El agente fiscal Eugenio Ocampos realizó un allanamiento en el local comercial ubicado sobre la Ruta Transchaco de la ciudad de Mariano Roque Alonso, en torno a una denuncia por presunta infracción a las leyes que protegen la propiedad intelectual. El operativo se realizó en conjunto con la Policía Nacional.
En el sitio existían mercaderías que guardan relación con reconocidas marcas deportivas. El representante del Ministerio Público dispuso que se incauten todos los productos, que serán sometidos a una pericia para saber si son originales o falsificados.
En caso de no ser originales, el propietario del local comercial se expone a un proceso penal y podría ser imputado por la Fiscalía. Y en caso contrario se procederá a la devolución correspondiente.
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Del mismo modo, el Ministerio Público ha realizado varios procedimientos similares en los que se han incautado cantidades de prendas de diferentes marcas que son falsificadas. En la mayoría de los casos se procedió a la destrucción de la mercadería.
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Acusan y piden juicio oral para la esposa de Alejandro Ramos
El agente fiscal, Federico Delfino Ginés, presentó acusación en contra de Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos, en el marco de la causa “Osvaldo Villalba y otros sobre apología del delito y otros”.
La mujer fue acusada por los hechos punibles de apología del delito, atentado contra la existencia del Estado y atentado contra el orden Constitucional. Además de transgresión a la Ley especial de armas Ley 4030/10, producción de riesgos comunes.
Se presume que la hoy acusada formó parte activa del grupo terrorista autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Igualmente se pidió que el presente caso se discuta en un juicio oral y público, atendiendo a todos los elementos probatorios que se tienen en la carpeta fiscal.
Luego del análisis pormenorizado del material audiovisual realizado por el EPP, se logró identificar a las personas que aparecen en los vídeos enviados y difundidos por los medios de comunicación entre las que se encuentra Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos.
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En el mes de diciembre de 2013, integrantes del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, entre ellos la acusada, se reunieron en un lugar boscoso en el norte del país, cuyo objetivo fue la grabación de un material audiovisual, entregado entre el 19 y el 20 de enero de 2014 y posteriormente difundido por los medios de comunicación, como ser, Sistema Nacional de Televisión, Telefuturo, Unicanal, Paravisión y Canal 13, sumados a ellos los medios radiofónicos en general y los de prensa escrita.
En la grabación audiovisual llevaron a cabo una manifestación dirigida a la ciudadanía paraguaya en la que Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos se encontraba con vestimentas alusivas al EPP portando un arma de fuego tipo escopeta calibre 12 en compañía de otros integrantes como Osvaldo Villalba, líder del citado grupo armado, quien realizó referencias negativas al expresidente de la República Horacio Cartes y asimismo instigó a que la clase obrera, campesina, estudiantes e indígenas, debía “unirse e impulsar la lucha de liberación del pueblo; lucha que ha emprendido el brazo armado de los pobres, el “EPP”.
Dichos términos fueron utilizados con el objetivo de incitar a actos de violencia y desobediencia de las autoridades legalmente constituidas en nuestro país.
En el material también se observa a
- Manuel Cristaldo Mieres,
- Ladi Siqueira Krauze,
- Magna María Meza Martínez,
- Vidalina Cardozo,
- Jorgelina Silva Cáceres,
- Liliana Elizabeth Villalba Ayala,
- Alejandro Ramos Morel,
- Esteban Marín López,
- Domingo Ovelar González,
- Alejandro Ramos
- y Feliciano Bernal
Todos, al momento de la grabación del material audiovisual también portaban armas de grueso calibre como fusil calibre 7.62, fusil T65 calibre 5.56, pistola ametralladora Beretta PM12, escopeta calibre 12 y uniformes camuflados, los cuales son de uso exclusivo de los organismos de seguridad del Estado.
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Fiscalía impulsa allanamientos por compra fraudulenta de Miguel Prieto durante la pandemia
El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.
La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.
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Allanamiento al Pabellón de Contingencia de CDE
Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.
Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.
Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.
En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.
“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.
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Fiscalía apeló absolución de docente acusado por acoso sexual
El fiscal Rodrigo Vázquez apeló la absolución de culpa y pena del docente de Villarrica que fue acusado por acoso sexual, cuya víctima es una niña de tan solo 11 años de edad, alumna del procesado. Ahora será un tribunal de apelación el que deberá estudiar si corresponde que el profesor vuelva a ser juzgado por otro tribunal de sentencia.
Con la apelación, el representante del Ministerio Público quiere que se anule la absolución del docente y por ende que sea otro colegiado quien vuelva a realizar el juicio oral y público atendiendo a que se tiene varios elementos probatorios para poder llegar a una condena.
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De acuerdo a los antecedentes de la causa, desde el mes de mayo hasta el mes de agosto del 2022, utilizando la mensajería instantánea (WhatsApp), el docente enviaba mensajes de texto y audios a la menor de 11 años.
Es importante señalar que un tribunal de sentencia de la ciudad de Villarrica, integrado por los jueces Julio Alfonso, Víctor Ortigoza y Juan Ruiz Díaz, absolvió de culpa y pena al docente Juan Insaurralde, de 56 años, quien fue acusado por supuesto acoso sexual a una alumna de 11 años en el año 2022. La menor cursaba el sexto grado en una institución pública de la ciudad cuando ocurrieron los hechos.
La absolución del docente generó repercusión tras la difusión de mensajes de texto enviados por el docente fuera del horario escolar, en los que se dirigía a la niña con frases como “estás linda”, “mi amor”, “eres mi princesa” e incluso, según versiones, manifestaciones más explícitas como “quiero besar tus pies” o “quiero sentir tu cuerpo”. Sin embargo, el tribunal sostuvo que estos mensajes no fueron incorporados en la acusación presentada por el fiscal Rodrigo Vázquez.
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Condenan por abuso sexual a un abuelo y a dos tíos
Un tribunal de sentencia condenó a tres personas acusadas por abuso sexual en niños. El tío de la niña fue sentenciado a la pena privativa de libertad de 25 años por el grave hecho. Asimismo otro pariente fue condenado a 10 años de cárcel y el abuelo de la niña fue condenado a 2 años de cárcel.
El agente fiscal Pedro Nelson Acuña, logró las condenas para las tres personas acusadas de abuso sexual en niños. La víctima, es nieta y sobrina de los hoy condenados.
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El tribunal de sentencia de San Estanislao condenó en un juicio oral y público a los tres acusados luego de ser encontrados culpables por el delito de abuso sexual en niños. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Capiibary.
La investigación del caso se inició en la Fiscalía de Caaguazú y luego fue derivada a la Fiscalía de Villarrica. Finalmente, con base en informes psicológicos, el caso fue remitido al juzgado de San Estanislao y posteriormente al tribunal colegiado de la mencionada ciudad, donde se llevó a cabo el juico oral con la condena de los tres familiares de la víctima.
La defensa de los condenados puede apelar la sentencia condenatoria y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que tendrá la última palabra si confirma la condena dictada en primera instancia o dispone la realización de un nuevo juicio oral y público.
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