La jueza de Paz de Villa Morra Elvira Franco levantó las medidas de urgencia de protección que pesaban en contra de Eduardo “Pipó” Dios y Nelson Valenzuela, panelistas del programa “El Repasador”, programa que se emite por Canal 13. La medida emanada de la resolución N° 7266 se dio a conocer en el marco de la presentación que realizó la exmodelo Marly Figueredo por supuestos hechos de violencia contra la mujer.
Anteriormente, la magistrada dispuso que ambos comunicadores guarden el respeto hacia Figueredo, pero con esta nueva determinación los panelistas del programa ya pueden referirse nuevamente a Figueredo sin ningún impedimento. En su momento se criticó la resolución de la jueza Franco en vista de que pretendía censurar la opinión de los dos comunicadores.
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En su momento, el abogado Óscar Tuma había señalado que “es importante aclarar que muchos jueces de Paz están cometiendo el mismo error que ha cometido la jueza. Están utilizando mal una ley que ha entrado en vigencia para proteger a las mujeres, quienes son atacadas por su condición, por el hecho de ser mujer”, explicó el abogado.
Asimismo, el profesional del derecho indicó en su momento que las publicaciones que se hacen con relación a la señora Marly Figueredo es porque ella está imputada, está investigada por el Ministerio Público y no por la condición de ser mujer, explicó meses atrás.
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Ratifican prisión y elevan a juicio proceso por el sicariato del militar Guillermo Moral
La jueza de Garantías Cynthia Lovera elevó a juicio oral y público el proceso penal contra Ángel David González Guillén, acusado de colaborar con la logística del sicariato del teniente coronel Guillermo Moral, ocurrido el 2 de octubre de 2025 frente a la Facultad de Derecho de la UNA. Asimismo, la magistrada ratificó la prisión preventiva del procesado y admitió la acusación fiscal por los delitos de sicariato y asociación criminal.
De acuerdo con la Fiscalía, el acusado habría colaborado con una transferencia de G. 800.000 destinada a financiar la vigilancia y el seguimiento de la víctima. El dinero fue entregado por su hermano, Carlos Antonio Báez Guillén, alias “Lulú”, quien también le proporcionó los datos de una cuenta bancaria para realizar el envío. González Guillén recurrió a su amigo Rolando Javier Torres Rivarola, quien finalmente efectuó la transferencia a una cuenta perteneciente a Lucía Guadalupe Portillo Benítez, tía de uno de los presuntos autores materiales del crimen, Rogelio Lemuel Díaz Brítez.
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El Ministerio Público señala que las comunicaciones por WhatsApp, los registros bancarios y las declaraciones de testigos respaldan firmemente la acusación. Por otra parte, la jueza se opuso al pedido de sobreseimiento definitivo de Jorge Guillén Bogado y remitió las actuaciones a la Fiscalía General del Estado para que, en un plazo de 10 días hábiles, ratifique o rectifique la solicitud presentada por los fiscales inferiores.
Ahora se deberá sortear quiénes serán los jueces de Sentencia que deberán juzgar al acusado por el caso registrado frente a la facultad de derecho de la UNA.
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Rematadores se manifiestan contra aumento de matrículas frente al Palacio de Justicia
Los integrantes de la Asociación de Rematadores del Paraguay se manifestaron frente a la sede del Palacio de Justicia de Asunción para solicitar el rechazo de la decisión de la máxima instancia judicial, la cual pretende liberar las matrículas y ampliar la cantidad de rematadores en la capital y otras circunscripciones judiciales del país.
El titular del gremio, Atilio Estigarribia, señaló que buscan dignificar la profesión y aclaró que no se oponen a los concursos, siempre y cuando se utilicen las matrículas vacantes por fallecimiento o renuncia, sin habilitar nuevos cupos. El representante sostuvo que existe un bajo porcentaje de remates judiciales y que la mayoría de los procedimientos se suspende, lo que afecta directamente los ingresos de los profesionales.
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“No estamos ajenos a que se haga un examen, pero que sea como el de los escribanos: con cupos limitados, basados en los fallecidos y en los que renunciaron”, manifestó Estigarribia.
Además, agregó que, de los 120 rematadores matriculados, entre el 50 % y el 60 % no tiene trabajo, una situación que, según advirtió, podría agravarse con la nueva acordada de la Corte Suprema de Justicia. En una nota presentada recientemente, la asociación solicitó revisar la normativa que regula el acceso a la matrícula de rematador público. El gremio cuestiona que se pretenda ampliar la cantidad de profesionales sin un análisis técnico previo sobre el volumen de remates judiciales realizados de manera mensual, trimestral, semestral o anual.
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MEC interviene en caso de alumna apuñalada por su compañera
El Ministerio de Educación tomó intervención en el caso de una estudiante de 15 años que resultó herida tras ser atacada con un arma blanca (navaja) por una compañera en una institución educativa del barrio Sajonia, en Asunción.
“Se auxilió a la niña afectada, se activó el protocolo y se hizo la denuncia”, manifestó este martes Erika Vargas, directora de Educación de Capital, en declaraciones al programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La funcionaria se refirió a las acciones que llevan adelante ante estos graves hechos de violencia. “Lamentamos desde el MEC lo ocurrido y expresamos nuestra solidaridad con la familia de la joven afectada”, expresó.
Añadió que al tomar conocimiento del episodio, el director y la supervisión activaron el protocolo. “Se realizaron las denuncias a las instancias correspondientes como la Policía, la Fiscalía”, precisó. Asimismo, “se auxilió” a la niña herida. “Pudimos llegar al hospital y ella está en muy buenas condiciones, a Dios gracias”, manifestó la funcionaria de Educación.
Sobre el ingreso de armas al centro educativo, aclaró que encuentran dificultades legales debido a que necesitan autorización de los padres para revisar las mochilas, atendiendo que se trata de menores de edad.
“Nosotros tenemos un protocolo que se había activado para hacer la revisión de mochilas. Para este protocolo necesitamos el visto bueno de la familia, pero al familia se opone a ello. Entonces, se complica el trabajo”, apuntó. Ante esta situación, destacó la necesidad de realizar un trabajo conjunto entre el MEC y la familia de los alumnos.
A la par, la cartera de Educación propone encarar una campaña de concienciación, de trabajo y prevención en los colegios. “Estamos trabajando con la Dirección de Desarrollo para que los chicos puedan entender lo qué es la convivencia entre pares, que la convivencia sea sana y que por sobre todo, la familia acompañe estos procesos”, detalló.
En ese sentido, recordó que son los padres los que tienen que velar por lo que los chicos llevan a la escuela, porque “si nosotros tomamos la intervención de revisión de mochilas necesitamos la autorización de los padres que muchas veces son reacios”, remarcó.
Por lo tanto, la responsabilidad es de los padres. “Nosotros habíamos remitido una planilla para la autorización de los padres, pero no cayó muy bien, no permitían la revisión”, comentó.
En cuanto a las medidas que tomarán sobre la agresión entre compañeras, señaló que van a separar a la víctima y a la agresora de acuerdo con las normativas vigentes y al protocolo activado, pero garantizando el derecho a la educación de ambas. “Vamos a ver como separarlas, pero que ambas reciban educación”, puntualizó.
La Fiscalía también va a tomar medidas porque ya pueden recibir algún tipo de imputación, agregó.
Por otro lado, mencionó que en la fecha mantendrán una reunión con un grupo de directores y supervisores y con el Ministerio del Interior para establecer mecanismos de trabajo para dar seguridad a los chicos a la entrada y salida ante la rivalidad entre colegios.
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Jueza ordenó bloquear cuentas de cuatro procesados por el caso Narcojet
La jueza de Garantías de Crimen Organizado, Rosarito Montanía, dispuso la inhibición de bienes y el bloqueo de cuentas bancarias y otros productos financieros de cuatro imputados en la investigación por los 263,7 kilogramos de hachís hallados en un jet privado estadounidense que ingresó al Hangar ubicado en el Aeropuerto Silvio Pettirossi.
La resolución fue dispuesta a pedido de la fiscala Ingrid Cubilla y afecta a Víctor Emanuel Fernández Arce, vinculado a la empresa Munser FBO; Hermann Cecilio Melgarejo Morales, quien habría actuado como despachante de vuelo; José María Fernández Vera; y Gustavo Adolfo Sandoval Lamas, exsubgerente de Seguridad de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).
La determinación comprende la prohibición de enajenar o gravar bienes muebles e inmuebles, además del bloqueo de cuentas corrientes, cajas de ahorro y otros productos financieros a nombre de los procesados en bancos, financieras, casas de crédito y cooperativas.
El Ministerio Publico argumentó que existe una sospecha razonable de que los bienes y fondos podrían provenir de beneficios económicos relacionados con actividades ilícitas vinculadas al tráfico de drogas. La jueza consideró urgente asegurar el patrimonio ante el riesgo de que los imputados puedan ocultarlo, transferirlo o modificar su situación patrimonial para evitar un eventual comiso.
Según la hipótesis fiscal, el avión Challenger 604, con matrícula N116HL, procedente de Estados Unidos y con escala técnica en Panamá, arribó al hangar el 29 de mayo de 2026, cerca de las 21:12. La investigación apunta a presuntas coordinaciones para facilitar la recepción de la aeronave y sus ocupantes, así como el acceso al establecimiento.
Esta segunda fase investigativa identificó posibles intervenciones relacionadas con la logística aeroportuaria, la descarga de la sustancia y gestiones que, presuntamente, buscaban evitar su verificación por parte de las autoridades. Las medidas patrimoniales buscan preservar bienes y fondos mientras avanza la investigación.