El juez penal de Garantías Yoan Paul López rechazó una chicana más del diputado colorado Miguel Cuevas, quien pretendía que se analice el incidente de nulidad de la pericia contable de la Fiscalía. El magistrado decidió diferir el estudio de la presentación para la audiencia preliminar.
Esta resolución fue apelada por el abogado Guillermo Duarte Cacavelos y será el Tribunal de Apelación el que tendrá que decidir si confirma la resolución del juez López o revoca la misma, ordenando al magistrado que analice el planteamiento de la defensa de Cuevas.
Si el Tribunal de Alzada no resuelve la apelación de la defensa de Miguel Cuevas antes del 12 de marzo, la audiencia preliminar fijada para esa fecha se podría suspender.
Días atrás, el Ministerio Público presentó la acusación por enriquecimiento ilícito y declaración falsa contra el diputado colorado Miguel Cuevas y se espera que el magistrado fije también la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar.
El fiscal del caso llegó a la conclusión de que Cuevas logró ganancias indebidas, por lo que también solicitó el decomiso de G. 5.594 millones. “Conforme a los hechos que son atribuidos a Miguel Jorge Cuevas Ruiz Díaz, la representación pública ha llegado a la convicción de que la realización de esas actividades delictivas le ha generado ganancias indebidas”, refiere el documento emitido por la Fiscalía.
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Corte rechazó chicana de la firma Montego Trading
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia integrada por los ministros Alberto Martínez Simón, César Garay y Eugenio Jiménez rechazó una chicana más presentada por la firma Montego Trading por lo que el tribunal de apelación en lo civil y comercial podrá estudiar la confirmación del levantamiento de la medida cautelar dictada en primera instancia.
El representante legal de Montego Trading presentó una reposición contra una resolución de la propia sala civil de la Corte al solo efecto de dilatar el presente juicio.
En primera instancia un juzgado en lo Civil y Comercial resolvió levantar la medida cautelar que tenía a su favor la firma Montego Trading, el cual, debido a dicha decisión judicial, seguía operando a pesar de que ya no estaba habilitado para hacerlo.
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Juicio oral en puerta
Los directivos de las firmas Montego Trading SA y Crown City Online Paraguay SA, Carmen Carolina Duarte, Gerardo Bermúdez Arreola y Erik Fernando Martín Vázquez, acusados por violación a la Ley Nº 1016/97 y su modificatoria Ley Nº 4716/12 “Que establece el régimen jurídico para la explotación de juegos de azar” deben enfrentar un juicio oral y público.
En su momento, la jueza penal de Garantía Clara Ruiz Díaz elevó a juicio oral y público el presente caso y a su vez dicha resolución judicial fue confirmada por el tribunal de apelación. De acuerdo a los datos, en el mes de junio se debe realizar la audiencia oral para los acusados.
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Diputado plantea transferir subsidio a las tarjetas de los pasajeros
El diputado Adrián “Billy” Vaesken presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo mejorar el servicio del sistema del transporte público en Asunción y el área metropolitana planteando la transferencia del subsidio estatal de forma directa a los pasajeros mediante desembolsos en sus tarjetas de billetaje.
En la exposición de motivos, el legislador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) afirma que el usuario tendrá empoderamiento en el uso de la plata pública, además obligará a los empresarios a mejorar su servicio, terminando con las reguladas y los buses chatarras. Al mismo tiempo garantiza que el transportista reciba el pago puntual por el servicio que brinda, evitando así su endeudamiento.
La iniciativa sostiene que el Estado, a través del Viceministerio del Transporte dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a partir de ahora se lo menciona como “la autoridad competente”, establecerá un sistema de tarjetas de transporte público único e intransferible para los usuarios del transporte público en el territorio nacional.
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El documento agrega que cada usuario tendrá derecho a registrarse y adquirir una sola tarjeta de transporte público, que será habilitada con la fotocopia de cédula y según los criterios de elegibilidad, cuyo número de cédula podrá registrar solo una tarjeta de transporte público.
Otro punto del proyecto de ley indica que la tarjeta podrá ser anulada en caso de extravío u otra situación fortuita y posteriormente ser habilitada una nueva tarjeta con la fotocopia de cédula de identidad del usuario, transfiriendo el saldo de la tarjeta anulada a la nueva habilitada.
Asimismo, refiere que las denuncias de extravío podrán ser realizadas en los locales comerciales habilitados para su comercialización. Agrega que el Estado a través de la autoridad competente organizará y se encargará de las mismas, será responsable del control y serán protegidas contra su duplicación y usos no autorizados.
Elegibilidad
Por otra parte, manifiesta que el Estado asignará los subsidios directamente a las tarjetas de los usuarios en función de elegibilidad establecidos por la ley. Señala además que los criterios de elegibilidad para recibir subsidios podrán incluir los ingresos; aquellas personas cuyas entradas económicas no superen los cuatro salarios mínimos establecidos por ley.
Ciudadanos con discapacidades demostrada con una certificación del Instituto de Salud Pública, personas de la tercera edad, estudiantes o cualquier otro criterio que se considere apropiado para asegurar que los subsidios lleguen a quienes más lo necesitan.
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Por unanimidad Senado rechazó propuesta de devolución premiada
Durante la sesión extraordinaria celebrada este martes 7 de mayo, la Cámara de Senadores rechazó por unanimidad el proyecto de Ley “Que modifica el artículo 67 de la Ley Nº 1160/1997 Código Penal”, respecto a la figura de la devolución premiada para funcionarios públicos. El proyecto que cuenta con media sanción será remitido nuevamente a la Cámara de Diputados para su consideración.
La propuesta legislativa, presentada por el diputado Yamil Esgaib, establece la figura de la devolución premiada, que consiste en llegar a un acuerdo con el investigado o procesado que cumple funciones públicas, por la comisión de un hecho punible en el que, a cambio de la devolución total del daño patrimonial que se le atribuye, reciba un determinado beneficio que puede consistir en la reducción de la pena hasta el 50% del marco penal máximo.
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Al respecto, el senador colorado Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, informó que esta instancia legislativa por unanimidad aconsejó rechazar el proyecto, en razón que transgrede el artículo 106 de la Constitución Nacional, que establece que todos los funcionarios públicos en caso de los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones no quedarán exentos de responsabilidad.
Igualmente, hizo hincapié a que “el Estado no puede hacer una política criminal diferente para determinados delitos y, por el contrario, una política legislativa de esta clase puede resultar en un incentivo para realizar hechos punibles contra el patrimonio”, agregó.
También explicó que, en un proceso penal es difícil demostrar contablemente el 100 % del daño patrimonial ocasionado y siempre los montos de los juicios no reflejan la totalidad del perjuicio, siendo así, el autor puede devolver un porcentaje menor al daño real y recibir como premio la reducción de su pena.
Además, mencionó que está establecido en el artículo 95 del Código Penal, el comiso como una pena accesoria en los hechos punibles contra el erario público y en el artículo 25 del Código Procesal Penal, los motivos de la extinción de la acción penal.
En la misma línea, coincidieron los senadores Celeste Amarilla, Líder Amarilla, Rubén Velázquez, Silvio Ovelar, Rafael Filizzola, Ignacio Iramain, Ever Villalba, Natalicio Chase, Blanca Ovelar, Mario Varela, Esperanza Martínez y Colym Soroka, en rechazar el proyecto por considerarse inconstitucional.
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MOPC rechaza paro de buses y lamenta intento de presión por parte de Cetrapam
Tras la medida anunciada por el Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) de ir a paro por tres días a partir del próximo 20 de mayo, el gobierno nacional, a través del Viceministerio de Transporte, emitió un comunicado en el cual rechazan la disposición del gremio, la cual se da en medio de una mesa de diálogo.
“El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Viceministerio de Transporte, lamenta que en medio de una mesa de trabajo instalada, igualmente uno de los gremios de transporte, específicamente Cetrapam, presione para forzar una situación absolutamente absurda como duplicar el subsidio, lo cual es la pretensión de este grupo empresarial”, reza el comunicado.
Para el Viceministerio, el paro anunciado por el gremio no forma parte del proceso de construcción de un sistema de transporte acorde a las necesidades de los ciudadanos, sino que por el contrario, impiden avanzar con las acciones. Desde la institución ratificaron su compromiso de llevar adelante todos los mecanismos correspondientes para seguir mejorando el servicio público.
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“Rechazamos el paro de buses y garantizamos a los pasajeros seguir trabajando por la reforma del sistema de transporte de manera a brindar a la ciudadanía un servicio eficiente y de calidad. Seguiremos trabajando con compromiso, seriedad y responsabilidad. El MOPC se ratifica en que el diálogo es el camino a seguir para el beneficio de la ciudadanía”, concluye el comunicado.
OPAMA
Desde la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama) emitieron un comunicado en el que rechazan totalmente la postura de los empresarios y califican a esta medida como un “chantaje”. La organización acusa a los transportistas de usar como “rehenes” a los usuarios del transporte público para conseguir beneficios propios.
“¡Estamos hartos de ser la moneda de cambio en disputas en las que no nos involucran! Exigimos a las autoridades a no caer en el vil chantaje de los empresarios de transporte público”, manifestaron en el comunicado difundido a través de redes sociales. “Una vez más los usuarios/as del transporte somos rehenes del chantaje de los empresarios al gobierno”, sentenciaron.
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La medida anunciada por la Cetrapam, no cuenta con la adherencia de todos los gremios de transporte. La Federación de Transportistas del Área Metropolitana (Fetram) informó que no se adherirá al paro. “Todas nuestras operaciones seguirán en funcionamiento total incluso reforzando nuestras frecuencias donde sea posible para seguir dando a nuestros pasajeros el servicio”, expresaron en un comunicado.
Las empresas que forman parte de Fetram son Magno Línea 12, San Isidro Línea 48-51, Ypacaraí Transporte Línea 242, Ximex Línea 44 y Aregüeña SA Línea 111.