El Tribunal de Sentencia conformado por las juezas Gloria Garay, Gloria Hermosa y Alba González rechazó varios incidentes promovidos por la defensa de Bruno Marabel, acusado del quíntuple homicidio registrado en una casa ubicada en el microcentro de Asunción.
El colegiado rechazó el incidente de nulidad del proceso solicitado por la defensa de Marabel, quien argumentó que el allanamiento a la casa del terror se realizó sin orden judicial, por lo que debería ser nulo. Con relación a este punto, el Tribunal de Sentencia mencionó que no hace falta una orden de allanamiento ante la sospecha de la comisión de un hecho punible, señala parte del argumento del colegiado. Asimismo, se rechazaron dos nulidades más en relación con la aprehensión de Marabel, así como con la declaración indagatoria del acusado.
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El presente juicio se desarrolla de forma presencial para el Ministerio Público y las defensas de Marabel, así como para la acusada María Araceli Sosa. Mientras que para Marabel se desarrolla vía telemática debido a que está recluido en la cárcel de Tacumbú.
Antecedentes
Según la acusación de la fiscala Esmilda Álvarez, Marabel sería el autor material de los homicidios de su esposa Dalma Rojas; del padre de esta, Julio Rojas del Valle; de la madre, Elba Rodas, y de los hijos de Dalma, de 4 y 6 años. Además de Marabel, deberá ser enjuiciada María Araceli Sosa, quien no aceptó una salida alternativa, ya que alega ser inocente de los hechos investigados. Sosa se vio involucrada al participar, supuestamente, de una fiesta en la casa donde ocurrió el crimen.
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Jueces realizan jornada de trabajo en la Penitenciaría Regional de Villarrica
Desde la Corte Suprema de Justicia informaron que este viernes Jueces de Ejecución Penal y de Garantías del departamento de Guairá, junto con funcionarios de la Coordinación de Supervisión Penitenciaria de la Corte, realizaron una jornada de control y verificación en la Penitenciaría Regional de Villarrica.
Indicaron que el presidente del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Guairá, magistrado Juan Carlos Bordón, recibió a los funcionarios judiciales a fin de coordinar las labores previstas.
“En la oportunidad se desarrollaron entrevistas programadas con personas privadas de libertad (PPL), con el objetivo de recabar información sobre la situación procesal de sus respectivas causas”, expusieron.
Participantes
Según indicaron, de la catividad participaron los jueces penales de Ejecución y de Garantías:
- Marlene Romero, Derlis Johnny Duarte (1.er Turno)
- Marcela Mallorquín (2.º Turno)
- Dionicia Alfonso (3.er Turno)
- Juan Ruiz Díaz (4.º Turno)
- Marcelo Ramírez (5.º Turno)
- Porfirio Martínez (juez penal de Garantías de Colonia Independencia)
- Omar Baeza (juez de Ejecución Penal de Caaguazú).
También estuvieron presentes representantes del Ministerio de la Defensa Pública, abogados:
- Rosa Bernal
- Abel Téllez
- Cristian Fernández
- Edgar Vázquez
Estos trabajaron de forma conjunta con el equipo de la Coordinación desde tempranas horas. Asimismo, participaron representantes del Ministerio de Salud.
La doctora Lilian Luraschi, encargada de la Coordinación de Supervisión Penitenciaria de la CSJ, participó de la actividad junto con su equipo técnico.
La iniciativa tuvo como finalidad brindar asistencia jurídica y procesal a las personas privadas de libertad, mediante intervenciones articuladas entre los jueces penales de Garantías y de Ejecución, con la colaboración del director del establecimiento penitenciario, Darío Cristaldo, quien facilitó la provisión de datos para el seguimiento de los procesos.
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Intervención en CDE: tras intentos de boicot, Prieto firmó documentos del corte administrativo
Tras varios vaivenes dilatorios, finalmente poco después de las 16:00 de este miércoles 25 de junio, el intendente saliente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, firmó los documentos del corte administrativo, que finalmente da pie al inicio de proceso de intervención que llevará adelante el economista Ramón Ramírez.
Teniendo en cuenta que todo el equipo interventor está desde el pasado lunes 23 de junio en la capital departamental de Alto Paraná, para llevar adelante el trabajo de intervención municipal; hasta la fecha no estaba pudiendo dar inicio, sin conocer previamente cómo el jefe comunal está entregando la administración y cuál es su situación financiera.
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Al respecto, el interventor Ramírez explicó que este corte administrativo forma parte del proceso de intervención y le corresponde a la auditoría interna del municipio igualmente suscribir el documento y en calidad testifical se encontraba la Escribanía Mayor que se encarga de la certificación y validez del documento.
“Todavía no inició formalmente el proceso de intervención en materia de auditoría. Simplemente estamos haciendo el arreglo institucional para saber cómo recibe esta intervención el municipio y cómo entrega la autoridad saliente todas las cuentas de la institución”, acotó.
Boicot del intendente
Por otra parte, el interventor Ramón Ramírez señaló que no quiere pensar mal del intendente Miguel Prieto, pero las circunstancias que se están viviendo en el municipio propicia a que se piense mal, ya que desde el lunes el jefe municipal suspendió en sus funciones y mando de vacaciones a una buena cantidad de funcionarios entre ellos, el 50 % de la Policía Municipal.
Aseguró que se estarán tomando acciones en breve y corregirán la situación. “La intervención tiene entre sus facultades, el manejo de los recursos humanos, la cuestión presupuestaria, y por tanto vamos a estar solucionando”, indicó.
Respecto al retraso en la firma de los documentos para el corte administrativo, señaló que fue la administración saliente la que solicitó tiempo para la revisión del documento final, que se tomó su tiempo. Pero finalmente, indicó que no hubo ninguna objeción al respecto y se procedió a la firma del corte administrativo al tercer día de su presencia en el municipio.
Asimismo, indicó que todos los documentos y legajos del corte administrativo se hará público, ya que desde un principio aseguró que serán transparentes en su gestión.
Situación financiera
“Tenemos una ejecución presupuestaria al 23 de junio, del 40 %, aproximadamente G. 148.000 millones, ejecutados del presupuesto total. Estamos recibiendo, es decir que está en disponibilidad la suma de 16.800 millones de guaraníes, disponibles en cajas de los bancos que opera la municipalidad”, precisó.
En lo que se refiere a deuda total que está recibiendo el equipo interventor, indicó que está en cifras globales, 108 mil millones de guaraníes.
“Tenemos una deuda que cubrir de forma inmediata, que son compromisos asumidos por el municipio y que debe ser honrada dentro de este periodo máximo de 27.000 millones de guaraníes, de los cuales, unos 6.000 millones corresponde al pago de salarios, y anexos como seguros, y demás beneficios, que trataremos de honrar en la brevedad el tiempo”, explicó.
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Avanza compromiso del Estado en cumplir sentencia de la Corte IDH en resarcir a comunidad indígena
Tras una reunión desarrollada en la sede de la organización TierraViva, representantes convencionales de la comunidad indígena Xákmok Kásek del pueblo Sanapaná, informaron haber dado un paso significativo hacia el cumplimiento de uno de los puntos resolutivos de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), se llevó a cabo una reunión clave con líderes de la comunidad.
“La reunión fue clave para avanzar en el compromiso del Estado paraguayo de resarcir a la comunidad Xákmok Kásek y buscar mecanismos efectivos para la protección de sus derechos económicos, sociales y culturales, así como para garantizar su bienestar y pleno reconocimiento”, explicó César Palacios, director general de Comunicación Estratégica, en nombre del Comité Interinstitucional de Cumplimiento de Sentencias Internacionales (CICSI).
Jurisprudencia
Según recordaron, el caso de la Comunidad Xákmok Kásek contra el Estado paraguayo, resuelto por la Corte IDH, en el año 2010, constituye un hito en la jurisprudencia interamericana sobre los derechos de los pueblos indígenas.
La sentencia reconoció la violación de los derechos territoriales de la comunidad y la falta de protección de sus derechos económicos, sociales y culturales, subrayando la responsabilidad estatal en garantizar su subsistencia y dignidad.
La comunidad Xákmok Kásek, perteneciente al pueblo Sanapaná, habitó ancestralmente el territorio en disputa. Durante décadas, el Estado paraguayo desatendió sus solicitudes de reconocimiento y titulación de tierras, permitiendo además actividades de explotación forestal sin su consentimiento.
Esta omisión tuvo un impacto devastador en el medio ambiente y en los recursos naturales de la comunidad, afectando gravemente su calidad de vida.
“Durante la reunión se revisaron los textos destinados a la publicación oficial de la sentencia, conforme a lo estipulado por la Corte IDH, y se discutieron mecanismos de difusión para visibilizar el caso y garantizar el derecho a la verdad de la comunidad”, indicaron.
Presentes en la reunión
Del encuentro participaron líderes y miembros de la comunidad Amancio Ruiz, Serfin López, Richard Ruiz y Patricio Iter; también técnicos de la organización Tierraviva como Adriana Agüero, Natalia Rodríguez, Arnaldo Aldana, Ricardo Morínigo y Carlos Goncalvez.
En representación del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), estuvo César Palacios.
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Estafa a colonos: fiscal general debe destrabar caso penal de imputados
El fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, debe destrabar el proceso penal que enfrentan el exfuncionario de la Cámara de Diputados, William Bogarín Campuzano, José Francisco Ljubetic, y otras dos personas procesadas penalmente por estafa, cuyas víctimas son colonos de Río Verde, departamento de San Pedro.
Rolón debe resolver la impugnación que se presentó contra la confirmación del fiscal del presente caso, Luis Alberto Godoy, quien fue recusado por el imputado José Francisco Ljubetic al solo efecto de dilatar que el presente proceso penal siga su curso.
De acuerdo al acta de imputación, el gestor José Francisco Ljubetic habría liderado un esquema que operó entre el 2017 y agosto del 2024, con el propósito de obtener dinero mediante la simulación de gestiones para adquirir tierras del Indert.
Igualmente, se describe que Ljubetic se presentó ante los hermanos Bernardo y Hernán Friesen Neufeld, a quienes ofreció la adquisición de dos lotes de 4.000 hectáreas cada uno, ubicados en Colonia Ñande Mba’e, distrito de Mariscal Estigarribia, Boquerón, por la suma de USD 1.600.000.
Para asegurar a sus víctimas, se dio participación a un supuesto equipo jurídico, conformado por los abogados Willian Bogarín Campuzano (exdirector general de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional de la Cámara Baja) e Ilsa Maricela Paredes.
Los citados se encargarían de realizar algunos trámites en el Indert para beneficiar a los colonos de la zona de Río Verde, departamento de San Pedro.
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