María Selva Morínigo, esposa del ex fiscal general Javier Díaz Verón, está acusada por lavado de dinero y se expone a varios años de cárcel. Foto: Gentileza.
Ex fiscal general Díaz Verón y su esposa enfrentarán una sola audiencia preliminar
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El ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo enfrentarán una sola audiencia preliminar, en la que se definirá si ambos enfrentarán un juicio oral y público por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Así resolvió el Tribunal de Apelación al confirmar la resolución del juez José Delmás, quien decidió acumular la causa de Morínigo con la de su esposo, que se tramita en el juzgado de Julián López.
Los camaristas Pedro Mayor Martínez, Bibiana Benítez y Gustavo Santander firmaron la resolución judicial en la que se ratifica la resolución de primera instancia. Ahora el expediente deberá bajar al Juzgado de Garantías a cargo de Julián López para que este pueda fijar la nueva fecha en la que se desarrollará la audiencia preliminar en la que se tendrá que definir si el proceso se eleva a un juicio oral y público.
Acusación
El 13 de agosto del año pasado, el fiscal Anticorrupción Osmar Legal presentó acusación contra Francisco Javier Díaz Verón por la presunción de enriquecimiento ilícito y solicitó al Juzgado Penal de Garantías elevar la causa a juicio oral y público.
Díaz Verón guarda reclusión domiciliaria luego de que un Juzgado verifique en febrero de este año su estado actual de salud. El exrresponsable del Ministerio Público estuvo varios meses con prisión preventiva en la Cárcel Militar de Viñas Cue y en Tacumbú. Mientras que su esposa, María Selva Morínigo, está acusada por lavado de dinero y actualmente se encuentra con arresto domiciliario.
De acuerdo a la carpeta fiscal, entre el 2014 y el 2016 Javier Díaz Verón acumuló una fortuna de G. 1.147.058.591 que no se justificaba con sus ingresos económicos. El ex fiscal general se expone hasta a 10 años de cárcel por el delito mencionado.
Condenan a dos personas a 10 años de cárcel por robar un camión Scania
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Un tribunal de sentencia condenó a 10 años de cárcel a dos personas luego de ser encontrados culpables por robo agravado. Los condenados son Jorge Pavón Cohene y Cristhian Jara Coronel. La fiscala que probó la responsabilidad de los dos acusados fue Alejandra Vera. El colegiado sostuvo que el Ministerio Público pudo probar la responsabilidad de los dos acusados en el grave hecho registrado.
La investigación, llevada adelante por la representante del Ministerio Público, logró llegar hasta los responsables de un violento hecho ocurrido el 2 de agosto de 2021, cuando Adelio Giménez y Fernando Giménez se dirigieron a la compañía Curupicayty de la ciudad de Itá con la intención de mostrar y vender su camión Scania a un supuesto comprador. Una vez en el lugar, fueron interceptados por Pavón Cohene y Jara Coronel, quienes los redujeron con un arma de fuego, maniatando y amordazando a sus víctimas, manteniéndolas retenidas en la cabina del vehículo de gran porte.
Luego fueron trasladados a otro sitio y obligados a abordar otro vehículo en compañía de personas hasta ese entonces no identificadas. Finalmente, Adelio y Fernando Giménez fueron abandonados en el Km 15, calle Quintana, de la compañía Takuara de la ciudad de Nueva Italia, y los ahora sentenciados se dieron a la fuga en el camión Scania.
Ahora la defensa de los dos condenados tiene la opción de apelar el presente fallo judicial y en caso de que sea así, un tribunal de apelación tendrá la última palabra sobre si confirma la sentencia de primera instancia o si se ordena la realización de nuevo juicio oral y púbico.
Un tribunal de sentencia integrado por Darío Báez, Gloria Hermosa y Cristián González condenó a 21 años de cárcel a una persona acusada de abusar sexualmente de tres niños. Foto: Gentileza
Un tribunal de sentencia integrado por Darío Báez, Gloria Hermosa y Cristian González condenó a 21 años de cárcel a un hombre luego de ser encontrado culpable del delito de abuso sexual en niños. Las víctimas son tres sobrinos del hoy sentenciado. El condenado ya fue sentenciado a 14 años de pena privativa de libertad por otro caso de abuso sexual en niños.
Tras la sentencia, la fiscala Claide Acosta señaló que “terminamos el juicio oral y público por el caso de abuso sexual en niños, donde el Ministerio Público solicitó la pena de 21 años de cárcel en un caso sumamente grave donde las víctimas fueron tres niños”, explicó.
“El tribunal colegiado encontró culpable al acusado y condenó a 21 años de cárcel, conforme a los testigos y las pruebas documentales ofrecidas durante el juicio oral”, manifestó.
Acotó igualmente que “las víctimas de este grave caso son tres niños entre 6 y 12 años, sobrinos del hoy condenado. Este hecho se registró en una convivencia de familia ampliada porque vivían todos en un inmueble y penosamente surge esta situación que fue denunciada en el año 2022″.
“Se realizó un amplio trabajo con profesionales psicólogos médicos forenses y se abarcó todos los campos y se pudo probar el hecho que es lo importante”, indicó la representante del Ministerio Público.
Igualmente Acosta sostuvo que “dado el temor debido a que las víctimas recibían amenazas los niños lograron contar el hecho en el ámbito escolar y luego se comunicó al Ministerio Público donde se inició la investigación que terminó con la alta condena para el acusado”.
Condenan a 19 años de cárcel a una mujer que asesinó su empleadora
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El tribunal de sentencia integrado por los jueces Yolanda Portillo, Juan Carlos Zárate y Héctor Capurro condenó a 19 años de cárcel a Ydolvina González de Bogarín luego de ser encontrada culpable por el homicidio de Ada Estela Gaona Vda. de Aguilera. El terrible suceso ocurrió en abril del año 2022 en el barrio Tacumbú de la capital.
La hoy condenada fue empleada doméstica en la casa de la víctima durante los fines de semana. De acuerdo a los elementos presentados en juicio, la condenada asesinó a la mujer por asfixia mecánica tras maniatarla, además de propinarle golpes.
La víctima fue encontrada sin vida, fuertemente atada y amordazada. En una aparente maniobra para desviar la investigación, la acusada también se presentó atada, pero de forma burda y poco convincente, lo que desde un principio generó sospechas entre los investigadores.
El fiscal Hernán Mendoza logró demostrar la responsabilidad de la acusada con la presentación de varios testimonios, entre ellos el de la señora Emigdia Cárdenas de Bareiro, quien al llegar al lugar de los hechos encontró la escena del crimen y junto a una vecina, ayudó a desatar tanto a la víctima como a la acusada.
El caso generó conmoción en el barrio Tacumbú, por la relación de cercanía entre víctima y victimaria. El Ministerio Público y la querella adhesiva solicitaron la pena máxima prevista por la gravedad del crimen y la relación de confianza rota, pero finalmente el tribunal colegiado condenó a 19 años de cárcel.
Jueza hizo lugar al sobreseimiento definitivo de directora, docente y coordinador de colegio de Lambaré
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El juzgado penal de garantías de Lambaré, a pedido de Isabel Bracho, resolvió hacer lugar al sobreseimiento definitivo de la directora de un colegio, una docente y la coordinadora de la institución ubicada en Lambaré, quienes fueron procesadas penalmente por violación del deber de cuidado y otros delitos, a partir de un caso de abuso ocurrido en un colegio lambareño.
Las beneficiadas con la desvinculación total del grave suceso son; Carolina Urbieta de Villate, María Gabriela Santiviago Rivarola y Olga María Feltes Ochoa, quienes por extinción de la acción penal obtuvieron el sobreseimiento definitivo.
Bracho sostuvo en su resolución que “considerando lo que consta en el expediente judicial, no existiendo reapertura de la causa, ni pedido del Ministerio Público para que el caso se eleve a juicio oral, ni otro requerimiento, estando tanto la querella adhesiva como la fiscalía notificadas de la resolución del 27 de diciembre de 2023 donde se decidió el sobreseimiento provisional, a criterio de esta magistratura corresponde aplicar el sobreseimiento definitivo”, indica la magistrada en su resolución.
En su momento, el Ministerio Público investigó este caso e incluso las hoy beneficiarias de la desvinculación definitiva del proceso estuvieron privadas de libertad.