Por pedido de la agente fiscal Luz Guerrero se suspendió la audiencia preliminar para Enrique Ortuoste y Arivaldo Domínguez, directivos de la firma Empo, procesados penalmente por producción de documentos no auténticos y estafa. La referida diligencia judicial donde se tendría que definir si se hace lugar al sobreseimiento definitivo o se le da trámite de oposición se pospuso debido a que la representante del Ministerio Público asumió recientemente el presente caso a raíz de la recusación interpuesta por la denunciante de la causa.
La jueza Benítez Vallejo volvió a fijar para el próximo 5 de febrero, a las 11:30 de la mañana, la audiencia preliminar donde se decidirá la suerte de los dos directivos de la firma Empo Ltda., empresa dedicada principalmente a la gestión integral de residuos sólidos.
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Días atrás la denunciante del presente proceso penal, Rosa Marie González recusó a la fiscala Stella Mary Cano, quien fue la que llamativamente solicitó el sobreseimiento definitivo de los imputados. Ahora será la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, quien tendrá que decidir si confirma o separa del caso a Cano.
Asimismo, González pedirá al Juzgado Penal de Garantías que resuelva dar trámite de oposición al blanqueamiento de los dos directivos de la firma Empo.
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Allanan Caja Municipal por desvíos cercanos a los G. 10.000 millones
La Caja de Jubilados y Pensionados del Personal Municipal fue allanada este viernes por parte de una comitiva fiscal y policial a cargo de la agente del Ministerio Público, Luz Guerrero. La hipótesis apunta a que se habrían falsificado firmas de más de 200 afiliados mediante las cuales se efectivizó el millonario desvío.
“El desvío sería de casi G. 10.000 millones entre el 2020 y el 2023. Usaron el nombre de 277 afiliados que fueron utilizadas para generar los expedientes”, explicó la fiscal en comunicación con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, quien indicó que esta investigación ya inició en mayo, cuando inicialmente se detectó el desvío de unas 10 personas.
La denuncia puntual realizada por el presidente de la Caja, Venancio Díaz, nació luego de la auditoría interna en la que se detectó que a partir de la devolución de aportes de los afiliados, se generaban otros expedientes a nombre de esa misma persona y se desembolsaban sumas de dinero que cobraban terceras personas.
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“La comitiva fiscal incautó documentos y libros internos entre dependencias donde tuvo que quedar registrado el circuito que debieron seguir los expedientes de la devolución de los aportes y el sistema informático es vital para nosotros porque ahí constan las veces en que se hicieron las órdenes de pago respecto a una misma persona en varias ocasiones”, explicó.
La falsificación de firmas está dentro del espectro de la hipótesis de cómo se habrían dado los hechos y se estima que al menos unos cinco funcionarios de la institución estarían involucrados en el hecho, además de personas que son ajenas a la Caja que estuvieron vinculadas para lograr el cobro de los cheques.
La fiscal precisó que en el incendio producido en la sede de la caja el pasado 16 mayo se habrían destruido expedientes vinculados a la devolución de aportes. Asimismo, indicó que existen indicios de que dicho hecho habría sido provocado, por lo cual ya existe otra investigación e incluso una persona imputada.
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Brasil: X debe pagar USD 1,8 millones de multa
Un juez de la corte suprema de Brasil negó ayer viernes un levantamiento inmediato de la suspensión a la red social X en el país y condicionó la reactivación de la plataforma al pago de una multa por 1,8 millones de dólares. En la decisión, el magistrado Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal, señaló que “para que X Brasil vuelva inmediatamente a sus actividades” en el país debe pagar una multa de 10 millones de reales (1,8 millones de dólares).
Según el juez, la plataforma propiedad del magnate Elon Musk será penada por incumplir durante dos días sus órdenes de suspender el uso de un servidor que le permitió eludir temporalmente la semana pasada el bloqueo. Moraes también condicionó el regreso de X a que su representante legal en Brasil, Rachel de Oliveira Villa Nova, pague una multa por 300.000 reales (unos 55.000 dólares).
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El antiguo Twitter está suspendido en el país más poblado de América Latina desde el 31 de agosto por orden de Moraes, que lo acusó de incumplir órdenes judiciales que le exigían retirar cuentas acusadas de desinformar y nombrar un representante legal en Brasil.
Pero el miércoles pasado la red social volvió a estar ampliamente accesible en Brasil gracias a una maniobra técnica que le permitió eludir el bloqueo, antes de dejar de funcionar de nuevo al día siguiente, tras acatar una orden de la justicia. Desde entonces, la empresa comenzó a cumplir los pedidos de la justicia brasileña para volver a funcionar, como nombrar una representante legal en Brasil.
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El jueves, afirmando ya haber cumplido con todas las exigencias judiciales, pidió su restablecimiento en Brasil, donde hasta su suspensión tenía 22 millones de usuarios. En un tuit publicado en su cuenta de Asuntos Gubernamentales Globales, X dijo estar “dedicado a proteger la libertad de expresión dentro de los límites de la ley” y que respeta “la soberanía de los países” donde opera.
Alexandre de Moraes y Elon Musk sostienen una pulseada en torno a los límites de la libertad de expresión. Tras la suspensión de X, Musk tildó al juez de “dictador malvado”. Moraes, por su parte, acusa a la plataforma de permitir la propagación de información que atenta contra la democracia.
Fuente: AFP.
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Audiencia preliminar de Diego Yaluk pasó para 17 de octubre
Una vez más se suspendió la audiencia preliminar del rallista Diego Yaluk, considerado “zar del cheque sin fondo”, y su padre Humberto Yaluk, acusados por estafa, producción de documentos no auténticos y apropiación, en el marco de un segundo proceso penal, donde se tiene un perjuicio de USD 175.000 y cuya víctima es Guido Ferreira.
La diligencia judicial se pospuso a pedido del abogado Ramiro Ayala, defensor de Diego Yaluk, quien presentó certificado médico alegando que no podía participar de la diligencia judicial. Ante la nueva suspensión, el juez penal de garantía Yoan Paul López fijó la audiencia preliminar para el próximo 17 de octubre, a las 9:30, donde se intentará realizar la diligencia judicial donde se resolverá si padre e hijo estarán sentados en el banquillo de los acusados.
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De acuerdo a la carpeta fiscal, el acusado solicitó un crédito a Ferreira, quien realizó el préstamo a través de la sociedad Doña Inés, con la garantía de que la firma de ambos imputados, Parasur S.A., cobraría una suma a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) para honrar el compromiso; sin embargo esto no sucedió y se configuró la supuesta estafa.
El rallista Yaluk cuenta con varios procesos penales por los delitos de estafa y otros. En uno de los casos, el Ministerio Público sostiene que existe un perjuicio de G. 17 mil millones que también está en la etapa de la realización de la audiencia preliminar, a cargo del juez José Delmás. La lista de víctimas sería mayor y el perjuicio rondaría los USD 30 millones por el presunto uso de cheques sin fondos.
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Superintendencia de Salud aplica nuevas medidas a empresas por deudas impagas
La Superintendencia de Salud tomó nuevas acciones en contra de empresas de medicina prepaga por incumplimiento de las normas establecidas por este organismo rector. Corresponden a medidas por deudas impagas que hacen que las prestadoras no puedan seguir operando con solvencia en el mercado y por ende se ordenó suspender la incorporación de nuevos asegurados.
“Veníamos haciendo un relevamiento y auditorías contables a todas las empresas de medicina prepaga que la Ley así nos obliga. En ese control constatamos algunas irregularidades entre ellas la declaración de unas deudas de más de 90 días con una cantidad importante”, señaló el superintendente Roberto Melgarejo al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Se trata de cuentas impagas que las propias entidades declararon que están teniendo con proveedores de bienes y servicios con los cuales tienen contratos. “La ley 2319 de la Superintendencia es muy clara en el sentido de que puntualmente dice que toda empresa que tenga deudas con proveedores y demás por más de 90 días debemos tomar un acto preventivo”, fundamentó.
Morosidad de tres meses con proveedores
El superintendente de Salud y exembajador en Italia manifestó que se tomó la decisión de “suspender la inscripción de nuevos adherentes, afiliados o asegurados de ahí en más”.
La mora de tres meses en el pago a ciertos proveedores obligó a la Superintendencia hacer uso de sus atribuciones y actuar en consecuencia. Sin embargo, el doctor Melgarejo aclaró que las entidades prestadoras de salud seguirán funcionando aunque ya sin posibilidades de ingresar nuevos socios, hasta que subsanen el problema financiero que afrontan. Una de las firmas afectadas es Docto S. R. L.
“Por el momento la única decisión tomada el día de ayer fue el de la suspensión de nuevos adherentes. Eso no significa de que ellos sigan cumpliendo sus obligaciones con los contratos que ya tienen en vigencia. O sea con sus asegurados ellos no tendrían que tener ningún inconveniente”, puntualizó.
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