El agente fiscal Carlos Acuña representó al Ministerio Público en un juicio oral que derivó en la condena de 6 años de cárcel para Ariel Antonio Méndez y Antonio Ramón González, quienes fueron encontrados culpables por el hecho punible de robo agravado.
De acuerdo a lo probado, el suceso se registró el 29 de octubre del 2017, aproximadamente a las 21:10, en el barrio Caacupé de la ciudad de Santa María de Misiones. En dicha ocasión, la víctima, Lidia Rolón Acosta, circulaba a bordo de su motocicleta, en compañía de su hijo de 4 años, hasta que en un momento dado fue interceptada por los ahora condenados, quienes obstaculizaron su paso mediante un biciclo y posteriormente a punta de arma blanca le despojaron de la suma de G. 100.000 que la mujer llevaba a cuestas.
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Méndez y González fueron detenidos posteriormente en la zona tras un patrullaje de agentes policiales, que fueron alertados del robo por vecinos.
El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Blas Barrios, Gabriela Llano y Cynthia Vega, que consideró suficientes y contundentes las pruebas producidas por el Ministerio Público, condenó a los dos acusados a 6 años de cárcel. Los dos sentenciados seguirán cumpliendo su pena en la penitenciaría regional de Misiones.
Asimismo, la defensa de los condenados tiene la posibilidad de apelar el fallo dictado en primera instancia y, de ser así, será un Tribunal de Apelación el que deberá analizar si confirma la condena para los acusados o dispone que se vuelva a realizar el juicio oral.
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Arrestan a mujer que procuró sobornar a policía y a un delincuente que señalizaba casas para robar
Policías de San Lorenzo detuvieron a un hombre vinculado a una serie de robos domiciliarios en el departamento Central. El sospechoso utilizaba una estrategia especial para cometer su fechoría, marcaba las casas que serían robadas.
De acuerdo a la investigación policial, recorría el barrio en un vehículo con una carpeta amarilla en mano y un quepis, simulando realizar gestiones.
Generalmente, se bajaba del vehículo para rondar el barrio y marcar la casa o las casas que posteriormente sería visitada por el ladrón.
Al percatarse de que los propietarios estaban ausentes, marcaba la vivienda, posteriormente llegaba al sitio con sus cómplices, trepaban la muralla o levantaban el portón basculante para ingresar. Y utilizaban siempre el mismo vehículo para poder llevar las cosas.
La policía le estaba dando seguimiento al automóvil hasta que finalmente lograron identificar el vehículo y detener a la persona que estaba dentro del rodado.
Se trata de Marcelo Damián Ruiz González (29), con antecedentes por hurto agravado y reducción año 2026.
El aprehendido, supuestamente dijo a la policía que podían “arreglar” esta situación. Luego, se presenta en la comisaría una mujer con una mochila y la suma de G. 10.000.000 con la intención de “tranzar” con los policías y liberar al detenido.
La misma fue identificada como Antonella Guadalupe Pineda Ríos (21) y también quedó detenida.
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El operativo se realizó el domingo en el barrio Los Nogales en el marco de una investigación por varios hechos de hurto domiciliario.
Durante el procedimiento fue incautado el vehículo, que circulaba con una chapa presuntamente adulterada y presentaba inconsistencias en su documentación.
En el interior del rodado, los intervinientes hallaron herramientas que serían utilizadas para cometer hurtos, además de chapas metálicas, documentos, tarjetas bancarias, joyas, dinero en efectivo y teléfonos celulares.
Según el informe policial, el procedimiento se inició luego de que vecinos alertaran sobre un automóvil con actitud sospechosa que rondaba la zona.
Tras la verificación, el conductor presentó documentos que no coincidían con la matrícula colocada en el vehículo, por lo que ambos fueron trasladados hasta la Comisaría 1.ª de San Lorenzo.
Posteriormente, varias víctimas de hurtos domiciliarios acudieron a la comisaría e identificaron el automóvil como el utilizado en los hechos investigados.
El caso fue comunicado a las fiscalas Viviana Riveros, Andrea Ríos y Cecilia Núñez.
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Condenan a 10 años de cárcel a esposa de Alejandro Ramos
Un tribunal de sentencia condenó a 10 años de cárcel a Lourdes Ramírez de Ramos, esposa de Alejandro Ramos, con quien fundó el Ejército de Mariscal López y exmiembro del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), al ser hallada culpable de apología del delito, atentado contra la existencia del Estado y atentado contra el orden constitucional.
De acuerdo con los antecedentes del caso, la ahora sentenciada apareció en un video difundido en enero de 2014, en el cual el grupo criminal reivindicaba la lucha de clases como único medio para acceder al poder e instaurar un gobierno de los pobres. En dicho material audiovisual también se emitían expresiones contra las autoridades nacionales legítimamente constituidas, hechos que sustentaron la condena impuesta.
Durante el juicio oral y público, el fiscal Federico Delfino acreditó la participación de la acusada mediante las pruebas producidas durante el desarrollo de la audiencia oral.
Ahora, la defensa de la condenada tendrá la posibilidad de apelar el fallo judicial, en cuyo caso un tribunal de apelación deberá resolver si corresponde confirmar la sentencia dictada en primera instancia.
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Paraguay hará reconocimiento público de responsabilidad del caso Santiago Leguizamón
La Vicepresidencia de la República reafirma su compromiso con los derechos humanos y el cumplimiento de sentencias internacionales.
En ese marco extiende una invitación al Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional en memoria del periodista Santiago Leguizamón Zaván y otros vs. el Estado paraguayo.
Al respecto, la directora general de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, María Teresa Peralta, informó en comunicación con La Nación/Nación Media, que este acto se llevará a cabo el próximo lunes 27 de julio a las 8:30 en el salón “Serafina Dávalos” de la Corte Suprema de Justicia, encabezado por el titular del Poder Judicial, el ministro Alberto Martínez Simón, quien representará al Estado paraguayo durante la ceremonia oficial.
El acto será transmitido en vivo por todos los medios de comunicación oficial, de tal modo a dar cumplimiento con la sentencia para que llegue la comunicación a toda la ciudadanía en general.
La directora Peralta destacó el compromiso institucional en el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado paraguayo, en el marco del acto de reconocimiento público a los familiares del periodista Santiago Leguizamón Zaván, conforme a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Remarcó que este tipo de acciones representan un paso importante en el fortalecimiento del Estado de derecho y en la consolidación de una cultura de respeto a los derechos humanos.
“Detrás de cada sentencia hay personas y familias que durante años esperaron una respuesta del Estado. Este acto de reconocimiento es una muestra de respeto hacia la memoria de Santiago Leguizamón Zaván y de compromiso con sus seres queridos”, expresó.
Cumplimiento de compromisos
Recordó que el 26 de abril de 1991, Santiago Leguizamón fue asesinado durante un atentado donde en la ciudad de Pedro Juan Caballero. En noviembre de 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su sentencia, en la que uno de los puntos establecía que el Estado paraguayo debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
“Una vez más el Estado paraguayo va cumpliendo sus compromisos, porque ya cumplimos con la publicación de la sentencia que lo hicimos el año pasado; también se cumplió con el pago de la indemnización a los familiares, así como la construcción del monolito uno en Asunción y otro en la plaza ubicada en Pedro Juan Caballero, que fueron declarados como sitios de memoria, de acuerdo con lo establecido en nuestra normativa”, precisó.
Resaltó el rol que cumple la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de Sentencias Internacionales (CICSI), impulsada por la Vicepresidencia de la República, para garantizar que las decisiones de los organismos internacionales se traduzcan en acciones concretas.
“El vicepresidente Pedro Alliana ha dado instrucciones permanentes para que la CICSI impulse el cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales del Paraguay, porque cree que una democracia se fortalece cuando reconoce sus deudas y trabaja para repararlas”, afirmó.
La directora Peralta agregó que el cumplimiento de las sentencias internacionales no solo responde a un deber jurídico del Estado, sino que también constituye una oportunidad para fortalecer las instituciones, honrar la memoria de las víctimas y generar garantías de no repetición.
El acto forma parte de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Santiago Leguizamón Zaván vs. Paraguay, reafirmando el compromiso del Estado con la verdad, la memoria, la justicia y la protección de los derechos humanos.
“La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en relación al caso Santiago de Leguizamón que el Estado paraguayo violó el derecho a la vida, la libertad de pensamiento y de expresión, así como la de su esposa e hijos.
También determinó que se violó el derecho a las garantías judiciales, y la protección judicial y a la integridad personal. Hecho que ocurrió, recordemos en 1991. En base a esa sentencia recaída contra el Estado paraguayo, se está dando cumplimiento los puntos de la sentencia", concluyó.
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Policía sobreviviente a ataque “recibió un disparo de refilón y se hizo del muerto”, reveló fiscal
El fiscal Óscar Paredes habló acerca del ataque que se cobró la vida de dos suboficiales y un civil en el puesto policial de Naranjito y señaló que el grupo llegó al sitio caminando, pero disparando y sin mediar palabra ejecutaron a dos oficiales.
“Los fallecidos estaban en la ruta realizando controles y no tuvieron tiempo de reaccionar. Ellos fallecieron en el mismo lugar”, dijo este miércoles en declaraciones a la 1080 AM.
Añadió que en el lugar, también había un civil que recibió dos impactos de bala. Además, otro policía que estaba en la patrullera recibió un disparo de refilón en la cabeza y otro en la axila. “Él se hizo del muerto y recibió otro impacto en el costado, pero pudo escapar”, informó el agente fiscal.
El herido, suboficial mayor Víctor Raúl Gavilán, fue derivado a Curuguaty y luego fue trasladado a Asunción hasta el Hospital de Policía Rigoberto Caballero. Aparentemente, su cuadro no reviste gravedad.
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Asimismo, mencionó que otro agente que estaba descansando en una edificación del fondo salía para tomar su turno cuando escuchó los tiros y escapó por la parte trasera. El grupo criminal estaba compuesto entre 20 a 30 personas que vestían ropas camufladas, botas y portaban armas largas. Se comunicaban en idioma guaraní.
“Hablaban en guaraní”
Al policía que estaba en la patrullera le dio tiempo de visualizar al grupo antes de recibir los disparos. “Divisó a personas camufladas con botas y hablaban en guaraní, todos portaban armas largas”, precisó el representante del Ministerio Público.
Luego, los malvivientes “tiraron una bomba ‘molotov’ a la patrullera”, incendiando el móvil policial. Este momento fue aprovechado por el suboficial para escapar del grupo armado. “Al incendiarse, salió por una de las puertas y entró en un matorral”, puntualizó el agente fiscal.
El civil fallecido cumplía tareas de secretario. “Hacía limpieza, mandados en la comisaría”, apuntó. Posteriormente, los atacantes procedieron a quemar el puesto policial.
Los tres fallecidos tras el ataque contra una sede policial en Ybyrarobaná son: el suboficial mayor Atilio Martínez Barrios (40), suboficial inspector Herminio Ojeda González (32) y Josemar Escobar Piris (38), funcionario civil.
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