Miembros de la Asociación de Rematadores Públicos del Paraguay se concentran desde las 9:00 de hoy frente al Poder Judicial para pedir el levantamiento de la suspensión que pesa sobre su presidente Atilio Estigarribia Salina, quien actualmente no puede ejercer su profesión ya que fue suspendido a raíz de una presunta irregularidad en un remate detectada en Encarnación, en el 2017.
En dicho año, la fiscala Zulma Britos abrió una carpeta fiscal contra algunas personas, todas rematadores de profesión, pero no así contra Estigarribia, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, a través del Consejo de Superintendencia, lo suspendió. Estigarribia manifestó que por un caso grave, la suspensión va hasta un año, pero él ya está soportando el tercer año de no poder ejercer su trabajo.
Dijo que ya se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para que le levanten la suspensión, ya que varios de los que estuvieron procesados por la irregularidad detectada en Encarnación ya están trabajando nuevamente.
Pidió al superintendente interino, Mario Elizeche, que lo dejen trabajar. Desde el gremio ya emitieron varios comunicados a la máxima instancia judicial para estudiar el caso de Estigarribia. El 11 de noviembre del año pasado fue la primera manifestación frente al Poder Judicial y como no tuvo eco favorable ante las autoridades, nuevamente salen a la calle a reclamar lo que consideran su derecho.
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Víctimas de la mafia de pagarés volvieron a manifestarse frente a la Corte
Miembros de la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés realizaron una manifestación frente a la sede del poder Judicial, para reclamar una audiencia con los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a quienes exigen celeridad en sus casos.
Myriam Concepción Almada, oriunda de Coronel Bogado contó que los descuentos y embargos salariales no cesan y en su caso particular se le quita mensualmente G. 1.800.000 por supuestas deudas, que en realidad resultaron ser hechos de estafas.
“Es un descuento de préstamo por embargo judicial lo que tengo. Vía ministerial tenían que descontarme pero la cuenta fue a 50.000.000”, relató a la 1000 AM.
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Detalló la forma como procedieron para concretar la estafa de los pagarés. “Yo tenía un préstamo de cuatro millones y me embargaron por 50 millones, o sea que el monto es lo que varió bastante. Y de dos millones, me cobraron también 28 millones de guaraníes”, subrayó.
Hace dos años la docente contrató un abogado con la ayuda de su familia, pero no logró mover su expediente. “A partir de esta coordinación nos estamos ayudando y acá estoy con los compañeros que nos ayudan en todo”.
Los manifestantes claman una respuesta de la Justicia. “Necesitamos que nos hagan caso y hay una ley que presentaron los compañeros y queremos que los ministros tengan en cuenta eso para que nos ayuden y hagan justicia”, expresó.
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Tras largas chicanas, Justicia retoma proceso contra Prieto
El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.
“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución política, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo”, afirmó ayer Corbeta, en una entrevista con el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.
“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación
que nunca se pudo concretar en la investigación es la apli-cación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar u obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evi-tar la aplicación de medidas cautelares que fueron solici-tadas con la imputación del Ministerio Público en julio de 2023”, recordó Corbeta.
“MONTÓN DE INCIDENCIAS”
El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio de 2024, inmediatamente se presen-taron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del pro-ceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.
TRES CANDIDATOS
La estrategia de Miguel Prieto y de sus adherentes es conservar el poder por medio de las alianzas logradas durante su gestión. Al menos tres nombres surgen para que un aliado se mantenga durante tres meses al frente de la administración comunal esteña. Dos de ellos son muy allegados al destituido jefe comunal.
Se trata de Sebastián Martínez (Yo Creo), actual presidente de la Junta Municipal; y la segunda incondicional es Valeria Romero, concejala y actual pareja de Prieto. La que podría romper este “consenso” y la mayoría coyuntural es la liberal María Portillo (PLRA), hermana del exdiputado Carlos Portillo.
La concejala quiere pugnar por la intendencia y no tendría inconvenientes de pasar a negociar con los ediles disidentes, que responden al Partido Colorado. Hoy, la mayoría de 7 concejales contra 5 está a favor de Prieto.
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Pacientes renales del IPS urgen habilitación del servicio de diálisis en CDE
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La Asociación de Pacientes Renales del Instituto de Previsión Social (IPS) de Alto Paraná, se movilizó esta mañana frente al hospital de Ciudad del Este, exigiendo la agilización de los trámites que permitan a la empresa adjudicada la habilitación del servicio de hemodiálisis, en la capital departamental.
La firma adjudicada por la previsional es Medical Center, de Santa Rita. Son 58 los asegurados del IPS que requieren de diálisis y que residen en la zona metropolitana del Este, por lo cual se volvió imposible que los pacientes se trasladen hasta la ciudad de Santa Rita para ello, dos o tres veces a la semana.
Ante este problema, la empresa se comprometió a habilitar un servicio en Ciudad del Este, en una clínica ubicada sobre la avenida San José, pero los trámites están trabados en la previsional, según lo explicado por Adolfo González, representante de la asociación de familiares y pacientes renales.
Ya son tres meses del inconveniente y mientras se llegue a una solución, la empresa puso un servicio de transportes para recoger en Ciudad del Este a quienes tengan la necesidad de diálisis, todos los días.
“Por ahora estamos manejándonos de esa forma, nos buscan a todos y cubren los alimentos y tras la atención se regresa a casa, pero urge que se habilite la clínica local para evitar ese cansancio del viaje”, expresó González.
Los asegurados venían recibiendo el servicio de hemodiálisis en otra clínica que fue adjudicada por muchos años por el IPS, pero en el último año ya la atención y servicio se habían deteriorado mucho, según los pacientes, que fueron reclamados en su momento. Ese proceso tuvo fin con una nueva licitación para la concesión del servicio, pero la firma médica ganadora tiene su hospital en Santa Rita.
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Piden a la fiscalía imputar por lesión de confianza a ex síndico de quiebra Blas Velázquez
La abogada Gessy Ruiz Díaz representante legal de la firma Agroganadera Ypyta S.A. solicitó a la fiscala Andrea Vera Urdapilleta que presente la imputación contra el exsíndico de quiebras, Blas Velázquez, quien vendió de forma irregular y a un costo irrisorio varios bienes de la mencionada agroganadera, así como realizó varios pagos millonarios a supuestos funcionarios fantasmas de Ypyta.
En el presente caso se tienen varios elementos que comprometen la situación del exsíndico de quiebras Velázquez, quien ya soporta una imputación por lesión de confianza.
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El escrito de la denuncia señala que el hoy exsíndico de quiebras, Blas Velázquez, vendió de forma directa la estancia Laguna Pora, de 7.430 hectáreas, ubicada en Lorito Picada en el departamento de Amambay, que forma parte como activo de Ypyta S.A. El valor del establecimiento ganadero sería de G. 75.992 millones de acuerdo a la tasación, pero dicha estancia fue regalada por Velázquez por tan solo G. 31.080 millones, es decir por menos del 50 %, lo cual ya registra una irregularidad en la actuación del síndico de quiebras.
También se amplió la denuncia contra el exsíndico debido a que avaló el pago por la suma de G. 255 millones a varios supuestos funcionarios de la firma Ypyta S.A. Por su parte, la representante legal de la mencionada agroganadera negó que 11 personas hayan trabajado en dicha empresa y para ello no existe constancia ni tampoco libro laboral o planillas del IPS donde fueron inscriptos los funcionarios fantasmas.
También dice la denuncia que Velázquez procedió a la venta irregular de cuatro inmuebles por la insignificante suma de G. 700 millones cuando que las propiedades son cinco veces más caras. Ante todos los elementos mencionados, el Ministerio Público debe estudiar y presentar la imputación.
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