Un Tribunal de Sentencia condenó a 10 años de cárcel a un hombre acusado de haber abusado sexualmente de una niña. La agente fiscal Cynthia Torres representó al Ministerio Público y fue la que arrimó todos los elementos para que el colegiado pueda valorar y dictar la sentencia condenatoria.
El Tribunal de Sentencia de Fernando de la Mora, presidido por la jueza Victoria Ortiz, encontró al acusado culpable del hecho de abuso sexual en niños y fue sentenciado a 10 años de pena privativa de libertad. El colegiado valoró todos los elementos de prueba arrimados en el juicio oral y con base en ello declaró responsable del grave hecho al acusado quien seguirá cumpliendo su condena en una penitenciaría.
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Señalan los antecedentes de la causa, el hecho había ocurrido en varias oportunidades desde el 2015, en la ciudad de San Antonio, el condenado P.J.B. habría abusado sexualmente de su hijastra J.N.V., desde que la misma tenía 12 años de edad, realizándose la denuncia en el 2019.
Igualmente la defensa del condenado tiene la posibilidad de poder apelar el fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación quien deberá analizar si corresponde confirmar la sentencia condenatoria o anular la misma y ordenar que se realice un nuevo juicio oral y público.
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En el Hospital de Acosta Ñu fallecieron 8 niños por cuadros respiratorios hasta la fecha
Este viernes, desde el Hospital Pediátrico “Niños de Acosta Ñu”, confirmaron que desde el mes de mayo hasta la fecha 8 pacientes fallecieron por complicaciones de infecciones respiratorias y más de 90 ingresaron a terapia. Instan a la aplicación de las vacunas contra la influenza y el covid.
Según el doctor Héctor Castro, director del hospital, en esta temporada se reportó un aumento muy importante de infecciones respiratorias y que en un mes pasaron por las salas de internación más de 500 pacientes.
“Estamos viendo un aumento de casos respiratorios desde el 4 de mayo hasta ahora, de forma sostenida. Hemos cerrado con casi 500 casos internados en el Hospital Pediátrico por cuadros respiratorios. De este número, 90 casos en terapia intensiva y 8 fallecidos niños”, apuntó Castro, en entrevista con la 650 AM.
Afirmó que es muy importante estar alerta y que se extremen los cuidados, ya que recién ahora estamos con el clima frío. “Hasta la fecha de hoy, ya hemos superado las consultas por cuadros respiratorios con relación a mayo, en menos de 15 días”, manifestó.
Indicó que la excreción de los virus que contagian estos cuadros respiratorios, son mucho mayor y por más tiempo en los niños. “Los chicos representan también amplificadores de contagio que finalmente termina en personas vulnerables que desarrollan formas graves y terminan en los hospitales”, refirió.
Manifestó que cuando hay un aumento coincide con temperaturas bajas, humedad alta y ambiente cerrado, eso es lo que perpetúa el contagio. “Los niños en su gran mayoría, no vacunados contra influencia y Virus Sincitial Respiratorio (VSR), que son los que están ocasionando estos casos de internación”, puntualizó.
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Condenan a 3 años de cárcel a una abogada por suplantación en exámenes de naturalización de extranjero
El tribunal de sentencia, conformado por los jueces Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y María Fernanda García, condenó a tres años de cárcel a la abogada Cinthia Pérez Toranzo, luego de ser encontrada culpable por los delitos de producción de documentos no auténticos y abuso de documentos de identidad, por intentar mentir al justiciar en una carta de naturalización de ciudadanos extranjeros.
Los magistrados de sentencia Juan Carlos Zárate y María Fernanda García de Zuñiga votaron por la sentencia condenatoria de tres años, mientras que el juez Héctor Capurro votó por condenar a solo dos años y seis meses de prisión.
El magistrado Zárate sostuvo que luego de la presentación de ambos extranjeros, se produjo la suplantación por otras personas a los efectos de rendir los exámenes, por parte de un adolescente y el señor Mohamed Ali Kanso.
Por su parte, la actual exsecretaria de la Sala Civil de la Corte y camarista Pierina Ozuna, indicó que a partir de lo sucedido se replanteó lo referente a los controles para evitar situaciones como la acontecida con la abogada Cinthia Pérez Toranzo, condenada hoy a 3 años de pena privativa de libertad, indico la magistrada a Cuarto Intermedio a través de El Observador Radio TV.
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Niños sicarios, siniestra herencia de Pablo Escobar en Colombia
- Bogotá, Colombia. AFP.
Pablo Escobar formó durante los 1980 un ejército de adolescente pobres dispuestos a matar a policías, políticos y magistrados. Con el dinero del narcotráfico los convenció de cometer crímenes horrorosos, una herencia que sigue viva en Colombia. Este tipo de crímenes, comunes en tiempos del capo abatido en 1993, volvieron a la memoria del país esta semana, tras el intento de asesinato del aspirante a la presidencia Miguel Uribe mientras se reunía el sábado con seguidores en un parque de Bogotá.
El martes, la fiscalía imputó a un adolescente de 15 años por presuntamente atentar a balazos contra el dirigente político de 39 años, que está en estado crítico en una clínica. El joven se declaró inocente y está detenido. Un video al que tuvo acceso la AFP muestra al presunto atacante moverse entre la multitud vistiendo una camiseta estampada y vaqueros. En un momento saca un arma y apunta. Suenan disparos, Uribe cae y la multitud se dispersa en pánico.
La fiscalía asegura que le propinó tres tiros. Esto “no es algo excepcional para Colombia”, dice a la AFP Mathew Charles, exasesor de Unicef en Colombia y director de la fundación de inclusión de jóvenes vulnerables Mi Historia. La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, aseguró el lunes que bandas de delincuentes utilizan a menores porque el marco jurídico es diferente al de los adultos y contempla penas más leves. Solo en 2024, cerca de 5.000 adolescentes de entre 14 y 17 años ingresaron a este sistema penal en Colombia luego de cometer delitos, entre ellos homicidio, según el Ministerio de Justicia.
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De las barriadas
Los jóvenes que empuñan armas suelen venir de barrios marginados, con escaso acceso a educación y entornos familiares frágiles, dice Charles. Ante la falta de oportunidades, la criminalidad se presenta como única salida.
“Están buscando soluciones” rápidas para obtener dinero “porque no hay comida en la mesa por las noches en su casa”, explica. El 33 % de los colombianos son pobres. Casi el 4 % de los niños y adolescentes en edad escolar abandonaron sus estudios en 2023, año del último balance oficial.
Los grupos ilegales pagan a menores entre 50 y 500 dólares por matar, según investigaciones de Charles. A menudo son “engañados” y no llegan a ver nunca el dinero prometido, asegura.
Cuando fue detenido, el menor acusado de disparar contra Uribe decía que estaba dispuesto a “colaborar” con las autoridades y que recibió órdenes de una persona de la “olla”, como se le conoce en Colombia a los puntos de expendio de drogas.
Astrid Cáceres, directora de la entidad estatal encargada de la protección de los menores (ICBF), dice que, en buena parte de los casos, las mafias “provocan” que los menores cometan delitos “a partir del consumo” de sustancias psicoactivas.
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Consecuencias
La pena máxima para un menor por homicidio en Colombia es de ocho años. Un adulto puede enfrentar hasta 50 años tras las rejas. Usar a menores “es una vieja costumbre” en el país que “busca claramente la impunidad y aprovecharse de su situación de marginalidad”, dice el penalista Francisco Bernate a la AFP.
Bernate sugiere que el desarrollo cerebral de niños y adolescentes es un factor determinante en estos casos. Un menor de 18 años “no tiene la plena capacidad para comprender” las “consecuencias de sus actos”.
“No solo en Colombia, (sino) en la mayoría de países del mundo, y así lo obligan los tratados internacionales, reciben un tratamiento diferenciado al de los adultos”, dice. La fiscal Camargo explicó que, a diferencia del código penal, con un enfoque punitivo, el marco legal de los menores contempla sanciones educativas y restaurativas. No van a la cárcel sino a centros especializados.
Malos recuerdos
El 22 de marzo de 1990, el candidato presidencial del Partido Comunista Bernardo Jaramillo iba a tomar un vuelo. Pese a estar acompañado por escoltas, le dispararon a quemarropa y lo mataron en el aeropuerto. El joven que empuñaba el arma tenía 16 años. “Ese muchacho duró un poco más de un año detenido (...) y en 1992 apareció muerto a tiros junto a su padre en el baúl de un carro en Medellín”, cuenta a la AFP el periodista y académico Jorge Cardona.
El autor del libro “Días de Memoria”, que hace un recuento de los sucesos violentos que marcaron a Colombia entre 1986 y 1991, cuenta dos casos más. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, fue asesinado por un menor de 16 años en 1984 y Carlos Pizarro, exguerrillero del M-19 y candidato presidencial, cayó baleado por otro joven, de 20 años, dentro de un avión en 1990. Esos casos no han sido totalmente resueltos.
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Condenan a 14 y 12 años de cárcel a tres personas por intentar traficar 570 kilos de cocaína
Un tribunal de sentencia integrado por los jueces Dina Marchuk, Luz Martínez y Federico Rojas condenó a tres personas luego de ser encontradas culpables por tráfico internacional de drogas. El colegiado sentencio a 14 años de cárcel a Juan Antonio Gill Mieres y a Rafael Chamorro, mientras que Alberto Ferreira fue condenado 12 años por intentar traficar 570 kilos de cocaína en el año 2021 en la zona de Carmelo Peralta, departamento de Alto Paraguay.
El fiscal del presente caso fue Andrés Arriola, quien arrimó todos los elementos probatorios para que el tribunal de sentencia pueda condenar los tres acusados.
De acuerdo a los antecedentes del caso, en fecha 21 de marzo de 2021, en el desvío a la ciudad de Carmelo Peralta, departamento de Alto Paraguay, agentes especiales de la Unidad Sensitiva de la Senad -en coordinación con el Ministerio Público-, interceptó una carga de 573 kilogramos de cocaína, que se encontraba en el doble fondo de un camión marca Mercedes Benz, guiado por el acusado Alberto Ferreira.
Asimismo, se encontraban punteando el traslado de las sustancias los acusados Antonio Gill y Rafael Chamorro a bordo de una camioneta marca Mitsubishi. A través de técnicas especiales de investigación, se obtuvo la información de que dicha carga había ingresado al territorio paraguayo desde Bolivia, vía aérea, mediante un vuelo ilícito y que descendió en un establecimiento ubicado en inmediaciones del distrito de Fuerte Olimpo, desde donde fue retirada la mercancía vía terrestre para su posterior remisión al mercado brasilero.
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