Marihuana vip: otorgan a la Fiscalía cuatro meses más de plazo para investigar a imputados
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El Tribunal de Apelación integrado por los magistrados Pedro Mayor Martínez, Gustavo Ocampos y Gustavo Santander otorgó cuatro meses más de tiempo al Ministerio Público para que siga investigando a los doce imputados por tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas en el caso conocido como “marihuana vip”.
Con la resolución del Tribunal de Apelación, el fiscal Deny Park tiene tiempo para presentar su requerimiento conclusivo hasta el 23 de junio de este año. El representante del Ministerio Público solicitó la prórroga a raíz de que deben recibir informes con relación a la presente investigación fiscal.
El pasado 24 de setiembre del 2020 fueron detenidas 12 personas por integrar la banda que cultivaba marihuana en invernadero y lograba una mejor calidad y cuyo precio en el mercado superaba al de la cocaína.
Los imputados en el presente caso son María Monserrat Barros, alias la Mombi; Henry Alexander Homzi, alias Yankee; Eugenio José Méndez Gutierrez, alias Memo; Nicolás Marecos Retamozo, alias Niky; Jorge Matías Samudio Giménez, alias Pesoca; Matías Adrián Paciello Ayala, alias Paciello; Rodrigo David Marecos Retamozo, alias Muñeco; Arturo Daniel Vega Yamabay, alias Turri; Francisco Javier Gutierrez, alias Franche; Gabriel Andrés Ricardo Martín López, alias Torta; Moisés Enrique Basualdo, alias Doctor, y Diego Elizeche.
Ratifican condiciones de reclusión en Minga Guazú de Miguel Ángel Insfrán, alías Tío Rico
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El Tribunal de Apelación ratificó la resolución de la jueza de Ejecución Penal, María Wyder, quien había rechazado un pedido de tutela jurisdiccional presentado por la defensa de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, quien pidió que se mejores las condiciones de reclusión en la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú.
Igualmente, los camaristas confirmaron que se debe exhortar a las autoridades del Centro de Reinserción Social de Minga Guazú y al director de Establecimientos Penitenciarios, a que arbitren los medios necesarios para seguir salvaguardando la salud e integridad física del interno, debiendo disponer de las medidas necesarias para la atención y tratamientos médicos que el interno necesite dentro del recinto penitenciario, de conformidad a la ley penitenciaria vigente.
Los abogados Miguel Ángel Mendieta Fernández y Fernando Alfredo Caballero Rolón, pidieron el traslado de Miguel Insfrán desde la Penitenciaría de Máxima Seguridad de Minga Guazú argumentando trato inhumano, incomunicación, restricciones de visitas y problemas de salud no atendidos adecuadamente.
Días atrás, el fiscal Deny Pak pidió que, a efectos de realizar un solo juicio oral, se acumulen todas las causas derivadas del operativo, con los últimos procesados en el caso conocido como operativo A Ultranza Py. En este caso, ya afrontarán juicio:
Conrado Insfrán
Luis Sebriano
José Gamarra
el ex diputado Juan Carlos Ozorio
Alexis González
Reina Duarte Aguilera
Fátima Koube Ayala
Alberto Koube Ayala
María Colmán
Magna Villalba
Aníbal Estigarribia Casco
Jocilene Evangelista
Marina Aranda
Miguel Ángel Insfrán
Luis Estigarribia
y María Araki
Conforman el tribunal de Sentencia que debe juzgar a los acusados David Federico Rojas, Dina Marchuk y María Luz Martínez. Los mismos deberán fijar una nueva fecha para el desarrollo del juicio oral y público.
Un tribunal de Apelación revocó la resolución del primera instancia en la que se había ordenado que se entregue información a IDEA, pero con la determinación judicial no se realizará la entrega. Foto: Jorge Jara
Cámara revocó fallo que ordenaba a Seprelad entregar información a IDEA
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El tribunal de Apelación, integrado por los camaristas Arnulfo Arias, María Belén Agüero y Arnaldo Fleitas, revocó la resolución del juez Miguel Palacios, que había ordenado a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) que informe sobre financistas y participantes del evento del pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que se realizó en nuestro país el año pasado.
Con la presente resolución judicial, la Seprelad no está obligada a brindar la información que ha solicitado vía amparo judicial Ezequiel Santagada, director ejecutivo del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), contra la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).
Los camaristas mencionan en su resolución que “el derecho al acceso a la información pública se halla garantizada para todas las personas, sin embargo en este caso, la apreciación sobre si la proporcionada por la entidad del Estado es completa o incompleta responde a una apreciación subjetiva del reclamante, al quedar satisfecho o insatisfecho por la contestación que pueda recibir”.
También agregan que “en el informe de Seprelad, sobre los nombres o denominaciones de las personas físicas o jurídicas de los organismos públicos o privados nacionales de derecho internacional extranjeros que financiaron total o parcialmente el evento, ha informado que “los datos solicitados no forman parte de sus registros y se puede concluir en consecuencia que, en realidad, al requerimiento del demandante ha existido una respuesta; que esta no haya complacido al mismo, ya responde a su entendimiento, pero de por sí, no constituye un acto ilegítimo de parte de la demandada es decir de la Seprelad” señala la determinación judicial.
Asimismo los jueces indicaron que el juez de primera instancia no ha considerado suficientemente los requerimientos de la norma constitucional para admitir el amparo, que debe ser revocado, al encontrar que no cumple con los presupuestos para su procedencia.
Las protestas son constantes por el estado de iliquidez en que se encuentra la Caja de Jubilados Municipales, cuyos asociados ahora afrontan cuatro meses de retraso en el cobro de sus haberes. Foto: Archivo/Ilustrativa
Jubilados municipales denuncian que hace cuatro meses no cobran sus haberes
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Los jubilados de la Caja Municipal de Asunción denunciaron que hace cuatro meses no perciben sus haberes debido al problema financiero que afronta la entidad desde hace varios años. Expresaron que soportan crisis de ansiedad y presión sicológica por las expectativas que se generan en cada fecha de pago y sin poder recibir el dinero.
“Estamos atrasados en casi cuatro meses, algunos compañeros no han cobrado todavía octubre y el mes de enero ya estamos prácticamente terminando”, señaló Felicita Rabello a la 1020 AM.
Explicó que el mayor aportante es la Municipalidad de Asunción. “El 80 % de lo recaudado por parte de la transferencia que hace la Municipalidad es para el pago a los jubilados. Estos son descontados de los activos hoy en día, mes a mes, rigurosamente”, manifestó.
Según afirmó la afectada el dinero no está siendo transferido por la comuna asuncena a la Caja por lo que existe el retraso en el desembolso de los haberes jubilatorios. Recordó que varias medidas ya se habían implementado en protesta mediante movilizaciones e inclusive huelga de hambre en un intento por sensibilizar a las autoridades y lograr la efectivización de los pagos.
A su vez Tito Navarro, recordó que las autoridades municipales aseguraron que iban a ponerse al día con los pagos el 20 de enero, pero transcurrieron tres días y no se ha materializado el compromiso.
“Nosotros tuvimos que hacer presión mediante una manifestación pacífica en la explanada de la Municipalidad de Asunción. Después de tres días acordamos una mediación entre los concejales, los representantes del intendente Oscar Rodríguez y nos acompañó también el presidente de la Caja de Jubilaciones. Llegamos que del 10 al 20 de enero se comprometieron a pagar, pero incumplieron su compromiso”, se quejó.
El tribunal de apelación ratificó la prisión preventiva de un procesado por el operativo Dakovo, que desbarato una red de traficantes de amas. Jorge Jara
Operativo Dakovo: confirman prisión preventiva de imputado
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El Tribunal de Apelación confirmó la prisión preventiva de Paulo César Fines, procesado por conformar un esquema de tráfico de armas en el marco del operativo Dakovo. La jueza Lici Sánchez ya había ratificado la prisión del imputado.
Los camaritas señalaron en su resolución judicial que “se constata en el caso la gravedad del perjuicio causado, y los elementos de convicción suficientes sobre la existencia del hecho punible, sostenidas por el titular de la acción pública, en los cuales expresa que existen hechos suficientes e ineludibles para suponer la existencia del peligro procesal de fuga”, indica la resolución del tribunal de alzada.
Fines Ventura está acusado por delitos relacionados con tráfico ilícito de armas de fuego, asociación criminal y alteraciones de datos relevantes, entre otros.
La defensa alegó que la prisión preventiva es desproporcionada, considerando que el imputado ya habría cumplido el tiempo mínimo estipulado para el tipo de delito imputado. El abogado defensor también sostuvo que no existen indicios claros de peligro de fuga ni obstrucción a la investigación, presentando documentación que acredita el arraigo familiar de su representado.
La cámara de apelación determinó que la decisión inicial del juzgado penal de garantías se ajustó a derecho, señalando que persisten los presupuestos legales que justifican la medida de prisión preventiva.
El Ministerio Público argumentó que el riesgo de fuga sigue siendo alto, especialmente considerando la gravedad de los hechos imputados y la solicitud de extradición vigente. La liberación del procesado, según los fiscales, podría comprometer tanto el curso del proceso penal nacional como las obligaciones internacionales asumidas por el Estado.