El abogado Óscar Tuma, quien ejerce la defensa legal de la familia del diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista anunció que impulsará una denuncia contra el Ministerio Público por inacción en torno a la causa que investiga la muerte del dirigente político de Amambay. La acusación será presentada ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja.

“Hasta la fecha, ni siquiera se ha convocado a la viuda del legislador para prestar declaración, lo que evidencia la falta de diligencia en el proceso”, recriminó. “Esta causa, nos guste o no nos guste el diputado, se tiene que investigar bajo qué circunstancias lo asesinaron y esa investigación no está avanzando. A pesar de que transcurrieron siete meses, no hay un solo imputado”, dijo a la 650 AM.

Los fiscales a cargo de la causa son Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres. “Evidentemente, no existe la intención de investigar qué es lo que ocurrió ese día. Entonces, ya no nos queda otra que poner a conocimiento de la Comisión de Derechos Humanos y de esa manera ir agotando todas las instancias”, manifestó.

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Asimismo Tuma acotó: “Acá los únicos testigos son los que asesinaron al diputado, después los otros que estuvieron ese día no dicen absolutamente nada. ¿Dónde estuvieron ese día? Existen demasiadas interrogantes. La investigación que tiene que llevarse a cabo para que esas dudas se disipen, no avanza”.

Gomes Batista falleció en la madrugada del lunes 19 de agosto del 2024 durante un allanamiento en su vivienda en el marco del operativo Pavo Real II. El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de la Policía, de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE) y fiscales.

El legislador, su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, Óscar Daniel Cabreira Pinazo, Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Mathías Gaona fueron imputados por supuestos vínculos con el lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal. La imputación fiscal sostiene que tanto Eulalio Gomes y su descendiente habrían brindado auxilio económico a la red del capo narco brasileño Jarvis Chimenes Pavão mediante una aparente simulación de compra de una de sus estancias.

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El titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón Fernández, y el juez especializado en lucha contra el crimen organizado Osmar Legal comunicaron que no acudirán a la convocatoria impulsada por la Comisión Permanente del Congreso Nacional para tratar la divulgación de las conversaciones entre el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista con algunas autoridades de justicia y la política.

Legal argumentó impedimentos constitucionales, mientras que Rolón decidió enviar a la fiscal adjunta Matilde Moreno en su representación. El juez indicó que consultó sobre la convocatoria realizada por los parlamentarios al abogado Gustavo Gorostiaga, director de Asuntos Jurídicos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien le recomendó “declinar respetuosamente” la invitación.

En el documento remitido por Legal a los miembros de la Comisión Permanente citó el artículo 193 de la Constitución Nacional, el cual dice que “no se podrá citar ni interpelar al presidente de la República, al vicepresidente ni a los miembros del Poder Judicial, en materia jurisdiccional”.

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El magistrado citó además el artículo 195 de la Constitución Nacional, el cual indica que el “presidente de la República, el vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo y los magistrados judiciales, en materia jurisdiccional, no podrán ser investigados”, por comisiones conjuntas que se den en el Congreso Nacional.

El mismo posicionamiento fue adoptado por Rolón Fernández, que se respaldó en los artículos 192 y 193 de la Constitución Nacional sobre prohibiciones y evitó acudir hasta el Legislativo. El primero sostiene que “no se podrá citar ni interpelar al presidente de la República, al vicepresidente ni a los miembros del Poder Judicial, en materia jurisdiccional”.

A la vez la cabeza del Ministerio Público alegó que existe una limitación material sobre el tema a tratar, teniendo en cuenta que los agentes fiscales que investigan el caso, Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Luis Piñánez, bajo la coordinación de la fiscal adjunta María Soledad Machuca Vidal, accedieron recién en la víspera a la copia espejo de la pericia realizada a uno de los tres celulares móviles de Lalo Gomes.

“Nosotros necesitamos escuchar a las cabezas de las instituciones en cuanto a las acciones que están tomando. La fiscal adjunta no es la voz que nosotros queremos escuchar como Comisión Permanente, lo que hubiese correspondido es que ambos estén presentes y que respondan a las consultas de la ciudadanía”, recriminó el presidente de la comisión, el diputado Miguel Ángel del Puerto.

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El fiscal especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Piñánez, manifestó que la filtración de los datos extraídos del teléfono celular del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista no es motivo para requerir la nulidad de pruebas. La defensa legal del dirigente de Amambay acusa al juez especializado en lucha contra el crimen organizado Osmar Legal por la difusión de los datos a medios de comunicación.

“Esta es una estrategia de la defensa, para que exista una nulidad hay ciertas formalidades, se tiene que afectar ciertos principios. De que se haya hecho una extracción y por ahí alguien haya hecho otra copia, siempre de que no existan modificaciones o alteraciones en esas pruebas no hay razones para anularlas”, sostuvo.

Las afirmaciones de Piñánez surgieron tras concretarse este último martes la entrega de la copia espejo de la pericia realizada a uno de los tres celulares móviles del fallecido parlamentario. Los datos fueron otorgados por Legal al Ministerio Público y a la defensa de la familia de Lalo Gomes ejercida por el abogado Óscar Tuma.

“Yo creo que sí o sí la defensa planteará la nulidad de pruebas en el caso de que haya una imputación, pero el hecho de que se haya filtrado no puede invalidar las pruebas, lo que podría invalidarlas es que realmente haya existido algún tipo de manipulación. La filtración es un acto cuestionable y si se encuentra a los responsables de las filtraciones deben tener algún tipo de sanciones, pero no para invalidar una prueba”, remarcó a la 1020 AM.

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Los mensajes filtrados motivaron a Legal a denunciar un supuesto esquema de corrupción y manipulación de la justicia dentro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que derivó en la renuncia del exdiputado Orlando Arévalo a su banca.

A la vez, lo obligó a presentar su renuncia como parlamentario para evitar someterse a un proceso de pérdida de investidura. Igualmente, en el caso se encuentran afectadas las agentes fiscales Katya Uemura y Stella Mary Cano, además de la jueza Sadi López por las presuntas conversaciones con el difunto legislador.

“Ahora debemos abocarnos a ver que tanta información se tiene al respecto, acá debemos hacer el análisis de que sí las informaciones se adecuan o no a una conducta penal, si existen más personas involucradas. También veremos si esto finalmente ameritará la conformación de más equipos de investigación o en su defecto la apertura de más causas penales. Vamos a discriminar lo que es relevante para la investigación, estás son cuestiones administrativas que pueden dar mayor eficacia a la investigación penal”, indicó.

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El juez José Delmas elevó a juicio oral y público el proceso penal que enfrenta el rallista Diego Yaluk, quien fue acusado por la fiscal adjunta Lourdes Samaniego por estafa, al igual que su esposa Andra Ketterer y su padre Humberto Yaluk. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada en el Palacio de Justicia.

La fiscalía sostiene que Yaluk ocasionó un perjuicio patrimonial de G. 17 mil millones mediante la entrega de cheques sin respaldo por parte de los acusados, en base a la denuncia presentada por las empresas Atlántico S.A. y Marsella S.A., que también presentaron querella adhesiva.

Ahora se deberá sortear quienes serán los jueces de sentencia que tendrán a su cargo juzgar a Yaluk y demás acusados. Una vez que tenga al tribunal colegiado se deberá fijar la fecha para el desarrollo del juicio oral y público.

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Yaluk igualmente fue procesado en otra causa penal por los delitos de estafa, producción de documentos no auténticos y apropiación en base a la denuncia realizada por Guido Ferreira. Esta causa se encuentra en el juzgado a cargo de Yoan Paúl López y la Fiscalía sostiene que existe un perjuicio de USD 175.000.

De acuerdo a la carpeta fiscal, el imputado solicitó un crédito a Ferreira, quien realizó el préstamo a través de la sociedad Doña Inés, con la garantía de que la firma de ambos imputados, Parasur S.A., cobraría una suma a la entidad binacional Yacyretá para honrar el compromiso; sin embargo, esto no sucedió y se configuró la supuesta estafa.

Existe un tercer caso, que lleva adelante la fiscal Susy Riquelme y que también está en el juzgado del magistrado José Delmás. Y otro cuarto, a cargo de la fiscal Esmilda Álvarez y el juez Delmás, que tiene como víctima a Juan López Moreira y un supuesto perjuicio de G. 400 millones.

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