El director de Ciberseguridad y Protección de la Información del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), Jorge Levera manifestó que la cartera estatal impulsará una denuncia local ante la amenaza informática contra sistemas del Gobierno de Paraguay en busca de informaciones vinculadas a la política y economía de nuestro país.

“Esto es un trabajo que comenzamos desde el inicio del año con el Comando Sur de los Estados Unidos, monitoreamos las redes del gobierno a base de indicios que teníamos de datos infiltrados, buscamos patrones que eran anormales al tráfico de datos de las instituciones, que se daban en los fines de semana o durante las noches”, dijo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

De acuerdo a las informaciones proveídas el ataque cibernético es presuntamente orquestado por organizaciones vinculadas al gobierno de China. Esto tras lograr identificarse como actor de la amenaza informática al grupo denominado Flax Typhoon que posee base de operaciones en el citado país.

“Realizamos durante 6 meses un monitoreo intenso, recabando datos para encontrar el origen de este problema. Se identifican a las organizaciones por la forma en que operan, los objetivos que tienen, las herramientas que usan, las direcciones IP por donde se manejan. Toda esta información nos sirve a nosotros para llegar a las conjeturas que tenemos, normalmente esto lo hacen en los periodos de alta actividad diplomática nuestra, buscan las informaciones relacionadas con la Cancillería”, sostuvo.

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Asimismo Levera siguió sosteniendo que “Vamos a hacer una denuncia local ante la Fiscalía con las pruebas que tenemos”. Señaló que no se descarta recurrir a organismos extranjeros con el fin de determinar que acciones se pueden impulsar en el campo internacional.

Sin embargo, afirmó que no será tarea fácil exponer las conexiones entre el gobierno chino y el grupo de hackers debido a que normalmente operan como empresas de fachadas. “Trabajan no solo para gobiernos, sino también para entidades interesadas en obtener información sensible”, dijo el funcionario de Estado.

Ante los comentarios que acusan al gobierno del mandatario Santiago Peña de minimizar la situación, Levera afirmó que este tipo de investigaciones requieren sigilo para no alertar a los atacantes. “Si se hace pública la investigación antes de tiempo, los responsables detienen sus actividades, dificultando su rastreo”, manifestó.

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Por Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa

Vamos a hacer una comparación asquerosa, hablemos del famoso “pique” o pulga de pie. Cuando tenés un pique, normalmente en los pies, lo primero que sentís es una molestia y lo único que ves al comienzo es un pequeñito punto negro. Si sos citadino o extranjero, lo primero que podés pensar es una espina, o una picadura de algún bicho, pero si sos paraguayo, inmediatamente sabrás que ese puntito negro significa que debajo de la piel hay más de 200 huevos de pique y pus.

Hoy quiero comparar el pique con la cantidad de denuncias recepcionadas por violencia contra las mujeres. Porque el puntito negro solo es la punta del problema, al igual que las denuncias son solo la punta del problema muchísimo mayor de violencia que enfrentan las mujeres en el interior.

En Itapúa, desde enero hasta octubre del 2024, el Ministerio Público recepcionó 1.308 denuncias por violencia familiar, entre ellas maltrato verbal, golpes, abuso sexual, manipulación y amenazas.

En el Palacio de Justicia de Encarnación, desde enero a octubre del 2024, se registraron 4 casos de feminicidio y 244 casos de violencia familiar que llegaron a instancias judiciales a través de los juzgados de garantías del n.º 1 al 5 en Encarnación, el juzgado de garantías de María Auxiliadora, el juzgado de garantías de San Pedro del Paraná y el juzgado penal de la adolescencia.

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Respecto a condenas en este año, no podemos dejar pasar dos ejemplares condenas por feminicidio y una condena por tentativa de feminicidio. La primera fue de 30 años al expolicía, suboficial Ramiro Rodas, quien asesinó a su pareja Alicia Fernández de 37 años en el distrito de San Juan del Paraná. El feminicida la violó, mordió y estranguló, y fue el hijo que tenían en común quien encontró a su mamá sin vida a la mañana siguiente.

La segunda condena sentenció a 23 años a Lelio Lugo, un hombre que golpeó a su pareja Lourdes Ramona Mareco de 49 años en la cabeza y la arrojó al empedrado desde su vehículo en movimiento en Pirapey km 40. Y la última condena por feminicidio en grado de tentativa fue a Javier Maqueda Garay, sentenciado a 17 años de prisión por atacar con un cuchillo a su expareja Laura Garcete, a quien hirió en el rostro y cuello, sobrevivió porque los hermanos la auxiliaron. Ocurrió en Cambyretá.

Todos estos casos son un puntito negro de la violencia que existe en el interior del país, dicho en otras palabras, la punta del iceberg.

Una de las magistradas del tribunal de sentencia que estuvo detrás de varias condenas ejemplares este y otros años es la jueza Liz Sanabria de Gneiting, quien expresa la preocupación desde el ámbito judicial por la falta de denuncias a raíz del desconocimiento de las leyes, el temor por la falta de protección y la falta de tribunales y juzgados especializados en violencia contra la mujer.

“Nos damos cuenta del aumento significativo de violencia contra las mujeres y por ende contra niños, por la cantidad de casos de juicios que manejamos por día. Son prácticamente 5 juicios por día y de ellos 3 son abusos sexuales en niños y 2 de violencia. Luego se divide en los demás hechos punibles comunes, hurto, homicidio, estafa, pero el mayor índice en primer lugar es el abuso sexual en niños, la prestación alimentaria y la violencia familiar donde generalmente la principal víctima son las esposas, y las víctimas colaterales, los hijos”, expresa la magistrada.

Desde el estrado, los jueces escuchan todo tipo de historias, pero las que más consternan son sobre mujeres que no se animan a denunciar, e incluso que si denuncian, no tienen respuesta efectiva del Estado ni acceso a la justicia. Su principal inquietud es que las mujeres tengan un acceso efectivo a la justicia, con respuestas prontas por parte de la Fiscalía y emisiones de medidas cautelares inmediatas por parte de los juzgados de paz. Cada denuncia con respuesta efectiva de los órganos de justicia significa que se puede salvar una vida.

Sin embargo, los jueces preocupados en Itapúa por esta realidad no solo luchan contra la violencia desde sus despachos y salas de juicio, sino que viajan al interior del séptimo departamento para capacitar sobre las leyes que amparan a las mujeres víctimas de violencia, enseñando tanto en escuelas como en barrios las vías legales para proceder apenas sufren amenazas o golpes.

Hace algunas semanas implementaron como capacitación el proyecto “el juez que yo quiero” de la Corte Suprema de Justicia y capacitaron en los distritos de Tomás Romero Pereira, Cambyretá, Carmen del Paraná y comunidades indígenas de Trinidad y otros puntos, rotando los jueces que participaron según disponibilidad de tiempo.

“Tratamos de llegar a la gente para que sepa que no está sola, y para que conozcan cuáles son los lugares y los números a los que pueden recurrir. Llevamos hace poco el móvil mujer al distrito de Carmen del Paraná y recibimos muchas consultas sobre cómo denunciar en casos de violencia y eso es porque las políticas públicas de prevención no están funcionando tan bien y no están llegando a los sector más alejado de las redes sociales y de la televisión, donde se suelen ver los números de fonoayuda por ejemplo. Se debe llegar a la mujer rural, y no solo a las mujeres de la ciudad”, dice con desazón Sanabria.

En el interior se vive una realidad bastante distinta que en la ciudad, y con las experiencias de capacitar sobre leyes, pudieron observar los marcados horarios, permisos y trabajo que tienen las mujeres. Cuando las actividades rondaban las 17 horas, la mayoría de las mujeres se retiraron porque alegaban que debían meter las vacas a las casas, pero luego confesaban que sus maridos no las dejaban estar fuera del hogar una vez que oscurece.

“La mujer rural trabaja muchísimo y a la par del hombre, y donde está el reconocimiento de los derechos que ella tiene. Es una muestra clara que existe el machismo muy arraigado en nuestra sociedad. Lo vemos en todos los ámbitos. El hombre aún no tiene ese respeto de igualdad que debe tener a las mujeres”, apunta la magistrada.

Si bien, la cantidad de juicios por abuso y violencia indican que la gente se está enterando que puede denunciar, la realidad demuestra el miedo que sufren las víctimas. La mayoría de las denuncias llegan por vecinos o personas que conocen sobre los episodios de violencia en las casas. También sucede que una vez que llegan los casos al Palacio de Justicia, las mujeres se quieren desdecir, negar la denuncia y salvar a su pareja o marido, ya sea por dependencia emocional o dependencia económica.

La jueza Sanabria forma parte del proyecto de la creación de los tribunales especializados en violencia contra la mujer, que no fue contemplado en la Ley 5.777. Ella, junto a sus colegas y todos los funcionarios de los órganos de justicia, aguardan la oportuna aprobación e implementación de este proyecto para tratar cada caso de violencia contra las mujeres como corresponde desde el sur del país.

Es hora de sacarnos el pique y el pus que hay detrás, denunciemos los casos de violencia en la comisaría más cercana, los juzgados de paz, la Fiscalía, las oficinas del Ministerio de la Mujer y de la Defensoría Pública, o directamente llamando al 137. Si necesitas orientación legal o psicológica podés llamar al (021)452051/2.

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El agente fiscal, Osmar Segovia, presentó imputación contra 5 personas por hechos punibles relacionados al narcotráfico en el marco de los allanamientos del operativo Sudamericana, que logró desbaratar a una red de narcotraficantes que querían comercializar droga durante la final de la Copa Sudamericana.

Los hechos punibles imputados a los detenidos son tenencia sin autorización y comercialización de sustancias estupefacientes. Los imputados son Nelson Marcial Espínola Pérez, quien fue encontrado en una vivienda ubicada sobre la calle Santiago casi Dr. Pedro Ciancio, barrio Jara, Asunción, habría estado en posesión, sin autorización, de un total de 4,209 kilogramos de supuesto clorhidrato de cocaína. Así también dinero en efectivo, balanzas, teléfonos celulares, bolsas de polietileno, utensilios con restos, armas de fuego y municiones, agendas con anotaciones varias, entre otras evidencias.

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También fue imputado Víctor Manuel Ortigoza Pérez, Brahian Sebastián Ferreira Marín y Maikol Yeferson Ferreira Marín, quienes estaban en una vivienda ubicada en el barrio Jara, Asunción, donde fueron hallados en posesión de tres porciones de supuesta cocaína con un peso total de 2,3 gramos, una porción de supuesta pasta base de cocaína con un peso total de 1,3 gramos. Así también, dinero en efectivo de baja denominación, teléfonos celulares y un arma de fuego, entre otras evidencias.

La lista de imputados sigue con Yilda Elizabeth Ferreira Marín, en cuyo poder se habría hallado 6,9 gramos de supuesta cocaína, y 35,6 gramos de supuesta cocaína. Además de dinero en efectivo de baja denominación, aparatos celulares, varias joyas de plata, entre otros elementos, lo cual permite presumir que la misma se dedicaba a la venta de sustancias ilícitas.

Todas las sustancias halladas estaban acondicionadas en moñito de bolsa de hule, preparadas de esta forma para su venta y distribución en las inmediaciones del lugar. El hecho fue detectado a raíz de un allanamiento llevado a cabo por el citado agente fiscal, funcionarios del Ministerio Público y agentes especiales de la Senad.

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Un grupo de miembros del Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), junto a movimientos internos y algunos legisladores presentaron una denuncia contra Hugo Fleitas, presidente de la organización política, argumentando el incumplimiento y la violación de numerosos artículos del estatuto liberal. El diputado Rodrigo Blanco sostuvo que esta decisión apunta a recuperar la institucionalidad del partido ante la crisis dirigencial.

“Yo creo que, independientemente a lo que lo que tenga que decidir o vaya a decidir el Tribunal de Conducta, creo que lo más importante a destacar en este caso es el esfuerzo que está haciendo por recuperar la institucionalidad del partido”, indicó Blanco en conversación con La Nación/Nación Media. Así también, indicó que lejos de tomar decisiones en mayoría, la Convención, se ha tomado el camino que marca el estatuto partidario, dejando en manos del Tribunal de Conducta partidario, tomar la decisión sobre las sanciones ante esta denuncia.

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“El único órgano sancionador en el partido es el Tribunal de Conducta, que sea el Tribunal de Conducta el que evalúe y el que decida finalmente conforme a un proceso que tiene que ser llevado con todas las garantías para todas las partes”, aseveró.

La sanción solicitada por el grupo de liberales, es la separación del cargo al actual presidente del PLRA. “La sanción que se solicita, es una sanción de segundo grado establecida en el estatuto, la cual establece puntualmente la separación del cargo, no la expulsión en calidad de afiliado, sino la separación de las funciones, en este caso de presidente, que hoy le corresponde a Hugo Fleitas”, explicó el legislador.

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Por otra parte, se refirió a la acción presentada por un sector del partido ante la Justicia Electoral contra la decisión tomada por la Convención realizada el pasado 6 de octubre, donde se resolvió adelantar las elecciones internas para el 17 de agosto del 2025.

“Finalmente, la Justicia Electoral es la que va a resolver esta situación, es lo que corresponde, nosotros estamos sumamente tranquilos y seguros del proceder que se ha tenido todo este tiempo y estamos muy confiados que todo este proceso va ser ratificado y vamos a tener elecciones partidarias el próximo 17 de agosto del 2025″, sentenció.