El cerco judicial se estrechó bruscamente ayer lunes contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, ordenado a arresto domiciliario por violar una prohibición de uso de redes sociales en el marco del juicio por presunta intentona golpista. El exjefe de Estado (2019-2022), líder indiscutido de la derecha y la ultraderecha brasileña y aliado del presidente estadounidense Donald Trump, está siendo juzgado en el Tribunal Supremo acusado de conspirar para aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022 ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Investigado por una presunta obstrucción de su juicio, desde mediados de julio Bolsonaro está obligado a llevar una tobillera electrónica, permanecer en casa por las noches y los fines de semana, y le está prohibido expresarse en redes sociales, ya sea directamente o a través de terceros. El lunes, el magistrado Alexandre de Moraes, a cargo del proceso contra Bolsonaro ante la corte suprema, confinó al expresidente a su residencia en Brasilia, alegando un “reiterado incumplimiento de las medidas cautelares impuestas”, en especial la prohibición de usar redes sociales.

Con excepción de sus abogados, toda visita a su domicilio quedó proscrita, salvo previa autorización, dispuso en un documento judicial consultado por la AFP. “La justicia no permitirá que un acusado la considere una tonta, creyendo que permanecerá impune por tener poder político y económico”, subrayó el juez.

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Moraes achaca a Bolsonaro intervenciones divulgadas por su entorno cercano en redes sociales, el domingo, durante la jornada de manifestaciones en su apoyo en varias ciudades del país. El excapitán del Ejército, de 70 años, fue el gran ausente en esas movilizaciones. Pero sus partidarios compartieron en redes sociales imágenes de una llamada entre él y su hijo mayor, Flavio, durante un acto de solidaridad en Rio.

El lunes Moraes también le impidió a Bolsonaro el uso de celulares, tanto propios como ajenos. En una operación el lunes en la casa del exmandatario en Brasilia varios aparatos fueron requisados, informó la Policía Federal. Con la bandera brasileña en la mano o sobre los hombros, decenas de seguidores de Bolsonaro se concentraron la noche del lunes en Brasilia, acompañados de un concierto de bocinas de otros simpatizantes. La seguridad frente a la sede del Supremo Tribunal Federal fue reforzada, constató la AFP.

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Las nuevas medidas del influyente Moraes ocurren cuando la situación judicial de Bolsonaro está en el centro de un huracán diplomático entre Brasil y Estados Unidos. El respaldo de Trump a Bolsonaro ha tenido grandes repercusiones en la mayor economía latinoamericana. El 30 de julio el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le impuso a Moraes sanciones financieras personales, luego de que se le revocara la visa de ingreso al país.

El mismo día, Trump autorizó aranceles de 50% a importantes sectores exportadores brasileños, que deben entrar en vigor el miércoles 6. Washington condenó la prisión domiciliaria contra el expresidente: “Dejen a Bolsonaro hablar”, indicó la noche del lunes en X la oficina para el hemisferio occidental de la diplomacia estadounidense.

Los funcionarios estadounidenses añadieron que “responsabilizarán a todos aquellos que colaboren con o faciliten conductas sancionadas”. Instigador de las medidas estadounidenses, un hijo del expresidente, el diputado Eduardo Bolsonaro, denunció en X un “abuso de poder para silenciar el líder de la oposición brasileña” y llamó a Moraes un “psicópata descontrolado”.

Según Moraes, la prohibición de usar las redes sociales -criticada por confusa por figuras bolsonaristas, pero también por especialistas y por la prensa- ya había sido violada una primera vez tras la imposición de la tobillera electrónica. Moraes advirtió entonces que no toleraría una repetición. “La justicia es igual para todos. El acusado que incumple deliberadamente las medidas cautelares -por segunda vez- debe sufrir las consecuencias legales”, dijo el lunes el magistrado.

Inhabilitado a presentarse a elecciones hasta 2030 por sus ataques sin pruebas contra el sistema de votación, y posiblemente enfrentado a unos 40 años de cárcel por el juicio en curso, Bolsonaro insiste en que espera ser candidato en las elecciones presidenciales de 2026. Lula, de 79 años, afirma de su lado su voluntad de disputar un cuarto mandato si está “100% de salud”. El mandatario izquierdista estuvo preso 580 días entre 2018 y 2019 por corrupción. La corte suprema anuló luego la condena, bajo el argumento de que el juez a cargo había sido parcial.

Fuente: AFP

Ciudad del Este. Agencia Regional.

Al joven universitario de Hernandarias, Marcos Antonio Rodríguez, de 24 años, le fue concedida hoy la medida de arresto domiciliario, tras estar detenido desde el 5 de julio, cuando el personal de la Comisaría de Hernandarias dio cumplimiento a la orden de captura con fines de extradición desde la Justicia argentina, por un hecho de homicidio en el vecino país.

La abogada Antonia Areco explicó a La Nación/Nación Media que había solicitado la revisión de medida para el joven, con testificaciones y elementos de prueba sobre el error cometido supuestamente por la Justicia, confundiendo a su defendido Marcos Antonio Rodríguez, con Antonio Miranda, a quien realmente se buscaba por el hecho citado.

Explicó, además, que hoy tomaron conocimiento sobre la resolución del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 46, Secretaría 24, a cargo del doctor Santiago Llauró, de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, por la cual quedó desvinculado del caso el joven universitario y se dejó sin efecto el pedido de su extradición.

El dato fue comunicado vía telefónica al juez Humberto Otazú, según la abogada Antonia Areco y, finalmente, fue dictado el arresto domiciliario. El joven debía defender su tesis en la carrera de Análisis de Sistemas, en una universidad de Hernandarias, cuando había quedado preso.

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La abogada Areco agregó que todavía el juzgado local debe recibir las resoluciones protocolizadas por las instancias pertinentes, como ser Asuntos Internacionales de Cancillería de Paraguay, para que Marcos Antonio recupere totalmente su libertad.

“Fue terrible lo que ocurrió con el joven, fue asqueroso el error cometido por la Justicia argentina; ni las características físicas del hombre al que buscaban, tatuajes, resultados de inspección médica y la identidad, nada coincidía con Marcos Antonio, pero él estuvo detenido y a punto de ser extraditado”, manifestó la abogada Antonia Areco.

Marcos Antonio dijo desde el inicio que se trataba de un error porque se encontraba en Paraguay en el tiempo en que habría ocurrido el homicidio investigado.

Después de mucha insistencia de la defensa jurídica, al igual que de los familiares que llegaron a realizar manifestaciones frente el Poder Judicial de Ciudad del Este, el juez Humberto Otazú, de Hernandarias, concedió hoy la medida. Aguardan la libertad definitiva.

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El juez penal de Garantía Rolando Duarte decretó el arresto domiciliario con el uso de tobillera electrónica al exsenador argentino Edgardo Kueider y de su secretaria Iara Guinsel, quienes son requeridos por la Justicia argentina por lavado de dinero. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de identificación llevada a cabo en Palacio de Justicia.

El pedido de extradición fue pedido del juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de San Isidro, cuya magistrada es Sandra Arroyo Salgado, quien sostiene que Kueider, exsecretario General de la Gobernación de Entre Ríos y actual senador nacional, utilizó su cargo público para beneficiar a empresas privadas a cambio de sobornos y blanquear millonarios fondos ilícitos mediante operaciones inmobiliarias, vehículos de alta gama y cuentas bancarias en el sistema financiero local e internacional.

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La investigación apunta a una compleja red económico/financiera liderada por Kueider, Guinsel Costa, Ernesto Rubel, Rodolfo González, José Nogueras y dos sociedades pantalla: BETAIL S.A. y EDEKOM S.A. A través de estas firmas, se habrían adquirido propiedades de alto valor en el edificio “Live” de Paraná (Entre Ríos), un exclusivo complejo con piscina, solárium y gimnasio, ubicado a pocas cuadras del río.

Este miércoles ante el juez Humberto Otazú deberá realizar la audiencia preliminar de Edgardo Kueider y su secretaria acusados de tentativa de contrabando por intentar introducir más de USD 200.000. La diligencia judicial se definirá si el presente proceso penal se eleva a un juicio oral y público.

El Ministerio Público presentó acusación contra el exparlamentario argentino y sostiene que el mismo con su secretaria intentaron ingresar al Paraguay la suma de USD 211.102, G. 640.000 y 3.900.000 pesos argentinos, sin declarar el dinero ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), a pesar de estar obligados a hacerlo por los montos que tenían en su poder.

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La Fiscalía argentina ha retirado su solicitud para que la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner cumpla en prisión la pena de seis años de internamiento dictada en su contra por el conocido como caso Vialidad, pero ha solicitado que la prisión domiciliaria sea cumplida en otro lugar.

Este lunes último se ha celebrado una audiencia convocada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, para analizar las condiciones del arresto domiciliario de Fernández en su domicilio del barrio bonaerense de Constitución, según recoge la emisora Cadena 3. El fiscal Mario Villar ha alegado que la presencia de Fernández en el barrio de Constitución “genera tumultos y molestias en el barrio” en aparente referencia a la reciente aparición pública de la exmandataria en el balcón de su domicilio.

Por su parte, la defensa de Fernández ha cuestionado las restricciones impuestas por el Tribunal Oral Federal 2, que limitan las visitas en el domicilio a familiares, abogados y médicos sin necesidad de autorización judicial previa. Además, ha pedido la eliminación de la tobillera electrónica que lleva la expresidenta porque afecta a su derecho a mantener una vida familiar y social adecuada.

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Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola previamente recurrieron contra la prisión domiciliaria, han argüido que esta medida constituye un “privilegio” y vulnera el principio de igualdad ante la ley. La condena por un caso grave de corrupción pública debería cumplirse en una prisión, ya que no se justifican razones humanitarias ni de salud para otorgar la domiciliaria, apuntaron, en una postura que ahora quedaría anulada.

Fernández fue condenada por haber otorgado obras millonarias en carreteras argentinas a un socio y presunto testaferro durante su gobierno. La expresidenta, que niega los cargos, ha denunciado que es víctima de una persecución política y judicial.

Fuente: Europa Press.

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