El fiscal en lo penal Alcides Corbalán se encuentra investigando los hechos punibles de estafa, apropiación y producción de documentos no auténticos que se habrían cometido con cheques por valor multimillonario y en que la víctima del hecho es Viviana Clemencia González, quien denunció a su exempleado Pedro Acosta como el presunto autor del hecho.
A raíz de la denuncia, el citado representante del Ministerio Público solicitó una orden de allanamiento a un local comercial donde presta servicio Acosta, donde se buscaron los cheques que había denunciado la víctima del hecho.
Por su parte, el agente del Ministerio Público Alcides Corbalán señaló que “estamos investigando varios supuestos hechos punibles que se denunciaron en mi unidad y para ello realizamos varios allanamientos buscando evidencias con relación al presente caso”.
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La denuncia radicada en sede fiscal señala que “Pedro Acosta mantenía una relación comercial con Viviana Clemencia González, propietaria de las firmas Trans Business SA y Frimo SA, quien le dejaba varios cheques firmados al denunciado para que pueda pagar a los proveedores, pero aparentemente Acosta realizaba descuentos de cheques o negociaba esos cheques con terceros a cambio de efectivo, produciendo así el daño para la propietaria de los cheques”.
Asimismo, el fiscal Corbalán, ante la presente denuncia, convocará a una audiencia indagatoria previa a formular un acta de imputación a Pedro Acosta para que el mismo pueda defenderse ante los hechos que se están investigando. Igualmente, Acosta estuvo presente durante el procedimiento fiscal.
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Tía Chela, la gran estafa de la administración Prieto para embolsillarse fondos en pandemia
La intervención en proceso en la Municipalidad de Ciudad del Este, está revelando cada vez con más claridad cómo funcionaba el esquema que organizó el intendente Miguel Prieto para concretar su maquiavélica gran estafa, con el objetivo de embolsillarse millonarias sumas pertenecientes a las arcas públicas. Le contamos cómo era el proceso para la tragada sistemática de dinero de los contribuyentes.
Mientras continúa la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo del economista Ramón Ramírez, va saltando al tapete cada vez con más claridad cómo operaba Miguel Prieto para llevar a cabo la maquiavélica estafa, que prácticamente vació las arcas de la municipalidad esteña.
Prieto y sus cómplices creían tener el esquema muy bien planeado, pero se les escaparon algunos detalles importantes que finalmente sirvieron a la Fiscalía de Delitos Económicos como elementos para señalarlos por las figuras penales de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente “opositor”, Miguel Prieto anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación “de urgencia” a la firma Tía Chela S.R.L. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo, y Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo, es decir, dos días antes.
Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, mismo día que la Municipalidad firmaba contrato con Tía Chela S.R.L, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos.
El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que en realidad no fueron proveídos por Tía Chela S.R.L.
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“Recordatorio”, de comisión en anverso de cheque
A la “escenografía”, que montó Prieto se suma otro hecho curioso. En el anverso del cheque que cobró el propietario de Tía Chela, Fermín Ávalos, estaba escrita a mano la frase “para comisión de Francisco Arrúa”. Arrúa es nada menos que el director administrativo de la Municipalidad de Ciudad del Este. Es decir, antes de concretarse la entrega de los víveres, ya estaba planificada la repartija de tajadas a los involucrados en la licitación que favoreció a Tía Chela.
Un dato no menor es que, al momento de convocar a los oferentes, se invitó a Tía Chela S.R.L de Fermín Ávalos, a Danielito S.R.L de Felipe Ávalos (padre de Fermín) y a Yrupē, de Sady Lorena Martínez, quien ya contaba con millonario contrato de alimentos.
Esta convocatoria a miembros de una familia y cercanos, hace sospechar a la Fiscalía de que el proceso de licitación fue solamente un maquillaje para direccionar la adjudicación hacia Tía Chela S.R.L.
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Algunos “beneficiarios”, ni siquiera están en el país
El departamento de Crimen Organizado realizó verificaciones aleatorias de datos de los supuestos beneficiarios de los kits de alimentos que figuran en las planillas, y resultó que varios de ellos residen o en el extranjero, o en otros departamentos del país alejados de Ciudad del Este.
Por si fuera poco, en las planillas datos que debieron ser consignadas por los beneficiarios, se observa claramente que la caligrafía pertenece a una misma persona, que llenó todo el documento para simular la entrega de los kits.
Compraban cantidades de combustible imposibles de consumir
Un nuevo hilo del ovillo fue publicado este martes en el diario La Nación. Este nos lleva a la detección de un esquema dedicado a desviar fondos utilizando como pantalla el consumo de combustible para la municipalidad.
En el “teatro” que armaron, no tuvieron en cuenta que es físicamente imposible que en un solo día un automóvil utilice casi 100 litros de combustible. Según el documento que presentaron, un solo vehículo cargó G. 800.000 de carburante en un día,
Todos los datos detectados fortalecen cada vez más la sospecha de que en la administración municipal esteña instauró un esquema corrupto que aprovechaba su posición de privilegio para sustraer sistemáticamente dinero público.
No se descarta que en el transcurso de los días salgan a luz nuevas denuncias relacionadas a acciones irregulares bajo el consentimiento cómplice del intendente Miguel Prieto.
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Mafia de los pagarés: fiscal insta al MEF a establecer directrices claras sobre descuentos salariales
Tras reunirse con la Comisión Especial que investiga la trama denominada “Mafia de los pagarés”, la fiscal Teresa Sosa advirtió sobre la necesidad urgente de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) intervenga para regular los descuentos que realiza el Banco Nacional de Fomento (BNF) sobre salarios de funcionarios públicos.
“Hay un trabajo pendiente que realizar, fundamentalmente con el Ministerio de Economía, porque es este ministerio el que debe establecer las pautas con respecto a los descuentos de salarios del funcionario en general que realiza el BNF”, manifestó la representante del Ministerio Público.
En conversación con varios medios de prensa, Sosa explicó que todos los funcionarios públicos cobran sus haberes a través del BNF por disposición del Poder Ejecutivo, específicamente del MEF, que establece el mecanismo de pago. En ese sentido, subrayó que las cuentas salariales no deben ser tratadas como cuentas corrientes comunes, ya que poseen una naturaleza jurídica distinta.
“El BNF tiene que respetar que esa cuenta del funcionario público es una cuenta salarial y no puede realizar cualquier descuento ni tener convenio con cualquier entidad para hacer descuentos, y tampoco tiene la potestad jurídica de aceptar embargos judiciales”, afirmó.
La fiscal recomendó a la Comisión Especial que las directrices y acuerdos para corregir esta situación deben partir necesariamente del MEF, a fin de encontrar una solución definitiva que contemple una adecuación normativa.
Finalmente, detalló que el Ministerio Público ha intervenido en aproximadamente 2.000 causas vinculadas a este esquema de descuentos irregulares, en el marco de las investigaciones sobre la mafia de los pagarés.
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Feminicidio María Fernanda: confirman al fiscal Fermín Segovia
La Fiscalía Adjunta del Área VI (Caaguazú) ratificó la competencia del fiscal Fermín Segovía para que siga al frente de la investigación por el feminicidio de María Fernanda Benítez. El fiscal adjunto Diego Zilbervarg rechazó la recusación presentada por la defensora Lourdes Mabel Rolón.
El fiscal adjunto estudio la recusación y tras un análisis detallado de los antecedentes del caso y la normativa aplicable concluyó que no se configuraba causal legal alguna que comprometa la objetividad del agente fiscal interviniente. En consecuencia, se resolvió confirmar la continuidad del agente fiscal Fermín Segovia en la conducción de la causa, que se encuentra en etapa investigativa. La decisión fue comunicada a las partes procesales y a las oficinas pertinentes para su debida anotación.
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Antecedentes
María Fernanda desapareció el pasado martes 27 de mayo y su cadáver fue hallado el 1 de junio, en un terreno baldío que queda cruzando la calle de la casa del adolescente de 17 años. Hasta la fecha se tienen a seis personas imputadas en el crimen de María Fernanda, entre ellas el joven de 17 años, principal sospechoso con quien se la ve por última vez en la moto.
Así también, fueron detenidos: Mikahella Rolón, presunta instigadora del crimen; Franco Acosta, hijo del dueño de la farmacia que vendió las pastillas para el aborto; los padres del sospechoso, quienes fueron imputados por exposición al tránsito terrestre porque su hijo usó la moto y Ricardo Villamayor, en cuya vivienda se encontró el biciclo y guarda prisión domiciliaria.
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Crimen de María Fernanda: recusan a fiscal por supuesta tortura y es apartado del caso
Este viernes, la defensa del principal sospechoso del crimen de María Fernanda Benítez recusó al fiscal Fermín Segovia, por supuesta tortura durante la detención del adolescente de 17 años. Desde el Ministerio Público decidieron apartar del cargo al fiscal y analizar el pedido.
Según la defensora pública Lourdes Rolón, abogada del adolescente imputado por la muerte de María Fernanda, se presentó una recusación en contra del fiscal Fermín Segovia. Alega que este incurrió en actos de tortura durante un allanamiento realizado en junio en el Centro Educativo Sembrador de Villarrica.
Rolón en su presentación indicó que durante el procedimiento que se realizó para buscar prendas del acusado el fiscal fue violento y que todo se realizó sin las garantías mínimas, lo que vulneró los derechos del menor de 17 años, que está recluido en el centro educativo de Guairá.
Atendiendo a este pedido la fiscala Gloria Rojas, adelantó que habrá una resolución en la que citan que el fiscal Segovia queda apartado del caso, mientras se analiza la recusación presentada por la defensa.
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Antecedentes
María Fernanda desapareció el pasado martes 27 de mayo y su cadáver fue hallado el 1 de junio, en un terreno baldío que queda cruzando la calle del adolescente de 17 años. Hasta la fecha se tienen a seis personas imputadas en el crimen de María Fernanda, entre ellas el joven de 17 años, principal sospechoso con quien se la ve por última vez en la moto.
Así también, fueron detenidos: Mikahella Rolón, presunta instigadora del crimen; Franco Acosta, hijo del dueño de la farmacia que vendió las pastillas para el aborto; los padres del sospechoso, quienes fueron imputados por exposición al tránsito terrestre porque su hijo usó la moto y Ricardo Villamayor, en cuya vivienda se encontró el biciclo y guarda prisión domiciliaria.
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