En horas de la madrugada de este jueves, la Unidad Especializada en la Lucha contra el Contrabando, a cargo del agente fiscal Miguel Quintana en conjunto con la Policía Nacional (Dpto. contra Hechos Punibles Económicos) realizaron un procedimiento en un depósito ubicado en la ciudad de Coronel Oviedo, donde fueron encontrados dos camiones, uno de ellos contenía varias cajas de tomate y el otro de azúcar, todos presuntamente de origen brasileño. Además, fue aprehendido Jefferson Meyer Klein (40).
Asimismo, en el procedimiento fiscal se incautó un tractocamión de la marca Scania, modelo R113, año 1992, color rojo, Chapa Nro. BAX 263, con semirremolque de la marca Guerra, color rojo; un camión de la marca Mitsubishi tipo Canter, color blanco, año 95, así como 35 mil kilogramos de productos frutihortícolas (tomate), distribuidos en varias cajas de origen brasileño.
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En el mismo procedimiento se incautaron también 21 mil kilogramos azúcar de la marca Estrella, de origen brasileño; 40 cajas de máquinas de afeitar de la marca Gillette con 200 unidades cada caja, de origen brasileño. De acuerdo a los intervinientes, el valor de los productos incautados llegaría a la suma de G. 580 millones.
Posteriormente, se procedió al traslado de los vehículos y las mercaderías hasta el Depósito de la Aduana Gical, de la ciudad de Mariano R. Alonso, para su guarda y custodia. El hombre fue llevado hasta la Dirección contra Hechos Punibles, Económicos y Financieros de la Policía Nacional, en carácter de detenido y quedó a disposición del Ministerio Público.
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DNIT destaca apoyo del Gobierno en la lucha contra el contrabando
El titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, resaltó el apoyo del presidente de la República, Santiago Peña, de la ciudadanía y de los medios de comunicación en el combate al contrabando, una tarea que calificó de compleja pero fundamental para garantizar el cumplimiento de la ley.
“Sabíamos que no iba a ser fácil. Yo le dije al presidente de la República cuando me invitó a ser parte de su gobierno que le iba a traer muchos dolores de cabeza, pero que si estaba con la suficiente convicción de que podemos hacer bien el trabajo, lo íbamos a hacer, y hoy lo estamos haciendo con su apoyo”, expresó Orué.
El director de la DNIT admitió que, históricamente, el recaudador de impuestos no ha gozado de gran simpatía, pero afirmó que el objetivo de la institución es terminar con los privilegios y las influencias políticas que distorsionan la aplicación de la normativa.
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“Creo que todos tenemos que cumplir la ley por igual, no tiene que haber diferencias y nosotros trabajamos en ese sentido”, enfatizó. Orué destacó además que la DNIT se encuentra en un proceso de consolidación institucional tras dos años de funcionamiento.
También subrayó la importancia de que la ciudadanía confíe en la labor de la entidad más allá de las personas que la dirigen. “Los cargos son coyunturales, pero la institución es la que debe tener ese apoyo y esa seguridad de que lo que hace será respetado”, remarcó ante la 1020 AM.
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DNIT incauta 41 toneladas de tomates y cebollas durante operativo realizado en Ñemby
La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), a través de la Dirección General de Prevención y Represión del Contrabando y el Comercio Ilícito, incautó un cargamento de más de 41 toneladas de productos frutihortícolas presumiblemente ingresados de contrabando. El procedimiento se desarrolló en un depósito ubicado en la ciudad de Ñemby.
El operativo se realizó tras un trabajo de inteligencia y seguimiento con apoyo tecnológico. Mediante la utilización de un dron, los agentes de la DNIT detectaron la descarga de mercaderías en un inmueble sin denominación. Al llegar al lugar, el personal constató la existencia de grandes volúmenes de tomates y cebollas sin documentación respaldatoria.
En total, fueron incautadas 967 cajas plásticas con tomates, equivalentes a unos 29.010 kilogramos; 500 bolsas con cebolla de 20 kilos (10.000 kg); y 85 cajas plásticas de cebolla de 30 kilos (2.550 kg). También se encontraron 667 cajas de cartón destinadas al reempaque de los productos. El total incautado asciende a aproximadamente 41.560 kilogramos de mercaderías frutihortícolas.
Durante la intervención se identificó además un tracto camión Scania modelo 113 M380 y un semirremolque marca Guerra, ambos vinculados al traslado de los productos.
Las mercaderías y el vehículo fueron trasladados al depósito de la DNIT-GICAL, en Mariano Roque Alonso, para su guarda y custodia. El procedimiento contó con la participación de técnicos del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional y de la agente fiscal de turno.
Con este operativo, la DNIT reafirma su política de combate al contrabando y de control en la cadena de comercialización de productos agrícolas, buscando garantizar la formalización de la economía y proteger tanto a los productores nacionales como a los consumidores.
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Fiscalía avala extradición del exsenador argentino Edgardo Kueider y su pareja
El Ministerio Público dictaminó que el exsenador argentino Edgardo Kueider y su pareja, Iara Guinsel, pueden ser extraditados a su país, donde enfrentan cargos por lavado de dinero.
Antes, ambos ciudadanos argentinos deberán culminar el proceso abierto por contrabando en Paraguay. La decisión final está en manos del juez Penal de Garantías N° 9 de Asunción, Rolando Duarte, quien deberá resolver si acompaña o no el criterio fiscal.
Conforme al informe del cual se hizo eco el portal de noticias Infobae del vecino país, el fiscal adjunto Manuel Doldán fue quien dictaminó que Edgardo Kueider y su pareja y secretaria, Iara Guinsel, están en condiciones de ser extraditados a Argentina.
Kueider es un exsenador del vecino país, de la localidad de Entre Ríos (2019–2024), detenido en Paraguay por contrabando de divisas y lavado de activos. La Justicia argentina lo acusa de integrar una asociación ilícita vinculada al caso “Securitas”, relacionado con presuntas coimas para obtener contratos públicos.
La solicitud de extradición fue presentada por la jueza que investiga el caso por presunto pago de coimas en contratos vinculados a la empresa Securitas y Enersa, en el vecino país, Sandra Arroyo Salgado, del juzgado federal de San Isidro.
El fiscal Doldán consideró que el pedido de la jueza Arroyo Salgado era procedente en su presentación; ya que cumplió con todos los requisitos que establece el Tratado de Extradición entre Argentina y Paraguay. Es el cuarto requerimiento de este tipo que realizó la jueza de Entre Ríos. Los tres anteriores fueron rechazados por el Ministerio Público.
El representante del Ministerio Público consideró que la Justicia argentina acompañó el planteo con resoluciones judiciales firmes y que, además, el delito que se les imputa a Kueider y a Guinsel también es penado en Paraguay, se trata del lavado de activos.
Es el último de una cadena de acusaciones que le hace la jueza Arroyo Salgado a la pareja y a otra serie de acusados que permanecen ligados a la investigación.
Condición pendiente
Antes de concretarse la extradición, tanto el exlegislador y su pareja deberán responder ante la Justicia paraguaya por un intento de contrabando ocurrido el 4 de diciembre de 2024, cuando la pareja argentina intentó ingresar al país con más de USD 200.000 sin declarar.
En esa causa ya fueron elevados a juicio oral el pasado 31 de julio, por el magistrado Humberto Otazú, juez penal de Garantías de Delitos Económicos. Este delito por el que están siendo procesados en Paraguay, tiene una pena máxima de 2 años y medio de prisión. Por lo tanto, la sentencia podría ser de cumplimiento efectiva.
Actualmente, la pareja guarda arresto domiciliario como medida preventiva en el país, en el marco del proceso del delito de contrabando. Esta medida incluso fue reforzada por el magistrado con el uso de tobilleras electrónicas.
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Sucesivas chicanas de Miguel Prieto en caso Tía Chela señalan “una mala fe procesal”
El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.
“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.
“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.
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“Montón de incidencias”
El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.
“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.
Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.
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