El agente fiscal Jalil Rachid, de la Unidad Especializada de Delitos Ambientales, formuló imputación contra José Antonio Alarcón Morel por la supuesta comisión del hecho punible de producción de riesgos comunes y solicitó medidas alternativas a la prisión.
Según el relato fáctico, el 2 de octubre del 2020 el jefe de la Comisaría 8va de Asunción comunicó al Ministerio Público que un incendio fue provocado dentro del predio de la empresa Empo, ubicado en 38 Proyectadas y Cantalupi, dedicada al relleno sanitario de desechos.
Conforme a lo expresado en el acta de denuncia, los guardias de seguridad de la citada empresa habrían observado a una persona identificada como José Antonio Alarcón Morel como el supuesto responsable del incendio, quien luego de perpetrarlo se habría dado a la fuga. El siniestro ocurrió en el lado norte, módulo 4, lugar donde fue visto el ahora imputado.
Ahora el Juzgado de Garantías deberá admitir la imputación contra Alarcón Morel y fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares, en la que se definirá si el imputado será beneficiado con medidas alternativas a la prisión o será derivado al penal de Tacumbú.
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Asunción: hallan a un hombre de 69 años enterrado; habría sido asesinado por su sobrino
La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre de 69 años, que fue denunciado como desaparecido hace un mes y cuyo cuerpo fue encontrado enterrado en el patio de su vivienda, en la ciudad de Asunción. El principal sospechoso del crimen sería el sobrino del hombre que vivía con él y que actualmente se encuentra con paradero desconocido, ya que habría salido de viaje hace unas semanas.
Según el reporte policial, el cuerpo sin vida de Nery Antonio Quintana Báez fue encontrado durante la tarde de ayer viernes por su hermana que estaba recorriendo el patio de la vivienda ubicada en el barrio General Díaz de la capital. La víctima fue reportada como desaparecida hace un mes.
Hasta el momento el principal sospechoso del crimen sería el sobrino del hombre, identificado como Rodrigo Massi, de 44 años, y que fue acusado por su propia madre. La mujer indicó que su hijo residía en la misma vivienda y que actualmente se encuentra de viaje, por lo que no pueden dar con el mismo.
“Rodrigo Massi actualmente está prófugo de la justicia. Se le encontró al tío enterrado en el patio, persona que estaba desaparecida hace más de un mes y la denuncia se realizó hace 10 días por familiares”, detalló el fiscal Alcides Corvalán, en entrevista con los medios de comunicación.
Resaltó que hasta el momento no se sabe cuál sería el móvil del crimen y que ya iniciaron con las investigaciones del caso. “El cuerpo fue hallado por la hermana, que llegó a la vivienda y encontró una planta que no estaba antes, al revolver la tierra se dio cuenta que había un cuerpo enterrado y dio aviso a la Policía”, refirió.
Confirmó que al momento del descubrimiento la mujer llamó a su hijo y que este le dijo que estaba de viaje por Villarrica, que necesitaba que le envíe para su pasaje y que vendría a entregarse. “El sobrino por el momento es el principal sospechoso de lo ocurrido. El mismo hijo le confesó a la madre días antes, pero no le dijo en qué lugar lo mató y enterró. Se emitió una orden de detención contra el hombre”, puntualizó.
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Barrio Santa Ana: se entregó repartidor que mató a asaltante y alegó que fue en defensa propia
Este viernes, desde la Policía Nacional informaron que el Ministerio Público ordenó la detención preventiva del chofer repartidor que asesinó a balazos a un delincuente en el barrio Santa Ana de la ciudad de Asunción. El hombre, de 60 años, se entregó durante la noche de ayer jueves y admitió que disparó al joven en defensa propia, pero no pensó que lo mató.
Según el comisario Alcides Brítez, el conductor, Carlos Garcete, de 60 años, se entregó durante la jornada de ayer y dio su versión de los hechos. Relató que junto a su compañero fueron víctimas de un intento de asalto en el citado barrio.
Cuando ambos estaban entregando sus mercaderías, dos jóvenes se acercaron e intimaron con un arma de fuego a su compañero. Al percatarse de ello, el conductor decidió volver hasta la cabina y tomó el arma de fuego para luego dirigirse hasta los delincuente y realizar varios disparos para intimidarlos.
Los asaltantes corrieron y los trabajadores subieron al camión repartidor para huir del sitio. Sin embargo, uno de los delincuentes resultó herido y posteriormente falleció.
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“Para prever su seguridad y el susto que les habrá provocado el ser víctimas de un asalto se retiraron del lugar. El lugar donde ocurrió el hecho es una zona roja y bastante conflictiva. Tenemos varios casos de hecho de robo en la zona”, apuntó el comisario al programa “Dos en la Ciudad” de Gen y Universo 970/Nación Media.
Resaltó que el caso está siendo investigado y que la Fiscalía se va a encargar de tipificar la actuación del repartidor, que hasta el momento alega defensa propia y que huyó del sitio por temor.
“Si amerita o no una sanción penal. El detenido confesó que disparó el arma, pero no contaba con la documentación para la tenencia y portación de armas”, puntualizó.
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Acusan y piden juicio oral para la esposa de Alejandro Ramos
El agente fiscal, Federico Delfino Ginés, presentó acusación en contra de Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos, en el marco de la causa “Osvaldo Villalba y otros sobre apología del delito y otros”.
La mujer fue acusada por los hechos punibles de apología del delito, atentado contra la existencia del Estado y atentado contra el orden Constitucional. Además de transgresión a la Ley especial de armas Ley 4030/10, producción de riesgos comunes.
Se presume que la hoy acusada formó parte activa del grupo terrorista autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Igualmente se pidió que el presente caso se discuta en un juicio oral y público, atendiendo a todos los elementos probatorios que se tienen en la carpeta fiscal.
Luego del análisis pormenorizado del material audiovisual realizado por el EPP, se logró identificar a las personas que aparecen en los vídeos enviados y difundidos por los medios de comunicación entre las que se encuentra Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos.
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En el mes de diciembre de 2013, integrantes del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, entre ellos la acusada, se reunieron en un lugar boscoso en el norte del país, cuyo objetivo fue la grabación de un material audiovisual, entregado entre el 19 y el 20 de enero de 2014 y posteriormente difundido por los medios de comunicación, como ser, Sistema Nacional de Televisión, Telefuturo, Unicanal, Paravisión y Canal 13, sumados a ellos los medios radiofónicos en general y los de prensa escrita.
En la grabación audiovisual llevaron a cabo una manifestación dirigida a la ciudadanía paraguaya en la que Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos se encontraba con vestimentas alusivas al EPP portando un arma de fuego tipo escopeta calibre 12 en compañía de otros integrantes como Osvaldo Villalba, líder del citado grupo armado, quien realizó referencias negativas al expresidente de la República Horacio Cartes y asimismo instigó a que la clase obrera, campesina, estudiantes e indígenas, debía “unirse e impulsar la lucha de liberación del pueblo; lucha que ha emprendido el brazo armado de los pobres, el “EPP”.
Dichos términos fueron utilizados con el objetivo de incitar a actos de violencia y desobediencia de las autoridades legalmente constituidas en nuestro país.
En el material también se observa a
- Manuel Cristaldo Mieres,
- Ladi Siqueira Krauze,
- Magna María Meza Martínez,
- Vidalina Cardozo,
- Jorgelina Silva Cáceres,
- Liliana Elizabeth Villalba Ayala,
- Alejandro Ramos Morel,
- Esteban Marín López,
- Domingo Ovelar González,
- Alejandro Ramos
- y Feliciano Bernal
Todos, al momento de la grabación del material audiovisual también portaban armas de grueso calibre como fusil calibre 7.62, fusil T65 calibre 5.56, pistola ametralladora Beretta PM12, escopeta calibre 12 y uniformes camuflados, los cuales son de uso exclusivo de los organismos de seguridad del Estado.
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Fiscalía impulsa allanamientos por compra fraudulenta de Miguel Prieto durante la pandemia
El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.
La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.
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Allanamiento al Pabellón de Contingencia de CDE
Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.
Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.
Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.
En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.
“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.
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