El abogado Guillermo Duarte Cacavelos, defensor de Marly Figueredo, presentó una reposición y apelación en subsidio contra la determinación del juzgado que fijó para este miércoles la audiencia de imposición de medidas cautelares.
“Hemos interpuesto el recurso de imposición porque el acta de imputación no tiene sustento probatorio para afirmar que la señora Figueredo conocía que el cheque, con el cual se pagó la camioneta, provenía de la empresa ESSA”, dijo el jurista a los medios de prensa.
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Sostuvo que en el acta de escritura de compra-venta del rodado surgen cuestiones “muy relevantes”, como la entrega del cheque antes de la firma, que fue en diciembre del 2016 y la escritura pública se dio en enero del 2017. Con esta presentación se suspendería la diligencia judicial establecida para este miércoles.
Duarte Cacavelos indicó que cuando Marly Figueredo, esposa de Rodolfo Friedmann, firmó la escritura pública el cheque no estaba presente porque ya fue entregado para la adquisición de la lujosa camioneta, valuada en unos US$ 109 mil y que fue incautada en su momento por orden del juez José Agustín Delmás Aguiar.
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“Lo segundo es que la escritura pública menciona simplemente que el cheque era cargo Interfisa, no menciona al titular de la cuenta contra la cual se giró ese cheque. Entonces, afirmar que la señora Marly Figueredo, por firmar la escritura pública tenía conocimiento como dice el Ministerio Público, es falso. El acta de imputación se funda en meras afirmaciones y no tiene sustento probatorio”, agregó el abogado defensor.
El juez Humberto Otazú impugnó la inhibición de su colega José Agustín Delmás, quien días atrás se apartó de seguir entendiendo el caso del senador Rodolfo Friedmann, procesado por el Ministerio Público por el negociado de la merienda escolar.
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La Fiscalía imputó a Rodolfo Friedmann por administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo por el caso de la merienda escolar en Guairá. Su esposa, Marly Figueredo, está procesada por lavado de dinero en calidad de autora.
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Liberan a conductor y entregan camioneta por no estar vinculado con A Ultranza Py
El pasado 12 de abril, en un operativo de control fue detenida una camioneta Toyota Hilux de color blanco en poder de un hombre, que presumieron que estaría vinculado con el operativo A Ultranza Py. El conductor afirma que no quedó detenido y que el rodado no fue incautado, como se informó.
Se trata de Fermín Daniel Parra Gamarra, quien estaba al mando del rodado que pertenece a la empresa donde trabaja y que le fue designado ese día para su uso. Esta camioneta está a nombre de un diputado procesado, pero que no estaría vinculado al operativo. Posterior al control Parra fue liberado.
“Esa camioneta no tiene ninguna orden de captura o de intervención, tampoco está en la Fiscalía o una comisaría en carácter de incautado. Mucho menos yo, incluso no se nada del caso a Ultranza, soy solo un empleado a quien designaron ese vehículo ese día”, detalló Parra en entrevista con La Nación/Nación Media.
El trabajador contó que fue detenido sobre la avenida Eusebio Ayala, en un control policial y que le solicitaron que acompañe a los agentes hasta la dirección de Automotores de la Policía para confirmar la situación del rodado. “Les expliqué que solo era el chófer y que estaba llevando algunos materiales a una obra”, confirmó.
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Agregó que luego de unas horas se corroboró que el rodado no tiene nada que ver con la investigación de A Ultranza Py y que nuevamente fue liberado del control. “El comisario me pidió que firme un acta de que se intervino el rodado y que yo estaba manejando, pero que el fiscal ordenó la liberación”, aseguró.
Parra indicó que esta camioneta aún está a nombre del diputado y que no se puede transferir mientras dure su proceso, pero que ya fue entregado a la empresa en la que trabaja. “Ese día se corroboró que el rodado está inscripto del año 2014 y que la investigación comenzó en el 2019, por lo que nada tienen que ver con el operativo A Ultranza. Entonces terminó ahí”, detalló.
Lamentó que se haya filtrado su nombre y que lo hayan relacionado con la investigación de este caso. “Salió mi foto y mi nombre, dijeron que yo estaba detenido y eso no es cierto. Me está afectando en el trabajo, mi familia y mi nombre, porque al buscarme en redes sociales o google sale que estoy ligado con el narcotráfico y lavado de dinero”, puntualizó.
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Juzgado debe decidir sobreseimiento de suiza por uso del cannabis
La sexagenaria detenida el martes pasado por la posesión de dos plantas de cannabis para uso medicinal recibió arresto domiciliario y queda en manos del Juzgado Penal de Garantías el sobreseimiento definitivo y la extinción de la causa que solicitó el fiscal antinarcóticos de Guairá, Erico Ávalos, después que se viralizaran imágenes de la mujer de 62 años en la cárcel de una comisaría de Independencia.
El fiscal Ávalos pidió un cambio de calificación y un criterio de oportunidad a favor de Marianne Rita Baumann, la ciudadana suiza que fue aprehendida por tenencia y cultivo de estupefacientes. La solicitud fue formulada este jueves pasado, luego que la jueza Marcela Mallorquín dispusiera el arresto domiciliario de la procesada, rechazando el pedido inicial de prisión preventiva, considerándola improcedente.
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Baumann, domiciliada en el barrio Planta Urbana de Independencia, fue detenida el martes último al mediodía durante un allanamiento encabezado por el fiscal Erico Ávalos con apoyo de agentes policiales de Antinarcóticos Regional N.° 15 de Guairá y de la Comisaría 25.ª de Independencia. La mujer fue denunciada por vecinos por el olor a marihuana que provenía desde su vivienda. En el procedimiento se incautaron 33,6 gramos de marihuana picada y dos plantas de cannabis en sendas macetas, que la sexagenaria utiliza para tratarse la reuma.
El caso generó un debate en redes sociales sobre la criminalización del uso medicinal del cannabis y el senador Éver Villalba visitó este viernes a la mujer. “Durante mi visita al departamento de Guairá, me reuní con la Sra. Marianne Baumann para conocer más sobre su situación relacionada con la tenencia de dos plantines de marihuana. He solicitado a mi equipo revisar la legislación vigente y trabajar para proponer una ley moderna que permita al menos la tenencia de tres plantas para uso medicinal“, compartió el legislador sobre el encuentro.
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Cuestionan reclusión de sexagenaria por tener dos plantas de cannabis
Una mujer de 61 años fue detenida ayer miércoles y pasó la noche en el calabozo de la comisaría de Independencia, en Guairá, por la posesión de dos plantas de cannabis en dos macetas y 33 gramos de marihuana, que según alegó son para uso medicinal. Las imágenes de la sexagenaria en prisión se viralizaron y generaron cuestionamientos, entre ellos, de la organización Mamá Cultiva Paraguay.
“Manifestamos nuestra firme oposición a la criminalización del cultivo de cannabis para uso medicinal. Es imperativo que el Estado paraguayo garantice el respeto y la protección de los derechos humanos de todos los usuarios medicinales de cannabis en nuestro país como es el derecho fundamental a la vida digna sin dolor, a la salud y bienestar“, expresó en un comunicado publicado en la red social X, el grupo que reúne a madres que luchan por el uso medicinal del cannabis para dolencias persistentes.
Por su parte, el abogado Ricardo Preda opinó a través de la citada red social: “Urge la revisión de la política criminal con relación a la marihuana en nuestro país. Tanto desde la criminalización primaria como secundaria. Es un despropósito privar de la libertad a una persona que tiene la planta para su consumo”.
El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, aclaró que este operativo no corresponde a su institución y se preguntó qué habrán pensado los intervinientes para realizar este operativo. “Yo no haría ese tipo de trabajos. Si yo fuese fiscal y me llevan este tipo de casos, les meto presos a ellos. Si fuese hoy en día, como máxima autoridad de la Senad, se come un sumario fenomenal”, dijo este jueves en “Así son las cosas” por GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Qué dice la ley
La Fiscalía de la Unidad de Lucha contra el Narcotráfico, a través de Hernán Burgos y Juan José López, con la Policía de Antinarcóticos, realizaron el allanamiento de una vivienda ubicada en el barrio IPS de Independencia (Guairá), donde detuvieron a la mujer que fue imputada por tenencia de sustancias sin autorización y cultivo de marihuana. Se solicitó al Juzgado la aplicación de prisión preventiva.
La jueza Marcela Mallorquín será la que deba determinar si envía o no a la cárcel a la detenida, quien, mientras tanto, aguarda la decisión encerrada en el calabozo de la Comisaría 2.ª de esta ciudad. La Ley 1340/88 en su artículo 27 habla de tenencia de drogas sin autorización. A partir de allí, según Rachid, habría que analizar desde lo jurídico la gravedad del hecho y el grado de responsabilidad, además del uso que se le daba a la planta.
El artículo referido dice: “El que tuviere en su poder, sin autorización, sustancias estupefacientes, drogas peligrosas o productos que las contengan, será castigado con cinco a quince años de penitenciaría, comiso de la mercadería y multa del cuádruplo de su valor“.
Luego, en el artículo 30, expresa: “El que tuviere en su poder sustancias a las que se refiere esta ley, que el médico le hubiere recetado, o aquél que las tuviere para su exclusivo uso personal, estará exento de pena. Pero si la cantidad fuere mayor de la recetada o que la necesaria para uso personal, se le castigará con penitenciaría de dos a cuatro años y el comiso”.
“Se considerará de exclusivo uso personal del farmacodependiente la tenencia en su poder de sustancia suficiente para su uso diario, cantidad a ser determinada, en cada caso, por el médico forense y un médico especializado designado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y otro por el afectado si lo solicitare, a su costa. En el caso de la marihuana no sobrepasará los diez gramos y de dos gramos en el de la cocaína, heroína y otros opiaceos”, agrega el mismo artículo.
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Liberales a la carga: USD 46 millones en adjudicaciones por alimentos
Empresas cercanas a dos legisladores liberales fueron beneficiadas con millonarios montos para la provisión de alimentos a instituciones públicas y particularmente para la entrega de merienda y almuerzo escolar. En total, tres firmas ligadas a los opositores se alzaron con contratos por más de G. 341.000 millones.
- Por Juan Carlos Lezcano
Más de G. 341.000 millones (unos USD 46,7 millones) en contratos para la provisión de alimentos a instituciones públicas recibieron las empresas LF Latin Food SA (ex-Arcáncel SA), Pinoty SA y Villa Madrid. Las primeras dos son firmas cercanas a la senadora Celeste Amarilla, mientras que la tercera está vinculada al diputado Pedro Gómez Silva, ambos del Partido Liberal.
De acuerdo con lo que consta en la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), estas tres firmas cercanas a los políticos opositores se alzaron con un total de 103 contratos con instituciones estatales desde el 2010 hasta el presente año.
LOS AMIGOS DE CELESTE
La firma que más dinero recibió por parte de instituciones públicas es LF Latin Food SA (ex-Arcáncel SA). De acuerdo con los datos que se desprenden en la web de la DNCP, esta empresa cercana a la senadora Amarilla fue beneficiada con un total de 28 contratos con entidades públicas desde 2010 hasta el presente año.
Del total, el Ministerio de Salud Pública es el que más veces contrató a LF, con un total de diez adjudicaciones. En segundo lugar, entre los “mejores clientes” aparece la Gobernación de Central, con un total de ocho contratos.
En total , esta firma recibió la friolera suma de G. 176.809 millones (unos USD 24,2 millones) por parte de instituciones del Estado.
LF Latin Food SA, anteriormente denominada Arcángel SA, es representada por María Isabel Gavilán y Patricio Buteler. Esta empresa tiene una cercana relación con la senadora liberal Celeste Amarilla. De acuerdo con la declaración jurada de bienes y renta presentada por la legisladora opositora ante la CGR en 2023, la empresa proveedora de merienda escolar le debe unos G. 124 millones, correspondientes a utilidades de ejercicios anteriores. Además, la legisladora se muestra como una amiga cercana de Gavilán en publicaciones realizadas en redes sociales.
Amarilla declaró una drástica reducción de la deuda de la empresa durante los años del gobierno de Mario Abdo Benítez. En la manifestación de bienes de Amarilla del 2018 figuran deudas a cobrar a Arcángel SA por G. 3.000 millones y en 2019 subió a G. 3.425 millones, ella ya era diputada en ese momento. Al asumir como senadora, sus cuentas a cobrar bajaron a G. 125 millones.
MIMADOS EN CENTRAL
Volviendo a los contratos, como ya señalamos líneas más arriba, el Ministerio de Salud Pública fue el que más contratos entregó a Latin Food. Sin embargo, la Gobernación del departamento Central es la que más dinero adjudicó a la firma.
De hecho, el mayor contrato firmado por LF con una entidad pública fue precisamente con el gobierno centralino. En concreto, en 2015 la administración del liberal Blas Lanzoni firmó un contrato de G. 37.000 millones con la empresa que en esa época tenía aún a la hoy senadora (y correligionaria del entonces gobernador) Celeste Amarilla en su nómina accionaria.
De los más de G. 176.809 millones que recibió esta empresa del Estado, la mayor parte provino de la Gobernación de Central. En concreto, fueron G. 130.405 millones de los centralinos los entregados a Latin Food.
El Ministerio de Salud Pública entregó otros G. 30.785 millones a la firma, que tiene entre sus “clientes” a las gobernaciones de Ñeembucú, Misiones, Alto Paraná, Concepción y Amambay. Además, también fue contratada por la Senad y la Municipalidad de Guajayvi.
MÁS PARA LOS AMIGOS DE CELESTE
La firma Pinoty SA es la segunda que más dinero recibió entre las tres firmas. Entre 2012 y 2019, la firma fue beneficiada con un total de 30 contratos con el Estado, lo que le valió adjudicarse con más de G. 89.559 millones (unos USD 12 millones).
Al igual que LF Latin Food, Pinoty SA tiene una cercana relación con la senadora Celeste Amarilla. De hecho, ambas firmas comparten la misma representante, según Contrataciones Públicas: María Isabel Gavilán. Como ya dijimos líneas arriba, esta empresaria muestra en redes sociales su cercana amistad con la legisladora.
Además, Pinoty SA es una de las deudoras de Amarilla, según su declaración jurada de bienes y rentas. Cuando asumió como diputada, en 2018, la firma le debía a la legisladora liberal más de G. 6.000 millones, suma que se redujo a G. 4.500 millones para 2019.
De acuerdo con la última DD. JJ. de Amarilla, presentada tras jurar como senadora el año pasado, la firma actualmente tiene una deuda de G. 1.611 millones.
La institución que más veces contrató a Pinoty SA fue la Gobernación de Central, con cuatro contratos. Le siguen las gobernaciones de Alto Paraná, Caaguazú y Ñeembucú con tres adjudicaciones cada una.
En términos de contratos individuales, la Gobernación de Caaguazú fue la que le entregó la mayor adjudicación. Fue en 2015 cuando la administración de Mario Varela le entregó un contrato de G. 18.763 millones para la provisión de alimentos para el almuerzo escolar.
De hecho, el gobierno del quinto departamento es la institución que más dinero entregó en contratos a Pinoty SA: un total de G. 27.230 millones. Le sigue la Gobernación de Central, con G. 14.008 millones.
PROTEGIENDO EL NEGOCIO FAMILIAR
La lista se cierra con la firma Villa Madrid SA, empresa ligada al diputado liberal por el departamento Central, Pedro Gómez Silva.
La firma tiene como representantes legales a María Ana Silva y Mónica Gómez, madre y hermana, respectivamente, del legislador liberal. De hecho, la empresa tuvo como uno de sus primeros accionistas a Roberto Pedro Gómez Verlangieri, fallecido padre del diputado.
Según los datos que constan en la web de la DNCP, la firma recibió un total de 46 contratos con el Estado, lo que le valió adjudicaciones por más de G. 75.052 millones desde el 2013 en adelante.
Más de la mitad de las adjudicaciones, 26 en concreto, fueron otorgadas por el Ministerio de Salud Pública. Seis contratos fueron con la Gobernación del departamento Central y cuatro fueron con la Senad.
Sin embargo, la mayor cantidad de dinero provino de la Gobernación de Central, institución que le entregó también el contrato más jugoso a la empresa de la familia del diputado.
En una sola oportunidad, el gobierno centralino le entregó un contrato de más de G. 24.000 millones a la firma. Más concretamente, fue en 2017, durante la administración del liberal Blas Lanzoni, cuando la empresa de la familia Gómez fue beneficiada con una adjudicación para la provisión de pan lacteado, cereales y otros, para la merienda escolar.
Dos años antes, la administración de Lanzoni también había entregado otro contrato de G. 18.000 millones a la empresa de la familia de su correligionario liberal.
En total, la Gobernación de Central entregó contratos por más de G. 67.613 millones a Villa Madrid SA.
DEFENDIÓ PEDIDO DE AUMENTO
Gómez Silva fue uno de los legisladores que defendió el pedido de aumento presupuestario presentado por el gobernador del departamento Central, el también liberal Ricardo Estigarribia, cuando el año pasado el Congreso estudiaba el Presupuesto General de la Nación para el 2024.
El estudio del pedido de ampliación presupuestaria solicitada por la administración de Estigarribia tuvo lugar en el pleno de Diputados el 11 de octubre de 2023, fecha en la que el planteamiento fue rechazado.
Para ese entonces, la Gobernación de Central ya había iniciado la licitación para la provisión de alimentos para las escuelas del departamento. Más concretamente, según la web de Contrataciones, la licitación fue publicada ya el 30 de agosto del año pasado. Entre los oferentes apareció Villa Madrid SA, la empresa de la familia del diputado Gómez, que votó a favor de la ampliación solicitada.
La justificación de Estigarribia fue entonces que, sin más dinero, no habría más alimentos para niños. Alimentos que son proveídos, entre otros, por la empresa de la familia de uno de los diputados que votó a favor de la ampliación.