Inédito pero real, el Ministerio Público solicitó este jueves al Tribunal de Sentencia que tiene a su cargo juzgar por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa al exsenador colorado Óscar González Daher (OGD) y su hijo Óscar González Chávez desistir de cuatro testigos que ya fallecieron años atrás. Esto llamo la atención del colegiado cuyos integrantes son Yolanda Portillo, Yolanda Morel y Jesús Riera y es por ello que han ordenado que se libre oficios al Registro Civil de las Personas para saber en qué año fallecieron los testigos de la Fiscalía.
Este jueves culminó la etapa de producción de pruebas documentales y el día lunes se reinicia el juicio oral con la declaración de testigos propuestos por los fiscales del caso. Los testigos que el Ministerio Público desistió porque ya fallecieron son Victoriana Gamarra, Julio Servín, Óscar Villalba y el exsenador Martín Chiola Villagra, quien ya falleció en diciembre del 2010.
El juicio prosigue este lunes 3 de mayo con la declaración de varios testigos propuesto por la representante del Ministerio Público. Una vez que termine la presente etapa se ingresará en la producción de pruebas de las pericias que se realizaron en el presente caso.
El abogado Claudio Lovera, quien ejerce la defensa de padre e hijo, sostiene que durante la producción de pruebas documentales la Fiscalía no pudo resaltar ningún punto de su acusación. En ese sentido, acotó: “Los documentos que nosotros ofrecimos debilita la acusación fiscal y seguimos sosteniendo la inocencia de mis defendidos”.
Por su parte, la representante del Ministerio Público tiene la postura que acercaron al tribunal los elementos de prueba contra los dos acusados que prueban la tesis de la investigación fiscal.
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Estancia El Tigre: juicio oral por megacarga de cocaína seguirá el 19 de noviembre
El próximo 19 de noviembre seguirá el juicio oral y público para siete acusados por narcotráfico, vinculados a la incautación de 1.375 kilos de cocaína hallados en la estancia El Tigre del Chaco. La audiencia oral se encuentra en la etapa de producción de pruebas documentales.
El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar a los acusados está integrado por María Luz Martínez, Dina Marchuk y Federico Rojas. Mientras que la fiscala del caso es Ingrid Cubilla.
En el juicio están siendo juzgados Waldemiro Ymas González, Porfirio Osorio Villagra, Pablo Roble Benítez, Porfirio Chávez Núñez, Albino Núñez Peralta, Édgar Cantero y Terecio López Morel.
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Acusación
De acuerdo a la acusación fiscal, los procesados son miembros activos de una asociación criminal que se encargaba del acopio y custodia de la carga de sustancias estupefacientes. A su vez, comercializaban de la siguiente manera: el lugar de origen de la droga sería Perú e ingresaba al territorio nacional vía Bolivia hasta el establecimiento El Tigre.
El Ministerio Público refiere que los acusados conocían la existencia y tenían el dominio de las sustancias incautadas, ya que fueron sorprendidos en flagrancia dentro del establecimiento El Tigre. Los bidones de acetato de etilo encontrados en el lugar son un solvente utilizado en la conversión de la cocaína básica en clorhidrato de cocaína.
Los antecedentes del caso refieren que el 24 de febrero del 2021, la Unidad Penal Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico del Departamento de Boquerón y Alto Paraguay, a cargo de Andrés Arriola, realizó un procedimiento en el establecimiento rural denominado El Tigre, lugar en el que se encontró un total de 1.375 kilogramos de cocaína, además de vehículos, una avioneta de procedencia boliviana y tambores que contenían acelerantes para el polvo blanco.
El establecimiento está ubicado en la localidad de Agua Dulce, limítrofe con Bolivia. El procedimiento se realizó conjuntamente con personal de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles conexos, así como también del Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional.
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Dos acusados enfrentarán juicio oral por estafar a exfutbolistas
La jueza de Garantías, Diana Carvallo, elevó a juicio oral y público el proceso penal que enfrentan Eduardo Suárez y María José Arce de Suárez, acusados por estafa, cuyas víctimas son los exjugadores de fútbol Rodrigo “Popi” Muñoz, Osmar Molinas y Juan Manuel Salgueiro, quienes compraron de los acusados departamentos en construcción que nunca fueron entregados.
Ahora se deberá realizar el sorteo correspondiente para saber quiénes serán los integrantes del tribunal de sentencia que tendrán a su cargo juzgar a los dos acusados. Asimismo, se deberá fijar la fecha para el desarrollo del juicio oral y público.
El Ministerio Público pidió que el caso se discuta en un juicio oral y público debido a que cuenta con suficientes elementos de prueba para llegar a una sentencia condenatoria.
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La fiscalía acusó a Pablo Suárez, uruguayo, y a su esposa María José Arce, quienes en representación de la firma SUAR SA, supuestamente, vendieron departamentos a construir en el barrio Santísima Trinidad. Ambos fueron denunciados por los jugadores de fútbol Juan Manuel Salgueiro, Rodrigo “Popi” Muñoz y Osmar Molinas.
A Muñoz le vendieron supuestamente dos departamentos del edificio Cibera Park, que SUAR SA debía construir y entregar al jugador en setiembre del 2016. El arquero uruguayo pagó la totalidad de US$ 256.760. Las escrituras del dominio tendrían que haber sido transferidas en enero del 2017, pero no sucedió, según consta en la acusación.
Manuel Salgueiro entregó la suma de US$ 194.040 por dos departamentos del mismo edificio Cibera Park, pero que no fueron construidos, según la denuncia. Los inmuebles debían ser entregados al jugador en noviembre del 2016. Por último, Osmar Molinas también fue víctima de la estafa.
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Ministerio de Justicia inició separación de condenados y procesados en cárceles de Emboscada y Misiones
El Ministerio de Justicia inicio un plan de separación de personas condenadas y procesadas en distintos establecimientos del sistema penitenciario. Este enfoque no solo garantiza el respeto a la presunción de inocencia y los derechos humanos de los procesados, sino que también promueve un ambiente más seguro y adecuado para ambos grupos, de acuerdo al informe de la cartera estatal.
La separación de personas condenadas y procesadas en el sistema penitenciario es un principio fundamental que se encuentra respaldado por normativas nacionales e internacionales. La implementación efectiva de esta separación es esencial para prevenir abusos y violaciones de derechos, así como para facilitar el acceso a programas de rehabilitación y tratamientos individualizados.
El plan de separación se inició en la Penitenciaría Regional de Emboscada “Padre Antonio de la Vega” y en la Penitenciaría Regional de Misiones y contó con el apoyo del Programa de Transformación Integral para Personas Privadas de Libertad (PTI).
En el “Padre de la Vega” se procedió a la reubicación de más de 180 personas condenadas, exclusivamente en el pabellón E Alta, destinado para condenados. En la Penitenciaría Regional de Misiones fueron reubicadas 153 personas condenadas en el pabellón D Alta, especialmente designado para condenados.
Adicionalmente, el pabellón A Alta Admisión se asigna a las personas privadas de libertad que ingresan por primera vez, mientras que el pabellón D Baja también recibe a personas procesadas, en espera de su situación judicial. Esta separación tiene como propósito facilitar el manejo y supervisión de las PPL, según su situación jurídica y nivel de condena.
Este proceso de separación contribuirá a la mejora de las condiciones de detención y reflejará el compromiso del país con la protección de los derechos humanos. Este plan de trabajo tiene como meta abarcar todas las penitenciarías del país de manera progresiva.
El Programa Transformación Integral brinda su respaldo y cooperación a esta iniciativa con miras a expandir este plan a todas las cárceles del país, de manera a lograr un sistema penitenciario más organizado, seguro y de conformidad con los principios de derechos humanos y la legislación vigente.
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España: emergencia continúa mientras cifra de muertos asciende a casi un centenar
Al menos 95 personas murieron en unas enormes inundaciones que devastaron principalmente la región española de Valencia, una cifra que “va a aumentar” porque todavía hay “muchos desaparecidos”, advirtió el gobierno este miércoles.
“La cifra actualizada es de 92 personas fallecidas en la Comunidad Valenciana, dos en Castilla La Mancha y una persona más en Andalucía, lo que hace un total de 95 personas”, indicó a la televisión pública TVE el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. “Son datos provisionales”, porque “lamentablemente todo hace prever que esta cifra va a aumentar”, advirtió Torres.
Valencia era la región más crítica para los servicios de emergencia este miércoles, que seguían buscando víctimas, con carreteras cortadas y zonas aisladas y sin telefonía ni electricidad desde que la zona fuera azotada la noche del martes por descomunales lluvias que provocaron las inundaciones.
“Ha estado 10 horas lloviendo sin parar (...) Y el resultado es lo que ves. Estamos incomunicados, No se puede acceder a la parte del pueblo. Las carreteras están todas cortadas, puentes cortados”, dijo a AFPTV José Manuel Rellán, residente de la población valenciana de Ribarroja del Turia.
La emergencia “continúa”
Las impactantes imágenes de la noche del martes mostraron calles convertidas en verdaderos ríos caudalosos que arrastraban todo a su paso, incluidos los vehículos.
La agencia estatal de meteorología Aemet registró “acumulaciones extraordinarias” de lluvia, con algunos municipios recibiendo 300 litros de agua por metro cuadrado en apenas unas horas, “prácticamente lo que puede llover en un año completo”, según señaló en la red social X.
“Yo venía de dejar a mis nietos en la otra calle y eran las 7:10pm, y cuando nos vamos al balcón veo que entra por aquí el agua”, dijo a la AFP Francisco Puente, un residente de 69 años de la población de Sedaví, señalando la calle por donde la riada se llevó su automóvil.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien visitará la zona afectada el jueves, instó a los ciudadanos a no bajar la guardia en momentos en que la emergencia “continúa”. “No os vamos a dejar solos”, garantizó el mandatario socialista desde el Palacio de la Moncloa, dirigiéndose a los afectados.
El gobierno decretó tres días de luto oficial a partir del jueves. El transporte aéreo y ferroviario hacia la zona continuaba suspendido y el tren de alta velocidad entre Madrid y Valencia no volverá a funcionar hasta la próxima semana, informaron las autoridades. “Reiteramos la importancia de no hacer desplazamientos por carretera” en las zonas afectadas, insistió el presidente de la región de Valencia, Carlos Mazón.
Un desastre “que nadie recuerda”
El rey Felipe VI expresó su “tristeza por tantas pérdidas de vidas humanas”, en un mensaje desde las islas Canarias. La Unión Europea está “lista para ayudar” a España, afirmó en X la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. “Estamos ante una situación inédita, que nadie recuerda”, aseguró el presidente valenciano.
Es la catástrofe debida al mal tiempo más mortífera que se haya registrado en España en más de medio siglo, desde que en octubre de 1973, cuando murieron 300 personas por lluvias torrenciales que arrasaron varias localidades en Murcia y Andalucía.
La gente “no sabe qué hacer”
El gobierno envió a Valencia más de 1.000 efectivos a la Unidad Militar de Emergencias, especializada en misiones de rescate, para apoyar a los servicios locales de socorro, y el ejército movilizó unidades caninas para buscar cuerpos, morgues portátiles y psicólogos para atender a las víctimas.
La Aemet advirtió que las lluvias continuarán al menos hasta el jueves, aunque se irán desplazando hacia el noreste, hacia la región de Cataluña. Los científicos advierten de que los fenómenos meteorológicos extremos, como olas de calor y tormentas, son cada vez más intensos debido al cambio climático.
“Estos fenómenos extremos pueden superar la capacidad de los planes de contingencia existentes para hacerles frente, incluso en un país relativamente rico como España”, estimó Leslie Mabon, profesora de Sistemas Ambientales en la Universidad Abierta de Gran Bretaña.
La elevada cifra de muertos sugiere que el sistema de alerta de inundaciones de Valencia falló, opinó Hannah Cloke, profesora de Hidrología en la Universidad de Reading. “La gente simplemente no sabe qué hacer cuando se enfrenta a una inundación, o cuando escucha advertencias”, dijo.
Fuente: AFP