El agente fiscal Federico Delfino formuló imputación contra Bruno José Da Costa Amaral, por los delitos de violación a la Ley 4036/10 de portación y tenencia de armas, sobre los incisos específicos de detentación, tráfico ilícito y acopio ilícito, en el marco de la investigación por presuntamente proveer armas al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). El representante del Ministerio Público solicitó al juzgado la prisión del imputado.
Según las pesquisas, Da Costa Amaral sería el dueño de un local comercial denominado Caza y Pesca Rossi, que presuntamente provee armas a personas vinculadas al grupo criminal.
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El pasado miércoles 24 de marzo, la Fiscalía encabezó un allanamiento en el comercio ubicado en Salto del Guairá, y se procedió a la incautación de una gran cantidad de armas, componentes y municiones.
En el marco de las investigaciones relacionadas al EPP, en setiembre del 2020, durante un allanamiento en la localidad de Sapucai, distrito de Yby Yaú, fueron halladas imágenes del local de ventas de armas de fuego, del cual sería propietario el ahora imputado.
Juicio oral
El imputado, Da Costa Amaral, actualmente está enfrentando un juicio oral y público acusado por los delitos de lavado de dinero, asociación criminal y contrabando por la investigación fiscal en la que se procedió a incautar en su momento 530 bolsas de arpilleras llenas de billetes de 50 y 100 bolívares de origen venezolano.
La audiencia oral se desarrolla en la sala de juicio oral de Salto del Guairá y el fiscal del caso es Vicente Rodríguez. El juicio se encuentra en la etapa de pruebas documentales y de acuerdo al desarrollo, existen suficientes elementos para condenar al acusado.
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Fiscales que investigan a Miguel Prieto recurren al resguardo policial por ataque de turba
El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, denunció que agentes del Ministerio Público y arquitectos fueron víctimas de un atropello por parte de una turba de simpatizantes del intendente de Ciudad del Este y líder del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto, durante diligencias realizadas en la costanera Ñande Renda.
“Esto fue para obstaculizar el trabajo de la Fiscalía. A raíz de esto, los funcionarios de la Fiscalía tuvieron que huir raudamente del lugar porque la integridad física se vio comprometida. Evidentemente, esta turba no tenía una intención amistosa con los funcionarios del Ministerio Público, por ese motivo tuvimos que recurrir inmediatamente al apoyo de la Policía Nacional”, indicó Corbeta, este miércoles, en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El procedimiento fiscal fue realizado en el marco de la investigación sobre la denuncia contra Prieto por la presunta sobrefacturación en la construcción de la costanera localizada en el kilómetro 8 de Acaray. “Estamos hablando de un grupo de 30 a 40 personas. Los asistentes fiscales, arquitectos, ingenieros, en este momento, están en el lugar continuando con las tareas, pero con el apoyo policial correspondiente para garantizar la integridad física”, refirió.
Corbeta acotó: “Ni siquiera estamos hablando de un caso vinculado al crimen organizado donde se tienen que tomar efectivamente mayores medidas de seguridad. En este caso estamos hablando de delitos sobre denuncias que guardan relación a la corrupción pública y de cuello blanco”.
El agente del Ministerio Público calificó como una “falacia” el argumento utilizado por Prieto, quien ante las denuncias e imputaciones en su contra alega ser un perseguido político. “Eso es fuera de lugar y contexto porque las causas y procesos que pesan sobre el intendente y sus principales funcionarios de su administración son imputaciones realizadas con anterioridad al supuesto lanzamiento de su candidatura presidencial, no hay ninguna cuestión de tinte político”, explicó Corbeta.
Siguió argumentando que nNo debería existir obstáculos para realizar diligencias investigativas, estamos en un Estado de derecho y se tiene que respetar las instituciones. El Ministerio Público es una institución que tiene autonomía para realizar investigaciones sobre todo cuando nos encontramos ante denuncias de hechos sobre supuesta sobrefacturaciones”.
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A 20 años del secuestro y muerte de Cecilia Cubas: “Hasta ahora nos preguntamos ¿por qué ella?”
Por Karina Ríos (karina.rios@nacionmedia.com)
Hoy se conmemora dos décadas del secuestro de Cecilia Mariana Cubas Gusinky, hija mayor del expresidente Raúl Cubas y la exsenadora Mirta Gusinky. Cecilia era una persona alegre y con muchas ganas de vivir, cuya vida fue truncada por el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Con solo 31 años, Cecilia fue tomada de rehén por el grupo criminal que tres meses después decidió acabar con su vida. Su familia aún se pregunta por qué la mataron y acompaña en el dolor a cada uno de los secuestrados en Paraguay.
El 21 de setiembre del 2004 Cecilia estaba por llegar a su casa cuando fue interceptada por el EPP, que en medio de disparos y mucha violencia la secuestró. “Hasta ahora nos preguntamos ¿por qué ella? ¿por qué le hicieron esto? ¿por qué le mataron? Son preguntas que nunca van a tener respuesta porque no hay forma de justificar lo que le hicieron”, expresó su hermana, Silvia Cubas, en entrevista con La Nación/Nación media.
Resaltó que recuerda todo como si fuese ayer y que los cuatro meses que Cecilia estuvo secuestrada fueron de esperanza, de que pudiera volver con vida de aquella terrible pesadilla.
“Nadie está preparado para atravesar una situación como la que nos tocó vivir a nosotros y les toca vivir a otras familias acá, en Paraguay, pero llega un momento en el que te das cuenta de que lo que te mantiene en pie durante un secuestro es la esperanza de que tu familiar, en este caso mi hermana, sea liberado y pueda volver sano y salvo”, subrayó Silvia.
Terminó la esperanza
La familia Cubas Gusinky quedó destrozada tras la terrible noticia de que su querida hija Cecilia fue hallada muerta en una casa de la ciudad de Ñemby, pero entregarse al dolor no era una opción por lo que se propusieron a buscar justicia. Durante estos 20 años hubo logros importantes, fueron condenadas varias personas, pero aún hay prófugos.
“Cuando esa esperanza se termina, lo único que uno piensa es ¿qué vamos a hacer ahora? En nuestro caso, como familia, decidimos que no íbamos a entregarnos al dolor que nos produjo lo que le hicieron a Ceci. Sobre todo mi mamá, Mirta Gusinky, que dedicó su vida a pelear por una justicia verdadera para mi hermana”, relató.
Silvia profundizó que aprendió a convivir con lo que vivieron como familia, “uno no se olvida, no es que pasa, es una marca, una herida que uno lleva de por vida” y para la que nadie está preparado, “que le pongan precio a la vida de un familiar y que decidan matarlo porque no cumpliste con las expectativas o simplemente porque era el plan que tenían diseñado”, lamentó.
Primera víctima fatal del EPP
Cecilia Cubas es la primera víctima fatal de secuestro del EPP, su trágico desenlace conmocionó a la sociedad y marcó la historia del país.
“Fue la primera víctima mortal del EPP y es impresionante cómo el país sufrió con lo que le pasó. Creo que, a través de nuestras palabras, es como que toda la gente la pudo conocer y hasta quererle. Entonces, es como que esto fue un golpe realmente para todos los paraguayos, no solo para la familia y los amigos de Cecilia”, indicó Silvia a LN.
“Era una luz”
Recordó a su hermana mayor como una persona alegre, auténtica, cariñosa, generosa y muy inocente, que nunca veía malicia en las demás personas. Explicó que Cecilia pensaba que todas las personas eran como ella, buenas, jamás hubiera imaginado que unos criminales iban a acabar con su vida.
“Era una luz, brillaba siempre y no necesitaba decir ni hacer nada, transmitía muchísima alegría donde quiera que vaya. Era una persona súper sensible y las situaciones dolorosas le afectaban muchísimo. Era mi hermana mayor, pero a la vez era como la más chica de la casa, siempre la cuidamos y protegimos más, porque no veía malicia en nadie”, afirmó.
“La Justicia hizo su parte”
Tras el fatal desenlace, el Ministerio Público inició las investigaciones logrando condenar a 11 personas por el secuestro y muerte de Cecilia. Entre ellos Osmar Martínez, Anastasio Mieres Burgos, Francisca Andino, Vaciano Acosta, Pedro Chamorro, José Domingo Hidalgo, Manuel Portillo, Roberto Otazú, Rosalba Jara Drackeford, Lidia Samudio y Aldo Meza.
“En el caso de Cecilia todos los detenidos ya fueron juzgados y están cumpliendo su pena o siguen siendo juzgados. Podemos decir que la Justicia hizo su parte, pero nos queda mucho por delante y aún quedan muchos prófugos. Nuestra batalla está lejos de terminar, pero claramente tengo que decir que nos gustaría que el EPP desapareciese”, acotó Silvia.
En la familia no pierden la esperanza y creen que hay instituciones que se están formando correctamente y que están trabajando bien. “En algún momento va a dar resultado visible todo el trabajo que se está haciendo. Hay que tener en cuenta también que muchas veces para que se llegue a algo con un grupo como el EPP hay mucho trabajo por detrás y no es un simple golpe de suerte para que sucedan las cosas”, manifestó.
Justicia por los secuestrados
Silvia pidió justicia para las familias de los que están secuestrados, con quienes mantienen un contacto muy estrecho, porque es una situación que no se puede dejar pasar. “No tenemos que olvidar que hay todavía personas desaparecidas, cuyas familias aún siguen esperando noticias de ellos, esto no toca mucho. Tenemos que unirnos para luchar de manera correcta no solo por un futuro, sino por un presente mejor para cada uno de los compatriotas”, apuntó.
Instó a la población a luchar contra este grupo criminal, a no apañar estos crímenes. “Acá la lucha debería ser siempre de los buenos contra los malos. Todo lo que ellos predican de que han luchado por los más necesitados son mentiras, porque han secuestrado y asesinado a miembros de la sociedad paraguaya sin distinción de ningún tipo”, concluyó.
Datos clave
- El cuerpo sin vida de la joven fue hallado 5 meses después, en febrero de 2005, en una fosa cavada en una vivienda ubicada en Ñemby.
- Su familia pagó 300.000 dólares por su liberación, a mediados de noviembre de 2004.
- Osmar Martínez y Anastasio Mieres Burgos fueron condenados a 25 años de prisión y 10 años de seguridad por el secuestro y homicidio de Cecilia Cubas; luego de afirmarse que cometieron los delitos de homicidio doloso, privación de libertad, secuestro, extorsión, extorsión agravada y asociación criminal.
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Silvia Cubas: “Hasta ahora nos preguntamos, ¿por qué ella?”
- Por Karina Ríos
- karina.rios@nacionmedia.com
Hoy se conmemora dos décadas del secuestro de Cecilia Mariana Cubas Gusinky, hija mayor del expresidente Raúl Cubas y la exsenadora Mirta Gusinky. Cecilia era una persona alegre y con muchas ganas de vivir, cuya vida fue truncada por el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Con solo 31 años, Cecilia fue tomada de rehén por el grupo criminal que tres meses después decidió acabar con su vida. Su familia aún se pregunta por qué la mataron y acompaña en el dolor a cada uno de los secuestrados en Paraguay. El 21 de setiembre del 2004 Cecilia estaba por llegar a su casa cuando fue interceptada por el EPP, que en medio de disparos y mucha violencia la secuestró. “Hasta ahora nos preguntamos, ¿por qué ella?, ¿por qué le hicieron esto?, ¿por qué le mataron? Son preguntas que nunca van a tener respuesta porque no hay forma de justificar lo que le hicieron”, expresó su hermana Silvia Cubas, en entrevista con La Nación/Nación media.
Resaltó que recuerda todo como si fuese ayer y que los tres meses que Cecilia estuvo secuestrada fueron de esperanza, de que pudiera volver con vida de aquella terrible pesadilla. “Nadie está preparado para atravesar una situación como la que nos tocó vivir a nosotros y les toca vivir a otras familias acá, en Paraguay, pero llega un momento en el que te das cuenta de que lo que te mantiene en pie durante un secuestro es la esperanza de que tu familiar, en este caso mi hermana, sea liberado y pueda volver sano y salvo”, subrayó Silvia.
La familia Cubas Gusinky quedó destrozada tras la terrible noticia de que su querida hija Cecilia fue hallada muerta en una casa de la ciudad de Ñemby, pero entregarse al dolor no era una opción por lo que se propusieron a buscar justicia. Durante estos 20 años hubo logros importantes, fueron condenadas varias personas, pero aún hay prófugos.
“Cuando esa esperanza se termina, lo único que uno piensa es ¿qué vamos a hacer ahora? En nuestro caso, como familia, decidimos que no íbamos a entregarnos al dolor que nos produjo lo que le hicieron a Ceci. Sobre todo mi mamá, Mirta Gusinky, que dedicó su vida a pelear por una justicia verdadera para mi hermana”, relató. Silvia profundizó que aprendió a convivir con lo que vivieron como familia, “uno no se olvida, no es que pasa, es una marca, una herida que uno lleva de por vida” y para la que nadie está preparado, “que le pongan precio a la vida de un familiar y que decidan matarlo porque no cumpliste con las expectativas o simplemente porque era el plan que tenían diseñado”, lamentó.
PRIMERA VÍCTIMA
Cecilia Cubas fue la primera víctima fatal de secuestro del EPP, su trágico desenlace conmocionó a la sociedad y marcó la historia del país. “Fue la primera víctima mortal del EPP y es impresionante cómo el país sufrió con lo que le pasó. Creo que, a través de nuestras palabras, es como que toda la gente la pudo conocer y hasta quererle. Entonces, es como que esto fue un golpe realmente para todos los paraguayos, no solo para la familia y los amigos de Cecilia”, indicó Silvia a LN. Recordó a su hermana mayor como una persona alegre, auténtica, cariñosa, generosa y que nunca veía malicia en las demás personas. “Era una luz, brillaba siempre y no necesitaba decir ni hacer nada, transmitía muchísima alegría donde quiera que vaya. Era una persona supersensible y las situaciones dolorosas le afectaban muchísimo. Era mi hermana mayor, pero a la vez era como la más chica de la casa, siempre la cuidamos y protegimos más, porque no veía malicia en nadie”, afirmó.
“LA JUSTICIA HIZO SU PARTE”
Tras el fatal desenlace, el Ministerio Público inició las investigaciones logrando condenar a 11 personas por el secuestro y muerte de Cecilia. Entre ellos Osmar Martínez, Anastasio Mieres Burgos, Francisca Andino, Vaciano Acosta, Pedro Chamorro, José Domingo Hidalgo, Manuel Portillo, Roberto Otazú, Rosalba Jara Drackeford, Lidia Samudio y Aldo Meza.
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Chaco: fiscal imputó a cuatro personas por tala ilegal de bosques en propiedad del Indi
El fiscal del Chaco, Andrés Arriola, imputó a cuatro personas por el hecho punible contra la ley 716/96 delitos Ambientales tala de bosques luego de llevarse a cabo un procedimiento en cuatro inmuebles que forman un solo cuerpo, propiedad del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), ubicado en el lugar conocido como Mbutureta del distrito de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón.
Los imputados son Bartolome Cáceres Rodas, Leonor Casco Martínez, Pablo Cristóbal Delgado Diana y Gilberto Villalba Insfrán. Asimismo, el representante del Ministerio Público dictó la orden de detención contra el ciudadano argentino Guillermo Gustavo de Urrutia. Una vez que el extranjero sea detenido deberá ser puesto a disposición del Ministerio Público.
El abogado Juan Ubaldo Godoy Bogado representante del Indi presentó la denuncia en sede del Ministerio Público de Filadelfia, Chaco, por la tala ilegal de árboles de cuatro inmuebles que forman un solo cuerpo de 26 mil hectáreas de tierra situado en la zona de Mbutureta de Mariscal Estigarribia.
El Ministerio Público, en fecha 18 de septiembre, se constituyó en el inmueble donde se pudo constatar la tala ilegal de árboles debido a que se contabilizó más de 50 rollos de diferentes especies, entre ellos quebracho. También se observó en el lugar 400 postes y otros. Igualmente, se ordenó la incautación de un tractor y otros elementos que estaban en la propiedad del Indi.
El fiscal Arriola pidió al juzgado penal de Garantía de Mariscal Estigarribia, a cargo de Ricardo Gosling, la aplicación de medidas alternativas a la prisión. Ahora, el referido magistrado deberá admitir el presente proceso penal y realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares.
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