Inédito pero real, el Ministerio Público solicitó este jueves al Tribunal de Sentencia que tiene a su cargo juzgar por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa al exsenador colorado Óscar González Daher (OGD) y su hijo Óscar González Chávez desistir de cuatro testigos que ya fallecieron años atrás. Esto llamo la atención del colegiado cuyos integrantes son Yolanda Portillo, Yolanda Morel y Jesús Riera y es por ello que han ordenado que se libre oficios al Registro Civil de las Personas para saber en qué año fallecieron los testigos de la Fiscalía.
Este jueves culminó la etapa de producción de pruebas documentales y el día lunes se reinicia el juicio oral con la declaración de testigos propuestos por los fiscales del caso. Los testigos que el Ministerio Público desistió porque ya fallecieron son Victoriana Gamarra, Julio Servín, Óscar Villalba y el exsenador Martín Chiola Villagra, quien ya falleció en diciembre del 2010.
El juicio prosigue este lunes 3 de mayo con la declaración de varios testigos propuesto por la representante del Ministerio Público. Una vez que termine la presente etapa se ingresará en la producción de pruebas de las pericias que se realizaron en el presente caso.
El abogado Claudio Lovera, quien ejerce la defensa de padre e hijo, sostiene que durante la producción de pruebas documentales la Fiscalía no pudo resaltar ningún punto de su acusación. En ese sentido, acotó: “Los documentos que nosotros ofrecimos debilita la acusación fiscal y seguimos sosteniendo la inocencia de mis defendidos”.
Por su parte, la representante del Ministerio Público tiene la postura que acercaron al tribunal los elementos de prueba contra los dos acusados que prueban la tesis de la investigación fiscal.
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Argentina: enfermera condenada a prisión perpetua por crimen de cinco bebés
- Buenos Aires, Argentina. AFP.
Una enfermera fue condenada a prisión perpetua ayer miércoles por matar a cinco bebés e intentar acabar con la vida de otros ocho en un hospital argentino, reportaron medios locales, que publicaron un video de la lectura de la sentencia. La enfermera Brenda Cecilia Agüero inyectó de forma irregular potasio e insulina a recién nacidos entre marzo y junio de 2022, tomando dosis de los “carros de paro”, usados para emergencias y sin control de inventario, según la investigación de la fiscalía.
Agüero es “autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado, cinco hechos, en concurso real (...) y homicidio calificado por procedimiento insidioso en grado de tentativa reiterado, ocho hechos, (...) informándole la pena de prisión perpetua", dijo la secretaria del tribunal.
En el código penal argentino, el agravante de la “insidia” se aplica en casos en que el victimario recurre a un engaño o artificio para cometer el daño. Los bebés, nacidos sanos, fallecieron en circunstancias inicialmente inexplicables, mientras que ocho sobrevivieron por la rápida intervención médica. Todo ocurrió en el servicio de neonatología del hospital materno infantil de la provincia de Córdoba, 700 km al noroeste Buenos Aires.
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El juicio, resuelto tras seis meses por ocho jurados populares y dos jueces, también juzgó a 10 imputados, entre exfuncionarios provinciales y profesionales de salud, por encubrimiento e incumplimiento de deberes, incluyendo un exministro y un exsecretario de Salud de la provincia de Córdoba (centro), además de la exdirectora del hospital.
Agüero, había negado los cargos en enero. Aseguró al tribunal que “no tienen pruebas” y acusó a los medios de pintarla como “asesina serial”. De los otros 10 imputados, cinco fueron hallados culpables, pero con condenas menores, y otros cinco fueron absueltos, entre los que estaban los exfuncionarios provinciales, constató el medio local Infobae. La prisión perpetua implica que Agüero, detenida en 2022, no podrá solicitar libertad condicional antes de cumplir 35 años de reclusión, conforme al código penal argentino.
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Médico se declarará culpable por muerte de estrella de “Friends”
- Los Ángeles, Estados Unidos. AFP.
El médico sospechoso de sacar provecho de la adicción a la ketamina del actor Matthew Perry, estrella de la serie “Friends”, antes de su muerte por sobredosis en 2023 aceptó un acuerdo para declararse culpable, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El principal médico procesado en este caso, Salvador Plasencia, planea declararse responsable de distribución de ketamina “en las próximas semanas”, indicó el lunes la fiscalía en un comunicado.
Por ello, enfrenta hasta 40 años de prisión en una cárcel federal. Un segundo médico de Los Ángeles, Mark Chavez, ya admitió haber contribuido ilegalmente a suministrar ketamina al actor y podría pasar hasta 10 años tras las rejas. Perry, famoso por interpretar al sarcástico Chandler Bing en “Friends”, había hablado públicamente sobre sus problemas de adicción, pero su muerte a los 54 años conmocionó a las legiones globales de fans de la serie.
El actor estadounidense-canadiense consumía ketamina bajo supervisión médica como parte de sesiones de terapia contra la depresión que sufría. Pero este anestésico legal a veces se utiliza con fines estimulantes, y volvió a consumirlo descontroladamente en 2023. Su recaída lo llevó a caer en las manos de médicos “sin escrúpulos”, según los investigadores.
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Papel central
El doctor Plasencia está acusado de haber desempeñado un papel central en este caso, aunque no fue él quien proporcionó la ketamina que mató al actor. Este médico se habría aprovechado del comediante enfermo, según la fiscalía. “Me pregunto cuánto va a pagar este idiota”, escribió Plasencia en septiembre de 2023 en un mensaje de texto recuperado por los investigadores.
El acuerdo de culpabilidad difundido el lunes destaca que Plasencia recibía la droga del doctor Chavez e iba personalmente al domicilio de Perry a inyectarle ketamina o dársela al asistente de la estrella. En total, Plasencia “distribuyó 20 frascos” de ketamina al actor en unos quince días en el otoño boreal de 2023, según la fiscalía.
Las autoridades habían dicho antes que los frascos de ketamina costaban alrededor de 12 dólares para los médicos involucrados, pero eran vendidos a Perry por “2.000 dólares”. Perry fue encontrado inconsciente en un jacuzzi en su casa de Los Ángeles el 28 de octubre de 2023. El informe forense concluyó que falleció por una sobredosis accidental de ketamina.
Cinco sospechosos están siendo procesados por su participación en la muerte de Perry. Además de Plasencia y Chávez, otra imputada es Jasveen Sangha, una traficante de drogas conocida en Hollywood como la “reina de la ketamina”. Esta ciudadana estadounidense-británica vendió el frasco de ketamina que mató al actor y enfrenta cadena perpetua. Se declaró no culpable. El asistente personal de Perry, Kenneth Iwamasa, y un intermediario, Eric Fleming, ya aceptaron declararse culpables.
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“Pequeños percances”
“Friends”, emitida entre 1994 y 2004, se convirtió en un verdadero fenómeno cultural. Las peripecias de un grupo de amigos en Nueva York que entran en la adultez marcaron a toda una generación de espectadores. Pero detrás de cámaras, Perry escondía una gran angustia tras su jovial personaje de Chandler. Luchó durante mucho tiempo contra su adicción a los medicamentos y al alcohol.
En sus memorias publicadas en 2022, confesó haber seguido 65 sesiones de rehabilitación, que le costaron más de 9 millones de dólares. También se sometió a varias operaciones quirúrgicas relacionadas con sus problemas de adicción a las drogas, incluida una intervención de siete horas en el colon en 2018. “Debería estar muerto”, llegó a decir.
En una aparición en televisión poco antes de su muerte, el actor sorprendió a la audiencia al admitir que sufría de una grave ansiedad “todas las noches” durante el rodaje de “Friends”. En las memorias, tituladas “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”, Perry describió cómo se desintoxicó decenas de veces. “Llevo casi sobrio desde 2001”, escribió, “salvo por unos sesenta o setenta pequeños percances”.
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Caso Sanabria Vierci: tribunal nombra a niña de 8 años como única querellante
A través de sus redes sociales, Nancy Jacquet, hermana de una de las víctimas del siniestro fatal ocurrido el pasado 10 de noviembre en la Ruta Luque-Sanber, informó que el Tribunal de Apelación de Cordillera decidió sacar a su padre del proceso de querella y nombrar como única querellante a su sobrina.
Jacquet explicó que el tribunal consideró que las consecuencias por la muerte de su hermano, Osvaldo Jacquet, su esposa y una de sus hijas se reducen a una herencia que debe dividirse, y que la niña sobreviviente hereda tras la muerte de su padre, por lo que solo ella puede tomar reclamo en el juicio en contra del principal acusado, Eugenio Sanabria Vierci.
En el mismo posteo, también acusó al Poder Judicial de ordenar enviar a Sanabria Vierci a cumplir la prisión preventiva a la Agrupación Especializada, donde tendría privilegios. Según las autoridades, esta decisión fue tomada teniendo en cuenta la cercanía del lugar con centros asistenciales, ya que el acusado cuenta con trastornos de salud.
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El pasado mes de mayo, la fiscala Zulma Benítez Reyes presentó acusación contra Sanabria Vierci por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre y solicitó al juzgado penal de Garantía de Caacupé que el presente caso se eleve a un juicio oral y público.
El escrito de acusación del Ministerio Público señala que “Eugenio Sanabria Vierci, conductor de la camioneta de la marca Volkswagen, Touareg, invadió el carril opuesto a su sentido de circulación, obstruyendo así el desplazamiento lineal y preferencial del conductor del automóvil Kia Picanto donde iba toda una familia”.
Víctimas
Las víctimas fatales fueron identificadas como Osvaldo Darío Jacquet Valdez, de 39 años; su esposa Kristin María Blumenröther, de 40 años y un hijo de ellos de tan solo cuatro años. La única que pudo sobrevivir al accidente es la otra hija de la pareja, de 8 años.
El tercer vehículo es un Hyundai HB20, que estaba al mando de Víctor Ariel Serafini Bobadilla, de 32 años, quien iba acompañado por Eliane Solange Pattender Chena, de 27 años, y Nancy Angeluz Chena Vallejos, de 57 años, quien falleció en el Hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) Ingavi.
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MDS pide a Fiscalía investigación por cobro de pensión de adultos que ya fallecieron
El Ministerio de Desarrollo Social denunció ante la Fiscalía el supuesto hecho punible de adquisición fraudulenta de subvenciones a nombre de personas ya fallecidas.
El caso se refiere a personas desconocidas que estaban cobrando la pensión destinada a los adultos mayores, pero a nombre de personas que ya habían fallecido, según la denuncia presentaao por el abogado Alberto Lezcano, director general de Auditoría Interna.
Según el escrito, los casos fueron detectados gracias a los controles efectuados por funcionarios de esta auditoría en los departamentos de Caaguazú y Alto Paraná.
En uno de los casos, en la ciudad de Carayaó, departamento de Caaguazú, se detectó que la señora María Magdalena González de Medina, falleció en Argentina, hace varios años. Tras una verificación en la casa de la señora, una familiar confirmó que la señora falleció el 13 de agosto de 2018, en Buenos Aires, y que no contaba con los documentos.
Según la verificación realizada en el Sistema Integrado de Pensión para las Personas Adultas Mayores (SIPPAM), al 19 de mayo pasado, la cuenta seguía activa.
Teniendo en cuenta estos datos, según los cálculos realizados se cobró en forma indebida más de G. 48 millones.
En otro caso, en Alto Paraná, afecta a Félix Cantalicio Díaz, de Hernandarias, quien según los datos falleció en el 2018, en su domicilio y que no procedieron a gestionar el acta de defunción. El registro arroja que la cuenta seguía activa, y que el monto cobrado irregularmente alcanzaría más de G. 45 millones.
Otro de los casos detectados, registra que la señora De las Nieves Paredes Vda. de Urbina falleció en abril de este año, pero en mayo, la cuenta continuaba activa.
Las sospechas recaen sobre personas innominadas, familiares o personas de confianza, quienes no comunicaron el fallecimiento y siguieron utilizando las tarjetas de débito para realizar el cobro irregular.
Atendiendo a las instrucciones recibidas del ministro Tadeo Rojas, el abogado Lezcano solicita la investigación de estos hechos por parte de los fiscales, que se solicite informes al Banco Nacional de Fomento (BNF), así como se pidan datos a la Policía Nacional a fin de identificar a los responsables de estos hechos irregulares.