Este viernes, desde el Hospital Pediátrico “Niños de Acosta Ñu”, confirmaron que desde el mes de mayo hasta la fecha 8 pacientes fallecieron por complicaciones de infecciones respiratorias y más de 90 ingresaron a terapia. Instan a la aplicación de las vacunas contra la influenza y el covid.

Según el doctor Héctor Castro, director del hospital, en esta temporada se reportó un aumento muy importante de infecciones respiratorias y que en un mes pasaron por las salas de internación más de 500 pacientes.

“Estamos viendo un aumento de casos respiratorios desde el 4 de mayo hasta ahora, de forma sostenida. Hemos cerrado con casi 500 casos internados en el Hospital Pediátrico por cuadros respiratorios. De este número, 90 casos en terapia intensiva y 8 fallecidos niños”, apuntó Castro, en entrevista con la 650 AM.

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Afirmó que es muy importante estar alerta y que se extremen los cuidados, ya que recién ahora estamos con el clima frío. “Hasta la fecha de hoy, ya hemos superado las consultas por cuadros respiratorios con relación a mayo, en menos de 15 días”, manifestó.

Indicó que la excreción de los virus que contagian estos cuadros respiratorios, son mucho mayor y por más tiempo en los niños. “Los chicos representan también amplificadores de contagio que finalmente termina en personas vulnerables que desarrollan formas graves y terminan en los hospitales”, refirió.

Manifestó que cuando hay un aumento coincide con temperaturas bajas, humedad alta y ambiente cerrado, eso es lo que perpetúa el contagio. “Los niños en su gran mayoría, no vacunados contra influencia y Virus Sincitial Respiratorio (VSR), que son los que están ocasionando estos casos de internación”, puntualizó.

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• Bogotá, Colombia. AFP.

Pablo Escobar formó durante los 1980 un ejército de adolescente pobres dispuestos a matar a policías, políticos y magistrados. Con el dinero del narcotráfico los convenció de cometer crímenes horrorosos, una herencia que sigue viva en Colombia. Este tipo de crímenes, comunes en tiempos del capo abatido en 1993, volvieron a la memoria del país esta semana, tras el intento de asesinato del aspirante a la presidencia Miguel Uribe mientras se reunía el sábado con seguidores en un parque de Bogotá.

El martes, la fiscalía imputó a un adolescente de 15 años por presuntamente atentar a balazos contra el dirigente político de 39 años, que está en estado crítico en una clínica. El joven se declaró inocente y está detenido. Un video al que tuvo acceso la AFP muestra al presunto atacante moverse entre la multitud vistiendo una camiseta estampada y vaqueros. En un momento saca un arma y apunta. Suenan disparos, Uribe cae y la multitud se dispersa en pánico.

La fiscalía asegura que le propinó tres tiros. Esto “no es algo excepcional para Colombia”, dice a la AFP Mathew Charles, exasesor de Unicef en Colombia y director de la fundación de inclusión de jóvenes vulnerables Mi Historia. La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, aseguró el lunes que bandas de delincuentes utilizan a menores porque el marco jurídico es diferente al de los adultos y contempla penas más leves. Solo en 2024, cerca de 5.000 adolescentes de entre 14 y 17 años ingresaron a este sistema penal en Colombia luego de cometer delitos, entre ellos homicidio, según el Ministerio de Justicia.

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Los jóvenes que empuñan armas suelen venir de barrios marginados, con escaso acceso a educación y entornos familiares frágiles, dice Charles. Ante la falta de oportunidades, la criminalidad se presenta como única salida.

“Están buscando soluciones” rápidas para obtener dinero “porque no hay comida en la mesa por las noches en su casa”, explica. El 33 % de los colombianos son pobres. Casi el 4 % de los niños y adolescentes en edad escolar abandonaron sus estudios en 2023, año del último balance oficial.

Los grupos ilegales pagan a menores entre 50 y 500 dólares por matar, según investigaciones de Charles. A menudo son “engañados” y no llegan a ver nunca el dinero prometido, asegura.

Cuando fue detenido, el menor acusado de disparar contra Uribe decía que estaba dispuesto a “colaborar” con las autoridades y que recibió órdenes de una persona de la “olla”, como se le conoce en Colombia a los puntos de expendio de drogas.

Astrid Cáceres, directora de la entidad estatal encargada de la protección de los menores (ICBF), dice que, en buena parte de los casos, las mafias “provocan” que los menores cometan delitos “a partir del consumo” de sustancias psicoactivas.

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La pena máxima para un menor por homicidio en Colombia es de ocho años. Un adulto puede enfrentar hasta 50 años tras las rejas. Usar a menores “es una vieja costumbre” en el país que “busca claramente la impunidad y aprovecharse de su situación de marginalidad”, dice el penalista Francisco Bernate a la AFP.

Bernate sugiere que el desarrollo cerebral de niños y adolescentes es un factor determinante en estos casos. Un menor de 18 años “no tiene la plena capacidad para comprender” las “consecuencias de sus actos”.

“No solo en Colombia, (sino) en la mayoría de países del mundo, y así lo obligan los tratados internacionales, reciben un tratamiento diferenciado al de los adultos”, dice. La fiscal Camargo explicó que, a diferencia del código penal, con un enfoque punitivo, el marco legal de los menores contempla sanciones educativas y restaurativas. No van a la cárcel sino a centros especializados.

El 22 de marzo de 1990, el candidato presidencial del Partido Comunista Bernardo Jaramillo iba a tomar un vuelo. Pese a estar acompañado por escoltas, le dispararon a quemarropa y lo mataron en el aeropuerto. El joven que empuñaba el arma tenía 16 años. “Ese muchacho duró un poco más de un año detenido (...) y en 1992 apareció muerto a tiros junto a su padre en el baúl de un carro en Medellín”, cuenta a la AFP el periodista y académico Jorge Cardona.

El autor del libro “Días de Memoria”, que hace un recuento de los sucesos violentos que marcaron a Colombia entre 1986 y 1991, cuenta dos casos más. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, fue asesinado por un menor de 16 años en 1984 y Carlos Pizarro, exguerrillero del M-19 y candidato presidencial, cayó baleado por otro joven, de 20 años, dentro de un avión en 1990. Esos casos no han sido totalmente resueltos.

El tribunal de apelación ratificó la resolución del juez Francisco Acevedo, quien decretó la prisión en la cárcel de Tacumbú de Aldo Styven Pereira, procesado por coacción y robo en el que resultó víctima una mujer que se encontraba realizando actividad física en el parque Guasu Metropolitano.

Los camaristas José Waldir Servían y Cristóbal Sánchez votaron por confirmar la prisión del acusado. Mientras que el camarista Agustín Lovera Cañete votó por revocar la prisión porque ya cumplió la pena mínima. Con esta resolución judicial Aldo Pereira seguirá preso.

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Pereira había pasado solo meses privado de su libertad cuando el tribunal de apelación anuló la resolución de la jueza penal de garantía, Diana Carvallo, permitiéndole un arresto domiciliario.

De acuerdo con la acusación, Pereira Saucedo, a través de la fuerza, habría tomado del cuello a la víctima, la despojó inmediatamente de su aparato celular y de la llave de su vehículo, luego la introdujo en una zona boscosa para cometer la coacción sexual e incluso intentó ahorcarla, menciona la acusación fiscal. El hecho se registró en agosto del 2024.

En su momento, el caso generó indignación en la ciudadanía atendiendo a que el hoy acusado de forma violenta interceptó a la víctima, la llevó hasta una zona boscosa y la coaccionó sexualmente. Luego la mujer comenzó a gritar hasta que otras personas pudieron auxiliarla.

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• Caracas, Venezuela. AFP.

Arrestos, advertencias y el regreso del “dólar criminal” al discurso del gobierno: Venezuela ejerce presión sobre el mercado negro cambiario para frenar la creciente brecha con la tasa oficial. El dólar se convirtió en la moneda de facto en Venezuela desde 2018, cuando el gobierno de Nicolás Maduro despenalizó informalmente su uso. Pero no hubo una dolarización formal y entonces coexisten un dólar “oficial”, regulado por el gobierno, y uno “paralelo”.

La siempre fluctuante brecha entre ambos mercados comenzó a abrirse a mediados de 2024, cuando el Banco Central de Venezuela (BCV) redujo sus intervenciones tras meses de estabilidad en la tasa y en los precios que coincidió con la campaña a la reelección de Maduro. El problema se disparó con la decisión de Estados Unidos de revertir una flexibilización al embargo petrolero en el país, que también inyectaba divisas al mercado.

El “dólar paralelo” llegó a cotizarse entre 25% y 50% por encima de la tasa del BCV. Pero la brecha se acortó ahora de manera momentánea con la detención de unas 25 personas que publicaban el valor del “paralelo”. Con los arrestos, desaparecieron también esos indicadores del precio del dólar “paralelo”. La confusión sobre su verdadero valor puede perjudicar al comprador, pero a veces también a quien vende.

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“Me sucedió en una ferretería, me salía la compra en total eran 60 dólares, y si pagaba en bolívares me salía casi en 86 al cambio” oficial, indicó Eleazar Armas, escolta de 52 años. “Cuando pido la explicación (...) me decían que eso era lo que valía el dólar”. “Si te pones a ver es una brecha (...), pierdo yo como comerciante”, explica de su lado a la AFP Nelson Martínez, un comerciante de 30 años.

En Venezuela, el pago en efectivo es normalmente en dólares, aunque la brecha cambiaria llevó a que la gente vendiera divisas para pagar con bolívares más baratos. Los comercios están obligados a cobrar a la tasa oficial, pero algunos usaban el paralelo. Otros hacían un promedio entre el oficial y el negro o tenían como referencia la tasa del euro, que es más alta. Está también el que hace un descuento de hasta 25% si el pago es efectivo o transferencia bancaria en dólares. El sistema de envío de dinero interbancario estadounidense Zelle es muy popular en Venezuela.

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El mercado negro surgió en Venezuela a la sombra de un férreo control de cambio que estuvo vigente por 15 años. Las autoridades detuvieron en 2016 al dueño de una página web que cotizaba el dólar negro y más detenciones siguieron en años posteriores. El ministro del Interior, el poderoso Diosdado Cabello, explicó el pasado 28 de mayo que una investigación “silenciosa” llevó a los arrestos de esta veintena de supuestos responsables de fijar el paralelo en portales de internet ahora desaparecidos.

El dueño de una plataforma de criptomonedas, que servía también de referencia para el dólar, publicó un video para anunciar el cese de operaciones y expresar que estaba “arrepentido”. Aseguró que “de ninguna forma” buscó “promover la especulación sobre el dólar paralelo”. La brecha “no va a desaparecer de la noche a la mañana”, explicó Aaron Olmos, economista de la prestigiosa escuela de negocios IESA. “Puede tender a minorarse” tras los arrestos, pero “los comercios y las personas van a buscar una forma alternativa”.

La brecha cambiaria abre la puerta a más inflación, frecuente fantasma en la economía de Venezuela. Maduro culpaba al “dólar criminal” de la profunda crisis, que registró siete años de recesión y cuatro de hiperinflación. Fue la misma moneda que luego calificó de “válvula de escape” a la cruda realidad agravada con las sanciones al petróleo.

En marzo, cuando se expandía la brecha, arremetió de nuevo contra el “dólar de guerra”, un “viejo enemigo de la economía venezolana”. “El intento de controlar referencias cambiarias eliminando páginas (...) no corrige ni la escasez ni las expectativas”, dijo el economista Luis Vicente León. El cese de las intervenciones del BCV “ha permitido aumentar reservas, pero al mismo tiempo ha contribuido a una mayor devaluación del bolívar”.