“El senador Enrique Salyn Buzarquis es la demostración de todo lo nefasto que se puede hacer en la política”, sostuvo el abogado Abel Villalba González, cuyo movimiento La Derecha Liberal exige destituir al dirigente opositor del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) tras ser denunciado por el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, por tráfico de influencias.

“Desde nuestro movimiento repudiamos todo acto de corrupción y tráfico de influencias. Buzarquis no representa los valores liberales. El PLRA debe despojarse de corruptos y volver a abrazar las ideas de la libertad y la integridad, la corrupción no debe ser perdonada”, indicó en entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

Señaló que el Tribunal de Conducta de la agrupación tradicional debe actuar de manera oficiosa y desafiliar al parlamentario. “Lamentamos mucho y nos movilizó que el presidente del partido Hugo Fleitas trató de minimizar la denuncia, no se miden las cosas con la misma vara. El tribunal debe tomar cartas en el asunto, debe funcionar, nosotros solicitamos la pena máxima. No puede ser que dentro de nuestro partido tengamos frutas podridas, el Partido Liberal Radical Auténtico está pasando por una profunda crisis moral”, sentenció.

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Villalba González añadió que de no prosperar su desafiliación mediante el Tribunal de Conducta, la acusación debe ser analizada en la próxima convención extraordinaria prevista para el 6 de octubre con la finalidad de expulsar a Buzarquis.

“Los convencionales son las máximas autoridades del partido y ellos pueden en ese estadio tomar a consideración este caso. Por más que el tema no esté dentro del orden del día, igual la convención tiene la posibilidad y autoridad completamente legal de solicitar o tomar la decisión de expulsar al senador Buzarquis”, manifestó.

Señaló además que se encuentran dialogando con convencionales cercanos a su movimiento para proponer la expulsión del legislador. “Estamos hablando para que ese día se pueda demostrar una postura que tienda a mejorar la imagen del PLRA y despojarnos de los corruptos”, sentenció.

• Desde el movimiento la Derecha Liberal exigen la destitución del senador Buzarquis del PLRA.
• Enrique Salyn Buzarquis es la demostración de todo lo “nefasto que se puede hacer en la política”.
• Señalan que la denuncia por tráfico de influencias contra el legislador debe ser analizada por el Tribunal de Conducta.

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El abogado Eduardo Cazenave, representante legal en nuestro país del ciudadano brasileño Kassem Mohamad Hijazi, confirmó que su representado recuperó su libertad en los EE.UU. luego de ser extraditado de nuestro país por el delito de lavado de dinero.

Mohamad Hijazi ya se encuentra en la ciudad de Foz de Iguazú, Brasil, desde el pasado domingo luego de recuperar su libertad en el proceso penal que enfrentó en los EE. UU.

Cazenave indicó que Kassem Hijazi asumió uno de los cargos por los cuales se le procesó en el país norteamericano, por lo que fue beneficiado con una pena más baja. La detención de Hijazi se llevó a cabo el 24 de agosto de 2021 durante un procedimiento llevado a cabo por el fiscal fallecido Marcelo Pecci, quien contó con el apoyo de la Administración de Control de Drogas en los EE. UU., más conocida por las siglas DEA.

Fue acusado por la OFAC de ser el cerebro del lavado de dinero del narcotráfico en la triple frontera y financiar a organizaciones terroristas, como Hezbollá, pero sin embargo, a dos años y dos meses de haber sido extraditado a los EE. UU. por dichas causas, la justicia de ese país le otorgó la libertad.

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De acuerdo al pedido de extradición que llegó a nuestro país, Hijazi operaba como líder de una organización que por medio de distintas técnicas transfería de manera efectiva sumas de dinero a mercados internacionales, eludiendo los controles financieros.

El dinero que recaudaba presuntamente Hijazi iba destinado a grupos internacionales de crimen organizado, entre ellos el Hezbolá, una organización musulmana chií. En nuestro país no cuenta con ningún proceso penal.

En el 2004, el exvicepresidente Hugo Velázquez y Juan Carlos Duarte lo investigaron por presunta evasión cuando se desempeñaban como fiscales en el Alto Paraná.

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El juez penal de Garantía, Rolando Duarte, resolvió elevar a juicio oral el proceso penal de Emma Concepción González Ramos, abogada de Ramón González Daher, quien está acusada por denuncia falsa contra las víctimas de usura del exdirigente de fútbol. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia.

En la audiencia preliminar, el juez Duarte rechazó los incidentes presentados por la defensa de la acusada. La misma presentó el incidente de nulidad de la acusación, de sobreseimiento definitivo, de excepción de falta de acción, incidente de prescripción y otros.

Ahora se deberá sortear al tribunal de sentencia que tendrá a su cargo juzgar el presente caso. Una vez que tenga a los magistrados que juzgarán a la abogada se deberá fijar la fecha para el desarrollo del juicio oral y público.

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El proceso penal contra la abogada Emma González se inició cuando se dispuso la remisión de los antecedentes de la mencionada profesional del derecho de acuerdo a la resolución N° 515 del 17 de diciembre de 2021, que condenó a Ramón González Daher a 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y denuncia falsa, y a Fernando González Karjallo a 5 años de prisión por lavado de activos.

La acusación del Ministerio Público refiere que la profesional del derecho sabía plenamente que las denuncias en el ámbito penal no correspondían y que lo único que deseaba lograr eran cobros compulsivos mediante estas denuncias por los préstamos que RGD realizaba.

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El abogado Miguel Godoy, defensor de Axel Fabián López Orué, procesado por el supuesto hecho punible de coacción sexual y violación, denunció varias irregularidades en el presente proceso penal que debe tenerse en cuenta en el juicio oral y público que se está desarrollando.

Godoy señaló que se cuenta con los elementos para poder corroborar dónde estaba mi defendido el día en que supuestamente ocurrió el hecho punible denunciado y a su vez se tiene pruebas científicas dónde estaba su defendido, quien cuenta con varios testimonios.

Agregó que hoy día “tenemos un terrorismo de Estado en cuanto al incumplimiento de los plazos procesales”, dijo. Del mismo modo, criticó que el acusado está con arresto domiciliario hace cinco años, superando el plazo que establece la ley para estar con medida cautelar sin condena.

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Igualmente, Godoy denunció otra irregularidad en el presente caso, que la fecha para presentar la acusación fue el 29 de mayo del 2018 y dicha fecha fue notificada a todas las partes, pero el juez de garantía se percató el 21 de junio del mismo año que la fiscalía no presentó acusación.

Por su parte, Graciela Orué, madre del acusado, indicó: “Mi hijo estaba en Villarrica cuando se denunció, y la supuesta víctima estaba en mi casa en el barrio San Pablo a la espera de poder viajar a Sudáfrica”.

“Tenemos varios elementos de prueba para poder probar que mi hijo no estaba en mi casa, como el pago de combustible, la triangulación de celda del teléfono de mi hijo, testificales y fotografías de peaje y facturas de peajes”, manifestó la madre.

El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar el presente caso está integrado por Ana Carolina Silveira, Leticia Fracci y Rilsi Ortiz. La fiscala del caso es María Angélica Acosta, quien deberá atender con objetividad el presente proceso penal.

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