El Ministerio Público imputó por los delitos de denuncia falsa y simulación de un hecho punible a Félix Arístides Rondán Maymi, expresidente de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial (Secta Moon).
La fiscala Esmilda Álvarez pidió seis meses de tiempo para investigar el presente caso y solicitó al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de las medidas alternativas a la prisión para el imputado tomando en cuenta las medidas sanitarias de la pandemia.
Según la reciente imputación formulada contra Félix Arístides Rondán Maymi, este habría realizado afirmaciones supuestamente falsas con relación a hechos para direccionar una causa penal ante la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía. El ahora imputado afirmó que las personas a quienes denunció pretendían realizar una dación en pago para cancelar deudas, a través de la entrega de tierras que anteriormente fueron expropiadas a favor del Estado paraguayo, lo cual, según la Fiscalía, es un hecho inexistente, dado que nunca las fracciones de inmuebles expropiados fueron objeto de ofrecimiento y aceptación de una dación en pago. El objetivo de estos términos falsos iba encaminado a direccionar la intervención de la Unidad de Delitos Económicos.
Otro hecho que motiva la imputación de Rondán Maymi es que este afirmó que la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial (Secta Moon) no había contraído préstamos que lleven a ella a ofrecer una dación en pago para cancelarlas, pero esto igualmente no se ajusta a los documentos que revelan exactamente lo contrario, ya que existen deudas asumidas por las autoridades.
Por último, Rondán Maymi habría dicho que el préstamo otorgado por empresas del exterior a la Iglesia de la Unificación era no reembolsable, sin embargo existen contratos y documentos que prueban que el préstamo sí era reembolsable, incluso con intereses pactados.
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“El presidente bajó una línea ambiciosa”, afirma Duarte Frutos
El expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, dio su parecer sobre el primer informe de gestión presentado por el presidente Santiago Peña ante el Congreso Nacional y toda la ciudadanía. Para el exmandatario, Peña bajó una línea, una hoja de ruta muy ambiciosa para lo que se viene en su gobierno.
“Yo creo que el presidente Peña hizo una transcripción muy aproximada de la realidad que estamos viviendo. El presidente va al Congreso para dar un informe de gestión, el presidente no va al Congreso para autoflagelarse ni para hacer un discurso que agrade a determinada agenda mediática, se va para decir, ´esto hemos hecho, esto estamos haciendo y esto queremos hacer’”, dijo en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Duarte Frutos indicó que el jefe de Estado relató lo que ya ha hecho en este tiempo, lo que está haciendo y lo que se va hacer desde el Gobierno como una bajada de línea donde el presidente Peña “marca un destino muy ambicioso, muy interesante, que va marcar una continuidad y una innovación de todas las acciones políticas hasta hoy”.
En este punto, afirmó que esto también es una bajada de línea para los integrantes de su gabinete. “Eso también es un desafío a sus ministros. El presidente Peña plantea una hoja de ruta y se espera que sus ministros estén a la altura, porque él solo muchas cosas no va poder levantar”, apuntó.
Reconoció limitaciones
Por otra parte, Duarte Frutos dijo que además de las ambiciones, Peña también reconoció las limitaciones, principalmente en el marco de la seguridad, que en todos los gobiernos fue un punto difícil de combatir, como la delincuencia y los crímenes transnacionales.
“Obviamente reconoce también que hay limitaciones en el campo de la seguridad y que el Gobierno está haciendo un gran esfuerzo y grandes inversiones. La seguridad siempre ha sido un problema en todos los gobiernos y especialmente con el avance de la tecnología al servicio del delito, del crimen”, señaló.
Debe mirar hacia adelante
El expresidente sostuvo que Peña debe mirar hacia adelante, debe demostrar que es capaz de superar a los gobiernos que le precedieron, teniendo en cuenta que es el único presidente que cuenta con una mayoría en el Congreso Nacional.
“Santi Peña no tiene excusa, no puede decir que la oposición está poniendo palos en la rueda. Santi Peña tiene la mayoría que ningún presidente tuvo a lo largo de la transición, ningún presidente, mayoría en Diputados, mayoría en Senadores. Él tiene que avanzar, tiene que afinar su imaginación política, su conocimiento, la cohesión de su equipo para cumplir sus promesas”, expresó.
Además de una mayoría en el Poder Legislativo, Duarte Frutos también destacó el apoyo del Partido Colorado con el que cuenta en este momento el jefe de Estado y la buena gestión del presidente partidario, Horacio Cartes. “No tiene excusas para decir mañana, no pude porque me sabotearon, y ahí está el Partido Colorado, dándole una gran mayoría, una gran estabilidad, la gran gestión del presidente del partido, Horacio Cartes, nunca ningún presidente tuvo la tranquilidad que tiene Peña para gobernar”, puntualizó.
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Indagatoria a la gavilla de Abdo: “El final de la historia está absolutamente demostrado”
“Es un paso fundamental en todo proceso penal, es algo absolutamente necesario en un proceso que sigue adelante a pesar de las diferentes incidencias, nulidades y chicanas que han desviado totalmente el proceso natural”, sostuvo el abogado Pedro Ovelar con relación a la convocatoria a indagatoria a los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández, imputados por por filtrar informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) con fines políticos.
“La indagatoria es un medio de defensa, no es un acto propiamente investigativo, pero yo estoy seguro que con el tiempo se irá limpiando todo lo que ensuciaron para llegar al final de la historia que está absolutamente demostrado con la imputación y las diligencias realizadas de que hubo filtraciones, persecución política, que manipularon instituciones para perseguir a los adversarios políticos”, señaló en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Giuzzio, Arregui y Fernández se encuentran imputados por los supuestos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal, tras la denuncia realizada ante el Ministerio Público por Ovelar, quien ejerce la defensa legal del expresidente Horacio Cartes.
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Cartes había sostenido en su acusación de que fue víctima de una persecución política durante el anterior gobierno mediante el uso de las instituciones públicas. “No se tuvo el resultado deseado, que el Partido Colorado pierda las elecciones presidenciales, pero sí tuvo un efecto tremendamente dañino para una persona inocente”, afirmó.
Así también añadió que “sabían que era inocente, pero manipularon todas las instituciones para condenarlo, no solo mediática y socialmente, sino que también afectaron su patrimonio, sus bienes. Son responsables, lo hicieron, está comprobado y por eso se encuentran imputados hoy en día”.
Caso Montserrat Alliana
Por otra parte, Ovelar se refirió sobre el pedido realizado por los agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, quienes solicitaron la desestimación de la causa penal contra la funcionaria de la Cámara de Diputados Montserrat Alliana Encina sobre cobro indebido de honorarios y otros. “Esto fue totalmente político, nada de jurídico. El Ministerio Público, con la investigación y el análisis realizado, echa por tierra cualquier tipo de entidad a esta denuncia”, indicó.
Sostuvo que “fue una investigación muy profunda de parte del Ministerio Público respecto a la conducta de mi representada. Analizaron desde su nombramiento, todo el tiempo que estuvo trabajando hasta que fue denunciada, incluso la remuneración recibida. Revisaron dónde prestaba servicios, la ubicación de su teléfono celular, los permisos que obtuvo, tanto particulares como de salud, y las entradas y salidas del país para ver si coincidía con el tiempo en que figuraba como trabajando”.
Ovelar acotó: “lo más importante fue el análisis jurídico sobre la atipicidad, es decir, que su conducta desde su nombramiento, el cargo que ocupa y la remuneración que recibe están acordes a la ley y que no hay ningún hecho punible en el cual haya incurrido, tanto ella como también el diputado y presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre”.
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Juan Orlando Hernández fue condenado a 45 años de prisión
La justicia de Estados Unidos sentenció este miércoles al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández a 45 años de prisión, tras haber sido hallado culpable de tráfico de drogas y armas el pasado 8 de marzo. En una audiencia en Nueva York, el juez Kevin Castel condenó a Hernández, de 55 años -que fue presidente en dos mandatos consecutivos de 2014 a 2022-, a una multa de 8 millones de dólares y a 5 años de libertad vigilada cuando cumpla su condena.
La pena es un poco superior al mínimo estipulado -40 años por los tres cargos- pero inferior a la cadena perpetua que solicitó la fiscalía. “El papel de Juan Orlando Hernández fue utilizar su poder político como presidente del Congreso y como presidente de Honduras para limitar el riesgo de los narcotraficantes a cambio de dinero”, afirmó el juez al leer la sentencia.
“Nadie está por encima de la ley, tampoco los presidentes”, dijo por su parte el fiscal Jacob Gutwilling. “Soy inocente y fui acusado de forma injusta e indebida”, dijo por su parte el exmandatario, que llegó a la sala de audiencias caminando con un bastón debido a un accidente jugando fútbol, según su abogado.
Hernández escuchó de pie la sentencia del juez Castel, que fue muy duro en su argumentación, en una sala abarrotada de hondureños que se acercaron al tribunal del distrito sur de Manhattan para asistir a este día histórico. Su abogado defensor Renato Stabile anunció al término de la audiencia que apelará la sentencia con el fin último de “anular la condena” y “celebrar un nuevo juicio”, como había reclamado infructuosamente hasta ahora.
“Mal sabor de boca”
Para la activista hondureña de derechos humanos Lida Perdomo, la sentencia deja “un mal sabor de boca”, ya que considera que es “poca” para este político “peligroso”, cuyas “estructuras criminales, tanto dentro del poder judicial, de la policía y los militares siguen bastante vivas” en el país. Esperaba que le impusieran al menos dos cadenas perpetuas.
En su turno de palabra, Hernández arremetió contra la “justicia selectiva de los fiscales” que basó su acusación “en testimonios” de narcotraficantes interesados en obtener a cambio beneficios para su situación carcelaria y no presentaron “ninguna evidencia”. “Apelo al sentido común: ellos (los narcotraficantes) que testificaron en el juicio van a salir libres y yo preso de por vida”, dijo tras señalar que eso socava “la credibilidad del sistema judicial” estadounidense.
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“400 toneladas de cocaína”
Fiel colaborador del gobierno del republicano Donald Trump (2017-2021), Hernández llegó a jactarse de los elogios de Washington por la labor de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico. La fiscalía acusó a Hernández de crear un “narco-estado” y de convertir a Honduras en una “súper autopista” por la que pasaba buena parte de la droga procedente de Colombia.
Entre 2004 y 2022 -desde sus cargos de diputado, presidente del Congreso y luego presidente de la República-, Hernández participó y protegió a una red que envió más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos, con un valor en el mercado local de 10.000 millones de dólares, recordó Gutwilling. A cambio, habría recibido millones de dólares de los cárteles de la droga, entre ellos del narcotraficante mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.
Extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, tres meses después de entregar la presidencia a su sucesora, la izquierdista Xiomara Castro, Hernández habría sido el autor de la famosa frase: “Le vamos a meter la droga a los gringos en sus narices y no se van a dar ni cuenta”, según un testigo en un juicio. Otros inculpados en la misma causa, entre ellos su hermano Tony Hernández o el colaborador cercano de éste, Geovany Fuentes, ya fueron condenados a cadena perpetua.
También en la misma causa, el exjefe de la policía hondureña Juan Carlos Bonilla, conocido como “El Tigre”, y el policía Mauricio Hernández Pineda, se declararon culpables de narcotráfico, evitando sentarse en el banquillo de la justicia con el exmandatario. Desde 2014, medio centenar de hondureños acusados de narcotráfico han sido extraditados o se entregaron voluntariamente a la justicia de Estados Unidos.
Fuente: AFP.
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Imputan a chofer boliviano por intentar introducir casi 10 kilos cocaína a nuestro país
El fiscal de Filadelfia, chaco, Andrés Arriola imputó por tráfico internacional de sustancias prohibidas a un ciudadano boliviano que el pasado sábado fue detenido en la localidad de Mayor Infante Rivarola, Chaco, por donde pretendía introducir a nuestro país 9 kilos 480 gramos de cocaína. La carga iba en el interior de un camión cisterna que transporta gas a nuestro país desde Bolivia.
El detenido fue identificado como José Luis Luna Romero, de 47 años, quien fue detenido por los uniformados luego de que se encontraron los nueve paquetes totalmente embalados durante el procedimiento de control realizado en la sede de Aduanas de Mayor Infante Rivarola, en el departamento de Boquerón, Chaco paraguayo.
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El camión al mando de Luna Romero estaba aguardando junto a otros 14 vehículos el precinto para seguir viaje rumbo a distintas zonas de nuestro país. El fiscal Arriola explicó que el sospechoso fue imputado por tráfico internacional de sustancias prohibidas, tenencia y comercialización de drogas peligrosas.
“Esto ocurrió el sábado cuando el camión que trae gas de Bolivia a Paraguay fue inspeccionado por agentes de la Policía Nacional y en la parte de atrás, en el compartimiento donde guardan sus enseres, sus herramientas, se encontraron con nueve panes rectangulares que pesaron 9 kilos 480 gramos de supuesta cocaína. Luego se hizo al análisis primario y se lacró la carga en presencia del detenido”, dijo el representante del Ministerio Público.
Ahora el extranjero deberá comparecer ante un juzgado penal de Garantía para la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se resolverá en qué penitenciaria de nuestro país estará privado de su libertad.
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