Un tribunal de sentencia integrado por los jueces Dina Marchuk, Luz Martínez y Federico Rojas condenó a tres personas luego de ser encontradas culpables por tráfico internacional de drogas. El colegiado sentencio a 14 años de cárcel a Juan Antonio Gill Mieres y a Rafael Chamorro, mientras que Alberto Ferreira fue condenado 12 años por intentar traficar 570 kilos de cocaína en el año 2021 en la zona de Carmelo Peralta, departamento de Alto Paraguay.

El fiscal del presente caso fue Andrés Arriola, quien arrimó todos los elementos probatorios para que el tribunal de sentencia pueda condenar los tres acusados.

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De acuerdo a los antecedentes del caso, en fecha 21 de marzo de 2021, en el desvío a la ciudad de Carmelo Peralta, departamento de Alto Paraguay, agentes especiales de la Unidad Sensitiva de la Senad -en coordinación con el Ministerio Público-, interceptó una carga de 573 kilogramos de cocaína, que se encontraba en el doble fondo de un camión marca Mercedes Benz, guiado por el acusado Alberto Ferreira.

Asimismo, se encontraban punteando el traslado de las sustancias los acusados Antonio Gill y Rafael Chamorro a bordo de una camioneta marca Mitsubishi. A través de técnicas especiales de investigación, se obtuvo la información de que dicha carga había ingresado al territorio paraguayo desde Bolivia, vía aérea, mediante un vuelo ilícito y que descendió en un establecimiento ubicado en inmediaciones del distrito de Fuerte Olimpo, desde donde fue retirada la mercancía vía terrestre para su posterior remisión al mercado brasilero.

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A las 14:00 de este domingo se desarrollará la audiencia de imposición de medidas cautelares para los padres del presunto autor del feminicidio de la joven María Fernanda Benítez. La diligencia judicial se realizará ante un juez de turno de la ciudad de Coronel Oviedo.

En la audiencia de imposición de medidas cautelares, el juez tendrá que definir si corresponde decretar la prisión preventiva así como lo solicitó el Ministerio Público en su acta de imputación.

Actualmente los padres están detenidos en la Comisaría 31 del barrio Azucena de Coronel Oviedo, a disposición del Ministerio Público y del Juzgado Penal de Garantías.

La Fiscalía presentó la imputación contra los padres por simulación de hechos punibles y exposición a peligro en el tránsito terrestre. Los fiscales del caso solicitaron al Juzgado Penal de Garantía la prisión preventiva de la pareja.

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La pareja estaba prófuga de la Justicia y se encontraba en un barrio cerrado en la ciudad de San Bernardino, donde luego de un trabajo de inteligencia de la Policía Nacional se pudo lograr la detención.

De acuerdo a los investigadores del caso, se tuvo conocimiento de que los padres del supuesto feminicida estaban en un barrio cerrado y por tal motivo se montó vigilancia en la zona y cuando los hoy detenidos salieron del lugar fueron detenidos.

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El Tribunal de Sentencia integrado por Romina Onieva, Mercedes Urunaga y Cristian Duarte, condenó a 22 años de cárcel a un hombre de 62 años de edad luego de ser encontrado culpable por abuso sexual en niños, cuyas víctimas tenían 9 y 12 años de edad.

La fiscala del caso fue Rusbell Benítez López, de la Fiscalía Zonal de Itacurubí del Rosario, quien arrimó todos los elementos probatorios para lograr la condena del acusado. Durante el juicio, se demostró que en 2021, el acusado abusó repetidamente de las menores, aprovechando la ausencia de su madre. Las víctimas sufrieron los ataques mientras vivían en el hogar familiar.

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La Fiscalía presentó pruebas como informes psicológicos de las víctimas, entrevistas en Cámara Gesell, y un estudio socioambiental, que confirmaron que las niñas habían sido sometidas por su padrastro.

Asimismo, la defensa del condenado tiene la posibilidad de apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que defina si corresponde confirmar la sentencia condenatoria.

Del mismo modo, si se confirma en segunda instancia la condena, la defensa del sentenciado puede recurrir a la Corte Suprema de Justicia y será la máxima instancia judicial la que tendrá la última palabra.

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El presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel; el ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Central, Eugenio Jiménez Rolón; el ministro Gustavo Santander Dans, y la presidenta del Consejo de Administración de Central, la camarista María Teresa González de Daniel, encabezaron el acto de la palada inicial de la futura sede de los Juzgados de Primera Instancia de la ciudad de J. Augusto Saldívar.

Durante el acto simbólico, que representa un paso significativo para completar el complejo edilicio del Poder Judicial en dicha ciudad, el ministro superintendente Jiménez Rolón destacó la relevancia del proyecto como parte del proceso de modernización y fortalecimiento institucional del sistema judicial en la Circunscripción de Central.

En su intervención, valoró el trabajo conjunto dentro de la Corte Suprema de Justicia, señalando que, sin el respaldo y la decisión de sus colegas ministros, esta obra no sería posible. Subrayó que este emprendimiento representa no solo una mejora en infraestructura, sino también el compromiso firme de la institución con las necesidades reales del sistema judicial y de la ciudadanía.

Asimismo, hizo mención a otras obras recientes, como el edificio judicial inaugurado en Capiatá y el significativo avance en la sede de Fernando de la Mora, invitando a los presentes a conocer la envergadura de estas construcciones, orientadas a dignificar la labor de magistrados, funcionarios y abogados.

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El ministro alentó a mantener la confianza en las instituciones, afirmando que “hay personas que trabajan por el país, convencidas del futuro del Paraguay”, destacando el rol de la Corte Suprema de Justicia en cuanto al continuo impulso de acciones concretas en beneficio de todo el sistema de justicia.

La nueva sede judicial contará con una construcción de 4.140 metros cuadrados distribuidos en cuatro niveles: planta baja, primer y segundo piso, y azotea. Albergará tres Juzgados Penales de Garantías, un Juzgado Penal de la Adolescencia, dos Juzgados de la Niñez y la Adolescencia, un Juzgado Laboral, dos Juzgados Civiles y Comerciales, y un Tribunal de Sentencia. La infraestructura ofrecerá condiciones dignas para magistrados, funcionarios y, principalmente, para los justiciables.

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