• Nueva York, Estados Unidos. AFP.

Para la fiscalía, el exmagnate de la música Sean “Diddy” Combs es un “delincuente violento”, la otra cara del “icono cultural” y “hombre de negocios” exitoso. Para la defensa, el caso que lo ha sentado en el banquillo por tráfico sexual y asociación ilícita, se reduce a un problema de “amor, celos, infidelidad y dinero”.

Los 12 miembros y seis suplentes del jurado que sellarán la suerte del empresario de 55 años, también conocido como Puff Daddy y P Diddy, se enteraron de sus arrebatos explosivos y de su intento de preservar su reputación y del poder que le brindaba su celebridad a golpe de sobornos.

El equipo de defensa del fundador de la discográfica Bad Boy (Chico malo) insistió en que, aunque parte de su comportamiento era cuestionable -y en ocasiones suponía maltrato doméstico-, no llegaba a constituir una prueba de los delitos de chantaje y tráfico sexual de los que se le acusa.

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Combs se ha declarado inocente de todos los cargos, incluida la acusación de asociación ilícita que supuestamente dirigió para cometer delitos sexuales en los que no faltaban orgías con drogas mediante el uso de la fuerza, amenazas y violencia. La fiscal Emily Johnson alegó que Combs golpeó “brutalmente” a su expareja, la cantante Casandra “Cassie” Ventura, y la amenazó con publicar vídeos de ella participando en elaborados “delirios” sexuales si lo desafiaba.

Se espera que Ventura, cuyo testimonio es fundamental para el caso, suba al estrado el martes. Johnson también dijo que Combs había incendiado el auto de un hombre y colgado a una mujer de un balcón, y que había exigido cosas imposibles tanto a sus amantes como a sus empleados.

“Permítanme ser clara”, dijo la fiscal: “este caso no es sobre las preferencias sexuales privadas de una celebridad”, sino que es de “naturaleza coercitiva y criminal”, sostuvo mientras Combs escuchaba atentamente rodeado por sus abogados en una sala abarrotada de periodistas, personas influyentes y público.

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Para su abogada Teny Geragos, se trata de un caso “sobre amor, celos, infidelidad y dinero”. Geragos describió a las acusadoras de Combs de “mujeres capaces, fuertes y adultas” y describió su relación con Ventura de “tóxica”, aunque “entre dos personas que se amaban”.

“Ser un participante voluntario en tu propia vida sexual no es tráfico sexual”, dijo la abogada, antes de admitir que hubo violencia doméstica, aunque su defendido no está acusado por ello. Con pelo canoso, ya que están prohibidos los tintes en la cárcel donde aguarda el juicio desde septiembre pasado, Combs se vio arropado en la corte del Tribunal Federal del Distrito Sur en Manhattan por su madre, Janice, y varios de sus hijos.

El primer testigo en subir al estrado fue Israel Florez, un policía de Los Ángeles que respondió a la llamada de “una mujer en apuros” el 5 de marzo de 2016 en el Hotel InterContinental. Con el testimonio de Florez, la fiscalía presentó imágenes de una cámara de seguridad en las que se ve a Combs cubriéndose con una toalla, persiguiendo a Ventura por un pasillo del hotel y golpeándola.

Florez dijo que después de que acompañó al rapero a su habitación, Combs le ofreció un fajo de billetes. “Me decía: ‘no se lo digas a nadie”, confesó el agente que entendió que se trataba de un soborno. A Florez le siguió en el estrado un bailarín que mantuvo relaciones sexuales, a menudo a cambio de dinero, con Combs y Ventura desde 2012 hasta aproximadamente finales de 2013.

Daniel Phillip describió sus encuentros con la pareja, que generalmente implicaban sexo con Ventura mientras Combs miraba. Phillip contó que Combs abusó físicamente de Ventura delante de él. “¿Por qué hace esto, por qué se queda con este tipo?”, Phillip recuerda haber pensado. “Intenté explicarle que corría verdadero peligro si se quedaba con él”, dijo. De ser declarado culpable, el otrora productor de rap y superestrella mundial, a quien a menudo se le atribuye haber llevado el hip-hop a la cima de la música, podría pasar el resto de su vida en prisión.

La Comisión Especial conformada para investigar el caso conocido como “mafia de los pagarés”, estableció una nueva fecha para reunirse con los ministros de la Corte Suprema Justicia. El encuentro entre los legisladores y las autoridades del Poder Judicial o ha podido darse hasta la fecha por la incompatibilidad entre sus agendas.

“La Corte Suprema de Justicia hoy no pudo concurrir porque tenían su pleno, pero vamos a reagendar la reunión con ellos”, expresó el senador Rafael Filizzola, presidente de la Comisión. En comunicación con varios medios de prensa, informó que la nueva invitación a los ministros es para el próximo lunes 19 de mayo.

No obstante, manifestó que está abierta la posibilidad de que se dé una reunión antes de la fecha mencionada, esto en caso de que los ministros soliciten puntualmente un día, de acuerdo a sus posibilidades de horario. Es de mencionar que también está pendiente la reunión entre la comisión y el Ministerio Público.

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“Hay que recordar que hubo un caso en el 2015, vamos a pedir una reunión con el equipo de fiscales que trabajó en ese momento y con los agentes que están trabajando en este momento y lo más importante, vamos a tener una conversación con el ministro de la Defensa Pública, que eso probablemente ya va a ser mañana”, indicó.

El parlamentario señaló que una de las cuestiones principales a resolver es la cuestión de que las denuncias, en su mayoría, están en Asunción, sin embargo, los afectados son de diferentes puntos del país, por lo que se debe encontrar una alternativa para que las víctimas puedan hacer el seguimiento de sus casos, sin trasladarse, en lo posible, a la capital.

“Vamos a formar equipos que hagan este trabajo en cada uno de los departamentos donde hay denuncias”, refirió y añadió, “hay casos donde las personas deben gastar mucho dinero para trasladarse desde Alto Paraguay por ejemplo, y todo eso implica mucho para ellos como perder una jornada laboral, por eso todas esas cuestiones debemos ver cómo solucionar y apoyar a estas personas”, afirmó.

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Ayer 10 de mayo se cumplió el tercer aniversario del crimen del exfiscal paraguayo en Cartagena. A pesar de que los autores materiales y logísticos ya fueron condenados, aún falta que la mano de la Justicia llegue hasta los autores morales del crimen.

Sobre esta arista aún por dilucidar de este negro capítulo de la historia judicial del país, surgen varios indicios que conducen hacia una misma fuente sobre la autoría: la mafia asociada al narcotráfico. Uno de los indicios más fuertes lo señaló –no una, sino tres veces– el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro.

La primera vez fue hace tres años, poco después de ganar las elecciones en el país caribeño; ya en esa ocasión apuntaba al uruguayo Sebastián Marset, cabeza de una red de tráfico de cocaína con ramificaciones en la región y que hacía envíos de droga a los puertos europeos. Petro renovó esta acusación hace unos meses en dos ocasiones durante una reunión con su gabinete y en un acto oficial del Gobierno. Pero en esa ocasión además del narco uruguayo incluyó a un conocido mafioso del país cafetero.

En noviembre pasado, el mandatario había sugerido que el responsable de ordenar la muerte de Pecci era un “gran narcotraficante con conexiones dentro de la Fiscalía colombiana”, y en la misma sindicó a Marset de manera explícita, en conexión con su socio, el también narcotraficante Julio Lozano Pirateque.

De acuerdo a las expresiones del presidente Petro, con base en los datos que maneja su gobierno, Marset y Lozano tienen directa relación con el crimen de Pecci, que ocurrió la mañana del 10 de mayo, en la playa del Hotel Decameron, en la isla de Barú.

Diversos medios en Paraguay tratan de instalar la teoría de que los autores morales del crimen del exfiscal no se conocen, cabalgando incluso sobre hipótesis descabelladas, inverosímiles y carentes de fundamentos. Pero lo cierto y lo concreto es que los autores están bastante bien identificados al decir del mandatario cafetero.

Las propias investigaciones surgidas entre la Fiscalía de Colombia y de Paraguay, que han abierto un Equipo Conjunto de Investigación para avanzar en la aclaración completa del asesinato apuntan a que los socios de Marset en Paraguay también tienen un grado de responsabilidad.

En este sentido, los señalados son Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, y Jaime Franco, –ambos en prisión– quienes tenían estrechas relaciones entre sí y se habían visto afectados por las investigaciones que en vida realizaba Pecci. En especial, Franco que cayó detenido gracias a las diligencias y a los operativos encabezados por el fiscal asesinado.

A pesar del trabajo conjunto con las autoridades colombianas, lo que sí se podría cuestionar a la Fiscalía es que hasta ahora no haya habido imputaciones en el caso, lo que para muchos resulta inexplicable en razón de los indicios y señalamientos que existen.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, remarcó que de ningún modo se siente tranquilo o satisfecho la falta de resultados en la investigación del crimen del fiscal especializado en Crimen Organizado Marcelo Pecci, del que se cumplió ayer sábado su tercer aniversario.

“El día que tengamos algún resultado de alguna pista fija, clara y concreta, ese día me podría sentir tranquilo. Hoy simplemente navegamos, como todos, en las dudas, y eso no nos lleva a un final feliz”, expresó el titular del Ministerio Público, durante un acto de homenaje a Pecci que se celebró ayer mañana en la institución.

La ceremonia incluyó la presentación de una ofrenda floral frente al monolito de Marcelo Pecci Albertini en la sede central del Ministerio Público en Asunción, con la presencia de la madre del fiscal Pecci, así como otras autoridades fiscales.

Rolón mencionó que cuentan con un equipo operativo de gente muy comprometida y con mucha capacidad en lo que respecta a la investigación. Indicó que al momento de que exista algún nuevo eslabón que investigar lo estarán haciendo en forma clara hasta llegar al final.

A tres años de su asesinato, familiares, amigos y excolegas se juntaron en la Recoleta para recordar al fiscal asesinado. La Fiscalía también le rindió tributo.

Familiares y allegados del fiscal Marcelo Pecci se congregaron ayer para realizar un emotivo homenaje en el Cementerio de la Recoleta, en coincidencia con el tercer aniversario de su asesinato en Colombia. Uno de sus amigos leyó una conmovedora carta póstuma, escrita en primera persona.

Entre los asistentes se hallaban la viuda del fallecido agente fiscal, la periodista Claudia Aguilera, Francisco Pecci, hermano de Marcelo, además de excompañeros del Colegio de San José, entre otros.

Además de rendir tributo en su memoria, aprovecharon la ocasión para reiterar el pedido de justicia y exigir a la Fiscalía paraguaya que avance en la investigación, a fin de identificar finalmente al autor intelectual del crimen.

El agente fiscal Manuel Doldán, director de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, destacó el Equipo Conjunto de Investigación (ECI) conformado con los colombianos.

Dijo que esta acción permitió acceder a un cúmulo bastante significativo de cooperaciones jurídicas individuales que se dio en este proceso.

“Esto lo hicimos de manera formal, ya no en cooperaciones individuales y sueltas, sino en el marco de un acuerdo que fue construido con base en normas de Naciones Unidas. A partir de ese momento generamos una facilidad de comunicación”, remarcó.

“Ahora estamos en una fase de investigación de los autores morales del crimen, ya se genera una complejidad mucho más profunda en el ámbito penal, porque se trata de una causa vinculada al crimen transnacional.

Entonces, la conformación del ECI está permitiendo una planificación mucho más jurídica y mucho más estricta de la investigación”, precisó.

José Doldán, representante de ahorristas de la cooperativa Poravoty, lamentó el poco avance en la intervención por el supuesto desfalco en detrimento de los socios. Dijo que los propios afectados están cumpliendo el rol del Ministerio Público y tratando de elaborar un plan para recuperar el dinero depositado y reactivar la institución.

“Tarde o temprano nos van a entregar un informe final y sobre eso nosotros tenemos que trabajar y ver la forma de reactivar la cooperativa”, señaló a la 1020 AM.

Aseguró que la prioridad de los socios es que al menos las personas que están enfermas empiecien a recuperar sus ahorros.

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“Nosotros somos el primer grupo que estamos poniendo pecho y estamos haciendo ruido. Después vamos a exigir el fondo de garantías para las cooperativas. Esto tiene que terminar ya, mientras no haya un fondo de garantía, es una alerta para todas las otras cooperativas que en este momento no es seguro ninguna cooperativa”, expresó.

Se quejó de la falta de apoyo del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), y el respaldo de un fondo para este tipo de casos. “Si el Incoop no nos apoya, entonces por lo menos que tengamos un fondo de garantía”, manifestó.

El vocero de los ahorristas aclaró que la cooperativa desde sus inicios fue una institución abierta para los policías y luego extendieron a todos los interesados en general. “Y ahí captaron empresarios, ahorristas, inversionistas y de ahí que comenzó a subir muy grande la cartera de ahorros. Eso fue lo que pasó en esta cooperativa”, puntualizó.

Comentó que hay dos fiscalías interviniendo en el caso, de Asunción y San Lorenzo, respectivamente. “La Fiscalía de Sajonia que es antidisturbios fue a raíz de la manifestación que hicimos frente a la Central de Cooperativas. Y a consecuencia de esa manifestación fuimos denunciados. De ser víctimas fuimos revictimizados”, lamentó.

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