El programa “Fuego cruzado”, emitido este domingo pasado por el canal GEN/Nación Media, fue escenario de debate en torno al requerimiento de intervención a las municipalidades de Asunción, a cargo del intendente Óscar Rodríguez, y de Ciudad del Este, liderado por el dirigente opositor Miguel Prieto.

La solicitud formulada por la Contraloría General de la República (CGR), el pasado 16 de mayo, a través del Poder Ejecutivo, fue defendida por su director de Auditoría Forense, Leandro Villalba, quien sostuvo que “en el caso de la municipalidad de Ciudad del Este estamos hablando de fallas sistémicas, en varias áreas de la gestión municipal. Por ejemplo, en el examen documental acerca de los gastos de capital del 2019-2022, se consta que la municipalidad no proveyó documentos de respaldo por erogaciones superiores a los G. 42.000 millones", refirió.

Villalba recordó que la Ley Orgánica Municipal establece claramente la obligación de los municipios de tener sus documentos contables y sus respaldos al día y de ponerlos a los órganos de control cuando éstos los requieran. “Prieto apenas ha enviado aproximadamente un 9 % de toda la documentación de la cuenta que fue auditada en esa oportunidad. Este es un hecho claramente gravísimo“, indicó.

El director de auditoría dijo que lo mismo sucede con la administración de Rodríguez. “Ambos utilizan el discurso, dicen que tienen todos los documentos, pero no remitieron a la Contraloría, por lo cual no podemos hacer ninguna apreciación al respecto de dónde están finalmente esos documentos. Ambos dicen que mandaron camiones y biblioratos de documentos a la Fiscalía, pero eso no es cierto. A la institución de control es a quien hay que mandarle todos los documentos para que se haga la revisión correspondiente”, manifestó.

Señaló que entre las graves inconsistencias detectadas en la gestión de Prieto, guarda relación con el manejo de las transferencias. “Se hacían por ejemplo transferencias por G. 800 millones a comisiones para la construcción de pozos y los beneficiarios cobraban los cheques de los desembolsos y luego se firmaban los documentos como los contratos y las adjudicaciones. Puntualmente en un caso detectamos que allá por el 18 y 17 de marzo del 2020, se hacían las transferencias, siendo que el 16 de marzo ya la presidencia de la República decretó el cierre total de las actividades, salvo las obras que ya estaban en ejecución", dijo.

Leé también: Asunción será sede del Foro Madrid, anunció Raúl Latorre

Añadió que otro hecho grave en relación a la gestión de Prieto, se centra en las contrataciones. “Por ejemplo, el caso de Tía Chela, que como pudimos apreciar, competían con otras empresas que no tenían la capacidad suficiente para proveerle alimentos y otras cosas a la Municipalidad y eran parientes entre sí o parece haber parentesco entre las empresas que compitieron. Es decir, no se fueron a pedirle presupuesto a un gran supermercado ciudad del este, sino a una pequeña oficina y eso generó después una investigación también por parte del Ministerio Público”, comentó.

Villalba afirmó que también la CGR detectó inconsistencias en todo lo que tiene que ver con el balance administrativo de la Municipalidad de Ciudad del Este. “Ellos mismos admiten que la municipalidad tiene graves inconsistencias en la exposición de su balance y en la gestión de sus cuentas”, puntualizó.

Agregó que otro hecho grave guarda relación con casos de nepotismo, por más que no este citado como una causal en el pedido de intervención a la gestión de Prieto. “En el requerimiento hacemos referencia y traemos a colación esta serie de denuncias ciudadanas”, puntualizó.

Siguió sosteniendo que “tanto las autoridades de Ciudad del Este como de Asunción utilizan una defensa similar. Ellos tratan de defender que supuestamente aquí no existiría un hecho penal y por tanto no corresponde la intervención, pero este argumento es falso, porque sí puede comprometer el patrimonio público e implicar el quebrantamiento de normas penales. De hecho, ambos intendentes están imputados por lesión de confianza, sobre ambos pesan muchísimas denuncias".

En lo que respecta a la municipalidad de Asunción, Villalba señaló que el principal hecho grave radica en el uso de dinero provenientes de bonos y préstamos para el pago de salarios o gastos corrientes.

“Hay que hacer un poco de historia y señalar que la municipalidad ya hace rato viene manejándose con déficit enormes en relación a lo que gasta, muy por encima de lo que recauda. Y además se presenta la necesidad de inversión en obras. Entonces, a partir de allí es que se empezó a utilizar el crédito. Ahora, ¿este crédito lo puede usar la Municipalidad? Sí lo puede usar, pero no lo puede usar, según la Ley Orgánica Municipal, para destinarlo a gasto corriente. El artículo 197 de la Ley Orgánica Municipal le prohíbe a la municipalidad hacer uso de los recursos de crédito público para destinarlo a deuda", mencionó.

Villalba continuo argumentando que “lo que está haciendo la Municipalidad de Asunción de manera bastante peligrosa es decirle a los bonistas ‘hola, yo quiero plata, quiero que por favor me den recursos para construir obras’, pero luego engañando a los bonistas, toma el dinero, lo lleva a la llamada cuenta única, mezcla los recursos y destina esos recursos a lo que quiere el municipio”.

Te puede interesar: Poder Ejecutivo oficializa nombramientos a embajadores en Taiwán y Türkiye

El exministro, excanciller y analista político Euclides Acevedo indicó que el argumento de la persecución política “no puede ser una coartada a la desprolijidad contable que pueda tener una administración“. Sus afirmaciones surgen ante el intento de salvataje de los parlamentarios de la oposición al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, ante el pedido de intervención.

“Esto es una fosforescencia de la degradación política que hay en el Paraguay y la degradación del pensamiento en general. La soberanía radica en el pueblo y el pueblo a través del sufragio, esto es una parte elemental. La soberanía también radica en el tributo del ciudadano que tiene que ser honestamente administrado“, dijo Acevedo en una entrevista con el programa ”Fuego cruzado", emitido ayer domingo por el canal GEN/Nación Media.

Los parlamentarios opositores argumentan que el requerimiento realizado de auditar la gestión de Prieto obedece solo a una instrumentación política. Señalan que la Contraloría solo cuenta con la atribución de dictaminar si halla irregularidades en una administración municipal, pero que en el artículo 165 de la Carta Magna no se le habilita a solicitar la intervención de los municipios.

Asimismo, el también exministro de Relaciones Exteriores y exministro del Interior siguió sosteniendo: “Creo que hay opositores, pero no hay una oposición. Esto revela que nuestra democracia está absolutamente debilitada, carente de musculatura, cada vez pierde más masa muscular, porque no hace el ejercicio y no consume lo que tiene que consumir, que son ideas”.

Lea también: Comisión dictaminará el lunes sobre intervención de Prieto

De acuerdo a la Contraloría, en la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, las irregularidades guardan relación con las transferencias de recursos financieros a la subcomisión distrital de Ciudad del Este en apoyo a la actividad llamada “Navidad sustentable” en el ejercicio del año 2023.

También hizo mención sobre el examen documental sobre la composición y aplicación de los gastos de capital de la Municipalidad de Ciudad del Este para los ejercicios del 2019 a 2022.

Te puede interesar: Exlegislador rechaza elevar penas y pide políticas de reinserción para jóvenes

Este lunes a las 11:00, la comisión especial de intervención de la municipalidad de Ciudad del Este, encabezada por el diputado Alejandro Aguilera, se reunirá con la finalidad de emitir dictámenes sobre el pedido de investigación de la gestión del intendente Miguel Prieto. “Hay 239 indicios de hechos punibles”, dijo el legislador.

“Existe un festival de hipocresía en la oposición. ¿Tenemos que darle impunidad por el solo hecho de que es un crítico del gobierno?”, expresó Aguilera, en referencia a la persistencia de sus colegas que ejercen una defensa férrea al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, pese a las graves irregularidades en su administración detectadas por la Contraloría General de la República (CGR).

"Prieto hizo una defensa política antes que una defensa técnica sobe los hechos que se lo acusa, nunca negaba, pero cuando lo hacía, mentía”, sostuvo el diputado, respecto a la audiencia del intendente esteño; en una entrevista, este lunes, con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Leé también: Concejales de Asunción asistirán ante Comisión de Intervención

El pasado 16 de mayo, la Contraloría, a cargo de Camilo Benítez, anunciaba que el pedido de intervención del municipio de Ciudad del Este, debido a las dificultades para acceder a documentos respaldatorios de gastos públicos. Benítez había alegado que existían graves irregularidades en la ejecución del presupuesto y administración de los bienes comunales, que fueron detectados a través de los exámenes y controles impulsados por el órgano extrapoder.

“La comisión especial de intervención no es la encargada de investigar ni de dictar sentencias sobre si Prieto es inocente o culpable. Nosotros los único que tenemos que ver y evaluar es si hay indicios que ameriten una intervención. Al final de cuentas es la Cámara de Diputados la que decidirá y no el cartismo”, refirió el diputado Aguilera ante el discurso de persecución política que esgrime Prieto y sus correligionarios de la oposición.

El parlamentario siguió sosteniendo que “esto no es una cuestión antojadiza. Esto no se trata de decretar la absolución de uno por ser opositor y la sentencia de otro por ser oficialista”.

Te puede interesar: Exlegislador rechaza elevar penas y pide políticas de reinserción para jóvenes

• Brasilia, Brasil. AFP.

El expresidente Jair Bolsonaro comparecerá desde este lunes por primera vez ante la corte suprema de Brasil para ser interrogado bajo la acusación de haber intentado un golpe de Estado para mantenerse en el poder tras su derrota electoral frente a Lula en 2022.

La fiscalía acusó en febrero al ultraderechista, de 70 años, que gobernó Brasil de 2019 a 2022, de liderar una “organización criminal” para desconocer los resultados de los comicios e impedir la toma de posesión del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

La conjura habría fracasado por falta de apoyo de altos mandos militares, pero Bolsonaro y otros siete excolaboradores podrían enfrentar una pena de unos 40 años de cárcel si son condenados por los crímenes de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y de golpe de Estado.

El líder de la derecha y extrema derecha brasileñas insiste en su regreso político a pesar de estar inhabilitado para las elecciones de 2026 y niega las acusaciones, declarándose un perseguido de la justicia.

Lea más: Interceptan barco de Greta Thunberg e instan a los pasajeros a regresar

Aunque tiene derecho a quedarse callado, Bolsonaro dijo la semana pasada a periodistas que responderá “sin ningún problema” a los cuestionamientos de la corte.

“Es una excelente idea que hablemos en vivo sobre golpe de Estado, estoy muy feliz de tener la oportunidad de aclarar lo que ocurrió”, afirmó el jueves el excapitán del Ejército.

Al día siguiente, ante un grupo de mujeres de su conservador Partido Liberal mostró un tono conciliador, señalando que comparecerá ante los jueces “sin querer desafiar a nadie”. “Es la hora de la verdad”, apuntó.

Los interrogatorios tendrán lugar en la sede del Supremo Tribunal Federal en Brasilia, uno de los edificios depredados por seguidores bolsonaristas en enero de 2023 para pedir a los militares que derrocaran a Lula, hechos que la fiscalía también vincula al expresidente.

Serán transmitidos en vivo y podrían extenderse toda la semana. Bolsonaro es el sexto en el orden dispuesto por el tribunal, por lo que es probable que su testimonio ocurra el martes o miércoles. Para el expresidente será un reencuentro con exaliados y enemigos jurados.

A su lado estarán los siete coacusados también llamados a declarar, incluyendo Mauro Cid, su exedecán y mano derecha, convertido para el bolsonarismo en traidor por haber colaborado con la fiscalía a cambio de una eventual reducción de sentencia.

El testimonio del teniente coronel permitió a la policía identificar a los distintos actores de la trama golpista y sus comprometedores intercambios de información, según la investigación.

En el banquillo, también se sentarán cuatro exministros y los exjefes de la Marina y de la agencia brasileña de inteligencia.

El interrogatorio será escenario además de un esperado cara a cara entre Bolsonaro y el emblemático juez a cargo del caso, Alexandre de Moraes, a quien el expresidente tacha de “dictador”. Moraes, así como la fiscalía y las defensas, podrán cuestionar a los acusados.

Lea también: Gobierno de Colombia alista nueva comisión de seguridad electoral tras ataque a Uribe

El proceso judicial ha avanzado con mayor rapidez que el promedio de casos penales en Brasil, según Rogerio Taffarello, experto en derecho penal de la Fundación Getulio Vargas.

Pero la corte suprema aún podría escuchar nuevos testigos, además de los argumentos finales de las partes, antes de que los magistrados empiecen la votación para una eventual condena.

Debido a que el supuesto complot fue ideado durante largo tiempo y algunos crímenes imputados -como abolición violenta del Estado democrático- son nuevos en el estamento brasileño, se espera “una discusión jurídica extremadamente compleja”, dijo Taffarello a la AFP.

Bolsonaro pasó el fin de semana con sus abogados para preparar su testimonio, alojado en la residencia oficial de su aliado y gobernador del estado de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, según medios locales.

En una fase previa en que la corte escuchó a medio centenar de testigos, Freitas, que fue ministro de Infraestructura de Bolsonaro, salió en su defensa, afirmando que “nunca” oyó al ultraderechista referirse a un plan golpista.

Pero dos excomandantes de las fuerzas armadas confirmaron que Bolsonaro les presentó la posibilidad de eventualmente decretar un estado de “defensa o de sitio” para anular las elecciones y mantenerse en el poder.

El plan golpista contemplaba incluso el asesinato de Lula y del juez Moraes, según la fiscalía. “La historia de Brasil se estará escribiendo” durante el juicio, el primero por una tentativa de golpe bajo un régimen democrático en el país, dijo a la AFP Marcio Coimbra, director del “think tank” Casa Política.