La Fiscalía General del Estado recomendó a la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazar la acción de inconstitucionalidad promovida por el exsenador colorado Víctor Bogado contra la resolución de la Cámara de Senadores que hizo lugar a la pérdida de investidura del legislador, en mayo de 2019.
Ahora serán los altos magistrados que deben analizar el planteamiento de Bogado y resolver si corresponde hacer lugar a la presente acción o en su defecto rechazar la misma.
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Según el dictamen del Ministerio Público, señala que no se observa un quebrantamiento de la defensa en juicio teniendo en cuenta que el accionante ha tenido la posibilidad de formular su descargo así como de presentar, controlar e impugnar pruebas y por otra parte no se evidencia arbitrariedad en cuanto a los fundamentos fácticos de la resolución impugnada, señala el fundamento de la Fiscalía para solicitar el rechazo de la acción promovida por Bogado.
Víctor Bogado fue despojado de su investidura el 13 de mayo del 2019, posteriormente presentó ante la Corte la acción de inconstitucionalidad el 29 de mayo del 2019. El pedido quedó pendiente hasta la fecha, y con esta acción se da vía libre para estudiar y definir si Bogado debe ser reincorporado a su banca.
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Bogado cuestiona que el caso Buzarquis sea instalado como “atentado a la democracia”
El exsenador Víctor Bogado opinó que el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis, denunciado por el intendente Óscar Rodríguez por presunto tráfico de influencias, debe ser expulsado de la Cámara Alta con la aplicación directa de la pérdida de investidura. “En el periodo pasado, de manera inconstitucional fueron destituidos alrededor de 7 senadores y no se permitió el juramento de dos. Sin embargo, hoy aparece como si fuese un atentado contra la democracia”, cuestionó.
Las afirmaciones de Bogado surgieron ante la prensa en el Congreso en relación a las manifestaciones de algunos opositores y medios aliados que buscan desalentar la aplicación de la norma legislativa mediante una dudosa defensa democrática. “Con todo lo que yo vi, con todos los elementos desde el punto de vista político, si hay una voluntad política y si la mayoría así lo decide, él tendría que ir a su casa. Todo depende de la mayoría”, manifestó el exparlamentario.
“Al abrir esa posibilidad ante la inminencia de lo que se llama el uso indebido de influencias, se debería aplicar de manera directa la pérdida de investidura. Al decir de la propia exsenadora Kattya González, no vale el debido proceso teniendo en cuenta que no es jurídico, sino político”, refirió en alusión al artículo 201, “de la pérdida de investidura”, de la Constitución Nacional, que establece “el uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado” como causal para el cese en el cargo legislativo.
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Antecedentes
El jefe comunal reveló el pasado martes mensajes enviados por el dirigente opositor solicitándole urgentemente ayuda para ubicar en la Municipalidad de Asunción a un allegado suyo a quien “le debe muchos favores”. A la vez, Buzarquis en el mensaje remitido a Rodríguez, con anterioridad a dicho pedido, detalla que lo está ayudando “para su presupuesto” sin profundizar sobre el punto.
La conversación fue expuesta durante una caldeada discusión entre ambos políticos. Buzarquis había tratado al jefe comunal de ladrón y le exigió su renuncia tras permanecer encadenado desde el lunes frente a la municipalidad como medida de protesta. Ante la acusación por tráfico de influencias, el parlamentario se defendió argumentando que lo hizo en el marco del derecho constitucional a peticionar.
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Senador ratifica el rol de la CBI y su papel en la transparencia
El senador Dionisio Amarilla ratificó que la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), la cual preside, pose facultades constitucionales, por lo cual puede solicitar informes. Esto atendiendo la negativa de determinados sectores para rendir cuentas ante la comisión.
“Nos parece un despropósito que se plantee una inconstitucionalidad, atendiendo lo estipulado en el artículo 195 de la Carta Magna que otorga facultades a esta comisión para solicitar comparecencia de particulares y que suministren informaciones”, expresó ante los medios de prensa en el Senado.
Esto se enmarca tras el pedido de la CBI sobre informes del uso de fondos recibidos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid). Desde la Bicameral de Investigación se argumentaron una serie de irregularidades en torno a los mencionados fondos.
El estudio jurídico Colab Abogados, que percibió fondos de Usaid, rechazó la solicitud de rendición de cuentas, alegando que la petición carece de sustento legal y viola la confidencialidad profesional. “La comisión se constituye, al considerar asunto de interés público saber dónde fueron a parar los fondos”, indicó el senador.
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Datos pendientes
Amarilla dio a conocer la nómina a la que accedió la CBI, en la cual se especifican todos los beneficiarios de los fondos de Usaid. Con esto en cuenta, manifestó la intención de la comisión de dar a conocer la manera en la cual han sido utilizados esos desembolsos.
“Ya tenemos documentos que confirman que parte de los fondos fueron a parar como remuneración para algunos incursores en la política. Hay sospecha de injerencia para afectar a ciertas personas y se ha pretendido relativizar la soberanía paraguaya”, subrayó el presidente de la CBI.
Detalló que se siguen analizando determinados datos, adelantando que se darán a conocer informaciones brindadas por la propia Cancillería en torno a organizaciones y consultoras, las cuales han recibido altos montos de dinero. “Volveremos a someter esto a debate”, señaló.
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Plan Sumar: combate al tráfico y consumo de drogas con deporte, cultura y capacitación
Karina Ríos (karina.rios@nacionmedia.com)
Desde enero de 2024, el Gobierno de Paraguay comenzó a implementar el Plan de Acción Sumar, una estrategia integral para abordar el grave problema del consumo y tráfico de drogas en el país. En seis meses se lograron importantes avances y se pudo sacar de circulación drogas por valor de más de 58 millones de dólares.
Entre los principales objetivos y metas del plan de acción está prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, tratar y rehabilitar a las personas que sufren de adicciones, además de combatir el tráfico de drogas dentro del territorio nacional.
“Sumar busca anticiparse y prevenir los problemas del abuso de drogas, trabajando en articulación con diversas instituciones y poderes del Estado, así como con la sociedad civil”, confirmó Laura Belén Rolón, ministra asesora de la Presidencia de la República en entrevista con La Nación/Nación Media.
Primeros resultados
El marco del plan para reducir la oferta de drogas se enfoca en combatir el microtráfico, y en este sentido, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 7 de agosto de 2024 se han logrado resultados significativos.
La Policía Nacional concretó 687 operativos con 300 detenciones y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) 773 operativos con 204 detencione. Ambas instituciones sacaron de circulación 757.301 kilos de marihuana picada y 2.287 hectáreas de plantaciones. Además de 6.455 kilos de cocaína, 108.713 dosis de éxtasis y 131 dosis de LSD, logrando un golpe de 58.659.018 dólares para los narcotraficantes.
“A nivel de atención primaria, han sido atendidas 287 personas con Trastorno por Usos de Sustancias (TUS) en comunidades de Capital, Central y Presidente Hayes, sin necesidad de asistir a centros especializados, tanto públicos o privados”, apuntó.
Rolón aclaró que de esta forma muestran que la rehabilitación no es sinónimo de internación. “Igualmente, los datos del Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones (Cenptra) revelan un promedio de atención mensual a 3.000 personas con problemas derivados del consumo de alcohol y otras drogas, con un promedio de 45 personas para desintoxicación programada”, refirió.
Tres ejes de Sumar
Para dar una respuesta adecuada, el plan de acción se estructura en tres ejes de atención directa enfocados a toda la ciudadanía, desde los más pequeños hasta los adultos. Se busca concienciar sobre lo grave que es el consumo de drogas, explicó la ministra.
Los tres ejes son la prevención del consumo de drogas; el tratamiento y la rehabilitación para la reinserción social y el combate al tráfico de drogas.
Sumar está en plena fase de implementación, desarrollando varias acciones dentro de sus ejes. “Entre los logros se destaca el programa “Escuelas Abiertas” del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), habilitadas en 200 instituciones educativas para beneficio de 30.000 estudiantes con actividades inclusivas”, detalló.
El proyecto “Abriendo Horizontes” de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) busca fortalecer y acompañar a las comunidades del interior del país, respondiendo a las vivencias y necesidades locales. “En distintas actividades participaron 165 niños, adolescentes, jóvenes y adultos de Vallemí, Concepción; y Hernandarias, Alto Paraná”, indicó. Otra actividad implementada es “Danza Joven” de la SNC, que se caracteriza por su enfoque inclusivo, llegando a 2.000 estudiantes, 150 padres y 40 maestros de Asunción, Central y Caazapá.
“El Ministerio de Justicia (MJ) y la Secretaría Nacional de DeportesSND, para la atención de personas privadas de libertad (PPL) y en el marco del plan Sumar, llevan adelante torneos de fútbol y vóley, donde estuvieron participando 630 recursos”, apuntó Rolón.
Asimismo, la SND organiza los Juegos Escolares y Estudiantiles Nacionales (JEEN) llegando a 90.000 niños y adolescentes en 222 localidades del país. Desde este año, los Juegos Universitarios del Paraguay (JUPY) han atraído a 5.000 estudiantes universitarios, de 39 distritos.
Más actividades
La alta funcionaria expresó que la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ) impulsa una serie de charlas sobre Liderazgo e Inteligencia Emocional a jóvenes del país, con un alcance de 1075 participantes de Alto Paraná e Itapúa. Se proyecta llegar a los 17 departamentos.
“Tenemos 2.500 funcionarios que se están capacitando en prevención de violencia escolar y comunitaria para expandir la cobertura a más localidades. Además, 700 agentes comunitarios han sido entrenados en deporte y arte para reforzar la prevención y en 8 departamentos del país se encuentran articulando esfuerzos para la implementación del plan”, refirió en LN.
También llegan a los docentes que recibirán materiales para la prevención en las aulas y la promoción de la salud mental. “Se habilitará la División de Tratamiento Residencial Especializada (Ditres) en Piribebuy, que estará a cargo del Ministerio de Salud y de la Senad. Se gestionan recursos para una Unidad de Tratamiento y Rehabilitación para adolescentes a instalarse en el Centro Educativo de Itauguá”, puntualizó.
Plan a largo plazo
Rolón indicó que el objetivo a largo plazo es fortalecer las instituciones nacionales para dar una respuesta coordinada y sostenible que ataque de raíz el problema de las drogas. Al reducir tanto la oferta como la demanda, el plan busca construir una sociedad más sana y segura.
“La implementación de Sumar está a cargo de tres mesas interinstitucionales. La prevención presidida por el Ministerio de Educación y Ciencias; el tratamiento, rehabilitación y reinserción presidida por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; y el combate al tráfico de drogas presidido por el Ministerio del Interior”, resaltó.
Datos claves
- El Gobierno incorpora estrategias de comunicación masiva y sensibilización a través de medios tradicionales y digitales para llegar a la sociedad. También, implementan programas educativos y preventivos en escuelas, comunidades, centros de trabajo y promueven la participación de la sociedad civil.
- Antes de la aprobación del Plan Sumar, cada institución realizaba acciones aisladas dentro de los límites de sus competencias para combatir el problema de las drogas. Desde la aprobación a través del decreto N° 915 del 21 de diciembre de 2023, se ha venido integrando los esfuerzos.
- Es importante destacar que el plan no solo es una respuesta del Gobierno del Paraguay ante un problema crítico, sino también un llamado a la sociedad para unirse en la lucha.
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Ministerio de la Defensa Pública habilitó nueva sede en San Ignacio Misiones
El Ministerio de la Defensa Pública habilitó su nueva sede en la ciudad de San Ignacio Guazú, departamento de Misiones. Las nuevas oficinas de la citada institución, que estarán al servicio de la ciudadanía están ubicadas sobre las calles Cerro Corá entre San Roque González de Santa Cruz y Marcial de Lorenzana, en la reconocida “Casa de Indios”, patrimonio arquitectónico de la ciudad.
Para la habilitación de la nueva sede estuvo presente el presidente de la República, Santiago Peña, al igual que el Defensor General, Javier Esquivel y otras autoridades locales.
La superficie habilitada para la sede de la defensa pública tiene una dimensión total de 223 m2. Tras la restauración edilicia realizada por la Municipalidad de San Ignacio en el año 2022, es posible para la institución facilitar el acceso a la justicia brindando orientación, asistencia y representación a más de 70.000 personas, ya que las oficinas instaladas atenderán a pobladores de los distritos de San Ignacio, Santa Rosa y Santa María.
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Por su parte, el titular de la Defensa Pública, Javier Dejesús Esquivel, expresó: “Esta habilitación logramos con un gran esfuerzo y ahora, la comunidad requiere de nuestro compromiso y empatía al atender a las personas, ponernos en sus zapatos, escucharles y acompañarles, ese es nuestro gran desafío” señalo.
El presidente de la República, Santiago Peña, destacó que habilitar una sede de la institución en una ciudad con importante cantidad poblacional, implica un gran compromiso con las personas, para el acceso a la justicia como así también, un compromiso cultural por lo que representa el edificio para la ciudad” indico el jefe de estado.
Cabe destacar que esta es la primera sede de la institución que es instalada y habilitada al servicio de personas reconocidas como vulnerables, durante los primeros 100 días de gestión de la administración actual, en el marco del fortalecimiento de la Defensa Pública y en refuerzo del compromiso asumido con la protección de los derechos humanos.
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