La Subcomisaría 17° de Laurel, departamento de Canindeyú, informó al fiscal de turno de Curuguaty sobre la denuncia formulada en sede policial por la abogada Margarita Colmán, representante legal de la estancia Pindó, tras percatarse que 70 personas estaban dentro de una propiedad colindante a la referida estancia en carácter de invasores, en vista a que los mismos no solicitaron ninguna autorización para ingresar a la propiedad cuya finca es 5.603 y tiene una dimensión de 1.000 hectáreas.
Asimismo por mañana de este miércoles se denunció que dicha cantidad de personas actaron el retiro Vacareta ubicado en la citada finca donde los invasores se llevaron pertenencias de los empleados del referido establecimiento ganadero.
Te puede interesar: Invasores de estancia Pindó atacaron retiro y robaron pertenencias de empleados
Ahora será el agente fiscal de Curuguaty, Juan Daniel Benítez, quien tendrá que investigar la presente denuncia. En caso de encontrarse indicios de hechos punibles, el referido agente fiscal tendrá que formular la imputación correspondiente ante el grave caso registrado por la mañana de este miércoles.
El fiscal del caso puede constituirse este jueves en el establecimiento ganadero para poder corroborar la denuncia formulada en sede policial. Igualmente los uniformados de la subcomisaria de Laurel a cargo del suboficial Celso Espínola acompañado del suboficial inspector Hugo Lezcano acudieron hasta el inmueble invadido y constataron que dentro de la propiedad estaban 70 personas quienes no quisieron identificarse.
Podes leer: Imputan a mujer que habría dado marihuana a su hijo pequeño
Dejanos tu comentario
Mujer denuncia constante hostigamiento de su expareja y clama intervención de las autoridades
Una mujer identificada como Luciana Godoy (32) denunció que vive atemorizada junto con sus cinco hijos en su vivienda ubicada en el barrio San Carlos, zona de Puerto Botánico, en Asunción. Contó que hace cinco meses se separó, tras haber sufrido violencia intrafamiliar, sin embargo, su expareja continúa visitando la casa en estado etílico para seguir agrediéndola, sin que las autoridades tomen las medidas del caso.
“Hice mi denuncia y no me hacen caso las autoridades, me dicen que van a investigar y mi vida corre peligro. Ya nos jugó mucho este señor, mi expareja y ya hace varios meses que me dejé de él por la violencia”, relató en guaraní en diálogo con C9N.
Te puede interesar: Reportan accidente fatal en la zona de Pedrozo
Luciana manifestó mantuvo una relación durante 15 años con el hombre, pero llegó el momento que ya no soportó ser violentada y decidió poner fin a la tormentosa vida de pareja.
“Tengo cinco hijos, todos menores de edad y ahora está enfermo el de 4 años, no tengo ni para comprarle remedios ni comida. Él no nos trae alimentos, pero viene a agredirnos. Viene cada vez que está borracho y no hay justicia para nosotros. Esperan que alguien muera para que hagan caso”, afirmó.
La denunciante mencionó que cuenta con videos que evidencian los hechos de violencia y que fueron entregados a la Policía y la Fiscalía, sin embargo, ninguna instancia intervino para tomar medidas sobre el presunto victimario.
Leé también: Enfermedad de Pompe: un trastorno raro y progresivo que lleva a la atrofia muscular
Dejanos tu comentario
Concejales denuncian a intendente de San Antonio por obras “fantasmas” millonarias
Los concejales Tomás González, Emilio Espinoza y Aldo Maciel, presentaron una nueva denuncia contra el intendente de San Antonio, el liberal Santiago Aguilera. La acción fue presentada ante la Contraloría por presuntas irregularidades en licitaciones que ascienden a los G. 1.069 millones.
Los procesos cuestionados corresponden al ID N° 464.758, sobre mantenimiento y reparación de calles (refulado), y al ID N° 464.229, para la construcción de gaviones, llamados que en su conjunto totalizan G. 1.069.293.000.
“Ambos llamados fueron realizados con intención de apropiarse de manera irregular de los recursos de la Municipalidad de San Antonio, ya que son obras fantasmas que nunca serán realizadas”, se alega en el documento.
Lea también: Valiente desmintió doble salario y anuncia denuncia contra diputado Raúl Benítez
El concejal Tomás González explicó a La Nación/Nación Media, que llegaron a esa conclusión dado que estas licitaciones pretenden realizar mantenimiento y construcciones en el mismo lugar en que actualmente existe una obra en ejecución para la construcción de un “Paseo Costero”.
“Es imposible que se realicen reparaciones y mantenimiento a obras que aún no existen“, aseveró el edil. En cuanto al llamado para construcción de gaviones, manifestó que la administración de Aguilera argumentó que existía un riesgo inminente de colapso estructural por la erosión del terreno y posibles crecidas del río Paraguay, lo que pondría en peligro la seguridad ciudadana y la infraestructura del Paseo Costero, el cual es utilizado diariamente por 2.000 personas.
Sin embargo, los denunciantes desmienten estas justificaciones, señalando que “en el lugar donde se pretende realizar la obra no existen instituciones públicas o privadas que presten servicios esenciales, como afirma el dictamen”, y que el Paseo Costero “no puede ser utilizado diariamente por 2.000 personas, como se menciona, porque aún no fue habilitado ni inaugurado”.
Más fundamentaciones
Asimismo, subrayan que “en la época del dictamen municipal no se verificaron precipitaciones ni crecida del río Paraguay”, lo que debilita el argumento de la supuesta urgencia. Los concejales adjuntaron una publicación de redes sociales del propio intendente que contradice a la propia licitación iniciada por él.
“Demuestra que a la época del inicio del llamado a licitación cuestionada, las obras del Paseo Costero estaban en una etapa incipiente, por lo que mal se podría hablar de que 2.000 personas las utilicen y mucho menos que sirva como vía de circulación vehicular y peatonal”, remarcaron los denunciantes en el documento. La denuncia solicita la intervención de la Contraloría para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.
Dejanos tu comentario
Perros atacaron a niña de 5 años en Cambyretá
Un grave incidente se registró en la ciudad de Cambyretá, departamento de Itapúa, luego de que una jauría de perros atacó a un niña de 5 años que iba como acompañante en una motocicleta. No se trata de la primera vez que este grupo de perros ataca a las personas que circulan por la zona.
Según la denuncia realizada por vecinos del barrio Jardín, estos perros atacan a los transeúntes al menos una vez al día y pese a las reiteradas denuncias, nadie toma acción en el caso. Se trata de cuatro perros que tienen dueños, pero que siempre están en las calles. Estos no pueden ver a los motociclistas porque empiezan a atacarlos.
El último ataque se reportó ayer martes, y fue contra una niña de 5 años que estaba como acompañante en una motocicleta. En el video captado por una cámara de seguridad se puede ver que los perros se lanzan contra la menor, que comienza a pedir ayudar. Esta fue hospitalizada por las heridas en la pierna.
Podés leer: Hippy Paraguay celebró la infancia con actividades pedagógicas y mucha diversión
“Ya no sabemos a quien recurrir. Le atacó a la nena y la señora tuvo que dejar ahí su moto tirada en la calle para hablar con la dueña de los canes, pero ella fue la más ofendida. Solo ayer hubo tres mordeduras”, explicaron los vecinos, en C9N.
Confirmaron que no se puede conversar con la dueña identificada como Mariela Sandoval, porque ella terminó insultando y agrediendo a los vecinos. Esta mujer se hace llamar cuidadora de perros, frente a su casa hay una casa para los canes y los alimenta, pero estos mantienen en zozobra a los pobladores.
Además, resaltaron que en el mes de agosto se reportaron 30 ataques, lo que representa uno por día, sin embargo, ayer martes tres personas fueron víctimas de estos animales. La familia de la niña exige acciones urgentes para evitar que otros vecinos, especialmente niños, sufran nuevos ataques.
Lea también: En Santa Rosa del Aguaray, el 99 % de los niños ya están protegidos contra el sarampión
Dejanos tu comentario
Fiscalía imputa a destituido intendente de CDE, Miguel Prieto por supuesta lesión de confianza
El Ministerio Público imputó hoy martes al destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, por supuesta lesión de confianza, producción de documentos públicos de contenido falso, y declaración falsa para ocasionar un perjuicio a la comuna esteña de G. 311 millones. Esta es la tercera imputación que recae sobre el exjefe comunal.
De acuerdo a la argumentación reportada por los agentes fiscales, Néstor Coronel, Luz Guerrero y Marlene González, el daño con varios proyectos que no se llegaron a ejecutar supera los G. 311 millones.
El Ministerio Público menciona que en el año 2020, durante la administración de Prieto, se habría desembolsado dinero de los fondos correspondientes a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro para realizar pagos por servicios que no fueron realizados.
Además de Prieto, igualmente fueron imputados Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social de la Municipalidad de Ciudad del Este; Francisco Arrúa, director de Administración y Finanzas; Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero de la Municipalidad de Ciudad del Este; Jorge Rivas Rivas Aponte, funcionario de la Municipalidad de Esteña; Juan Esteban Quiroga Cañete, presidente de la subcomisión de Apoyo a voluntarios de Ollas Populares y Marcos David Galeano Fernández, secretaria de la subcomisión de Ollas Populares.
La lista de imputados sigue con Mirta Battochi Oviedo, tesorera de la subcomisión de la Olla Popular, Luana Magdalena Silva, José Augusto Cárdenas, Aníbal Pérez y Adrián Paola Martínez.
De acuerdo al escrito de imputación, los hechos se registraron durante el año 2020 en plena pandemia del Covid-19
Corte destrabó procesos
La sala Penal de la Corte Suprema de Justicia había destrabado la semana pasada el segundo proceso penal que enfrenta el exintendente de Ciudad del Este, acusado por lesión de confianza por un perjuicio millonario.
La máxima instancia judicial declaró inadmisible la apelación general presentada por la defensa de Higinio Ramón Acuña, quien recurrió a la Corte para dejar sin efecto la confirmación del juez Humberto Otazú.
El pasado 19 de agosto, con una amplia mayoría los diputados destituyeron a Prieto, tras constatarse mediante la fiscalización del economista Ramón Ramírez, las graves irregularidades que fueron detectadas inicialmente por la Contraloría, a cargo de Camilo Benítez.
Lea más: Intervención dejó al descubierto la verdadera cara de Miguel Prieto, afirma edil esteño