se trata como homicidio justamente “para colectar todos los elementos de convicción posibles, asegurarlos y a partir de allí cubrir todas las aristas que podrían darse durante la investigación”.
Aclaró que las investigaciones que lleva adelante el equipo fiscal se inició a partir de lo ocurrido en el allanamiento, no así el procedimiento en sí que se llevó adelante en la madrugada del 19 de agosto. “Hay que recordar que realizado el procedimiento ocurrió la muerte del que en vida fuera el diputado Eulalio Gomes, a partir de allí tomaron intervención colegas de la zona en un primer momento y luego fue conformado el equipo por parte de la fiscalía general”, apuntó.
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Jueza decreta prisión preventiva de involucrados en tráfico de armas
La jueza interina Lici Sánchez decretó la prisión preventiva de Estela Colmán Otazú (51), dueña de Carros Vía Chile, e Isabelino Jiménez (62), del comercio Caza y Pesca Santa Rosa de Lima, quienes están investigadas e imputadas por tráfico internacional de armas. La mujer guardará reclusión en el Buen Pastor, en tanto que Jiménez, en la Penitenciaría de Tacumbú.
Estas personas fueron detenidas en el marco de la Operación Andina, desarrollada en Asunción y en Fernando de la Mora por la desaparición de 2.596 armas, que presuntamente fueron traficadas al Brasil.
Colmán y Jiménez fueron imputados por la Fiscalía por violación del artículo 98, de la Ley 4036/2010 “De Armas de Fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines”, en concordancia con el Art. 29, Inc. 1°, del Código Penal, cuyas expectativas de pena van de 6 meses a 10 años de penitenciaria.
Jiménez pidió prisión domiciliaria por su condición de persona de la tercera edad y por padecer de tuberculosis, sin embargo la jueza rechazó el pedido.
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Los antecedentes refieren que el miércoles pasado, una comitiva fiscal y policial realizó una serie de allanamientos en búsqueda de un importante lote de armas de fuego, que forma parte de las armas desaparecidas del radar de la Dirección de Material Bélico. en la ocasión, Lograron incautar 119 fusiles y pistolas y la detención de dos personas.
Uno de los allanamientos se desarrolló en una playa de autos, en la ciudad de Fernando de la Mora, esto en el marco de una investigación, ya que desaparecieron 3.000 armamentos de un lote de 17.000 armas de fuego registradas en la Dimabel.
Las armas son importadas al Brasil de forma legal y pueden ser vendidas dentro del territorio, pero estas son llevadas al vecino país para la venta ilegal y ya cayeron varias en manos de criminales.
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Piden desestimar denuncia contra fiscales que imputaron con pruebas a Marito y su gavilla
El fiscal de la Unidad Anticorrupción, Néstor Coronel, pidió al juez de Delitos Económicos Humberto Otazú, desestimar la denuncia por prevaricato y persecución de inocentes, que se había presentado contra los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti. Estos representantes del Ministerio Público presentaron la imputación contra el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y su gavilla, con base a elementos contundentes.
En el pedido del agente fiscal Coronel se detalla que, ante el cúmulo de información obtenida, esta representación fiscal se encuentra en condiciones de realizar un estudio acerca de las circunstancias fácticas que motivaron el inicio de la investigación fiscal y ante todo lo analizado corresponde en derecho solicitar la desestimación de la denuncia presentada contra los fiscales Cantero y Grisetti.
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Igualmente, menciona el requerimiento del Ministerio Público: “se puede advertir que se obtuvieron copias de las diferentes resoluciones emanadas de la Fiscalía General del Estado respecto a la formación de equipos de trabajo desde los inicios de la investigación individualizada con n.º 6898/2023″, según el documento.
En ese orden, el requerimiento al juez Otazú señala que en esa situación se tiene informaciones relevantes y se observa que en todo momento hubo participación activa de todos los que conformaban el equipo de trabajo; es más, este equipo de trabajo no solo estuvo integrado por agentes fiscales, sino en todo momento con la participación de la agente fiscal adjunta del área y por otros funcionarios de menor jerarquía, pero con las condiciones técnicas necesarias para abordar las pesquisas que se fueron desarrollando con el correr del tiempo.
Ahora, el referido magistrado tendrá que analizar si corresponde archivar la denuncia que se había presentado contra los dos agentes fiscales Aldo Cantero y Giovanii Grissetti.
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