La Fiscalía investiga un posible feminicidio, tras la muerte de una adolescente de 18 años en Villa Hayes, luego de la denuncia de familiares de presunta violencia y amenazas de muerte de parte de su pareja. La víctima, identificada como Sara Elizabeth Prieto (18), fue encontrada sin vida en el baño de su vivienda.

Según el fiscal, el cuerpo presentaba hematomas y rastros de lesiones que llamaron la atención de los investigadores. La denuncia fue presentada en la mañana del miércoles, en la sede del Ministerio Público de Villa Hayes. “Aproximadamente a las 9:00 se acerca una familia a comunicarnos que a eso de las 6:40 encontraron a su hija de 18 años en el baño, sin signos de vida”, relató el fiscal César Pujol, en declaraciones a C9N.

Los familiares trasladaron a la joven hasta el Hospital de Villa Hayes, en donde confirmaron su deceso. “Manifestaron que la noche anterior ella había recibido una llamada telefónica y pidió auxilio a su familia porque su pareja le había amenazado de muerte y le había violentado”, detalló el agente fiscal.

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Por esa razón, los familiares se acercaron a hacer la denuncia. “Estamos haciendo las investigaciones a fin de determinar la verdadera causa de muerte”, añadió.

El representante del Ministerio Público mencionó que llamó mucho la atención el primer diagnóstico del hospital que determinó como causa de muerte asfixia por ahorcamiento.

“Llamó mucho la atención porque, conforme a las averiguaciones que conseguimos de las diligencias realizadas, una de las amigas había manifestado que días antes la pareja le había apretado el cuello tratando de ahorcarle, más la amenaza de muerte”, subrayó Pujol.

Una vez inspeccionado el cuerpo, observaron hematomas a nivel del miembro inferior, en la pierna derecha, como también en las rodillas y en los brazos. “Por ese motivo, el médico forense dispuso que se haga la autopsia para determinar la causa de fallecimiento y esclarecer las circunstancias”, apuntó.

El supuesto autor, Carlos Walter Mencia (19), ya se encuentra aprehendido. Todo indica que se trataría de un nuevo caso de feminicidio. “Hay indicios, tanto las declaraciones de las amigas como de la madre y algunos mensajes telefónicos que nos indican que nos encontramos ante un hecho de violencia”, puntualizó el fiscal.

Sin embargo, no hay antecedentes de denuncias anteriores por violencia familiar.

Asimismo, cuentan con imágenes de circuito cerrado de la vivienda donde ocurrió el hecho y de casas aledañas. Ya se encuentra a cargo del personal de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional para su estudio.

“También llamó mucho la atención que en el hogar se encontró una soga en el baño que, según los familiares, no era de la casa, y conforme a las lesiones inferiores, descartamos que se haya hecho pasar como un hecho de suicidio”, manifestó.

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El Ministerio de Desarrollo Social defendió la gestión del programa Hambre Cero, ante cuestionamientos sobre las cantidades de almuerzos servidos. Mediante un comunicado divulgado este lunes, explicaron que las diferencias entre la cantidad de alumnos registrados y los almuerzos servidos responden a controles y ajustes periódicos. Aseguró que ningún estudiante quedó sin almuerzo, según el informe de la Contraloría.

En ese sentido, mencionan que a dos años de la implementación del programa Hambre Cero, se está proveyendo de alimentos a alrededor de 1.050.000 estudiantes, en más de 7.000 escuelas del país. Mencionan además, que se realizan verificaciones diarias y ajustes quincenales en la provisión de alimentos escolares para evitar sobrantes y racionalizar los recursos públicos.

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Explicaron que durante este tiempo que se lleva ejecutando de forma exitosa el programa de alimentación escolar el ministerio de Desarrollo Social ha registrado una incidencia económica sobre los sectores involucrados en la provisión de alimentos, especialmente la agricultura familiar, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), dedicadas a la producción de insumos alimenticios y servicios, que a su vez impacta de manera directa en la generación de empleos.

En el comunicado señalan que la cantidad de alumnos prevista para el programa Hambre Cero se estableció tomando como referencia los datos del Registro Único de Estudiantes (RUE) del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), correspondientes a 2023, que sirvieron de base para las licitaciones.

“Las diferencias puntuales respecto a cantidades de alumnos de algunas escuelas y la cantidad de almuerzos servidos se deben a los ajustes realizados tras los controles y verificaciones que se realizan diariamente, donde la prioridad es evitar sobrantes de comida y salvaguardar los recursos públicos”, expresa en uno de los puntos de la aclaratoria.

Finalmente, desde el ente social destacan que estos ajustes quincenales en las órdenes de servicio permiten racionalizar los recursos destinados a Hambre Cero y ampliar la cobertura a estudiantes de la Educación Media en Asunción, Central y Presidente Hayes. Asimismo, la institución indicó que, según el informe mencionado, la Contraloría General de la República constató que ningún alumno quedó sin almuerzo.

“Los ajustes que se hacen cada 15 días con las Órdenes de Servicio emitidas aseguran la racionalización de los recursos. El ministerio de Desarrollo Social reafirma su compromiso con la transparencia y el uso responsable de los fondos del programa”, concluye el comunicado.

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La abogada, especialista en derecho penal, gobernabilidad, gerencia política y gestión pública, Dannia Ríos Nacif, defendió la iniciativa popular que plantea hasta 20 años de cárcel para quienes interfieran, alteren o dañen la percepción natural del niño acerca de la sexualidad o su identidad biológica.

“El proyecto de ley propone modificar el artículo 135 del Código Penal incorporando un apartado nuevo, el 135c. Este apartado tipifica como abuso infantil la elaboración, distribución, promoción o difusión de materiales o actos dirigidos a niños que interfieran, alteren o dañen su percepción natural sobre la sexualidad, el ejercicio de ella o su identidad biológica de los mismos”, afirmó Ríos Nacif en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

Añadió también que “estas conductas atentan contra el desarrollo armónico del niño, el mismo bien jurídico protegido en los casos de abuso sexual en niños, denominado indemnidad, el cual consiste en el derecho del niño a no sufrir interferencias o daño en el proceso de formación adecuada de la personalidad”.

Mencionó que a través de la propuesta se “busca proteger el derecho constitucional del niño, contemplado en el artículo 54 de la Constitución Nacional, que obliga a la familia, la sociedad y el Estado, que incluye a todas las instituciones, funcionarios y autoridades, a garantizarle su desarrollo armónico e integral, protegiéndolo, entre otras cosas, contra el abuso”.

Detalló que la incorporación del artículo 135, inciso c, “abuso bajo otras formas”, no modificará ni reducirá las penas y conductas ya tipificadas en los artículos 135a y 135b. “Se mantienen según la ley vigente (Ley N.º 7394/24). Solo se agrega una figura penal nueva que protege el mismo bien jurídico”, afirmó.

Con relación al cuestionamiento de la senadora opositora Esperanza Martínez, quien sostiene que la iniciativa adolece de serios problemas constitucionales y que restablece penas más bajas para los abusadores sexuales, la abogada dijo que “esas afirmaciones no se ajustan a la verdad. El proyecto no reduce ninguna pena. Las penas por abuso sexual en niños se mantienen conforme a la ley vigente (Ley N.º 7394/24). El texto se elaboró originalmente en el año 2023 y, mediante el trámite correspondiente, será incorporado al marco legal vigente”.

Agregó que “en cuanto a la constitucionalidad, precisamente el proyecto se fundamenta en el derecho constitucional que protege al niño en su etapa de desarrollo (artículo 54 de la Constitución Nacional). Por lo tanto, este derecho no puede dejar de ser atendido, tratándose del sector más vulnerable. Invocar derechos de adultos para introducir estas ideas en niños, atenta contra ese derecho y, en última, prevalece el interés superior del niño”.

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Consultada sobre si el proyecto apunta a impedir toda forma de acceso a la información sobre diversidad sexual y género, Ríos Nacif argumentó que “el proyecto no prohíbe que los adultos accedan a información ni que discutan estos temas entre mayores de edad. Lo que busca es impedir que se introduzcan en la educación y en actividades dirigidas a niños, aquellos contenidos que interfieran en la formación de su identidad biológica y sexual, atentando contra su indemnidad. El objetivo es la protección del niño”.

Respecto a las afirmaciones de que la iniciativa equipara la educación sobre género con el abuso infantil, la abogada comentó que “el proyecto tipifica como abuso infantil aquellas acciones o materiales dirigidos a niños que le presenten la idea de que la identidad no responde al dato biológico, sino que se construye o se autopercibe y le siembra la duda acerca de la sexualidad o su identidad. Valga señalar que el niño no está en condiciones de comprender ni de consentir este tipo de ideas por ser un ser en desarrollo, es decir, no se trata de cualquier educación”.

Señaló que la iniciativa popular amparada en el artículo 123 de la Constitución Nacional y las leyes, se encuentra impulsada especialmente por padres de familia y cuenta con el respaldo de las organizaciones como FEDAPAR, FENAPEP, FRENVIFA, RECNAPY y Somos Muchos Muchos Más. “También cuenta con el apoyo de sectores confesionales, sectores de la iglesia católica como evangélica y la firma de más de 50.000 ciudadanos”, comentó.

Puntualizó también que requerirán al Congreso Nacional que dé celeridad al tratamiento y sanción del proyecto de ley, en respeto a las 50.000 firmas ciudadanas que dan aval a su presentación.

“En las próximas semanas se acompañará el trámite legislativo, se mantendrá informada a la ciudadanía y se continuará el diálogo con los legisladores para que el proyecto sea estudiado y aprobado, protegiendo el desarrollo armónico de los niños en cumplimiento al artículo 54 de la Constitución Nacional”, argumentó.

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El secretario de Estado aclaró, además, la situación con los proveedores del almuerzo escolar.

El ministro de Desa­rrollo Social y titular del Consejo Nacio­nal de Alimentación Esco­lar, Tadeo Rojas, repudió la campaña impulsada por sec­tores políticos y mediáticos que apuntan a desvirtuar la importancia del programa Hambre Cero en las

Escuelas, en el marco de una campaña rumbo a las elec­ciones internas partidarias y las presidenciales del 2028. A la vez, informó que, pese a los tres meses de atrasos con el pago a proveedores, el ser­vicio continúa ejecutándose sin inconvenientes.

“Yo creo que es una versión absolutamente interesada y política, habida cuenta del escenario en que nos encon­tramos. Algunos quieren des­virtuar la importancia de este programa y del impacto social y económico que tiene el programa porque deben buscar discursos para desa­creditar un proyecto e indu­dablemente al Gobierno”, refirió ayer al programa “Arriba hoy”, del canal GEN y Universo 970 AM / Nación Media.

Las declaraciones de Rojas surgen ante las afirma­ciones de que la iniciativa impulsada por el gobierno de Santiago Peña se ha con­vertido supuestamente en un soporte político y econó­mico para los gobernadores del Partido Colorado en las contiendas electorales. “Si vamos a hablar de que Ham­bre Cero, es una plataforma política y económica, hay que verificar los resultados elec­torales de las últimas muni­cipales”, comentó.

Rojas colocó como ejemplo el caso del gobernador de Ita­púa, Javier Pereira Rieve, quien postuló a su hermano, el diputado Carlos Pereira Rieve, para la intendencia de Encarnación, y a su esposa, Nancy Berndt, para la inten­dencia de Cambyretá.

“Un ejemplo claro y conciso es Itapúa. Hay que recordar que en ese departamento el gober­nador es liberal y es adminis­trador del contrato Hambre Cero en la zona, y este señor gobernador le candidató a su hermano para intendente de Encarnación, nada

más y nada menos que en la capital del departamento, y este señor le candidató tam­bién a su esposa como can­didata a intendente en otro distrito grande e impor­tante electoralmente como es Cambyretá”, comentó.

El alto funcionario de Estado agregó: “¿Cuáles fueron los resultados en ambos dis­tritos? Perdió. Entonces, ¿dónde se puede tener esa muestra de que supuesta­mente Hambre Cero es un refuerzo político y econó­mico? Si nos ponemos a eva­luar, hubo capitales departa­mentales en donde perdieron los gobernadores”.