La jueza penal de Garantías Hilda Benítez Vallejo se opuso al sobreseimiento definitivo de los directivos de la firma Empo, Enrique Ortuoste y Arivaldo Domínguez, procesados penalmente por producción de documentos no auténticos y estafa.
La resolución de la citada magistrada se dio a conocer luego de la audiencia preliminar realizada en la sede del Palacio de Justicia.
Ahora será la Fiscalía General del Estado la que tendrá que decidir si se formula la acusación contra los dos directivos de Empo y, en caso de hacerlo, se fijará nuevamente una fecha para realizar la audiencia preliminar ante la jueza del caso, quien deberá resolver si los dos procesados van o no a un juicio oral y público.
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Antecedentes
El presente proceso penal se basa en una denuncia por la presentación de documentos no auténticos en el pago de un mes de aproximadamente G. 17.000 millones.
La investigación supuso que la empresa habría utilizado y falsificado certificado de cumplimiento tributario correspondiente a otra empresa, había alterado el nombre, es decir, la razón social del certificado, del RUC, y con ese certificado y presentando facturas habría cobrado las mensualidades correspondientes al contrato que tenía con la Municipalidad de Asunción.
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Ratifican el sobreseimiento de Jiménez Gaona en caso metrobús
Con la resolución de segunda instancia se complica más la situación del Arnoldo Wiens.
El Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado en Delitos Económicos, Anticorrupción y Crimen Organizado (Segunda Sala), integrado por Paublino Escobar, José Waldir Servín y Camilo Torres, ratificó el sobreseimiento definitivo del exministro de Obras Públicas y Comunicaciones Ramón Jiménez Gaona, quien fue investigado por presunta lesión de confianza en el caso conocido como metrobús. Asimismo, el fallo favorece a la exviceministra Marta Regina Benítez.
Con esta resolución judicial se confirma la determinación adoptada por el juez Humberto Otazú, quien hizo lugar a la desvinculación de Jiménez Gaona del proceso penal al no existir elementos de prueba para sostener una acusación. Los camaristas que votaron por ratificar el sobreseimiento definitivo fueron Paublino Escobar y Camilo Torres, mientras que José Waldir Servín votó para que el fiscal general del Estado vuelva a revisar el caso.
Al estudiar la apelación presentada por la abogada Cecilia Pérez, defensora del también exministro Arnoldo Wiens, el camarista Escobar señaló en la resolución que “la decisión impugnada no le ocasiona agravio alguno a la parte cuya representación ejerce la citada abogada, presupuesto indispensable para habilitar el ejercicio del derecho de recurrir”. El camarista Camilo Torres votó en el mismo sentido.
NO HUBO MALVERSACIÓN
Los fiscales que llevaron adelante las indagaciones concluyeron que no hubo malversación ni pagos sin ejecución de obras.
Además, destacaron la existencia de un avance del 40 % en el proyecto, así como la validación de fiscalizadores internacionales y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre la viabilidad técnica.
Es decir, durante la gestión de Jiménez Gaona se pagó por lo efectivamente construido y certificado. En lo que respecta a los desembolsos de infraestructura, la investigación estableció que estos fueron validados por los consorcios internacionales que intervinieron como fiscalizadores y por el propio BID.
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Jueza rechaza restitución internacional y niña localizada en Argentina seguirá con su madre
La jueza de la Niñez y la Adolescencia de Asunción, Natalia Ortellado, rechazó restituir a la niña de dos años —localizada en Resistencia, Argentina— a su padre, quien había iniciado un juicio de restitución internacional en el citado fuero buscando que la menor fuera trasladada a Chile. Con esta determinación judicial, la niña seguirá bajo el cuidado de su madre.
La representante legal del padre, quien hoy está imputado en nuestro país por desacato a una orden judicial y violación del deber de cuidado, puede apelar el fallo. En caso de ser así, un tribunal de apelación del fuero de la Niñez y la Adolescencia tendrá que definir si corresponde confirmar la resolución dictada en primera instancia.
Días atrás, la niña de dos años fue localizada en Resistencia, Chaco, Argentina, y su padre fue detenido en dicho país. Actualmente, la justicia paraguaya solicitó la rebeldía y la captura internacional del hombre. Ahora se tendrá que arbitrar los medios necesarios para lograr su extradición a Paraguay, donde enfrenta el proceso penal por los delitos ya mencionados.
Imputación
Según el acta de imputación, el hecho habría ocurrido el 8 de julio de 2026, cuando el ahora procesado retiró a su hija menor de edad en el marco del régimen de relacionamiento dispuesto por una resolución del juzgado de la Niñez y la Adolescencia.
Sin embargo, una vez cumplido el horario establecido para la devolución, no la restituyó a su madre y dejó de responder las llamadas y mensajes.
Posteriormente, el hombre se habría comunicado con la madre para informarle que se encontraba con la niña en la ciudad de San Bernardino, incumpliendo presuntamente el régimen judicial vigente. Con base en los elementos colectados durante la investigación, el Ministerio Público consideró que existen suficientes indicios de la participación del imputado en los hechos y presentó la imputación correspondiente.
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JEM enjuicia a jueza y camaristas de Encarnación por presunto mal desempeño
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) enjuició por presunto mal desempeño en sus funciones a la jueza en lo Civil y Comercial de Encarnación, Rosana Aurora Verón de Arca, así como a los camaristas del fuero civil Luis Alberto García Cabrera y Patricia Elena Bustamante Acuña. La acusación contra los magistrados fue presentada por la Municipalidad de Nueva Alborada.
Asimismo, los integrantes del JEM decidieron no solicitar a la Corte Suprema de Justicia la suspensión de los enjuiciados. Por lo tanto, los mismos seguirán en sus cargos hasta que se dicte una resolución, la cual podría derivar en la destitución o en una sanción leve.
Los miembros del órgano juzgador señalaron que la jueza Verón de Arca violó la ley al ordenar el embargo ejecutivo de una cuenta corriente de la Municipalidad de Nueva Alborada. En relación con la actuación de los integrantes del Tribunal de Alzada enjuiciados, estos confirmaron la resolución de la jueza de primera instancia, por lo que también habrían actuado de forma irregular.
Del mismo modo, el Jurado sostuvo que “se puede visualizar el presunto mal desempeño en las funciones de la jueza, así como de los camaristas, debido a que los bienes públicos son inembargables”.
Jueza con otra acusación
El segundo caso que enfrenta la jueza civil Rosana Aurora Verón es más grave. La acusación fue presentada por Atilio Estigarribia, presidente de la Asociación de Rematadores del Paraguay. La magistrada fue acusada de anular sin fundamento un remate judicial realizado en noviembre de 2025, dentro del expediente caratulado: “Ejecución de sentencia promovida por Gladys Bianchetto en los autos Waldimiro Moskalik sobre sucesión”.
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Operación Copia Fiel 2.0: jueza autoriza peritar 10 celulares incautados en allanamientos
La jueza de Garantías, Rosarito Montanía, autorizó la extracción de datos de 10 dispositivos electrónicos incautados en el marco de la causa que investiga un esquema dedicado a la transferencia irregular de bienes de Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes. El pedido fue realizado por el fiscal José Martín Morínigo.
Entre los dispositivos que serán peritados se encuentran dos teléfonos del político luqueño Roberto Cubilla, al igual que los celulares de los imputados César García y Roberto Santiago Ayala.
Como puntos de pericia, se estableció la búsqueda y extracción de datos actuales y eliminados del archivo de mensajes de texto:
- WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería (entrantes, salientes, guardados, borradores y mensajes de voz)
- del archivo de llamadas (perdidas, recibidas, marcadas y otros relacionados)
- de la agenda telefónica (números de contactos)
- y del archivo de imágenes y videos guardados, entre otros.
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Allanamiento
Días atrás, la Policía Nacional allanó varias viviendas en Luque, en las que detuvo a un precandidato a concejal de esa ciudad como presunto líder de un esquema de lavado de dinero y transferencia irregular de inmuebles que pertenecieron a Eulalio Gomes. El comisario Luis López, jefe del Departamento Contra el Crimen Organizado, dio los primeros detalles sobre el operativo “Copia Fiel 2.0”.
El detenido y hoy imputado es Roberto Cubilla Sanabria, abogado y precandidato a concejal por la ciudad de Luque. Se lo investiga por asociación criminal, transferencia irregular de inmuebles y lavado de dinero.