El gobierno de Santiago Peña está previendo la descentralización del exitoso método Barrido Predial Masivo, que lleva adelante el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Con esto se pretende llegar a 50.000 títulos de propiedad durante su mandato.

Francisco Ruíz Díaz, titular del ente, explicó que para lograr la descentralización del Indert están analizando la forma de establecer 4 divisiones independientes que estarán distribuidos en Sur, Norte, Centro, y Este.

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“El nuevo proyecto será monitoreado por la propia oficina de proyectos prioritarios de la presidencia de la República, que hará el seguimiento del proceso, y que eleva significativamente la meta de titulación de tierras, apuntando a entregar 50.000 títulos de propiedad y ratificar que la titulación de tierras ya es uno de los proyectos más emblemáticos y prioritarios del Gobierno nacional“, expresó Ruíz Díaz.

Asimismo, señaló que la idea es establecer la División Sur, que abarcarán los departamentos de: Ñeembucú, Misiones, e Itapúa; para la División Norte incluirán los departamentos de: San Pedro, Amambay y Concepción; en tanto, la División Centro abarcarán los departamentos de: Guairá, Caazapá y Paraguarí. En la División Este formarán parte los departamentos de Cordillera (colonias que contengan lotes rurales), Caaguazú, Alto Paraná y Canindeyú.

Se establecerá una División de Asentamientos Rurales que abarcará al departamento Central y Cordillera (esta división incluirá únicamente lotes de asentamientos rurales considerados sitios, con las características similares a los que existen en las zonas urbanas).

“Con este ambicioso proyecto, se buscará llegar a cifras históricas, con una meta de titulación de 50.000 propiedades, que será más del doble que el número alcanzado en el periodo del presidente Juan Carlos Wasmosy, cuando se llegó a titular 22.561 inmuebles, desde el año 1993 a 1998″, mencionó.

El presidente del Indert explicó que el objetivo de elevar los indicadores de titulación de tierra, que es una de las formas más efectivas de combatir la pobreza en el campo; el gobierno ya tomó varias determinaciones, como reducir la tasa de interés en el financiamiento del 12% al 0% para las mujeres y del 12% al 4% para los varones.

“Con esta decisión también se reduce paulatinamente la inequidad de la titularidad de las tierras entre varones y mujeres”, remarcó.

Asimismo, señaló que otras de las medidas adicionales y más recientes que realizó el gobierno nacional, es la presentación del proyecto de Ley para ampliar el plazo de financiamiento de 15 a 25 años para las mujeres, sin intereses y de 10 a 20 años para los varones. Con esta medida se logrará bajar el valor de las cuotas y volver más accesible la posibilidad del pago.

Este proyecto el presidente de la República entregó en propias manos al presidente del Congreso, Basilio Núñez, en oportunidad de la entrega masiva de títulos en la ciudad de Coronel Oviedo, el pasado mes de marzo.

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En la actualidad, existe un cambio histórico en el abordaje del tema de titulación para las mujeres rurales con el actual Gobierno. Bajo el mandato de Santiago Peña, el 56 % de los 9.000 títulos de tierra entregados son para mujeres, frente a un promedio del 28 % en gobiernos anteriores.

La ministra de la Mujer, Cynthia Figueredo, destacó en conversación con La Nación/Nación Media el gran trabajo que se está desarrollando a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) mediante la titulación masiva de tierras en favor de la mujer rural.

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Indicó que esto ayuda al empoderamiento de la mujer, que a su vez, brinda garantías para el bienestar de la familia, ya que se sabe que el 40 % de la población rural está a cargo de las mujeres jefas de hogar.

Esta política de titulación de inmuebles a favor de las mujeres rurales ha permitido la promoción de las mujeres al acceso de las tierras con el interés a cero por ciento, con una financiación hasta 15 años de plazo, cuando anteriormente eran solo de 10 años.

“Con este incentivo para las mujeres, aseguramos el empoderamiento de las mujeres. El acceso a la tierra hace que ellas puedan asegurar un techo que a su vez brinda un techo seguro, una vida digna a sus hijos, así como alimentación segura, educación segura. Todo esto va generando una cadena de buena vida, sobre todo para la ciudadanía rural”, enfatizó.

Hace unos días el presidente Santiago Peña entregó al titular del Congreso Nacional el proyecto de Ley que ampliar a 25 años el plazo de financiación para los inmuebles rurales, en favor de las jefas de hogar.

La ministra Figueredo resaltó que junto con el Indert están desarrollando un protocolo contra la violencia; de tal modo que las mujeres que acceden a un título de su inmueble patrimonial igualmente estén protegidas. Sumado a lo que es la capacitación en lo que son la prevención contra la violencia.

Asimismo, están trabajando en todo lo que es el sistema del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), así como con la mesa interinstitucional que está compuesta por 33 instituciones del Estado, de tal forma a poder articular las acciones como ente rector de las políticas de mujeres rurales y sobre todo con las mujeres del campo.

Después de 12 años de vigencia de la Ley, el año pasado en octubre, con la lectura del noveno informe, se conformó por primera vez la Red de Mujeres Rurales en el Paraguay.

“Esto es un avance que nos marca la política de mujeres rurales y su conformación hace que todas las mujeres organizadas de todas las zonas del país puedan comenzar a trabajar articuladamente con las diferentes instituciones, y con las diferentes acciones que vienen realizando las instituciones con las mujeres”, remarcó.

Entrega de títulos en el gobierno de Santiago Peña

• 56 % de los 9.000 títulos entregados son para las mujeres
• Frente a un promedio del 28 % en gobiernos anteriores.
• 40 % de la población rural está a cargo de las mujeres jefas de hogar.
• La política a favor de las mujeres aplica la tasa de 0 % en las cuotas de los lotes, con financiación de hasta 15 años.

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La genuina democracia no es indiferente a los desvaríos de las mentiras, la demagogia y el populismo y menos todavía en el ámbito de la economía. Decimos la eco­nomía porque si hay algo ineludible para la sobrevivencia del ser humano - puesto que forma parte de su naturaleza - es la de tratar de mejorar sus condiciones de vida mediante mejores comodidades y oportunidades para las personas, las familias y el mismo país. De nada serviría votar periódicamente si al final del tramo o del mandato la gente no ve que mejoran sus ingresos o que mejore la calidad de vida de la comunidad.

De suyo, las buenas ideas no son fáciles de encontrar y menos aún de llevarlas a la práctica. En el caso de muchos gobier­nos especialmente durante las campañas electorales las más de las veces las pro­mesas suben de tono y al final se quedan en el baúl de los recuerdos.

Y hablando de ideas correctas llevadas a la práctica y comprometidas durante la campaña electoral, la titulación de tie­rras es precisamente eso. En el gobierno del presidente Santiago Peña a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) se está haciendo realidad el sueño aspiracional del cam­pesino, esto es, ha otorgado más de 9 mil títulos de propiedad en sólo 18 meses, un récord histórico en nuestro país.

En ese sentido, es importante poner en contexto la realidad histórica de la titu­lación de tierras, para que la gente tenga noción de la importancia de este avance. En administraciones anteriores, el número de títulos entregados de manera anual promediaba los 900, cantidad que queda muy por debajo de las estadísticas actuales, y que -de acuerdo a la voluntad de este gobierno y del continuo trabajo que realizan desde el Indert, esas titu­laciones masivas se seguirán desarro­llando.

Pero el Ejecutivo nacional no se ha que­dado satisfecho con ese logro. Desea ir más lejos y por tal motivo el primer mandatario ha emitido órdenes direc­tas y precisas para que se establezcan en el territorio nacional las Divisiones de Asentamientos Rurales in situ que ten­drán atribuciones de inclusión de lotes con la correspondiente titulación en los asentamientos rurales que por sus carac­terísticas se hallan alejados de los cen­tros urbanos, por lo difícil que resulta el traslado de los pobladores.

Todavía más, de modo a contar con más documentos legales que hagan efectivo los sueños y esperanzas de los hom­bres y mujeres del campo, el gobierno del presidente Peña redujo las tasas de interés para el financiamiento del 12 por ciento al 0 por ciento para las mujeres y del 12 por ciento al 4 para los varones, lo que implica terminar con aquella detestable inequidad en el trato entre hombres y mujeres.

Es de destacarse, además, que con el gobierno actual se vienen entregando títulos de propiedad a más mujeres que a hombres. Según los datos oficiales, estos indicadores favorecen a las mujeres del campo, que es reconocido por organis­mos internacionales como la FAO. En el periodo de gobierno del presidente Peña, el 56 % de los títulos de tierra entregados son para mujeres, frente al promedio del 28% en gobiernos anteriores, lo cual es un aspecto positivo.

Esto significa, ni más ni menos, un nuevo equilibrio en la historia de derechos mostrando a propios y a extraños que en Paraguay la igualdad no es una mera declaración de deseos expresados en rim­bombantes documentos.

La justicia de Perú anunciará este martes la sentencia contra el expresidente Ollanta Humala en el caso por presuntos aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht y de Venezuela a sus campañas de 2011 y 2006, en el que arriesga 20 años de prisión.

El fallo pondrá fin a más de tres años de audiencias contra este exteniente coronel de centroizquierda que gobernó Perú entre 2011 y 2016. Odebrecht, cuyo escándalo de sobornos y corrupción salpicó a varios países de América Latina, reconoció en 2016 haber repartido decenas de millones de dólares en coimas y donaciones electorales ilegales en Perú desde inicios del siglo XXI.

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La lectura del fallo contra Humala en el tribunal está prevista a partir de las 09:00 locales (14:00 GMT) en presencia del expresidente, de 62 años y quien afronta el juicio en libertad. “No se ha probado que haya ingresado dinero de Venezuela en 2006 y nunca se corroboró que ingresó dinero de Odebrecht en 2011″, zanjó el domingo a la radio RPP su abogado Wilfredo Pedraza.

La Fiscalía lo acusa de lavado de activos por supuestamente ocultar que recibió 3 millones de dólares de Odebrecht para su campaña de 2011 que lo llevó a la presidencia, según declaró a fiscales peruanos el exnúmero uno de la empresa brasileña, Marcelo Odebrecht.

Nadine Heredia, esposa de Humala, también está imputada como cofundadora de su agrupación Partido Nacionalista. Según la acusación, en su fallida campaña de 2006 la pareja habría desviado también unos 200.000 dólares enviados por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a través de una empresa de ese país.

La Fiscalía pidió 20 años de prisión para Humala y 26 años para Heredia, a quien acusan además de ocultamiento de fondos por “compras de bienes inmuebles con dinero de Odebrecht”. La pareja niega haber recibido dinero de Chávez o de alguna empresa brasileña.

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En el caso de Venezuela, la tesis fiscal es que el dinero lo envió “el ya fallecido expresidente Hugo Chávez a través de transferencias bancarias con la empresa de inversiones Kayzamak”. Humala es el segundo de un total de cuatro expresidentes salpicados por la trama de corrupción de Odebrecht en Perú.

Según la Fiscalía, el escándalo implicó también a Alan García (2006-2011), quien se suicidó en 2019 antes de ser detenido; Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), aún investigado; y Alejandro Toledo (2001-2006). Toledo fue condenado en 2024 a más de 20 años de prisión por recibir millonarios sobornos a cambio de obras en su gobierno.

Fuente: AFP