El fiscal Anticorrupción Juan Manuel Ledesma imputó a 75 personas por haber falsificado facturas legales y así evadir impuestos. El anuncio fue dado a conocer por el citado agente fiscal en compañía del viceministro de Tributación, Óscar Orué.
“El monto de evasión realizado con dichas facturas falsificadas es de 240 mil millones de guaraníes, son 75 personas imputadas por falsificar facturas para evadir al fisco”, dijo el representante del Ministerio Público.
Asimismo, Ledesma manifestó: “Hay otros casos en que los timbrados son legales, pero no corresponden y los mismos se habrían utilizado para comercializar a través de una empresa consultora”. El agente indicó que la presente investigación seguirá y la Fiscalía no descarta presentar más imputaciones por este mismo hecho.
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En el presente caso se realizaron varios allanamientos en los que se incautaron facturas legales y, luego de realizar un trabajo con las autoridades del Ministerio de Hacienda, se pudo llegar a la conclusión que los imputados falsificaron facturas para evadir impuestos.
Ahora, un juzgado de Delitos Económicos deberá admitir la imputación y fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares. En dicha diligencia se conocerá si son beneficiados con medidas alternativas a la prisión o, en su defecto, se ordena la prisión preventiva de los procesados.
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Aumento de la recaudación: valoración positiva y un problema
Los importantes incrementos logrados desde el Ministerio de Economía, específicamente por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios ( DNIT) de más de 457 millones de dólares en estos días, resulta auspicioso, por un lado, y por el otro, también puede convertirse en un problema.
Por un lado, el aumento de la recaudación es una forma de calzar los gastos previstos en el presupuesto del mismo modo que contribuye a la reducción del déficit fiscal, hecho que impacta sobre la inflación puesto que se podrá pagar los gastos públicos con dinero genuino sin tener que apelar a la emisión monetaria.
No obstante, y por otro lado, sucede que cuando la recaudación aumenta también puede convertirse en un problema si eventualmente el ingreso de los nuevos fondos obtenidos se vuelcan a financiar las solicitudes que llegan al Congreso que terminan en reprogramaciones presupuestarias.
De manera que estamos ante un hecho en el que merece ser congratulado el Gobierno. Se está haciendo una labor eficiente en esa permanente búsqueda de conseguir recursos para el cumplimiento del plan de trabajo establecido en el Presupuesto de Gastos.
La atribución recaudatoria por parte del Estado en categoría de aumento de los ingresos sin tener que aumentar la carga impositiva, esto es, sin tener que apelar al aumento de los tributos pagados por los contribuyentes, significa que la actividad de la DNIT está mostrando eficiencia recaudatoria propia y necesaria en cualquier lugar del mundo.
Aumentar los ingresos tributarios mediante la creación de nuevos impuestos o subir los existentes en ningún modo es un camino correcto para un país que necesita crecer más allá incluso del 6 por ciento anual del producto interno bruto (PIB).
Dicho esto, también resulta que por la coyuntura propia de la política similar en todos los países ocurre que cuando aumentan los ingresos en las arcas estatales se da inmediatamente un sinnúmero de solicitudes para disponer de esos nuevos fondos ingresados.
Esto no es de extrañarnos porque como sabemos la política responde a los requerimientos de sectores que desean disponer de dinero. Lo que sí debe ser una cuestión a tomar muy en serio es que los requerimientos no se conviertan en una herramienta para disponer del nuevo dinero ingresado para actividades donde claramente no se están usando de modo transparente los recursos de los que se disponen.
Especialmente el Congreso debe mostrarse responsable por lo que el Ejecutivo va logrando como lo es este caso el aumento de nuevos ingresos; caso contrario, se estaría dando una situación donde volveríamos a estar en el mismo lugar desde donde se partió para que el déficit fiscal se vuelva a subir.
De darse esta situación, lamentable por cierto, entonces quiere decir que el esfuerzo no solo del poder administrador en manos del Ejecutivo sino de los mismos contribuyentes que pagan sus obligaciones tributarias sería un sin sentido y provocaría en poco tiempo problemas para la economía nacional.
El déficit fiscal volvería a subir para así preparar un camino peligroso por las solicitudes de más y más gastos sin correspondencia y rendición de cuentas para finalmente encontrarnos ante el indeseable escenario de crear o subir los impuestos.
Celebramos el aumento de la recaudación que lleva a cabo el Gobierno sin tener que aumentar tributos, pero también decimos que los nuevos fondos ingresados no sean comprometidos para financiar a sectores y programas, que primero deben rendir cuentas con transparencia del dinero del que ya disponen.
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Imputan al intendente de Luque por la muerte de madre e hija en raudal
El fiscal de Luque, Jorge Escobar, presentó imputación contra el intendente de Luque, Carlos Echeverría (ANR), por los delitos de intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre y homicidio culposo por el fallecimiento de una madre y su hija, quienes fueron arrastradas por el raudal en dicha ciudad. El proceso penal está a cargo de la jueza de Garantías Cecilia Ocampos, de Luque.
En el lamentable hecho fallecieron Sara Benítez (48) y su hija Nilda Luján Barrios Benítez (19), quienes el pasado 25 de abril en horas de la madrugada fueran arrastradas por el caudal de agua que desemboca en el cauce del arroyo San Juan.
El escrito del acta de imputación refiere que conforme a los datos recolectados se tiene elementos de sospecha que hacen presumir que, al momento en que habría caído el vehículo donde iban madre e hija a la zanja, habría deficiencias en el sistema de seguridad vial, es decir, una nula señalización de advertencias de peligro e instalaciones de protección a peatones y vehículos y carencia de barrera de protección eficaz ante raudales.
Asimismo, el documento del Ministerio Público señala que “en carácter de Intendente Municipal de Luque, Echeverría sería la persona responsable de dirigir y ejecutar obras para la seguridad vial de la ciudad y en ese sentido, no habría realizado las debidas diligencias para disminuir el riesgo en la circulación del tránsito vehicular e inclusive peatonal de la zona identificada como zanja San Juan, situada en el lado derecho de las calles Francisco Solano López y Curupayty de Luque, omisión que generó el fallecimiento de ambas mujeres”, refiere el escrito.
Ahora el juzgado penal de garantías deberá admitir la imputación y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si el jefe comunal de Luque va a prisión o es beneficiado con medidas alternativas a la prisión.
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Nuevo vice apunta a mejorar servicio de transporte público
El Viceministerio de Transporte cuenta con nueva autoridad, Emiliano Fernández, quien asumió al cargo el pasado 22 abril y afirmó que al tomar las riendas de la institución se enfocará en soluciones que tengan un impacto directo en la ciudadanía en el corto plazo, como la frecuencia nocturna e integración de tarifas, así como también apuntará a cambiar el modelo que produce dolor a los usuarios del transporte público, según manifestó.
“Mi obsesión es poder generar ya un alivio a la gente y en menos de un año poder tener medidas que impacten en la ciudadanía, como la integración de tarifas, que ya existe en otros países, es decir, pagar solo una vez el pasaje, también la frecuencia nocturna, esas son acciones que podemos hacer mientras diseñamos la reforma”, expresó Fernández.
El viceministro estuvo como invitado en “Fuego cruzado”, emitido por GEN/Nación Media. En este espacio, señaló que alrededor de 600.000 personas forman parte del universo que utiliza el transporte público en Asunción y en el área metropolitana e indicó que existen falencias en todos los ámbitos que hacen que tomar el bus sea un calvario para la ciudadanía, lo que ha generado una frustración acumulada.
“Esta política pública llamada transporte público, que es obligación del Estado, está fallando a la gente y no está fallando en un solo punto. Cada componente del sistema de transporte público que involucra a la flota, la frecuencia, los itinerarios, subsidios, tarifa técnica, calidad de los transportes, en todo este recorrido, todo falla, hay una falla sistémica, todos los componentes del sistema público está fallando”, aseveró.
NUEVA POLÍTICA
Fernández ya se ha reunido con organizaciones civiles como Colectivo y Opama, con los empresarios, con los representantes del billetaje electrónico y con otros actores más que forman parte del sistema. Ante ellos ya fue expuesta la visión de trabajo y la intención de cambiar en definitiva el sistema de transporte y que sea el Estado el que tenga pleno control sobre el mismo.
“Vamos a generar una política nueva de transporte público, vamos a generar espacios, vamos cumplir la ley y cuando tengamos el nuevo modelo de transporte público serán las nuevas reglas de juego del Estado; el que se sube, se sube, y el que no, tiene el campo del sector privado abierto con muchas cosas para hacer”, sentenció.
El viceministro aseguró que parte del trabajo a realizar será la visita in situ a las paradas de ómnibus, de modo de contrastar si es real lo que se manifiesta en los papeles, así también conocer la realidad de las empresas y la razón por la cual no se cumple con la frecuencia y con la calidad de los buses.
Asimismo, las normas que regulan al transporte público también deben ser evaluadas, dado que las legislaciones ya datan de varias décadas y las sanciones no tienen ningún impacto que obligue al empresario a mejorar su servicio. “Hoy la normativa es obsoleta”, cuestionó.
“Vamos a generar una política nueva de transporte público, vamos a generar espacios, vamos a cumplir la ley y cuando tengamos el nuevo modelo de transporte público serán las nuevas reglas de juego del Estado” - Emiliano Fernández, viceministro de Transporte
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Imedic: juicio oral sigue este viernes con declaración de testigos
Este viernes prosigue el juicio oral y público para la titular de la firma Imedic SA, Patricia Ferreira, enjuiciada por producción y uso de documentos no auténticos, asociación criminal y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamentos oncológicos de dudosa procedencia a nuestro país.
Para la tercera jornada de la audiencia oral, se tiene previsto que declaren cuatro testigos más propuestos por el Ministerio Público. Hasta el momento ya declararon dos testigos en el juicio oral.
El Tribunal de Sentencia que juzga este caso está integrado por Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weinsense; mientras que los fiscales son Néstor Coronel y Luz Guerrero.
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Además de Ferreira, también están siendo juzgados Nidia Godoy, directora de Imedic SA, y el despachante de Aduanas Néstor Ramírez. El caso es uno de los hechos de corrupción más grandes que se registró durante la pandemia del covid-19. El Ministerio Público considera muy grave el hecho que cometieron los acusados debido a que quisieron introducir medicamentos oncológicos para uso de terapia sobre la base del fraude, burlando los controles estatales, de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y Aduanas.
Condena a Justo Ferreira
El Tribunal de Sentencia integrado por Elsa García, Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza condenó a 3 años de cárcel a Justo Ferreira Servín, encontrado culpable por contrabando de insumos médicos durante el inicio de la pandemia en el año 2020, en el caso Imedic (Insumos Médicos) SA. Mientras que los demás acusados en ese caso fueron absueltos de culpa y pena.
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