Miembros de la Asociación de Rematadores Públicos del Paraguay se concentran desde las 9:00 de hoy frente al Poder Judicial para pedir el levantamiento de la suspensión que pesa sobre su presidente Atilio Estigarribia Salina, quien actualmente no puede ejercer su profesión ya que fue suspendido a raíz de una presunta irregularidad en un remate detectada en Encarnación, en el 2017.
En dicho año, la fiscala Zulma Britos abrió una carpeta fiscal contra algunas personas, todas rematadores de profesión, pero no así contra Estigarribia, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, a través del Consejo de Superintendencia, lo suspendió. Estigarribia manifestó que por un caso grave, la suspensión va hasta un año, pero él ya está soportando el tercer año de no poder ejercer su trabajo.
Dijo que ya se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para que le levanten la suspensión, ya que varios de los que estuvieron procesados por la irregularidad detectada en Encarnación ya están trabajando nuevamente.
Pidió al superintendente interino, Mario Elizeche, que lo dejen trabajar. Desde el gremio ya emitieron varios comunicados a la máxima instancia judicial para estudiar el caso de Estigarribia. El 11 de noviembre del año pasado fue la primera manifestación frente al Poder Judicial y como no tuvo eco favorable ante las autoridades, nuevamente salen a la calle a reclamar lo que consideran su derecho.
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Reclaman destitución del director de la Escuela Básica Ignacio A. Pane
Un grupo de padres realizó una protesta este lunes para exigir la destitución del director de la Escuela Básica Ignacio A. Pane, Víctor Rojas a quien acusan de manejo irregular de recursos y del estado de abandono de la institución. La dirección suspendió la fiesta de San Juan al negarse a la presentación de una rendición de cuentas, según denunciaron los manifestantes.
“Estamos pidiendo la destitución del director. Hoy ya nos cerraron la puerta del colegio diciendo que ningún padre puede ingresar, que hay una nueva resolución que acaban de pegar por el portón”, señaló una mamá a C9N. Dijo que también recurrieron a la Supervisión, pero tampoco recibieron una respuesta satisfactoria, por lo que afirmó que seguirán las manifestaciones de los padres.
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Otra manifestante se quejó que el director les cerró las puertas “incontables veces”, para evitar ser controlado en la utilización de los fondos de la institución. “Le exigimos rendición de cuentas y nos suspendió la fiesta de San Juan”, indicó. La mujer denunció que se hundió el pozo ciego, pero que el profesor Rojas nunca está para hablar con los padres.
A su vez la profesora Zulma Jara Rojas manifestó que la prohibición de ingreso rige a partir de hoy debido a los incidentes registrados. “Durante el horario de clases no pueden ingresar personas extrañas a la institución”, expresó.
La docente anunció que se instalaría una mesa de trabajo entre las partes con la intervención de los supervisores. “A mí me están amedrentando, me acusaron que les golpeé. No tengo inconveniente en que me investiguen”, dijo la educadora, quien se encontraba custodiando celosamente el portón de acceso a la institución.
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Afectados por estafa en Encarnación exigen al Ministerio Público avanzar en investigación penal
Afectados por la megaestafa del edificio “Vista Lago” de Encarnación llegaron hasta la sede de la fiscalía regional para exigir el avance del proceso de investigación contra el agente inmobiliario argentino Luis Ramón Darnay de la firma familiar Norwich S.A.; ya que la sociedad está constituida por su esposa e hijos.
Unas 80 familias son las que denuncian que fueron embaucadas por el empresario argentino, ya que pagaron millonarias sumas de dinero por un departamento, al que hasta la fecha no pueden acceder. Señalan que una vez abonadas sus cuotas, habían reclamado la entrega de los títulos de propiedad de los departamentos, el empresario se había comprometido en realizar la transferencia.
Explicaron que se cumplieron con todos los procedimientos, se urgió a Catastro, se consiguió el certificado de Condición de Dominio y estando todo listo para la firma de los documentos, el empresario Darnay aún se resiste a ir a firmar. Señalan que ha recurrido a jugarretas, ya que el día que decidió firmar, cambió de representante legal, para que todo el proceso quede desestimado.
“Los plazos están vigentes, los papeles están listo; pero, sin embargo, el empresario no se acerca a la escribanía ubicada en Encarnación, para suscribir la transferencia de lo que nosotros entendemos que por derecho nos corresponde. Porque hemos comprado y pagado, tenemos las boletas de compra, facturas y contratos y, sin embargo, no se da la transferencia”, expresó uno de los afectados quien confirmó que lleva pagando por la propiedad desde el 2018.
Explicaron que el fiscal adjunto es quien tiene todas las carpetas y denuncias y esperan que se consoliden todas las denuncias en una sola causa a cargo de un solo fiscal que esperan se designe pronto, para que se lleve adelante la investigación y se pueda entender qué fue lo que verdaderamente ha ocurrido en este caso.
Señalaron que ya existen más de 7 denuncias penales que están esperando que avance la investigación. “Nosotros queremos una investigación para entender qué fue lo que pasó y que la Justicia nos ayude a tener una respuesta a nuestro requerimiento, que entendemos que es justo y es lo que corresponde, porque hemos comprado y pagado. El edificio está inconcluso, los departamentos se entregaron inconclusos y falta la transferencia definitiva”, precisaron.
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Padres exigen la restitución de 4 docentes del colegio Ysaty
Un grupo de padres de alumnos del Colegio Nacional Ysaty se manifestó nuevamente este lunes frente a la institución para exigir la restitución de cuatro docentes apartadas por pedido de la exdirectora Amada Apuril. Defendieron la labor de las profesoras y consideran injusto que el colegio pierda los rubros.
“Venimos acá para apoyar a las profesoras que la exdirectora, cuando iba a renunciar, pidió para que ellas también pongan a disposición sus cargos. Y nosotros creemos que es injusto”, dijo Vilma Cubas a Unicanal. La vocera de los manifestantes calificó de “brillantes” a las educadoras afectadas. “Hacen bien su trabajo, no están metidas en la corrupción. Entonces, por eso la exdirectora exige que las señoras renuncien”, indicó.
Es así que apoyan el trabajo de las cuatro trabajadoras y piden que permanezcan en la citada institución educativa. “Nosotros aparte no queremos que se lleve el rubro de Ysaty porque si ellas se van obviamente llevan el rubro. Y por eso estamos aquí”, puntualizó.
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Aclaró que la toma del colegio, que se realizó la semana pasada, en ningún momento fue para pedir la salida de las cuatro educadoras, sino solo de la directora de la institución. “En absoluto, solamente nosotros queríamos limpiar la institución de la corrupción. Entonces, la única persona corrupta era la directora y a ella sí queríamos sacarla y para eso se hizo la toma”, mencionó.
La mamá afirmó que el conflicto va teniendo un tinte político. “Sabemos cómo es el peso político acá. Ella está afuera (Apuril) y todavía sigue pudiendo manipular, exigir qué se tiene que hacer o no, tiene peso, tiene poder. Y es obvio que es con tinte político”, sostuvo. Para Vilma es un “simple capricho” de la exdirectora el planteamiento de destitución de las cuatro profesoras. “Es solo para demostrar su poder. Que ella puede”, aseveró.
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Violencia y caos frente al Congreso argentino: ¿qué se discute?
La Cámara de Senadores decidirá hoy miércoles aprobar o no el proyecto conocido como “Ley Bases XS”, que básicamente se trata de una iniciativa emanada al DNU 70/23 y al paquete fiscal que apunta a la reforma del Estado, según los términos del mandatario argentino Javier Milei.
EL DNU es un decreto de necesidad y urgencia, un tipo de norma existente en la República Argentina que, a pesar de ser sancionada solo por el Poder Ejecutivo, tiene validez de ley. Una vez promulgado, el Congreso tiene las atribuciones para analizarlo y determinar si continúa vigente o no.
La segunda versión del proyecto de ley ya obtuvo media sanción de Diputados el pasado 30 de abril, con 142 votos afirmativos, 106 en contra y 5 abstenciones. Fue mediante el apoyo mayoritario de los bloques dialoguistas (PRO, UCR, Hacemos, Innovación Federal y MPN).
Por de pronto, en estos momentos se registran graves incidentes entre manifestantes y la Policía frente al Congreso argentino en que quedaron varios heridos, entre ellos cinco diputados afectados por los gases, y autos incendiados, mientras el Senado debate un paquete de reformas crucial para el presidente ultraliberal Javier Milei. A una hora del inicio de la votación, fueron detenidos 19 manifestantes durante la intervención policial.
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Si se aprueba hoy se convertiría en el primer triunfo de la gestión de Javier Milei, que hasta ahora solo trajo ajustes drásticos, confrontaciones diplomáticas y falta de cumplimiento de sus promesas electorales.
Qué es la Ley Bases?
La “Ley Bases” en su versión XS se trata de una iniciativa hermanada al DNU 70/23 que busca la reforma estatal. Entre los cambios están la declaración de emergencia, la concesión de las facultades delegadas, el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), reformas laborales y cambios previsionales.
Además, el texto incluye un anexo con las empresas públicas que podrían ser privatizadas o concedidas, como Aerolíneas Argentinas SA, Energía Argentina SA, Radio y Televisión Argentina SE e Intercargo SAU. También incluye a AySA SA, Correo Oficial de la República Argentina SA, Belgrano Cargas y Logística SA, Sociedad Operadora Ferroviaria SE y Corredores Viales SA.
Reformas laborales
Otro punto importante es el capítulo IV, que trata sobre el empleo público. En ese aspecto se dispone que los sindicatos estatales no podrán descontar parte del salario de los trabajadores que no estén afiliados o que no hayan expresado de forma explícita su acuerdo para que el gremio realice dicho descuento, según medios argentinos.
El medio Página 12 señala que también determina que a aquellos empleados que van a una huelga se les descontará un proporcional por las horas no trabajadas, sin ningún tipo de sanción administrativa. En tanto, establece que aquellos funcionarios de órganos u organismos que sean eliminados serán pasados a disponibilidad por hasta 12 meses y que después serán desvinculados de la Administración Pública Nacional si no consiguen otro puesto.
El Título IV del texto está destinado a la “promoción del empleo registrado” en el sector privado, que permite a los empleadores regularizar vínculos laborales que comenzaron antes de que la ley entre en vigor, concediéndoles un período de 90 días para hacerlo. Los empresarios quedarán eximidos de cualquier acción legal y deudas relacionadas con infracciones, multas y sanciones.
No obstante -agrega el medio periodístico- este capítulo viene acompañado del título V, sobre modernización laboral, que entre las principales medidas aparece la extensión del período de prueba y la creación de un fondo de cese laboral optativo a determinar en los convenios colectivos de trabajo como alternativa a las indemnizaciones.