El abogado Pedro Santacruz Acosta, representante legal del defensor del Pueblo Rafael Ávila, imputado por desacato a una orden judicial desacreditó y criticó la imputación presentada por el Ministerio Público. Esto, atendiendo a que sí se cumplió con la resolución del Tribunal de Cuentas que ordenó la reposición de la funcionaria Nidia Pintos como directora en una dependencia de la citada institución.

Santacruz Acosta indicó que le sorprende de sobremanera la imputación del Ministerio Público porque no existe fundamento legal, debido a que se “dio cumplimiento a la resolución judicial de medida cautelar que dispuso la reincorporación en el cargo y la Defensoría del Pueblo hizo lugar a dicha orden judicial”.

Asimismo, el referido profesional del derecho señaló que “desde octubre del 2024 se cumplió con la orden judicial de reincorporación de la funcionaria y de esa determinación se comunicó al Ministerio Público vía nota”.

Agregó que la Fiscalía pidió informes en noviembre y diciembre del 2024. Y, en febrero y abril de este año se dio cumplimiento a la reposición y la respuesta de la Defensoría del Pueblo mediante escrito donde se dejó constancia que se cumplió con la orden judicial, “por eso sorprende la imputación porque no existe incumplimiento de ninguna determinación judicial”.

Añadió que el defensor del Pueblo, de inmediato acató la resolución judicial y por ende “no existe hecho punible porque al respetar la determinación del Tribunal de Cuentas no existe hecho punible”.

Agregó que esperan que la jueza penal de garantía de la capital Diana Carvallo devuelva nuevamente la imputación a la fiscala Mercedes Vera para que analice objetivamente el caso.

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Personal del Departamento de Investigaciones de Amambay continúa trabajando para dar con los autores del asesinato del abogado Gustavo Medina, ocurrido el pasado jueves, cuando el mismo retiraba a sus hijos de su colegio ubicado en el centro de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Con el acompañamiento de una comitiva fiscal, los investigadores llevaron adelante dos allanamientos en diferentes barrios de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Una de las intervenciones se realizó en una vivienda que habría sido alquilada por Carolina Candia León, quien sería pareja de Arnaldo Barrios Alvarenga, oriundo de Capitán Bado.

Estas dos personas están siendo buscadas porque la mujer sería el nexo logístico de la operación, mientras que su pareja habría sido uno de los ejecutores del atentado. En la vivienda donde aparentemente se hospedaba, fueron hallados varios elementos que apuntan hacia el hecho investigado.

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Gracias a los documentos hallados en el lugar, también se logró conectar con un local comercial alquilado por Candia León, pero se encontró vacío, aún así se recogieron algunos documentos que guardaban relación con la pareja buscada.

En cuanto a la tercera persona buscada por los investigadores, se trata de Shirley Bordón, a quien identificaron como el enlace que abastecía de comida e insumos a los perpetradores del atentado, por lo que también sería una pieza clave dentro de la investigación.

Informes revelan que Gustavo Medina Carneiro fue acusado por los fiscales Omar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres de ser el responsable de realizar lavado de dinero del narco Jarvis Chimenes Pavao, actualmente preso en una cárcel de máxima seguridad del Brasil.

El profesional del derecho fue acribillado por dos sicarios frente a sus dos hijos menores de edad. Los criminales utilizaron potentes pistolas automáticas calibre 9 milímetros para cometer la ejecución. En su momento, el abogado estuvo prófugo y luego se presentó ante la justicia, logrando ser beneficiado con la prisión domiciliaria.

Ayer 10 de mayo se cumplió el tercer aniversario del crimen del exfiscal paraguayo en Cartagena. A pesar de que los autores materiales y logísticos ya fueron condenados, aún falta que la mano de la Justicia llegue hasta los autores morales del crimen.

Sobre esta arista aún por dilucidar de este negro capítulo de la historia judicial del país, surgen varios indicios que conducen hacia una misma fuente sobre la autoría: la mafia asociada al narcotráfico. Uno de los indicios más fuertes lo señaló –no una, sino tres veces– el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro.

La primera vez fue hace tres años, poco después de ganar las elecciones en el país caribeño; ya en esa ocasión apuntaba al uruguayo Sebastián Marset, cabeza de una red de tráfico de cocaína con ramificaciones en la región y que hacía envíos de droga a los puertos europeos. Petro renovó esta acusación hace unos meses en dos ocasiones durante una reunión con su gabinete y en un acto oficial del Gobierno. Pero en esa ocasión además del narco uruguayo incluyó a un conocido mafioso del país cafetero.

En noviembre pasado, el mandatario había sugerido que el responsable de ordenar la muerte de Pecci era un “gran narcotraficante con conexiones dentro de la Fiscalía colombiana”, y en la misma sindicó a Marset de manera explícita, en conexión con su socio, el también narcotraficante Julio Lozano Pirateque.

De acuerdo a las expresiones del presidente Petro, con base en los datos que maneja su gobierno, Marset y Lozano tienen directa relación con el crimen de Pecci, que ocurrió la mañana del 10 de mayo, en la playa del Hotel Decameron, en la isla de Barú.

Diversos medios en Paraguay tratan de instalar la teoría de que los autores morales del crimen del exfiscal no se conocen, cabalgando incluso sobre hipótesis descabelladas, inverosímiles y carentes de fundamentos. Pero lo cierto y lo concreto es que los autores están bastante bien identificados al decir del mandatario cafetero.

Las propias investigaciones surgidas entre la Fiscalía de Colombia y de Paraguay, que han abierto un Equipo Conjunto de Investigación para avanzar en la aclaración completa del asesinato apuntan a que los socios de Marset en Paraguay también tienen un grado de responsabilidad.

En este sentido, los señalados son Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, y Jaime Franco, –ambos en prisión– quienes tenían estrechas relaciones entre sí y se habían visto afectados por las investigaciones que en vida realizaba Pecci. En especial, Franco que cayó detenido gracias a las diligencias y a los operativos encabezados por el fiscal asesinado.

A pesar del trabajo conjunto con las autoridades colombianas, lo que sí se podría cuestionar a la Fiscalía es que hasta ahora no haya habido imputaciones en el caso, lo que para muchos resulta inexplicable en razón de los indicios y señalamientos que existen.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, remarcó que de ningún modo se siente tranquilo o satisfecho la falta de resultados en la investigación del crimen del fiscal especializado en Crimen Organizado Marcelo Pecci, del que se cumplió ayer sábado su tercer aniversario.

“El día que tengamos algún resultado de alguna pista fija, clara y concreta, ese día me podría sentir tranquilo. Hoy simplemente navegamos, como todos, en las dudas, y eso no nos lleva a un final feliz”, expresó el titular del Ministerio Público, durante un acto de homenaje a Pecci que se celebró ayer mañana en la institución.

La ceremonia incluyó la presentación de una ofrenda floral frente al monolito de Marcelo Pecci Albertini en la sede central del Ministerio Público en Asunción, con la presencia de la madre del fiscal Pecci, así como otras autoridades fiscales.

Rolón mencionó que cuentan con un equipo operativo de gente muy comprometida y con mucha capacidad en lo que respecta a la investigación. Indicó que al momento de que exista algún nuevo eslabón que investigar lo estarán haciendo en forma clara hasta llegar al final.

A tres años de su asesinato, familiares, amigos y excolegas se juntaron en la Recoleta para recordar al fiscal asesinado. La Fiscalía también le rindió tributo.

Familiares y allegados del fiscal Marcelo Pecci se congregaron ayer para realizar un emotivo homenaje en el Cementerio de la Recoleta, en coincidencia con el tercer aniversario de su asesinato en Colombia. Uno de sus amigos leyó una conmovedora carta póstuma, escrita en primera persona.

Entre los asistentes se hallaban la viuda del fallecido agente fiscal, la periodista Claudia Aguilera, Francisco Pecci, hermano de Marcelo, además de excompañeros del Colegio de San José, entre otros.

Además de rendir tributo en su memoria, aprovecharon la ocasión para reiterar el pedido de justicia y exigir a la Fiscalía paraguaya que avance en la investigación, a fin de identificar finalmente al autor intelectual del crimen.

El agente fiscal Manuel Doldán, director de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, destacó el Equipo Conjunto de Investigación (ECI) conformado con los colombianos.

Dijo que esta acción permitió acceder a un cúmulo bastante significativo de cooperaciones jurídicas individuales que se dio en este proceso.

“Esto lo hicimos de manera formal, ya no en cooperaciones individuales y sueltas, sino en el marco de un acuerdo que fue construido con base en normas de Naciones Unidas. A partir de ese momento generamos una facilidad de comunicación”, remarcó.

“Ahora estamos en una fase de investigación de los autores morales del crimen, ya se genera una complejidad mucho más profunda en el ámbito penal, porque se trata de una causa vinculada al crimen transnacional.

Entonces, la conformación del ECI está permitiendo una planificación mucho más jurídica y mucho más estricta de la investigación”, precisó.

• Por Nadia Denis (nadia.denis@nacionmedia.com)

Este sábado 10 de mayo se cumplen tres años del asesinato del fiscal Marcelo Pecci en una playa de Barú, en Colombia, y el caso, lejos de cerrarse, sigue dejando muchas preguntas sin respuestas. El crimen, que estremeció a Paraguay y a gran parte de América Latina, se ha convertido en un símbolo de los desafíos que enfrenta la lucha contra el crimen organizado en la región.

Pecci, fiscal especializado en la lucha contra el narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero, fue asesinado mientras se encontraba con su esposa —la periodista Claudia Aguilera, embarazada de pocos meses— durante su luna de miel, en un atentado que, según las investigaciones del Ministerio Público de Colombia, fue planificado con precisión por redes criminales transnacionales.

“Son tres años y lamentablemente no se sabe todavía quiénes fueron los autores de morales de su muerte. Hasta el momento la justicia está incompleta, pero las esperanzas son las últimas que se pierden, espero que en poco tiempo se pueda llegar a saber realmente quienes fueron”, dijo Maricel Albertini, madre de Pecci en comunicación con La Nación/Nación Media.

Desde entonces, nueve personas han sido capturadas, juzgadas y condenadas por su participación, entre ellos los autores materiales y algunos intermediarios logísticos. Sin embargo, el autor intelectual del crimen sigue en las sombras y se desconoce si fue una persona, un grupo criminal e incluso no se sabe de qué país vino la orden para acabar con la vida de Pecci.

Durante estos tres años, la figura de Marcelo Pecci ha sido recordada en múltiples escenarios como ejemplo de integridad profesional y valentía. Sin embargo, su familia insiste en que los homenajes deben ir acompañados de avances concretos en la identificación y juzgamiento de los verdaderos responsables detrás del asesinato.

“Tengo entendido que ahora hay una cooperación entre Paraguay y Colombia, creo que están intercambiando datos, pero no se sabe realmente, yo creo que la orden no solo salió solo de Paraguay y es un grupo más bien a nivel internacional, pero esas son suposiciones mías, porque no hay mucha información sobre eso”, expresó.

Los indicios apuntan a organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, en grupos asociados al prófugo uruguayo Sebastián Marset, Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, y Jaime Andrés Franco Mendoza, ambos paraguayos recluidos en cárceles de Paraguay. Incluso, el presidente colombiano Gustavo Petro apuntó en reiteradas ocasiones al uruguayo en sociedad con un capo en Colombia como responsables de haber ordenado y financiado este crimen.

En marzo de este año, la familia presentó una demanda contra el Estado colombiano y el hotel donde ocurrió el crimen, señalando fallas de seguridad y omisiones graves. La familia pide un resarcimiento de USD 2,4 millones y su defensa alegan se suministraron datos de suma relevancia y se facilitó el acceso de los asesinos a lugares reservados.

En Colombia, la investigación ha tenido avances significativos, pero también retrocesos dolorosos. El asesinato en prisión de Francisco Luis Correa, quien habría sido un testigo clave por su rol de coordinador entre los autores materiales y los autores intelectuales, fue un golpe a la causa. Para muchos, su muerte representa una muestra más de la capacidad de las estructuras criminales para obstruir la justicia incluso dentro del sistema penitenciario, puesto que existen severas dudas de que su fallecimiento haya sido simplemente producto de una rencilla entre reclusos.

Desde organismos internacionales hasta embajadas extranjeras, la presión para esclarecer el caso se mantiene. Estados Unidos ha reiterado su compromiso en apoyar la lucha contra el crimen organizado en Paraguay, y asociaciones de fiscales de toda Iberoamérica han elevado su voz para exigir justicia y recordar el legado de Pecci.

En Asunción, este nuevo aniversario estará marcado por conmemoraciones y recordaciones organizadas por la familia Pecci y por sus excompañeros del Ministerio Público, a quien les une el reclamo de poder llegar a la verdad, porque a tres años del crimen, la justicia sigue siendo una deuda pendiente.

“Muere el que es olvidado y él siempre está vivo, a menudo le hacen homenajes y siempre se le recuerda. Él está aunque no esté presente de cuerpo con nosotros, su alma está entre nosotros”, cerró diciendo su Maricel.