La agente fiscal Mercedes Vera obtuvo la condena de 8 años de pena privativa de libertad para Armando Javier Rotela, considerado como el zar del microtráfico y líder del denominado clan Rotela, quien fue sentenciado por tenencia y tráfico de estupefacientes y drogas peligrosas, así como otros hechos punibles.
Según los antecedentes, el 17 de noviembre del 2016, en la compañía Potrero Avendaño de la ciudad de Pirayú, se llevó adelante un procedimiento de allanamiento fiscal-policial. En dicho contexto, se identificó en el lugar una camioneta, de la cual salieron varias personas, quienes al percatarse de la presencia policial huyeron atropellando un portón de madera. No obstante, fueron detenidos por los intervinientes a las afueras de la vivienda.
Dicha camioneta estaba al mando del acusado Armando Javier Rotela Ayala, acompañado por Yim Marmori Recalde, Alberto Torales Franco, Daniel Silvero Gamarra, Cristóbal Galeano, Ángel Gabriel Rotela y Sergio Vera. Igualmente, en la ocasión se incautó en poder del ahora condenado una pistola calibre 9 milímetros con numeración totalmente borrada, así como dos envoltorios que contenían marihuana.
Rotela Ayala es conocido como el zar del microtráfico por poseer antecedentes ligados al tráfico de sustancias estupefacientes. El mismo ya cuenta con una condena de 27 años de cárcel por posesión y tráfico de drogas tras haber sido detenido en el 2011. Posteriormente, en el 2012 se había fugado de la penitenciaría en compañía de otras ocho personas, pero fue recapturado en el 2016 en Itapúa.
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Por intento de motín en cárcel de Emboscada, autoridades activaron protocolo de seguridad
En el pabellón B de la cárcel de Emboscada se desató un intento de motín por parte de internos de una de las agrupaciones criminales. Esta información fue confirmada por el director de Establecimientos Penitenciarios, Rubén Peña, quien señaló que inicialmente fue una quema de colchones, lo cual generó la puesta en marcha del protocolo para este tipo de conflictos.
En la mencionada penitenciaría cada pabellón cuenta con un promedio de entre 160 a 200 reos. De acuerdo a los primeros reportes, las autoridades convocaron a las fuerzas que normalmente ofrecen apoyo a los guardiacárceles que están en el penal.
El mes pasado en la penitenciaría de Emboscada ya se tuvo un conflicto similar, cuando 19 reos, entre los que se encontraba el pastor José Insfrán, hermano de Tío Rico, iniciaron una huelga que, afirmaron, era de hambre. Sin embargo, al cuarto día se desactivó.
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Los mismos habían reclamado por la reinstauración de las visitas íntimas en las privadas, que se habían cancelado como medida complementaria al nuevo régimen que imperará en las penitenciarías de máxima seguridad.
Los movimientos con tendencia al motín estaban dentro de las posibilidades, teniendo en cuenta el endurecimiento de las condiciones en que, después del operativo Veneratio, resolvieron aplicar, para evitar el fortalecimiento de clanes, como los que convirtieron al penal de Tacumbú en prácticamente una “oficina” de criminales, desde donde partían órdenes de asaltos, extorsiones e incluso sicariatos.
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Juan Orlando Hernández fue condenado a 45 años de prisión
La justicia de Estados Unidos sentenció este miércoles al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández a 45 años de prisión, tras haber sido hallado culpable de tráfico de drogas y armas el pasado 8 de marzo. En una audiencia en Nueva York, el juez Kevin Castel condenó a Hernández, de 55 años -que fue presidente en dos mandatos consecutivos de 2014 a 2022-, a una multa de 8 millones de dólares y a 5 años de libertad vigilada cuando cumpla su condena.
La pena es un poco superior al mínimo estipulado -40 años por los tres cargos- pero inferior a la cadena perpetua que solicitó la fiscalía. “El papel de Juan Orlando Hernández fue utilizar su poder político como presidente del Congreso y como presidente de Honduras para limitar el riesgo de los narcotraficantes a cambio de dinero”, afirmó el juez al leer la sentencia.
“Nadie está por encima de la ley, tampoco los presidentes”, dijo por su parte el fiscal Jacob Gutwilling. “Soy inocente y fui acusado de forma injusta e indebida”, dijo por su parte el exmandatario, que llegó a la sala de audiencias caminando con un bastón debido a un accidente jugando fútbol, según su abogado.
Hernández escuchó de pie la sentencia del juez Castel, que fue muy duro en su argumentación, en una sala abarrotada de hondureños que se acercaron al tribunal del distrito sur de Manhattan para asistir a este día histórico. Su abogado defensor Renato Stabile anunció al término de la audiencia que apelará la sentencia con el fin último de “anular la condena” y “celebrar un nuevo juicio”, como había reclamado infructuosamente hasta ahora.
“Mal sabor de boca”
Para la activista hondureña de derechos humanos Lida Perdomo, la sentencia deja “un mal sabor de boca”, ya que considera que es “poca” para este político “peligroso”, cuyas “estructuras criminales, tanto dentro del poder judicial, de la policía y los militares siguen bastante vivas” en el país. Esperaba que le impusieran al menos dos cadenas perpetuas.
En su turno de palabra, Hernández arremetió contra la “justicia selectiva de los fiscales” que basó su acusación “en testimonios” de narcotraficantes interesados en obtener a cambio beneficios para su situación carcelaria y no presentaron “ninguna evidencia”. “Apelo al sentido común: ellos (los narcotraficantes) que testificaron en el juicio van a salir libres y yo preso de por vida”, dijo tras señalar que eso socava “la credibilidad del sistema judicial” estadounidense.
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“400 toneladas de cocaína”
Fiel colaborador del gobierno del republicano Donald Trump (2017-2021), Hernández llegó a jactarse de los elogios de Washington por la labor de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico. La fiscalía acusó a Hernández de crear un “narco-estado” y de convertir a Honduras en una “súper autopista” por la que pasaba buena parte de la droga procedente de Colombia.
Entre 2004 y 2022 -desde sus cargos de diputado, presidente del Congreso y luego presidente de la República-, Hernández participó y protegió a una red que envió más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos, con un valor en el mercado local de 10.000 millones de dólares, recordó Gutwilling. A cambio, habría recibido millones de dólares de los cárteles de la droga, entre ellos del narcotraficante mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.
Extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, tres meses después de entregar la presidencia a su sucesora, la izquierdista Xiomara Castro, Hernández habría sido el autor de la famosa frase: “Le vamos a meter la droga a los gringos en sus narices y no se van a dar ni cuenta”, según un testigo en un juicio. Otros inculpados en la misma causa, entre ellos su hermano Tony Hernández o el colaborador cercano de éste, Geovany Fuentes, ya fueron condenados a cadena perpetua.
También en la misma causa, el exjefe de la policía hondureña Juan Carlos Bonilla, conocido como “El Tigre”, y el policía Mauricio Hernández Pineda, se declararon culpables de narcotráfico, evitando sentarse en el banquillo de la justicia con el exmandatario. Desde 2014, medio centenar de hondureños acusados de narcotráfico han sido extraditados o se entregaron voluntariamente a la justicia de Estados Unidos.
Fuente: AFP.
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Caaguazú: condenaron a un hombre por explotación clandestina de juegos de azar
Un tribunal colegiado del departamento de Caaguazú condenó esta semana a un hombre por la explotación de juegos de azar en forma clandestina. Se trata de la primera condena por este delito y la sentencia definitiva indica que debe cumplir pena privativa de libertad por un periodo de un año y medio.
La denuncia fue realizada en el año 2018 y fue cotejada por un funcionario de la Conajzar, quien comprobó que el acusado Diego Amarilla Lugo realizaba la explotación comercial de juegos de azar en la modalidad rifas sin la aprobación de la municipal respectiva. En este caso, el hombre vendía rifas en la capital del citado departamento violando la Ley 16/97.
“En este caso estamos hablando de que este hombre vendía rifas comerciales para generar ganancias. Diego Amarilla tenía más de 30 personas que eran corredores que vendían las rifas, la novedad es que no tenía permiso del lugar donde estaba desarrollando esta actividad”, explicó Carlos Liseras, titular de la Conajzar, en entrevista con “Show de Noticias” de canal GEN/Nación Media.
Confirmó que estas personas salían a las calles y vendían rifas denominadas “Pukavy”, que supuestamente era sorteada al finalizar el día, pero nunca se tuvo la certeza si realmente había ganadores. “No sabemos si entregaba o no los premios respectivos y no sabemos cuándo inició esta actividad. Lo que sabemos es que tenía una estructura bien formada para engañar a los apostadores”, señaló.
Liseras apuntó que desde la institución tomaron conocimiento sobre el caso luego de que recibieron denuncias sobre la actividad que realizaba el hombre. “Cuando las rifas se realizan en el ejido de un municipio la autoridad competente para expedir la autorización son las comunales. Si es de tirada nacional necesariamente necesita permiso de la Conajzar”, aclaró.
Habló de la Ley 4716/2012 que establece una pena privativa de hasta cinco años de cárcel para las personas que se dedican a explotar clandestinamente los juegos de azar. “La actividad clandestina es aquella realizada por inescrupulosos que no tienen el permiso de la autoridad competente. Se tienen juegos clandestinos en todo el país como las tragamonedas que afecta a todo el país”, sentenció.
Afirmó que en el caso de las tragamonedas que se instalan de forma ilegal en negocios afectan seriamente la salud de los niños y adolescentes que tienen acceso a las mismas. “Ya solicitamos a los intendentes en forma imperiosa y urgente que realicen las incautaciones, porque son un daño tremendo a los menores de edad y los convierte en jugadores compulsivos”, puntualizó.
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Expresidente de Honduras podría ser condenado a cadena perpetua
Tres meses y medio después de ser declarado culpable de tráfico de drogas y armas, está previsto que el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández conozca su condena este miércoles. Un jurado popular lo declaró culpable el pasado 8 de marzo de tres cargos de tráfico de drogas y de armas, que le pueden suponer una condena perpetua, como otros inculpados en la misma causa, entre ellos su hermano Tony Hernández o el colaborador cercano de éste Geovanny Fuentes.
En una audiencia programada para este miércoles a las 11:00 (15:00 GMT), el juez Kevin Castel tiene previsto anunciar la pena. En un intento de evitar una condena perpetua, el abogado defensor, Renato Stabile, alega en los argumentos de sentencia enviados al juez el pasado viernes 21 de junio que la condena mínima que prevé la ley -10 años por el cargo de narcotráfico y 30 por el de armas- “satisfará los objetivos de la sentencia” y pide que el juez no le imponga “una pena adicional”.
No obstante, esa sentencia mínima dejaría prácticamente al expresidente, de 55 años, el resto de su vida entre rejas en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos. Stabile recuerda al juez que su defendido siempre ha reivindicado su “inocencia” alegando que fue condenado “erróneamente” sobre la base de la “palabra de narcotraficantes y asesinos hondureños -los mismos que combatió- que buscan venganza y salir de la cárcel”.
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Su defendido “apelará su condena por todos los medios legales”, asegura. “Nunca se rendirá”, sostuvo. En la misma causa, están coacusados el exjefe de la policía hondureña Juan Carlos Bonilla, conocido como El Tigre, y el policía Mauricio Hernández Pineda, que se declararon culpables de narcotráfico, evitando sentarse en el banquillo de la justicia con el exmandatario.
“Soy inocente”
“Soy inocente, no culpable”, clama por su parte Hernández en otro documento de 159 páginas enviado al juez Castel la semana pasada en el que desgrana las leyes que promovió y su colaboración con el gobierno estadounidense para acabar con el crimen organizado y la violencia de las pandillas que se cobraron la vida de casi 88.000 personas, convirtiendo a Honduras en uno de los países más peligrosos del mundo.
“Me acusaron y condenaron injusta e incorrectamente”, asegura el hombre que desde 2014 a 2022, durante dos mandatos consecutivos, dirigió los destinos de Honduras. La investigación y el juicio contra él está “lleno de errores e injusticias”, lamenta. “La Fiscalía y los agentes no actuaron con la diligencia debida en la investigación para conocer toda la verdad”.
En la misiva acusa tanto a las autoridades que le precedieron como a los agentes del departamento de lucha contra la droga estadounidense, DEA, de “no hacer lo que debían haber hecho” para enfrentar la violencia del crimen organizado. También recuerda que su gobierno “colaboró y coordinó” la lucha contra el narcotráfico con “diferentes instituciones y agencias del gobierno estadounidense” y fue recibido en la Casa Blanca por los presidentes de turno.
Fiel colaborador del gobierno del republicano Donald Trump (2017-2021) llegó a jactarse de los elogios de Washington por la labor de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico. Pero la Fiscalía neoyorquina lo acusó de crear un “narco-estado” y de convertir a Honduras en una “súper autopista” por la que pasaba buena parte de la droga procedente de Colombia.
Dinero del Chapo
Entre 2004 y 2022 -desde sus cargos de diputado, presidente del Congreso y luego presidente de la República-, Hernández participó y protegió a una red que envió más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos, según la acusación. A cambio, habría recibido millones de dólares de los cárteles de la droga, entre ellos del narcotraficante mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.
Extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, tres meses después de entregar la presidencia a su sucesora, la izquierdista Xiomara Castro, Hernández habría sido el autor de la famosa frase: “Le vamos a meter la droga a los gringos en sus narices y no se van a dar ni cuenta”, según un testigo en un juicio. Desde 2014, medio centenar de hondureños acusados de narcotráfico han sido extraditados o se entregaron voluntariamente a la justicia de Estados Unidos.
Fuente: AFP