María Selva Morínigo, esposa del ex fiscal general Javier Díaz Verón, está acusada por lavado de dinero y se expone a varios años de cárcel. Foto: Gentileza.
Ex fiscal general Díaz Verón y su esposa enfrentarán una sola audiencia preliminar
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El ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo enfrentarán una sola audiencia preliminar, en la que se definirá si ambos enfrentarán un juicio oral y público por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Así resolvió el Tribunal de Apelación al confirmar la resolución del juez José Delmás, quien decidió acumular la causa de Morínigo con la de su esposo, que se tramita en el juzgado de Julián López.
Los camaristas Pedro Mayor Martínez, Bibiana Benítez y Gustavo Santander firmaron la resolución judicial en la que se ratifica la resolución de primera instancia. Ahora el expediente deberá bajar al Juzgado de Garantías a cargo de Julián López para que este pueda fijar la nueva fecha en la que se desarrollará la audiencia preliminar en la que se tendrá que definir si el proceso se eleva a un juicio oral y público.
Acusación
El 13 de agosto del año pasado, el fiscal Anticorrupción Osmar Legal presentó acusación contra Francisco Javier Díaz Verón por la presunción de enriquecimiento ilícito y solicitó al Juzgado Penal de Garantías elevar la causa a juicio oral y público.
Díaz Verón guarda reclusión domiciliaria luego de que un Juzgado verifique en febrero de este año su estado actual de salud. El exrresponsable del Ministerio Público estuvo varios meses con prisión preventiva en la Cárcel Militar de Viñas Cue y en Tacumbú. Mientras que su esposa, María Selva Morínigo, está acusada por lavado de dinero y actualmente se encuentra con arresto domiciliario.
De acuerdo a la carpeta fiscal, entre el 2014 y el 2016 Javier Díaz Verón acumuló una fortuna de G. 1.147.058.591 que no se justificaba con sus ingresos económicos. El ex fiscal general se expone hasta a 10 años de cárcel por el delito mencionado.
Un tribunal de sentencia condenó a una abogada a 3 años de cárcel por suplantar la identidad de una persona que debía rendir el examen de carta de naturalización en el Poder Judicial. Foto: Gentileza
Condenan a 3 años de cárcel a una abogada por suplantación en exámenes de naturalización de extranjero
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El tribunal de sentencia, conformado por los jueces Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y María Fernanda García, condenó a tres años de cárcel a la abogada Cinthia Pérez Toranzo, luego de ser encontrada culpable por los delitos de producción de documentos no auténticos y abuso de documentos de identidad, por intentar mentir al justiciar en una carta de naturalización de ciudadanos extranjeros.
Los magistrados de sentencia Juan Carlos Zárate y María Fernanda García de Zuñiga votaron por la sentencia condenatoria de tres años, mientras que el juez Héctor Capurro votó por condenar a solo dos años y seis meses de prisión.
El magistrado Zárate sostuvo que luego de la presentación de ambos extranjeros, se produjo la suplantación por otras personas a los efectos de rendir los exámenes, por parte de un adolescente y el señor Mohamed Ali Kanso.
Por su parte, la actual exsecretaria de la Sala Civil de la Corte y camarista Pierina Ozuna, indicó que a partir de lo sucedido se replanteó lo referente a los controles para evitar situaciones como la acontecida con la abogada Cinthia Pérez Toranzo, condenada hoy a 3 años de pena privativa de libertad, indico la magistrada a Cuarto Intermedio a través de El Observador Radio TV.
El colegiado sentenció a 14 años de cárcel a Juan Antonio Gill Mieres y Rafael Chamorro, mientras que a 12 años fue condenado Alberto Ferreira por intentar traficar 570 kilos de cocaína. Foto: Archivo
Condenan a 14 y 12 años de cárcel a tres personas por intentar traficar 570 kilos de cocaína
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Un tribunal de sentencia integrado por los jueces Dina Marchuk, Luz Martínez y Federico Rojas condenó a tres personas luego de ser encontradas culpables por tráfico internacional de drogas. El colegiado sentencio a 14 años de cárcel a Juan Antonio Gill Mieres y a Rafael Chamorro, mientras que Alberto Ferreira fue condenado12 años por intentar traficar 570 kilos de cocaína en el año 2021 en la zona de Carmelo Peralta, departamento de Alto Paraguay.
El fiscal del presente caso fue Andrés Arriola, quien arrimó todos los elementos probatorios para que el tribunal de sentencia pueda condenar los tres acusados.
De acuerdo a los antecedentes del caso, en fecha 21 de marzo de 2021, en el desvío a la ciudad de Carmelo Peralta, departamento de Alto Paraguay, agentes especiales de la Unidad Sensitiva de la Senad -en coordinación con el Ministerio Público-, interceptó una carga de 573 kilogramos de cocaína, que se encontraba en el doble fondo de un camión marca Mercedes Benz, guiado por el acusado Alberto Ferreira.
Asimismo, se encontraban punteando el traslado de las sustancias los acusados Antonio Gill y Rafael Chamorro a bordo de una camioneta marca Mitsubishi. A través de técnicas especiales de investigación, se obtuvo la información de que dicha carga había ingresado al territorio paraguayo desde Bolivia, vía aérea, mediante un vuelo ilícito y que descendió en un establecimiento ubicado en inmediaciones del distrito de Fuerte Olimpo, desde donde fue retirada la mercancía vía terrestre para su posterior remisión al mercado brasilero.
Los padres del presunto autor del feminicidio de María Fernanda Benítez deben comparecer a las 14:00 para la audiencia de imposición de medidas en la que se definirá si estarán privados de su libertad. Foto: Gentileza
Feminicidio de María Fernanda: definirán si padres de supuesto autor irán presos
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A las 14:00 de este domingo se desarrollará la audiencia de imposición de medidas cautelares para los padres del presunto autor del feminicidio de la joven María Fernanda Benítez. La diligencia judicial se realizará ante un juez de turno de la ciudad de Coronel Oviedo.
En la audiencia de imposición de medidas cautelares, el juez tendrá que definir si corresponde decretar la prisión preventiva así como lo solicitó el Ministerio Público en su acta de imputación.
Actualmente los padres están detenidos en la Comisaría 31 del barrio Azucena de Coronel Oviedo, a disposición del Ministerio Público y del Juzgado Penal de Garantías.
La Fiscalía presentó la imputación contra los padres por simulación de hechos punibles y exposición a peligro en el tránsito terrestre. Los fiscales del caso solicitaron al Juzgado Penal de Garantía la prisión preventiva de la pareja.
La pareja estaba prófuga de la Justicia y se encontraba en un barrio cerrado en la ciudad de San Bernardino, donde luego de un trabajo de inteligencia de la Policía Nacional se pudo lograr la detención.
De acuerdo a los investigadores del caso, se tuvo conocimiento de que los padres del supuesto feminicida estaban en un barrio cerrado y por tal motivo se montó vigilancia en la zona y cuando los hoy detenidos salieron del lugar fueron detenidos.
Villa del Rosario: condenan a sexagenario a 22 años de cárcel por abusar de sus hijastras
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El Tribunal de Sentencia integrado por Romina Onieva, Mercedes Urunaga y Cristian Duarte, condenó a 22 años de cárcel a un hombre de 62 años de edad luego de ser encontrado culpable por abuso sexual en niños, cuyas víctimas tenían 9 y 12 años de edad.
La fiscala del caso fue Rusbell Benítez López, de la Fiscalía Zonal de Itacurubí del Rosario, quien arrimó todos los elementos probatorios para lograr la condena del acusado. Durante el juicio, se demostró que en 2021, el acusado abusó repetidamente de las menores, aprovechando la ausencia de su madre. Las víctimas sufrieron los ataques mientras vivían en el hogar familiar.
La Fiscalía presentó pruebas como informes psicológicos de las víctimas, entrevistas en Cámara Gesell, y un estudio socioambiental, que confirmaron que las niñas habían sido sometidas por su padrastro.
Asimismo, la defensa del condenado tiene la posibilidad de apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que defina si corresponde confirmar la sentencia condenatoria.
Del mismo modo, si se confirma en segunda instancia la condena, la defensa del sentenciado puede recurrir a la Corte Suprema de Justicia y será la máxima instancia judicial la que tendrá la última palabra.