Una mujer fue hallada muerta en un inquilinato de la ciudad de San Lorenzo con una herida de bala en la cabeza. La Fiscalía investiga el caso como un posible feminicidio y su pareja fue detenida.

El hecho ocurrió ayer, alrededor de las 18:30, en una vivienda ubicada en el barrio Anahí, zona de Reducto. El dueño de casa, identificado como Rodrigo Fernández, escuchó el disparo y tras lo ocurrido dio aviso a las autoridades policiales.

La víctima fue identificada como Nilsa Raquel Brítez (26), oriunda de Caazapá; fue hallada sin vida con una herida de bala en la cabeza. Estaba trabajando actualmente como cocinera en una escuela y anteriormente, vendía asadito. Esta tarde se realizará la autopsia, según el reporte de los investigadores.

Te puede interesar: Emboscada tendrá asueto judicial por su aniversario de fundación

Su pareja, Cristian David Romero (30) permanecía en la vivienda cuando llegaron los agentes y quedó detenido como principal sospechoso. Asimismo, se le practicó la prueba de nitrito y nitrato.

La pareja llevaba tres años viviendo en el lugar y jamás protagonizaron episodios de violencia, según declaraciones del propietario, señaló a los medios de comunicación la comisaria Damarys Villalba, subjefe de la Comisaría 31° Central.

En ese sentido, mencionó que previamente al disparo no se escucharon gritos, discusión ni pelea. “Él dice que nunca pelearon, que eran personas que nunca armaron conflicto. No hubo ninguna discusión. Ellos acaban de llegar de trabajar y se disponían a hacer la cena”, comentó la jefa policial.

Añadió que según el relato del dueño de casa, se hallaba en su habitación cuando escuchó un disparo. “Fue hasta la habitación de la pareja y le encontró a él sentado en la cama”, relató.

El dueño de casa pregunta qué pasó y “aparentemente ahí reacciona y se da cuenta de lo que estaba haciendo”, la comisaria. Sin embargo, aclaró que el sospechoso “no tenía el arma en la mano”.

No se halló nada irregular en la habitación, el hombre tampoco opuso resistencia al arresto. “Solamente estaba llorando y pedía que se le asista a la mujer”, apuntó la interviniente.

Extraoficialmente, se maneja la hipótesis de que el trasfondo del hecho sería por celos. Aunque esta versión no fue corroborada por la agente policial. “Desconozco eso”, expresó. El teléfono de la víctima ya está a cargo del Ministerio Público.

Leé más: Fin de semana: prevén tiempo fresco a cálido y probables lluvias

El exministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens Durksen, acusado por lesión de confianza, sigue recurriendo a chicanas para paralizar su proceso penal. En esta ocasión, recusó al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández. El escrito fue presentado ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, instancia que tendrá que destrabar el caso. La defensa sostiene que Rolón habría vulnerado los principios de objetividad y legalidad al intervenir administrativamente en el trámite de la causa.

El cuestionamiento se centra principalmente en la Resolución F.G.E. N.º 2900, dictada el 11 de agosto de 2026, mediante la cual el fiscal general dispuso que los agentes fiscales Giovanni Grisetti, Nathalia Silva y Yeimy Adle continuaran interviniendo en el proceso, contestaran una excepción de falta de acción y prescripción, y presentaran el requerimiento conclusivo.

Días atrás, el Ministerio Público presentó una acusación por lesión de confianza y daños a obras construidas o medios técnicos contra el exministro, en el marco del caso Metrobús, solicitando que el proceso penal se eleve a juicio oral y público.

Te puede interesar: CDE: estudiante sacó un arma de fuego y apuntó a su compañero en institución educativa

De acuerdo con la acusación fiscal, el perjuicio patrimonial atribuido a Wiens asciende a G. 14.955.317.035. Este monto está compuesto por G. 8.030.693.029 utilizados en trabajos vinculados al Acta de Entendimiento y G. 6.924.624.006 correspondientes a la construcción de seis estaciones que posteriormente fueron destruidas.

Los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti mencionan que Wiens recibió un proyecto con obras ejecutadas, financiamiento asegurado y contratos vigentes; sin embargo, sus decisiones mantuvieron la paralización, destruyeron infraestructura construida y desviaron bienes de la finalidad para la cual fueron adquiridos. La acusación señala que el perjuicio no consistió únicamente en que el sistema BTR (Bus Rapid Transit) no haya entrado en funcionamiento, sino en que las obras y bienes pagados con recursos públicos fueron inutilizados, dejando de cumplir la función para la cual fueron planificados y construidos.

La Fiscalía también sostiene que se utilizaron recursos del propio MOPC para destruir infraestructura estatal, incluyendo personal, maquinaria y unos 50.000 litros de combustible. Además, el Estado habría destinado G. 8.030 millones para inutilizar obras, cuya construcción ya había sido pagada. Para los fiscales, estas decisiones ocasionaron que un proyecto susceptible de continuidad o reconducción terminara convertido en infraestructura inutilizada, generando un perjuicio directo al patrimonio público. Con base en estos hechos, el Ministerio Público solicita que Wiens sea sometido a juicio oral y público.

Podes leer: Madre e hijo murieron antes del incendio, revela autopsia

Este miércoles, la Policía Nacional de Itapúa detuvo a un hombre que era buscado tras un robo agravado con resultado de muerte y hurto agravado en banda contra un banco en la localidad de Naranjal, departamento de Alto Paraná. Así también, esta persona cuenta con varios antecedentes penales, incluso por homicidio doloso.

Según el reporte de los intervinientes la detención de este sujeto, identificado como Milcíades Raúl Vigo González, de 43 años, se logró durante un allanamiento que se desarrolló en una vivienda ubicada en la colonia 7 de Agosto, distrito de Carlos Antonio López, departamento de Itapúa.

Vigo González contaba con dos órdenes de detención pendientes, una de ellas fue por supuesto robo agravado con resultado de muerte y también por hurto agravado en banda al banco Sudameris en la localidad de Naranjal, de donde se alzaron más de 1.000 millones de guaraníes. Además, cuenta con antecedentes penales por un doble homicidio doloso ocurrido en 2010; hechos de hurto y robo agravado en 2011.

Lea también: Investigan presunto robo y venta ilegal de medicamentos del IPS en albergues

Durante el procedimiento, el agente fiscal Luis Caballero ordenó la detención de otra persona identificada como Adrián Javier Ferreira Giménez, de 26 años, quien no cuenta con antecedentes penales. Este hombre se encontraba en la vivienda en el momento del procedimiento.

Así también, se incautaron varios elementos como: un rifle tipo francotirador calibre 22 Magnum con mira telescópica, silenciador y bipode; chaleco antibalas color negro, dos radios walkie-talkie, pasamontañas y varias tarjetas SIM. Además, de 1.300 dólares americanos, billetes en guaraníes de baja denominación y dos teléfonos iPhone.

Te puede interesar: Solo el 18% de las carreras de Nutrición habilitadas en Paraguay está acreditado

“Arnoldo Wiens pagó con plata del Estado para destruir infraestructuras del Estado que estaban siendo construidas en el marco de un proyecto que venía hace más de 20 años”, dijo la fiscal Yeimy Adle al defender la acusación y pedido de juicio oral y público para el exministro de Obras Públicas en el marco de la fallida obra del metrobús.

“Nosotros queremos que se esclarezca el caso, que sea debatido en un juicio oral, que se conozcan las pruebas que tenemos. La defensa también presentará las suyas y tendrá oportunidad en la audiencia preliminar de ofrecer todas las pruebas de descargo que tengan”, indicó la agente de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, este miércoles, en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Adle detalló que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.

“Al asumir la administración del Ministerio de Obras Públicas, el proyecto ya estaba en un avance físico de aproximadamente 40 % y, poco más de dos meses de asumir como ministro, firma el 23 de octubre del mismo año (2018) con la empresa Mota Engil un documento al que le llamaron acta de entendimiento, donde acordaron la suspensión de las obras, y el Ministerio de Obras Públicas solicitó la sustitución de los trabajos del contrato con otros trabajos que estaban destinados solamente para rehabilitar el tránsito en la zona del tramo 3 de metrobús”, manifestó.

Agregó que para destruir las obras existentes, la administración de Wiens destinó la suma de 8.030.693.029 de guaraníes (más de 8.000 millones), con el solo fin de habilitar el tránsito vehicular. “Se contaba con financiamiento vigente, frentes disponibles y el respaldo de la Municipalidad de Asunción, pero prefirieron soterrar lo construido. En abril del 2020 dispuso la demolición de las seis estaciones del corredor central, que están indentificadas como las estaciones 19 al 24, por las cuales el Estado había pagado G. 6.924.624.006”, lamentó la fiscal.

Añadió que, antes de demoler las obras, Wiens había requerido al entonces contralor Sergio Coscia, quien hoy ejerce su defensa, un parecer jurídico. “Se le señaló que para proceder a esa demolición tenía que tener un dictamen técnico previo. Le preguntamos al MOPC si fue realizado ese dictamen técnico, a la Procuraduría y Contraloría, si recibieron el documento y todas las respuestas fueron negativas y él igualmente procedió a la demolición de las estaciones y dispuso el destino de los materiales que debían ser utilizados en el sistema troncal para otros fines y esos materiales tenían una protección especial de acuerdo a la Ley 5133″, comentó.

Señaló que los materiales para la obra debían ser destinados para otros fines, una vez que haya finalizado el metrobús y con la autorización del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financió la obra. “El proyecto no terminó, no se tuvo la autorización, pero Wiens dispuso que los mismos materiales sean llevados a los hospitales para el relleno de estacionamientos y otros fines que no correspondían”, precisó.

Detalló que fueron destinados para la construcción de la obra más de 180.000 millones de guaraníes. Agregó que el daño patrimonial ocasionado por Wiens, quien se encuentra acusado por lesión de confianza y daño a obras construidas, es de aproximadamente 14.995 millones de guaraníes.

Lea también: “La oposición debe pensar seriamente en el balotaje”, sostiene Dionisio Amarilla

“Ese es el monto, pero tenemos que tener en cuenta que lo que quedó inutilizado es mucho más porque no tenemos el metrobús, se pagó más de 180.000 millones de guaraníes por la obra que finalmente no tenemos. La acusación también sostiene que, después de esto, Arnoldo Wiens tenía alternativas para continuar con el proyecto, reconducirlo, tenía el informe de intervención que el mismo había dispuesto que se realice, el cual le aconsejaba que tenía que continuar con el proyecto, pero no se continuó”, refirió.

Añadió que, de acuerdo al marco penal, el dirigente abdista se expone a una condena de hasta siete años y medio de cárcel. “La admisión de la imputación contra Wiens fue por lesión de confianza, pero, como todos sabemos, los tipos penales son provisorios en esta etapa y, recién al finalizar el juicio oral y público, un tribunal de sentencia fija precisamente cuáles son los tipos penales que fueron demostrados. Para el Ministerio Público también existe el daño a obras construidas porque las obras fueron soterradas y las seis estaciones formaban parte de una estructura técnica de un sistema de transporte público y esto perdió funcionalidad”, indicó.

Con relación al argumento de la prescripción que plantea de forma insistente la defensa de Wiens, Adle recordó que la citación a indagatoria realizada el 4 de octubre de 2023 interrumpió formalmente el cómputo del tiempo, postura que ya fue ratificada tanto en primera como en segunda instancia judicial.

Con la acusación presentada dentro del plazo reglamentario, el caso queda pendiente de la fijación de la audiencia preliminar, donde el Juzgado Penal de Garantías deberá resolver la admisión de las pruebas para elevar la causa a juicio oral.

“Claramente nuestra ley penal dice que un acto interruptivo de la prescripción es la citación a la indagatoria del inculpado, al señor Wiens se le citó por primera vez en esta causa el 4 de octubre del 2023 y los hechos por el que se encuentra hoy en día acusado se iniciaron el 23 de octubre del 2018, se le citó días antes de la prescripción. Esto cortó el plazo de prescripción y se cuenta de nuevo 5 años después de eso, entonces la causa no prescribió”, argumentó.

Refirió también que “es una posición de la defensa que ya fue resuelta en primera y segunda instancia porque eso ya habían planteado cuando presentaron el recurso de reposición”.

Te puede interesar: Pérez se reunió con coordinadores para potenciar campaña: “A tocar todas las puertas”