Inédito pero real, el Ministerio Público solicitó este jueves al Tribunal de Sentencia que tiene a su cargo juzgar por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa al exsenador colorado Óscar González Daher (OGD) y su hijo Óscar González Chávez desistir de cuatro testigos que ya fallecieron años atrás. Esto llamo la atención del colegiado cuyos integrantes son Yolanda Portillo, Yolanda Morel y Jesús Riera y es por ello que han ordenado que se libre oficios al Registro Civil de las Personas para saber en qué año fallecieron los testigos de la Fiscalía.
Este jueves culminó la etapa de producción de pruebas documentales y el día lunes se reinicia el juicio oral con la declaración de testigos propuestos por los fiscales del caso. Los testigos que el Ministerio Público desistió porque ya fallecieron son Victoriana Gamarra, Julio Servín, Óscar Villalba y el exsenador Martín Chiola Villagra, quien ya falleció en diciembre del 2010.
El juicio prosigue este lunes 3 de mayo con la declaración de varios testigos propuesto por la representante del Ministerio Público. Una vez que termine la presente etapa se ingresará en la producción de pruebas de las pericias que se realizaron en el presente caso.
El abogado Claudio Lovera, quien ejerce la defensa de padre e hijo, sostiene que durante la producción de pruebas documentales la Fiscalía no pudo resaltar ningún punto de su acusación. En ese sentido, acotó: “Los documentos que nosotros ofrecimos debilita la acusación fiscal y seguimos sosteniendo la inocencia de mis defendidos”.
Por su parte, la representante del Ministerio Público tiene la postura que acercaron al tribunal los elementos de prueba contra los dos acusados que prueban la tesis de la investigación fiscal.
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Filicidio en Itauguá: autopsia confirma muerte por asfixia
En la tarde de ayer sábado se reportaba el hallazgo de los cuerpos de una mujer y sus dos hijos, un niño de 7 años y un bebé de 10 meses, en el interior de su vivienda ubicada en la compañía Mboi’y de la ciudad de Itauguá. Los cuerpos fueron trasladados hasta la morgue judicial.
Tras la autopsia de los tres cuerpos, el médico forense Pablo Lemir confirmó que no existe rastro en los cuerpos de que una tercera persona haya estado involucrada en el deceso de la familia.
“Los tres fallecen por asfixia mecánica por ahorcadura. Existen rastros visibles de lesiones, en especial en los niños; en el caso del pequeño de 10 meses, se confirma que hubo agresiones previas a la muerte producto de un arma blanca en el antebrazo izquierdo, donde hizo 4 cortes. Mientras que el menor de 10 meses cuenta con hematomas post mortem”, indicó el médico en conversación con el canal de noticias C9N.
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En cuanto a la inspección del cuerpo de la madre, el forense aseguró que, además de la marca de ahorcadura, no contaba con rastros ni defensivos ni ofensivos en su cuerpo. No obstante, se le tomaron muestras para las pruebas toxicológicas, de manera a acotar estos resultados a la carpeta fiscal.
Lemir explicó que en el caso del menor de 7 años, los cortes, si bien uno de ellos era profundo, no habría lesionado ninguna arteria y no habría producido una fuerte hemorragia, mientras que en el caso del bebé, el mismo se habría lastimado cuando sufría una convulsión derivada de la asfixia.
Remarcó que los rastros de cortes en uno de los niños podrían abrir la hipótesis de que la madre habría intentado quitarle la vida al pequeño practicándole los cortes, pero que finalmente tomó la decisión de asfixiarlos.
Respecto a la asfixia, el médico forense explicó que no es una muerte inmediata, sino que se tarda unos minutos, dependiendo de la capacidad pulmonar de cada individuo, dándose primero un desmayo y, posteriormente, una convulsión antes del deceso.
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Caso Melania: fiscalía llevará adelante reconstrucción de los hechos
En el marco de la causa del homicidio de la niña Melania Monserrat, de 11 años, ocurrido el pasado 21 de julio de 2025 en la localidad de Fulgencio Yegros, Caazapá, este miércoles continúan las diligencias investigativas y se procederá a la ejecución de la reconstrucción de los hechos.
La fiscal Laury Vázquez comunicó de manera oficial que se realizará la reconstrucción de los hechos a los efectos de ubicarse en el lugar donde se dio el hallazgo y contar con la participación de los testigos, que aportaron datos importantes a la investigación.
La misma destacó que esta diligencia será de suma trascendencia para esclarecer el hecho; así también, indicó a los medios de comunicación que ya se encuentra programada la pericia informática de los teléfonos celulares, incautados durante la investigación.
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Entre estos aparatos se encuentra el hallado en la vivienda de una amiga cercana de la víctima, que se presume también habría sido utilizado por Melania, y los celulares de ambos imputados. La información que se pueda llegar a recuperar de estos celulares se considera clave para el caso.
En cuanto a las muestras biológicas recolectadas, la fiscal Vázquez indicó que se aguardan los resultados del laboratorio forense, los cuales continúan pendientes, y que los mismos permitirán realizar comparaciones con las extraídas a los imputados.
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Álvaro Uribe, el primer expresidente colombiano condenado por vínculo paramilitar
Con su puño de hierro contra las guerrillas, el expresidente colombiano Álvaro Uribe amasó una popularidad a prueba de balas. Pero una histórica condena le hace mella al líder de la derecha cuestionado por sus presuntos vínculos con paramilitares. El político que gobernó el país entre 2002 y 2010 fue declarado culpable de sobornar testigos para que atestiguaran a su favor sobre su participación de estos escuadrones de ultraderecha. Es el primer expresidente del país condenado por la justicia penal.
Hijo de un hacendado y nacido hace 73 años en Medellín, Uribe llegó al poder cuando el país ardía por el enfrentamiento entre guerrilleros, paramilitares y fuerzas del Estado. Logró una cuestionada reforma constitucional que le permitió reelegirse y gobernar ocho años consecutivos, en los que se convirtió en el verdugo de las extintas FARC, a las que acusa de haber matado a su padre.
De hablar pausado y oratoria convincente, también es conocido por acaloradas declaraciones y una famosa llamada telefónica filtrada a la prensa, en la que insulta a su interlocutor y amenaza con golpearlo. De la mano de Estados Unidos, con el Plan Colombia como brazo financiero y militar, lanzó una ofensiva sin precedentes contra las FARC.
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“A esos bandidos les llegó la hora de la derrota total”, dijo en 2003 Uribe, que también fue senador (1986-1994 y 2014-2020) y gobernador del departamento de Antioquia (1995-1997). Al tiempo que mejoró la percepción de seguridad, su gobierno fue cuestionado por miles de asesinatos cometidos por militares durante la lucha contra las guerrillas.
Han sido documentados más de 6.000 “falsos positivos”, civiles acribillados y vestidos como guerrilleros para inflar resultados de combate y recibir recompensas. De las ocho millones de víctimas que por entonces dejaba el conflicto armado -entre desplazados, muertos y heridos-, el 40% se registraron durante su mandato.
Líder de la derecha
Con una popularidad que rondó el 80% durante su gobierno, Uribe abandonó el poder en 2010, después que la justicia vetara un referéndum para postularse a un tercer mandato consecutivo. El dirigente que se precia de no saber bailar ni cantar, ni contar chistes y ser adicto al trabajo, nunca pensó en el retiro. Tras su salida de la presidencia, regresó al Congreso y rompió récords: en 2018 se convirtió en el senador más votado en la historia colombiana y prometió servir al país “hasta el último día” de su vida.
Así se reafirmó como padre de la derecha moderna al frente del partido Centro Democrático, bastión opositor y semillero de sus herederos políticos. Pese a escándalos de corrupción, espionaje y vínculos con paramilitares que enredan a su círculo cercano, en marzo amasaba una popularidad del 52%, según una encuesta de Bloomberg.
Uribe podría enfrentar una pena de hasta 12 años de prisión. Este juicio es el más sonado y politizado de las últimas décadas en el país, y es la punta del iceberg de otras investigaciones sobre sus nexos con los paramilitares antiguerrillas que entregaron las armas bajo su gobierno, en una controvertida negociación.
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“Miedo”
De baja estatura y cabello blanco, Uribe es una figura que divide a los colombianos. Pero hasta los más críticos ven en él un actor clave en la desmovilización de las FARC tras ocho años de golpearlas sin clemencia. Estuvo detrás de la elección de su sucesor, Juan Manuel Santos (2010-2018). Pero entonces ocurrió lo impensable: Santos, que luego ganaría el Nobel de la Paz, decidió negociar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y Uribe lo acusó de traición.
En 2014, tomó las riendas de la oposición desde el Senado y orquestó la elección de su delfín Iván Duque (2018-2022). Desde entonces ha cosechado apoyo con su rechazo al acuerdo que desarmó a las FARC, y más recientemente con sus críticas al primer gobierno de izquierda de Colombia, del exguerrillero Gustavo Petro.
De origen liberal y formado en Derecho, con estudios en Harvard, Uribe llegó al poder en primera vuelta electoral con un discurso radical. El conflicto interno había entrado en un período crítico por el fracaso de una tentativa de paz con las FARC, la arremetida paramilitar y un boyante negocio del narcotráfico.
“Uribe supo aprovechar el miedo que la sociedad colombiana sentía frente a la violencia y la inseguridad para legitimar un proyecto político basado en la mano firme del Estado” que llamó “seguridad democrática”, dice la politóloga de la Universidad de Los Andes, Laura Wills-Otero. Sobrevivió a 15 atentados. El día de su posesión, las FARC atacaron con cohetes la sede presidencial. Amante de los caballos y siempre protegido por un robusto esquema de seguridad, es reservado sobre su vida familiar. Es casado y tiene dos hijos empresarios.
Fuente: AFP.
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Proyecto del Ejecutivo dará versatilidad al transporte público, afirma viceministro
El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, explicó que la propuesta de reforma del transporte público otorga versatilidad tanto al sector público como privado para la adquisición y operación de buses a fin de brindar un mejor servicio al ciudadano.
“Con esta reforma, el Estado puede participar del sistema en paralelo al privado. Ambos pueden participar. No lo restringimos, nosotros le dimos mayor habilidades al Estado, porque esto es muy dinámico y complejo y el Estado debe tener la fortaleza para responder a la complejidad. Entonces, el Estado puede ser proveedor de flota y también ser operador, al igual que el privado puede ser proveedor y operador”, detalló en visita al estudio de Nación Media, durante el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM.
Resaltó que dentro de la reforma se está trabajando varios componentes, uno de ellos es el tema de los buses, pero también contempla el aspecto vial, lo que no quiere decir que se establecen nuevas calles, sino que habla de una infraestructura de mantenimiento de las calles entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con municipios y gobernaciones.
“Por eso, necesitamos una ley o marco jurídico que otorgue habilidad al Estado incluso de ser operar o poder proveer flota. Pero el foco principal está finalmente en una gran alianza público-privada, desde el punto de vista de la empresa que va a proveer el servicio, la flota; pero tampoco hay que olvidar a la gente, que finalmente paga una parte importante de la factura de todo el sistema de transporte”, acotó.
Licitación de corredores
Por otra parte, el viceministro indicó que a la fecha existen 36 empresas de transporte con buses muy viejos, que tienen itinerarios que son prácticamente patrimonio de ellos y que ya no se les puede sacar. Entonces, lo que se permite con la ley es propiciar un marco de competencia donde se puedan volver a licitar los corredores, con lo que se busca abrir un proceso de depuración de las empresas.
“Una empresa en un corredor genera sostenibilidad financiera, porque esto es un negocio a escala. Cuando se tiene una empresa que puede ser sostenible por el giro del negocio, son empresas que pueden invertir en calidad. Cuando se invierte en calidad, que a su vez significa invertir en usuarios, propiciando la compra de buses nuevos”, comentó.
“A la par de esto hay que hacer varias cosas, infraestructura, a la par fortalecer al viceministerio del Transporte, no vamos a tener una reforma sin un viceministerio robustecido; porque al final del día lo que se necesita es un control más robusto, podemos cambiar el sistema, pero sin control se puede desordenar”, acotó.