El fiscal adjunto Edgar Moreno acusó y pidió juicio oral y público para los directivos de la firma Empo, Arivaldo Domínguez Queiroz y Enrique Ortuoste, procesados penalmente por los delitos de producción de documentos no auténticos.
Anteriormente la fiscala Stela Mary Cano pidió el sobreseimiento definitivo de las dos personas pero la jueza Hilda Benítez Vallejos le había dado trámite de oposición y ahora el fiscal adjunto Moreno rectificó dicho pedido y solicitó que el caso se eleve a juicio oral.
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Ahora la magistrada penal de garantías Benítez Vallejos deberá fijar la fecha para la audiencia preliminar donde se discutirá si el presente caso se elevará a juicio oral como lo solicitó el fiscal adjunto.
Antecedentes
El presente proceso penal se basa en una denuncia por la presentación de documentos no auténticos en el pago de un mes de aproximadamente G. 17.000 millones. La investigación supuso que la empresa habría utilizado y falsificado certificado de cumplimiento tributario correspondiente a otra empresa, había alterado el nombre, es decir, la razón social del certificado, del RUC, y con ese certificado y presentando facturas habría cobrado las mensualidades correspondientes al contrato que tenía con la Municipalidad de Asunción.
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Caso Tajy: confirman segundo juicio oral para Miguel Prieto por corrupción
El exintendente de Ciudad del Este y dirigente opositor aspirante a la presidencia de la República, Miguel Prieto, se sentará nuevamente en el banquillo de los acusados. Esto se da en el marco de un segundo proceso penal por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal en el caso judicial conocido como “Tajy”, cuyo perjuicio se estima en G. 306 millones.
Así lo resolvió el Tribunal de Apelación al confirmar la resolución del juez Humberto Otazú. Los camaristas Gustavo Amarilla, Silvana Luraghi y Claudia Criscioni ratificaron la determinación adoptada por el magistrado, quien, luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en agosto de este año, elevó el proceso penal a juicio oral. Ahora se deberá sortear a los jueces de Sentencia que tendrán a su cargo juzgar a Prieto y a los demás acusados.
El Ministerio Público refiere que el 11 de junio de 2020, la administración de Prieto efectuó el pago irregular de G. 306 millones a favor de la empresa proveedora Tajy por mercaderías que nunca fueron entregadas, lo que constituye un hecho de corrupción y un perjuicio a las arcas del municipio.
“Se le acusa al señor Miguel Prieto Vallejos de haber encabezado, desde la intendencia municipal de Ciudad del Este, un grupo permanente de funcionarios organizados para la comisión y facilitación de delitos de corrupción pública dentro de la misma institución, aprovechándose de su calidad de ordenador de gastos, así como de las demás atribuciones y poderes que se le conferían como principal administrador de la comuna”, señala la acusación de la Fiscalía.
El proceso judicial que enfrenta el dirigente opositor se originó durante la pandemia del covid-19. La imputación fue impulsada por los agentes fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Chávez. “Prieto tenía la calidad de ordenador de gastos y, entre los meses de marzo y junio de 2020, convocó, promovió y pagó una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la producción de panificados destinados a familias de escasos recursos”, afirmó el fiscal.
Otros acusados
En esta causa también se encuentran acusados:
- • Sebastián Martínez Insfrán
- • Robert Osmar Florentín Silvero
- • Alex Yamal Samhat González
- • Francisco Raimundo Arrúa Álvarez
- • Emili Vanessa Florentín Páez
- • Higinio Ramón Acuña
- • Nelson Alexis Segovia Acevedo
- • Maggi Elizabeth Fariña Almada
- • Buena Ventura Morínigo
- • Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez
Juicio en el caso “Tía Chela”
De igual manera, Miguel Prieto y otros procesados ya están siendo juzgados por lesión de confianza y asociación criminal en el caso “Tía Chela”, por ocasionar un presunto perjuicio de G. 2.130 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este. Actualmente, ese juicio se encuentra en la etapa de producción de pruebas documentales, donde el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad de cada uno de los acusados en el esquema irregular.
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Directivos de APA imputados por desvío millonario lograron suspender imposición de medidas
Se suspendió la audiencia de imposición de medidas cautelares para los directivos de Autores Paraguayos Asociados (APA), imputados por lesión de confianza. La diligencia judicial se pospuso debido a que las tres defensas plantearon recursos de reposición y apelación en subsidio contra la providencia del 25 de septiembre de 2026, que admitió la imputación y fijó la convocatoria judicial.
Ahora el juzgado deberá resolver el planteamiento formulado por las defensas de los imputados y si el juzgado se ratifica en su decisión inicial el expediente judicial deberá ser elevado a la Cámara de Apelación para su estudio.
Los imputados son David Herminio Portillo Biancotti, presidente; Humberto Victorio Rodas Orué, director general; Juan José María Vidal Bonin, director administrativo y financiero; y Walter Mario Cabrera Martínez, tesorero de la entidad.
Gran cantidad de personas que conforman APA, provenientes de distintas ciudades del interior del país, se hicieron presentes en el Juzgado Penal de Garantía a cargo de Cynthia Lovera para acompañar la jornada judicial, en medio de la expectativa por el avance de la causa que involucra a integrantes de la entidad que recauda, administra y liquida regalías por el uso comercial de obras musicales, literarias y artísticas de sus socios.
La causa investiga un supuesto perjuicio patrimonial de G. 1.990 millones, relacionado con la presunta adquisición irregular de canastas navideñas en el marco del programa Jopói 2025, destinado a los asociados de APA.
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Ministerio Público pide juicio oral para 12 procesados por desfalco a la Caja Municipal
El Ministerio Público presentó acusación contra doce personas y solicitó juicio oral en el marco de las investigaciones sobre el desfalco en la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPPM).
Los afectados son exdirectivos y funcionarios de la Caja de Jubilaciones involucrados en la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, ocasionando un supuesto perjuicio patrimonial de G. 11.789.516.891.
Según la acusación de los agentes fiscales Luz Guerrero Moral y Christian Benítez Cáceres de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, entre 2019 y 2023 se habría desarrollado un esquema de desvío de fondos correspondientes al rubro 821, destinado al pago de jubilaciones y pensiones, mediante la reutilización de expedientes de exafiliados que ya habían percibido la devolución total de sus aportes.
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Cómo funcionaba el esquema delincuencial
La maniobra investigada consistía en reingresar estos expedientes y simular nuevos trámites administrativos sin conocimiento de los titulares.
A partir de estas operaciones, se habrían generado órdenes de pago y emitido cheques duplicados, triplicados e incluso cuadruplicados, que posteriormente eran endosados de manera presuntamente fraudulenta y cobrados en entidades bancarias por funcionarios y terceros ajenos a los beneficiarios.
De acuerdo con la pericia contable realizada por el Laboratorio Forense del Ministerio Público, el perjuicio patrimonial atribuido a las operaciones investigadas supera los 11.700 millones de guaraníes, correspondiente a 486 cheques cobrados presuntamente de manera irregular a nombre de 285 exafiliados.
“Entre las situaciones identificadas figuran pagos emitidos a nombre de personas que habían fallecido antes de la liberación de los fondos”, alegan los investigadores.
El requerimiento conclusivo fue presentado ante el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno de la Capital, con el pedido de que las 12 personas acusadas afronten juicio oral y público por los hechos punibles atribuidos.
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Acusan por cohecho pasivo y piden juicio oral contra exfiscal de Emboscada y su auxiliar
La fiscal Yeimy Adle acusó por cohecho pasivo agravado al exfiscal de Emboscada, Bernardo Javier Elizaur Aguirre, y a su exauxiliar, Lilian Andrea Florenciano Alfonso. El caso investiga una supuesta negociación de dinero para beneficiar a un procesado por lesión grave. Ante esto, el Ministerio Público solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.
De acuerdo con el escrito acusatorio, los procesados habrían solicitado inicialmente G. 7.000.000 a la abogada defensora Corazón de María Corrales (representante de Mauricio Soel Méndez Gómez), a cambio de presentar un sobreseimiento provisional. Posteriormente, el monto habría aumentado a G. 10.000.000 para otorgar una salida procesal favorable. La investigación sostiene que Florenciano mantenía las comunicaciones con la defensa, mientras que Elizaur tenía a su cargo la decisión sobre el requerimiento fiscal.
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El 21 de septiembre de 2025, ante la falta de pago, el entonces fiscal acusó formalmente a Méndez por lesión grave y producción de riesgos comunes. La fiscal Adle señala que dicha acusación se presentó sin contar con los elementos médicos que la propia Fiscalía consideraba indispensables, pues el diagnóstico de la víctima seguía pendiente y aún no existía un dictamen del médico forense. “Esta secuencia revela que la posición procesal de la Unidad Fiscal no respondía a la existencia de elementos objetivos de convicción, sino que estaba supeditada al pago solicitado a la defensa”, indica el escrito.
El 13 de octubre de 2025, durante una entrega vigilada autorizada judicialmente, la abogada defensora y la hermana del procesado acudieron a la sede fiscal de Emboscada. Florenciano recibió G. 7.000.000, dinero que posteriormente fue hallado en el cajón del escritorio que utilizaba, quedando pendientes los G. 3.000.000 restantes. Tras recibir el pago, la exauxiliar condujo a las mujeres al despacho de Elizaur, quien manifestó que se allanaría a un pedido de suspensión condicional del procedimiento por dos años. Toda la conversación quedó registrada durante el operativo.
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