Un hombre que habría asesinado de 76 puñaladas a una mujer en el 2018, en la zona de Santa Rita, afrontará próximamente juicio oral y público. Se trata de Jorge Luis Giménez Barboza, quien fue acusado por la fiscala María del Carmen Meza por el hecho punible de homicidio doloso. El juzgado penal de garantías de la zona, a cargo del magistrado Bernardo Silva Vera, resolvió elevar la causa a juicio.
Según los antecedentes, el crimen había ocurrido el 14 de diciembre del mencionado año en horas de la mañana, en una vivienda del barrio Bella Vista, resultando víctima fatal Adjane Débora Bar. En aquella oportunidad, la mujer se encontraba cuidando de su hija pequeña de apenas 5 meses, mientras el marido se fue al trabajo. En un momento dado, el presunto criminal ingresó a la casa ajena pensando que nadie estaba en el lugar.
De inmediato, la dueña de casa reclamó su actitud sospechosa a Giménez Barboza, quien era concubino de una exempleada de la víctima. El acusado presumiblemente por temor a ser denunciado ante las autoridades, atacó a la mujer con un cuchillo y le aplicó heridas por todo el cuerpo, totalizando 76 puñaladas. Luego le arrojó una máquina de escribir por la cabeza. El brutal homicidio ocurrió frente a la hija pequeña, según la investigación fiscal.
Tras el crimen, el presunto autor escapó rápidamente del lugar mientras que la víctima quedó en el interior de la casa con su bebé. Recién a las 9:45 el cuerpo fue hallado por su hermana quien inmediatamente dio aviso a la Policía.
En prosecución de la pesquisa, el supuesto homicida fue detenido, puesto a disposición de la justicia, siendo procesado y formalmente acusado. Todas las pruebas ofrecidas por la fiscala fueron admitidas por el juzgado y próximamente Giménez Barboza será juzgado en un juicio oral. El mismo se expone hasta a 30 años de pena carcelaria, considerando la gravedad del hecho.
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Juez decretó arresto domiciliario del empresario Luis Montanaro, imputado por estafa
El juez Penal de Garantía Yoan Paul López decretó el arresto domiciliario del empresario Luis Augusto Montanaro, presidente de Finco S.A., imputado por estafa de USD 200.000, cuya víctima es un inversionista austríaco. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en Palacio de Justicia.
Según la imputación del caso, el 14 de diciembre de 2023, Luis Montanaro, en su calidad de presidente de Finco S.A., habría suscrito un contrato de inversión y compraventa de acciones preferidas con el ciudadano austríaco Adolf Frohlich.
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En dicha inversión, Frohlich habría depositado a cuenta de Montanaro, a la fecha de la firma del contrato, unos 150.000 euros. El depósito habría sido confirmado en fecha 2 de enero de 2024 por el mismo Montanaro.
Posteriormente, en febrero de 2024, depositó otros 50.000 euros, totalizando 200.000 euros; de los cuales, 133.334 euros se aplicarían en concepto de inversión. Esta suma debía devengar intereses compensatorios a una tasa de 19 % anual a ser pagados de forma trimestral y cuyo capital aportado debía ser devuelto en un plazo de diez años en cuotas de G. 52.564.932.
Esta suma debía ser pagada hasta el 18 de enero de 2034, según la proforma de pago confeccionada por Finco S.A., estipulada en el Anexo I del Contrato de Compra-Venta de Acciones Preferidas. Sin embargo, no se habría efectuado ningún pago, ni se habrían transferido las acciones prometidas a Frohlich.
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Policía interroga a Bolsonaro sobre su hijo días antes de tener que declarar por su caso de golpismo
La policía de Brasil interrogó este jueves a Jair Bolsonaro sobre uno de sus hijos investigado por posible obstrucción a la justicia, mientras el expresidente se prepara para responder desde el lunes en un juicio por presunto golpismo ante la corte suprema.
El exmandatario de extrema derecha (2019-2022) declaró en Brasilia sobre supuestas gestiones del diputado Eduardo Bolsonaro para lograr sanciones del gobierno de Estados Unidos contra autoridades judiciales brasileñas, a las que acusa de “perseguir” a su padre.
La corte ordenó la semana pasada investigar si el tercero de los cinco hijos de Bolsonaro busca entorpecer el juicio en curso contra el expresidente y excolaboradores suyos por un intento fallido de golpe de Estado en 2022.
La fiscalía acusó a Jair Bolsonaro, de 70 años, de buscar el apoyo de las fuerzas armadas para impedir la asunción del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva luego de que lo derrotara en las elecciones de ese año.
De ser hallado culpable, podría enfrentar hasta 40 años de cárcel.
Tras declarar ante la policía, Bolsonaro dijo este jueves a periodistas que la próxima semana responderá “sin ningún problema” a las preguntas ante la corte por la supuesta trama golpista.
“Es una excelente idea que hablemos en vivo sobre golpe de Estado, estoy muy feliz de tener la oportunidad de aclarar lo que ocurrió”, afirmó el capitán retirado del Ejército.
Reconoció además que transfirió “dinero legal, limpio” por la suma de dos millones de reales (unos 358 mil dólares) a su hijo, quien se mudó a Washington en febrero bajo el argumento de que la justicia brasileña intentaría prohibirle salir del país.
“El financiamiento de mi hijo no es para ningún acto ilegal”, afirmó, y defendió que Eduardo Bolsonaro trabaja “por la democracia en Brasil”.
Amenaza
La corte suprema accedió la semana pasada a un pedido de la fiscalía para investigar al hijo de Bolsonaro, quien también fue llamado a declarar pero no concurrió, por “coacción” y obstrucción al juicio contra su padre.
Desde Washington, Eduardo Bolsonaro “amenaza” a fiscales, policías y jueces, según la fiscalía.
El diputado ha solicitado sanciones para funcionarios brasileños como el retiro de visa para Estados Unidos, el bloqueo de bienes y la prohibición de establecer relaciones comerciales con cualquier estadounidense.
También publicó mensajes con “un manifiesto tono intimidatorio”, contra “agentes públicos” y “los jueces del proceso penal” que enfrenta a su padre, según la fiscalía.
El activismo de Eduardo Bolsonaro ha tenido eco en el partido republicano y el gobierno de Donald Trump.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirmó en mayo que había una “gran posibilidad” de que Washington sancionara al juez supremo brasileño Alexandre de Moraes por una supuesta “censura” y “persecución política” contra la derecha brasileña.
Moraes es relator del juicio contra Bolsonaro, a quien interrogará a partir del lunes. Además es responsable de la investigación sobre su hijo.
Tras las declaraciones de Rubio, el presidente Lula salió en defensa del magistrado.
“¿Qué historia es esa de que Estados Unidos quiera criticar algo de la justicia brasileña?”, dijo el domingo, y repudió que el gobierno de Trump “quiera procesar a Alexandre de Moraes”.
Bolsonaro está inhabilitado electoralmente hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas el sistema de votación, pero se mantiene como líder de la derecha e insiste en que quiere ser candidato en las presidenciales de 2026, a las que Lula también podría presentarse.
Eduardo aparece entre los nombres barajados en sondeos de opinión para reemplazar a su padre si él no concurriera a las urnas.
Fuente: AFP
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Brasil: corte suprema retoma juicio sobre regulación de redes sociales
- Brasilia, Brasil. AFP.
La corte suprema de Brasil retomó este miércoles pasado un juicio que debe decidir sobre la regulación de las redes sociales, en un proceso pionero en América Latina sobre el papel de las plataformas en la propagación de noticias falsas y discursos de odio. Tras varios meses de pausa, la corte vuelve a analizar varios casos referidos a las reglas para las plataformas y a su responsabilidad sobre los contenidos publicados por los usuarios.
El proceso ocurre en paralelo a un juicio en la corte al expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro y varios excolaboradores, por un presunto intento de golpe de Estado en 2022 tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva. Según la fiscalía, los supuestos golpistas usaron las redes sociales para desinformar sobre la fiabilidad del sistema electoral y justificar sus acciones.
El debate sobre las redes sociales en el máximo tribunal debe definir de qué manera las plataformas pueden recibir sanciones por publicaciones ilegales de los usuarios. Otro punto clave es si las empresas tecnológicas deben fiscalizar y eventualmente retirar contenidos ilícitos por su propia iniciativa, sin necesidad de intervención judicial como dicta el marco regulatorio actual.
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“Nada que ver con censura”
Ocho de once magistrados aún deben votar sobre la constitucionalidad de un artículo del llamado Marco Civil de Internet, vigente desde 2014, que establece que las plataformas solo son responsables por daños causados por publicaciones de usuarios si se niegan a acatar un mandato judicial para eliminar dichos contenidos.
Los tres que ya lo hicieron, entre ellos el presidente de la corte, Luis Roberto Barroso, se pronunciaron por una mayor responsabilización de esas empresas. “Establecer los criterios que regirán los casos que llegan al poder judicial es nuestro deber (...) y no tiene nada que ver con censura. Estamos hablando de responsabilidad civil”, resumió el miércoles Barroso al abrir la sesión.
Aunque se analizan casos puntuales, lo que defina el tribunal sentará jurisprudencia que deberá aplicarse de manera general en Brasil.
Uno de los casos bajo análisis se originó por una apelación de Facebook contra un fallo que obligó a la compañía a indemnizar a una mujer que descubrió un perfil falso con su nombre e imagen para divulgar material ofensivo.
El magistrado Luiz Fux argumentó en su voto que en casos de incitación al odio o a la violencia, racismo, pederastia y apología de golpe de Estado, las plataformas deberían “supervisar activamente” y eliminar el contenido de inmediato, sin necesidad de orden judicial.
El bolsonarismo se ha mostrado crítico con ese proceso. Existe “preocupación ante la posibilidad de que el poder judicial imponga, de forma unilateral, restricciones severas a la libertad digital en Brasil”, señaló la semana pasada en una nota la bancada bolsonarista en la Cámara de Diputados. El sensible debate ante el supremo no tiene fecha de finalización.
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Acelerar la regulación
La potencia sudamericana ganó protagonismo mundial en torno a las responsabilidades de las plataformas en agosto de 2024, cuando otro de los jueces de la corte suprema, Alexandre de Moraes, ordenó bloquear el acceso a la red X en todo el país por negarse a acatar órdenes judiciales relacionadas con el combate a la desinformación.
El dueño de X, el multimillonario Elon Musk, ignoró los pedidos de eliminar cuentas de partidarios de Bolsonaro, en medio de un pulso con Moraes sobre los límites de la libertad de expresión y las amenazas a la democracia. Después de 40 días suspendida, Musk cedió y X volvió a funcionar normalmente en Brasil.
El gobierno estadounidense de Donald Trump estudia actualmente posibles sanciones contra Moraes, luego de que el entorno de Bolsonaro lo acusara de “perseguir” al exmandatario (2019-2022). Por su parte, el presidente Lula abogó el martes por “acelerar la reglamentación” de las plataformas. “No es posible que un tipo intente dar un golpe de Estado (...) y diga que eso es libertad de expresión”, dijo en rueda de prensa el izquierdista, en alusión a Bolsonaro.
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Caso María Fernanda: juez ordenó prisión de de Mikahella Rolón en el Buen Pastor
El juez penal de Garantía de Coronel Oviedo, Gustavo Ovelar, decretó la prisión preventiva de Mikahella Chiara Yasy Rolón Melgarejo en la cárcel de mujeres del Buen Pastor, acusada de incitación a cometer hechos punibles, omisión de dar aviso de un hecho punible, asociación criminal, apología del delito y feminicidio en carácter de instigadora. La resolución del citado magistrado se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en la sede judicial de Coronel Oviedo.
Sin embargo, según las últimas informaciones surge el inconveniente que en el Buen Pastor ya no están recibiendo nuevas reclusas, por lo que el juez finalmente ordenó que sea derivada a la cárcel Juana María de Lara, de Ciudad del Este.
Los agentes fiscales Gladys Torales y Fermín Segovia, presentaron la imputación contra la joven y han solicitado al juzgado penal de Garantía la prisión preventiva de la joven Rolón. La misma sería amiga íntima del joven de 17 años que asesinó a María Fernanda, en un horrendo crimen en Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú.
Las investigaciones en el caso continúan para poder determinar cómo ocurrieron los hechos y castigar a los presuntos autores. Igualmente, no se descarta que se realicen más allanamientos en la zona, atendiendo a la complejidad de lo sucedido.
Último Adiós
Bajo un cielo gris, pobladores de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú, acompañaron la carroza fúnebre de la adolescente de 17 años, María Fernanda Benítez, cuyos restos fueron hallados en un patio baldío en el barrio Villa del Maestro de esta ciudad el fin de semana, confirmándose así el triste desenlace.
La caravana de personas aumentaba según avanzaban las cuadras, ya que tras el velorio el féretro fue llevado hasta la Parroquia Cristo Redentor en donde se realizó la misa de cuerpo presente, posteriormente se inició el recorrido para darle el último adiós a la joven en el que fuera su colegio, y de ahí la comitiva se dirigió hasta el Ministerio Público y posteriormente hasta la zona donde fueron hallados su restos.