El Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay (Sifjupar) presentó una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, a los efectos de solicitar informes detallados sobre los puntos del contrato anterior y los actuales del seguro médico de todos los funcionarios judiciales y magistrados.
Porfiria Ocholasky, del Sifjupar, señaló: “Estamos solicitando a la Corte que sean incorporados algunos sanatorios, algunas especialidades al nuevo contrato que rige para los funcionarios judiciales y magistrados con relación a la cobertura médica sanatorial debido a que realizamos un recorrido en todo el país verificando los inconvenientes que se tienen y eso es lo que pedimos a la máxima instancia judicial para que a su vez los altos magistrados puedan reclamar con documentos a la empresa responsable del seguro médico”, señaló Ocholasky.
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El pedido del presente informe obedece a la necesidad de informar respetuosamente a los funcionarios y magistrados judiciales con relación a la cobertura actual de la prestación de servicio sanatorial. Ahora está en manos de los ministros de la máxima instancia judicial decidir si hace lugar al pedido hecho por el Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay.
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Buscan modificar Código Penal para combatir la mora judicial
El diputado Derlis Rodríguez prevé próximamente la realización de una audiencia pública con el objetivo de generar debate entre los representantes del Poder Judicial, gremios de abogados y la ciudadanía en general sobre el proyecto que busca erradicar la mora judicial proponiendo la modificación del Código Penal y optimizar los plazos procesales.
“Hoy tenemos casi 20.000 personas privadas de su libertad en las penitenciarías del país, de los cuales 5.000 solo tienen condenas y un total de 15.000 personas están privadas de su libertad sin ser condenadas. Toda esta población penal vive junta y esto no tendría que ser así. La gran mayoría tiene juicios hace años, tiene un proceso que no corre, los plazos están congelados en la Corte Suprema de Justicia o en algún tribunal hace años”, indicó.
En entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media el parlamentario sostuvo que “mirando todo esto, hoy tenemos una superpoblación en nuestras penitenciarías, estamos teniendo una mora judicial en donde los procesos penales tienen un plazo más allá de lo que se establece en nuestras propias leyes que dice que un proceso tiene que durar solo hasta 4 años, máximo 5 años, pero, sin embargo, tenemos procesos que duran 14 o 15 años”.
Rodríguez detalló que mediante la iniciativa se plantea establecer taxativamente un plazo para la resolución de los procesos penales. Agregó que la iniciativa ya se encuentra siendo evaluada tanto en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados para dictamen correspondiente y posterior tratamiento en el pleno.
“Lo que buscamos es que la mora judicial pueda terminar, que cualquier investigación, proceso que se tenga pueda durar solamente 3 años, nada más, máximo 4 y que no estemos sometidos a 10 o 15 años a un proceso judicial”, expresó.
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Trabajo de calidad es una “deuda urgente” en América Latina, según informe del BID
Cuando este 1 de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores, un contundente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) revela que a pesar de que en América Latina y el Caribe hay empleo, sin embargo, destaca que “es urgente aumentar su calidad”, más aun teniendo en cuenta que la última edición del Índice de Mejores Trabajos de la organización internacional coloca a la calidad del empleo en la región en 41,2 en una escala del 1 al 100.
La misma fuente agrega que el estudio realizado incluye recomendaciones de políticas para mejorar la calidad del empleo cultivando y fortaleciendo las habilidades de la fuerza laboral, entre otras.
Por si fuera poco, el documento también evidencia un hecho de injusticia: las mujeres de América Latina tienen empleos de peor calidad que los hombres con una brecha de 16 puntos en el Índice de Mejores Trabajos.
La informalidad
A pesar de todos los avances sociales y laborales conquistados en las últimas décadas, aun falta mucho por lograr teniendo en cuenta que según las cifras casi un 55 % de los trabajadores de América Latina y el Caribe tiene un empleo informal, sin contrato ni cobertura de seguridad social, y 3 de cada 10 no alcanzan a tener los ingresos necesarios para superar el umbral de la pobreza, esto según la más reciente edición del Índice de Mejores Trabajos del BID, que cada dos años mide la calidad y cantidad del empleo en América Latina.
El estudio que abarca datos para 17 países de la región indica que el 70 % de las personas en edad productiva trabajan, pero con el índice la calidad del empleo es apenas de 41,2 sobre 100. “La dimensión de calidad del índice está compuesta por los indicadores de formalidad laboral y suficiencia salarial para superar la pobreza”, reza el dossier.
“Si bien la dimensión de calidad del Índice se ubica en su nivel histórico más alto desde 2010, su bajo nivel promedio subraya la urgencia de mejorar la calidad del empleo en la región. El Índice de Mejores Trabajos 2024 también refleja importantes brechas en los mercados laborales de la región. Las mujeres de América Latina tienen empleos de peor calidad que los hombres con una brecha de 16 puntos en el Índice de Mejores Trabajos. A su vez, los jóvenes de la región tienen empleos de peor calidad que los adultos con una brecha de 15 puntos en esa dimensión del Índice de Mejores Trabajos.
Grandes brechas
A continuación el informe deja en claro que los países con puntajes elevados en el Índice global presentan las mayores brechas en esos grupos vulnerables. Costa Rica, por ejemplo, que ocupa el número tres en el ranking de la última edición del Índice de Mejores Trabajos, presenta a la vez una de las mayores brechas de género y la menor brecha entre adultos y jóvenes en la región. Uruguay, por su parte, lidera en el Índice de Mejores Trabajos en la región, pero presenta la brecha más grande de calidad y cantidad entre adultos y jóvenes.
Para Laura Ripani, jefa de la División de Mercados Laborales y Seguridad Social del BID, “en una región en la que 70 % de las personas dependen exclusivamente de su trabajo para vivir y mantener a sus familias, la calidad del empleo tiene que aumentar rápidamente. Eso significa generar y conectar a más personas con más empleos formales que les permitan ahorrar para el retiro y tener coberturas de seguridad social frente a riesgos”.
Evolución de la calidad del empleo
En el estudio, según el informe Índice de Mejores Trabajos 2024, la evolución de la calidad del empleo ha sido lenta desde 2010 y, al ritmo actual de crecimiento, llegar a unos 70 puntos tomaría casi 48 años. La dimensión de cantidad ha tenido un comportamiento más o menos estable con una caída en 2020 producto de los efectos de la pandemia en el empleo, recuperándose para 2022.
Recomendaciones
Algunas de las soluciones e iniciativas que impulsa el BID para aumentar la calidad del empleo en la región se refieren a equipar al capital humano con habilidades alineadas a las necesidades de talento de los sectores productivos de cada país, promover el empleo formal con menores costos haciendo universal parte de la seguridad social, e impulsar el acceso a empleos fortaleciendo los servicios públicos de empleo
“En Bolivia, por ejemplo, el Programa de Apoyo al Empleo ha facilitado el acceso a empleos de calidad en empresas a más de 50.000 personas trabajadoras, la mayoría mujeres y jóvenes, con capacitaciones laborales en planta”, refiere el informe.
Indicadores
El Índice de Mejores Trabajos es una de las herramientas del BID para identificar las áreas de oportunidad para desarrollar e impulsar la productividad en América Latina y el Caribe. Evalúa cómo son los empleos de los países a través de dos dimensiones: cantidad y calidad.
La dimensión de cantidad está compuesta por dos indicadores: la tasa de participación laboral y la de ocupación. La de calidad se construye con las tasas de formalidad y de trabajos con salario suficiente para superar la pobreza. Así, el índice es la media ponderada de estos cuatro indicadores y sus puntuaciones van de 0 a 100. Para que un país obtenga 100 puntos, todas las personas que participan en la fuerza laboral deben estar empleadas con un trabajo formal que les aporte un salario suficiente.
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La inseguridad alimentaria aumentó a 282 millones de personas en 2023
La inseguridad alimentaria empeoró en el mundo en 2023 y cerca de 282 millones de personas necesitaron ayuda de emergencia a causa de los conflictos, especialmente en Gaza y Sudán, así como por episodios climáticos extremos y crisis económicas, según un informe divulgado el miércoles.
El número de personas en situación crítica aumentó en 24 millones respecto a 2022, según este informe elaborado conjuntamente por 16 agencias de la ONU y organizaciones humanitarias. En América Latina destaca el caso de Haití, donde la violencia y la inestabilidad política provocan que 1,8 millones de personas se encuentren en una situación de extrema vulnerabilidad alimentaria, es decir 200.000 más que en 2022.
Globalmente es el quinto año consecutivo en el que el número de personas en estado de inseguridad alimentaria aguda aumenta en el mundo. Unas 700.000 personas se hallaban al borde de la hambruna en 2023, de las cuales 600.000 en Gaza. Una cifra que aumentó en ese territorio palestino en los últimos meses a causa de la guerra entre Hamás e Israel.
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Peor es la situación en Sudán, protagonista de la peor crisis de refugiados mundial y en guerra desde hace un año, y donde otros 8,6 millones de personas se añadieron a la lista de afectados por la inseguridad alimentaria (20,3 millones en total en el país). “Hay un claro deterioro en el contexto de crisis alimentarias clave como Sudán y la Franja de Gaza”, explicó a la AFP Fleur Wouterse, directora adjunta de la oficina de urgencia y resiliencia de la agencia de Naciones Unidas para la agricultura (FAO).
Desde el lanzamiento del informe en 2016 por parte de la Red Mundial contra las Crisis Alimentarias, una alianza que reúne a organizaciones de la ONU, la Unión Europea, los Estados Unidos y otras organizaciones humanitarias, “el número de personas en situación de inseguridad alimentaria ha aumentado de 108 millones a 282 millones, mientras que la prevalencia (la proporción de la población afectada dentro de las áreas concernidas) ha aumentado del 11% al 22%”, señala Fleur Wouterse.
La vulnerabilidad de los refugiados
Y la crisis alimentaria ha persistido desde entonces en Afganistán, la República Democrática del Congo, Etiopía, Nigeria, Siria y Yemen, destaca. En América Latina, la llegada constante de migrantes y refugiados a Colombia, Perú y Ecuador constituye una fuente de preocupación, además del impacto del fenómeno climático El Niño.
En Colombia, por ejemplo, mientras que solamente el 3 % de la población autóctona se enfrentó a una situación alimentaria severa (1,6 millones de personas), el 62 % de los migrantes y refugiados (2,9 millones) se hallaba en esa situación de vulnerabilidad. Venezuela también es uno de los países “que ha sido identificado como preocupante en todas las ediciones” de este informe, recuerdan los autores.
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A pesar de que la producción de cereales aumentó, la inflación fue el gran problema del país caribeño, donde “el precio de la cesta básica siguió siendo cuatro veces más alta que el salario mensual”. “En un mundo de abundancia, los niños mueren de hambre. Las guerras, el caos climático y la crisis del costo de vida, combinados con una acción inadecuada, resultan en cerca de 300 millones de personas enfrentando una crisis alimentaria aguda en 2023″, lamenta el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, en el prólogo del informe.
“Los fondos no están a la altura de las necesidades. Los gobiernos deben fortalecer los recursos disponibles para el desarrollo sostenible”, insta. Especialmente porque los costos de distribución de la ayuda han aumentado. Para 2024, el desarrollo “dependerá del cese de las hostilidades”, señala Fleur Wouterse. “Tan pronto como los accesos humanitarios” a Gaza y Sudán sean posibles, por ejemplo, la ayuda podría “mitigar rápidamente” la crisis alimentaria, dice.
Fuente: AFP
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Habilitan biblioteca “Dr. Eugenio Jiménez y Núñez” en sede judicial de San Lorenzo
En el marco del Día Internacional del Libro, se llevó a cabo el acto de inauguración de la Biblioteca Jurídica “Dr. Eugenio Jiménez y Núñez” en la sede judicial de San Lorenzo. El acto rindió homenaje al exministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Miembro de la Comisión Nacional de Codificación, Dr. Eugenio Jiménez y Núñez, por su importante legado y contribución al sistema judicial paraguayo.
El evento contó con la presencia del presidente de la Corte, Luis María Benítez Riera, el vicepresidente Alberto Martínez Simón, el ministro superintendente de la circunscripción de Central, Eugenio Jiménez Rolón y el ministro Víctor Ríos Ojeda.
La biblioteca, que lleva el nombre del ilustre jurista, alberga un acervo bibliográfico de gran valor, compuesto por una amplia gama de materiales de las diversas ramas del derecho. Este espacio, destinado a la investigación y el estudio, se convierte en un recurso fundamental para magistrados, funcionarios, abogados y toda la comunidad jurídica del departamento Central.
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El ministro superintendente de Central, Eugenio Jiménez Rolón, manifestó su gratitud por la iniciativa del Consejo de Administración de la Circunscripción de Central de habilitar la biblioteca y, en especial, por la designación que le honra a él y a su familia: “Este homenaje no solo me enaltece a mí, sino a toda la descendencia del Dr. Eugenio Jiménez y Núñez, quien dedicó su vida a la carrera judicial, desempeñándose con admirable ética y profesionalismo en diversos cargos, hasta alcanzar la cúspide como ministro de la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente, integró la Comisión Nacional de Codificación, en la cual plasmó sus valiosos aportes jurídicos, dijo.
Las autoridades destacaron la donación de libros por parte del catedrático Alvarado Velloso, así como el aporte de la señora María Gloria Gusinky con materiales jurídicos pertenecientes a su marido, Emilio Cubas. A estas donaciones se suman las realizadas por los magistrados de la circunscripción, demostrando su compromiso con el conocimiento jurídico.
La ceremonia finalizó con el descubrimiento de la placa conmemorativa que da nombre a la biblioteca y el tradicional corte de la cinta simbólica. Esta actividad, llevada a cabo en el marco del Día Internacional del Libro y de la Propiedad Intelectual, reafirma la importancia del conocimiento y la cultura jurídica como pilares para una sociedad más justa y equitativa.
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