La Fiscalía pidió el sobreseimiento provisional de Enzo Cuevas, hijo del diputado Miguel Cuevas, investigado por enriquecimiento ilícito en calidad de cómplice. La solicitud de la fiscala Victoria Acuña es hasta que culmine la investigación a su padre, el legislador imputado por enriquecimiento ilícito y declaración falsa.
Enzo Cuevas fue investigado también por supuesto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias por aparentes omisiones de bienes y cuentas, y había sido beneficiado con medidas alternativas a la prisión. Además, había sido investigado otro hijo del parlamentario, Adilson Cuevas.
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De acuerdo con el Ministerio Público, los herederos se encontraban bajo la lupa en carácter de cómplices por los bienes que suscribieron a sus respectivos nombres.
Mientras tanto, la esposa del legislador, Nancy Florentín de Cuevas, también fue imputada en su momento por cobro indebido de honorarios y uso de certificado de méritos y servicios de contenido falso.
En el caso de Nancy de Cuevas, la fiscala Acuña realizó la acusación y solicitó elevar el caso a un juicio oral y público, basándose en las pruebas con las que cuentan.
La propia fiscal aseguró que se logró comprobar que la esposa de Cuevas no se encontraba con problemas de salud, como decía el certificado médico presentado para justificar sus ausencia en la institución educativa donde se encontraba trabajando, sino que estaba en un centro comercial.
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Allanan Caja Municipal por desvíos cercanos a los G. 10.000 millones
La Caja de Jubilados y Pensionados del Personal Municipal fue allanada este viernes por parte de una comitiva fiscal y policial a cargo de la agente del Ministerio Público, Luz Guerrero. La hipótesis apunta a que se habrían falsificado firmas de más de 200 afiliados mediante las cuales se efectivizó el millonario desvío.
“El desvío sería de casi G. 10.000 millones entre el 2020 y el 2023. Usaron el nombre de 277 afiliados que fueron utilizadas para generar los expedientes”, explicó la fiscal en comunicación con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, quien indicó que esta investigación ya inició en mayo, cuando inicialmente se detectó el desvío de unas 10 personas.
La denuncia puntual realizada por el presidente de la Caja, Venancio Díaz, nació luego de la auditoría interna en la que se detectó que a partir de la devolución de aportes de los afiliados, se generaban otros expedientes a nombre de esa misma persona y se desembolsaban sumas de dinero que cobraban terceras personas.
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“La comitiva fiscal incautó documentos y libros internos entre dependencias donde tuvo que quedar registrado el circuito que debieron seguir los expedientes de la devolución de los aportes y el sistema informático es vital para nosotros porque ahí constan las veces en que se hicieron las órdenes de pago respecto a una misma persona en varias ocasiones”, explicó.
La falsificación de firmas está dentro del espectro de la hipótesis de cómo se habrían dado los hechos y se estima que al menos unos cinco funcionarios de la institución estarían involucrados en el hecho, además de personas que son ajenas a la Caja que estuvieron vinculadas para lograr el cobro de los cheques.
La fiscal precisó que en el incendio producido en la sede de la caja el pasado 16 mayo se habrían destruido expedientes vinculados a la devolución de aportes. Asimismo, indicó que existen indicios de que dicho hecho habría sido provocado, por lo cual ya existe otra investigación e incluso una persona imputada.
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Joven habría asesinado a golpes a su padre en Coronel Oviedo
Una persona denunció este miércoles que un hombre fue brutalmente golpeado por su hijo en la ciudad de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú. Antes de fallecer la víctima fue corriendo hasta la casa de su sobrino, que vive a escasos metros de su vivienda, con la intención de pedir ayuda y refugiarse, pero cayó muerto.
Según el reporte policial, se trataría de un hecho de parricidio que se registró cerca de las 6:00 de hoy miércoles, en la compañía Calle Itacurubí. Los intervinientes recibieron la llamada de una persona, que denunció que su tío fue brutalmente golpeado y que cayó desplomado frente a su habitación, pero que ya estaría sin signos de vida.
La víctima fue identificada como Florentino Pereira, de 76 años, quien había discutido con su hijo Marcos Antonio Pereira, de 23 años, quien tiene antecedentes por violencia intrafamiliar y aparentemente sería adicto a las drogas. Su padre intentó en reiteradas oportunidades ayudarlo, pero murió en el intento.
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Su sobrino, que reside a escasos metros de la casa del fallecido, indicó que padre e hijo solían discutir, ya que el joven es adicto y también sufre de problemas mentales. Este último llegó cerca de las 5:00 a la casa e inició una discusión con don Florentino, quien a continuación fue golpeado brutalmente.
Tras el episodio de violencia, la víctima fue corriendo hasta la casa de su sobrino y golpeó la puerta, pero en ese momento se desplomó y cayó aparentemente ya sin signos de vida. Las últimas palabras de la víctima fueron que su hijo lo golpeó salvajemente. Los intervinientes acudieron hasta la casa y encontraron al joven, quien fue detenido.
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Caso Gomes: se aguardan resultados de las pericias de la Fiscalía y de la contraparte
El fiscal Christian Ortiz detalló que sigue el proceso de investigación por el fallecimiento del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, y que se aguardan los peritajes de los intervinientes como de la contraparte, la defensa de la familia de Gomes. Durante un allanamiento, en el marco de la causa Pavo Real II, ocurrido el pasado 19 de agosto en su domicilio, el legislador habría reaccionado a tiros contra los agentes policiales, que respondieron y se produjo el deceso.
“Los peritos por las partes ya fueron ofrecidos. Resulta ser que nuestro código establece ciertas pautas con respecto a los derechos que tienen las partes a intervenir y forma parte de esos derechos y están establecidos en el código de reformas el tema de ampliar e impugnar inclusive puntos de pericias, así como también el ofrecimiento de peritos”, explicó Ortiz, este lunes, en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Agrego que “los peritos ya están designados, ya prestaron juramento ante el juzgado y los puntos que están establecidos”. A partir de ahora, se aguarda que se presenten las pericias de ambas partes para “comparar” los hechos que se dieron durante el allanamiento realizado en el domicilio del entonces diputado.
“Una y otra parte van a tener sus pericias, se van a analizar, confrontar seguramente también las conclusiones que se vayan a llegar, y sobre aquellos puntos que no vayan a quedar claros seguramente está dentro de la potestad del Ministerio Público y mismo también del juzgado de solicitarles una ampliación con respecto a esos puntos”, explicó.
El hecho punible por el cual fue abierta esta causa fue “un hecho punible contra la vida”, explicó el agente fiscal, por lo que lo realizaron las acciones en protocolo de lo que se trata como homicidio justamente “para colectar todos los elementos de convicción posibles, asegurarlos y a partir de allí cubrir todas las aristas que podrían darse durante la investigación”.
Aclaró que las investigaciones que lleva adelante el equipo fiscal se inició a partir de lo ocurrido en el allanamiento, no así el procedimiento en sí que se llevó adelante en la madrugada del 19 de agosto. “Hay que recordar que realizado el procedimiento ocurrió la muerte del que en vida fuera el diputado Eulalio Gomes, a partir de allí tomaron intervención colegas de la zona en un primer momento y luego fue conformado el equipo por parte de la fiscalía general”, apuntó.
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Fiscales que investigan a Miguel Prieto recurren al resguardo policial por ataque de turba
El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, denunció que agentes del Ministerio Público y arquitectos fueron víctimas de un atropello por parte de una turba de simpatizantes del intendente de Ciudad del Este y líder del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto, durante diligencias realizadas en la costanera Ñande Renda.
“Esto fue para obstaculizar el trabajo de la Fiscalía. A raíz de esto, los funcionarios de la Fiscalía tuvieron que huir raudamente del lugar porque la integridad física se vio comprometida. Evidentemente, esta turba no tenía una intención amistosa con los funcionarios del Ministerio Público, por ese motivo tuvimos que recurrir inmediatamente al apoyo de la Policía Nacional”, indicó Corbeta, este miércoles, en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El procedimiento fiscal fue realizado en el marco de la investigación sobre la denuncia contra Prieto por la presunta sobrefacturación en la construcción de la costanera localizada en el kilómetro 8 de Acaray. “Estamos hablando de un grupo de 30 a 40 personas. Los asistentes fiscales, arquitectos, ingenieros, en este momento, están en el lugar continuando con las tareas, pero con el apoyo policial correspondiente para garantizar la integridad física”, refirió.
Corbeta acotó: “Ni siquiera estamos hablando de un caso vinculado al crimen organizado donde se tienen que tomar efectivamente mayores medidas de seguridad. En este caso estamos hablando de delitos sobre denuncias que guardan relación a la corrupción pública y de cuello blanco”.
El agente del Ministerio Público calificó como una “falacia” el argumento utilizado por Prieto, quien ante las denuncias e imputaciones en su contra alega ser un perseguido político. “Eso es fuera de lugar y contexto porque las causas y procesos que pesan sobre el intendente y sus principales funcionarios de su administración son imputaciones realizadas con anterioridad al supuesto lanzamiento de su candidatura presidencial, no hay ninguna cuestión de tinte político”, explicó Corbeta.
Siguió argumentando que nNo debería existir obstáculos para realizar diligencias investigativas, estamos en un Estado de derecho y se tiene que respetar las instituciones. El Ministerio Público es una institución que tiene autonomía para realizar investigaciones sobre todo cuando nos encontramos ante denuncias de hechos sobre supuesta sobrefacturaciones”.
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