A las 14:00 de este domingo se desarrollará la audiencia de imposición de medidas cautelares para los padres del presunto autor del feminicidio de la joven María Fernanda Benítez. La diligencia judicial se realizará ante un juez de turno de la ciudad de Coronel Oviedo.

En la audiencia de imposición de medidas cautelares, el juez tendrá que definir si corresponde decretar la prisión preventiva así como lo solicitó el Ministerio Público en su acta de imputación.

Actualmente los padres están detenidos en la Comisaría 31 del barrio Azucena de Coronel Oviedo, a disposición del Ministerio Público y del Juzgado Penal de Garantías.

La Fiscalía presentó la imputación contra los padres por simulación de hechos punibles y exposición a peligro en el tránsito terrestre. Los fiscales del caso solicitaron al Juzgado Penal de Garantía la prisión preventiva de la pareja.

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La pareja estaba prófuga de la Justicia y se encontraba en un barrio cerrado en la ciudad de San Bernardino, donde luego de un trabajo de inteligencia de la Policía Nacional se pudo lograr la detención.

De acuerdo a los investigadores del caso, se tuvo conocimiento de que los padres del supuesto feminicida estaban en un barrio cerrado y por tal motivo se montó vigilancia en la zona y cuando los hoy detenidos salieron del lugar fueron detenidos.

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El Tribunal de Sentencia integrado por Romina Onieva, Mercedes Urunaga y Cristian Duarte, condenó a 22 años de cárcel a un hombre de 62 años de edad luego de ser encontrado culpable por abuso sexual en niños, cuyas víctimas tenían 9 y 12 años de edad.

La fiscala del caso fue Rusbell Benítez López, de la Fiscalía Zonal de Itacurubí del Rosario, quien arrimó todos los elementos probatorios para lograr la condena del acusado. Durante el juicio, se demostró que en 2021, el acusado abusó repetidamente de las menores, aprovechando la ausencia de su madre. Las víctimas sufrieron los ataques mientras vivían en el hogar familiar.

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La Fiscalía presentó pruebas como informes psicológicos de las víctimas, entrevistas en Cámara Gesell, y un estudio socioambiental, que confirmaron que las niñas habían sido sometidas por su padrastro.

Asimismo, la defensa del condenado tiene la posibilidad de apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que defina si corresponde confirmar la sentencia condenatoria.

Del mismo modo, si se confirma en segunda instancia la condena, la defensa del sentenciado puede recurrir a la Corte Suprema de Justicia y será la máxima instancia judicial la que tendrá la última palabra.

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El presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel; el ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Central, Eugenio Jiménez Rolón; el ministro Gustavo Santander Dans, y la presidenta del Consejo de Administración de Central, la camarista María Teresa González de Daniel, encabezaron el acto de la palada inicial de la futura sede de los Juzgados de Primera Instancia de la ciudad de J. Augusto Saldívar.

Durante el acto simbólico, que representa un paso significativo para completar el complejo edilicio del Poder Judicial en dicha ciudad, el ministro superintendente Jiménez Rolón destacó la relevancia del proyecto como parte del proceso de modernización y fortalecimiento institucional del sistema judicial en la Circunscripción de Central.

En su intervención, valoró el trabajo conjunto dentro de la Corte Suprema de Justicia, señalando que, sin el respaldo y la decisión de sus colegas ministros, esta obra no sería posible. Subrayó que este emprendimiento representa no solo una mejora en infraestructura, sino también el compromiso firme de la institución con las necesidades reales del sistema judicial y de la ciudadanía.

Asimismo, hizo mención a otras obras recientes, como el edificio judicial inaugurado en Capiatá y el significativo avance en la sede de Fernando de la Mora, invitando a los presentes a conocer la envergadura de estas construcciones, orientadas a dignificar la labor de magistrados, funcionarios y abogados.

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El ministro alentó a mantener la confianza en las instituciones, afirmando que “hay personas que trabajan por el país, convencidas del futuro del Paraguay”, destacando el rol de la Corte Suprema de Justicia en cuanto al continuo impulso de acciones concretas en beneficio de todo el sistema de justicia.

La nueva sede judicial contará con una construcción de 4.140 metros cuadrados distribuidos en cuatro niveles: planta baja, primer y segundo piso, y azotea. Albergará tres Juzgados Penales de Garantías, un Juzgado Penal de la Adolescencia, dos Juzgados de la Niñez y la Adolescencia, un Juzgado Laboral, dos Juzgados Civiles y Comerciales, y un Tribunal de Sentencia. La infraestructura ofrecerá condiciones dignas para magistrados, funcionarios y, principalmente, para los justiciables.

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El fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, confirmó que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset propuso negociar su entrega a cambio de lograr la liberación de su esposa Gianina García Troche. Este dato fue revelado recientemente por el uruguayo a través de un comunicado donde lanzó amenazas para las autoridades de su país, Estados Unidos, Bolivia y Paraguay.

La mujer se encuentra recluida en la cárcel militar de Viñas Cué tras ser imputada por lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas.

Según la información proveída por la 1020 AM, Rolón mediante mensajes de texto manifestó que “hace un tiempo se presentó un abogado, exjuez planteando la entrega de Marset, munido de una propuesta escrita en la que decía que se libere de todo proceso a su esposa y condiciones especiales de reclusión“.

Ante este intento de negociación, Rolón alega que indicó al representante legal de Marset que “no se puede acordar propuesta alguna con el prófugo y le instamos a que se presente. Le ofrecimos las garantías establecidas en la Constitución Nacional y en las leyes”.

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Al ser consultado sobre quién sería el exmagistrado de nacionalidad paraguaya, Emiliano Rolón se limitó a contestar al medio de comunicación que “ustedes son buenos investigadores”.

Mediante una carta remitida por Marset a un medio radial de Uruguay, el narcotraficante había alegado tras el rechazo de su planteamiento que “yo creo que vivo no les sirvo porque sé muchas cosas, arrastraría a muchos conmigo. Mejor hagamos las cosas en paz, liberen a la mamá de mis hijos, que está sufriendo junto con ellos“.

Asimismo manifestó que “si en algún momento quieren llegar a un acuerdo conmigo, mis abogados están abiertos a escuchar, pero dejen a mi familia en paz. Yo sé que nada es gratis, pero digan la cifra y terminemos con esta farsa”.

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