En la sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia de hoy se resolvió posponer la elección de representantes de los abogados ante el Consejo de la Magistratura prevista para el próximo 22 de agosto.
La nueva fecha en la que se desarrollará la elección será el 21 de noviembre de este año, supeditada al control epidemiológico a ser realizado en el mes de octubre del 2020 por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
El motivo principal de la suspensión de la elección fue la situación sanitaria que atraviesa nuestro país con el COVID-19. Todos los ministros votaron por posponer la referida elección.
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Asimismo, los ministros de la máxima instancia judicial ordenaron que se remita el padrón de los profesionales del derecho al Tribunal Superior de Justicia Electoral.
Meses atrás, la Corte habilitó a los profesionales del derecho que son docentes de las diferentes universidades públicas para que puedan votar en las elecciones de los abogados que buscarán elegir a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura.
Igualmente, los ministros ratificaron la exclusión de todos los abogados que son funcionarios públicos, por lo que los mismos no podrán votar en la mencionada elección.
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IPS pide a la Corte auditoría del expediente sobre ejecución hipotecaria
El Instituto de Previsión Social (IPS) solicitó a la Superintendencia de Justicia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que lleve adelante una auditoría para conocer quiénes fueron los responsables del extravío de hojas y la desidia judicial acerca del expediente caratulado: “IPS contra Espigal SA, sobre ejecución hipotecaria y prendaria del año 2002″.
Este juicio, que comenzó el 26 de setiembre de 2002, se encuentra sin tener los avances correspondientes en el juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial del octavo turno, y el monto de la demanda es de un monto superior a los G. 18.617 millones.
Desde la Dirección Jurídica de la previsional señalaron que el juicio cuenta con más de 10 años y que antes nadie impulsó desde el IPS para apurar el proceso y permitir la ejecución hipotecaria, considerando la sustracción de hojas del expediente.
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“Ante esta situación, denunciamos ante la Superintendencia de Justicia, y pedimos una auditoría interna y externa para deslindar responsabilidades e identificar a los responsables, de todas las personas que intervinieron en el proceso por la desidia”, aseveró el director jurídico, Dr. José González.
Según la denuncia existen hechos relevantes que ameritan una investigación sobre la conducta de los agentes de Justicia que intervinieron en el caso, ya sean jueces, actuarios e incluso de los abogados de la Dirección Jurídica de IPS, que corresponden al año 2002 en adelante.
De acuerdo con el Informe del entonces actuario, Abg. Alexis Mendoza, de fecha 8 de mayo de 2012, señala que las fojas 1 al 43 de los autos caratulados “Reconstitución del expediente : IPS C/ Espigal S.A. sobre ejecución hipotecaria”, no se encuentran glosados a autos.
La denuncia señala que los folios faltantes fueron buscados en los armarios de la secretaría de la Dirección Jurídica de IPS y no fueron encontrados.
Los documentos a los que hace alusión se tratan nada más y nada menos que del Estado de Cuenta de la demandada, la cesión de derechos al IPS y una nota en la que la empresa privada reconoce la deuda y el monto. Es decir, que la “parte extraviada” desapareció, dice parte de la denuncia presentada por la entidad previsional.
Actualmente, varios juicios son objeto de auditorías, tanto internas como externas, a los efectos de investigar y deslindar responsabilidades en el desempeño de los funcionarios, respecto al cumplimiento de sus deberes y obligaciones, para con la Institución. Si el caso amerita, los antecedentes deben ser remitidos al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, señala la denuncia presentada.
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Caso Andy: Corte había ordenado que demanda civil contra Bruno Madelaire siga su curso
La sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió anular los fallos de primera y segunda instancia que privaba a Andy Moreno, víctima de un terrible accidente de tránsito que casi le costo la vida, seguir con la demanda por indemnización de daños y perjuicios que se presentó contra Bruno Madelaire, autor del tremendo suceso y que hasta la fecha a pesar de que pasaron 18 años del percance, aún no da la cara y mucho menos se hizo cargo del accidente.
El abogado Eduardo González, representante de Andy Moreno, en comunicación con el programa Arriba Hoy del canal GEN, señaló que “en el año 2019 Andy se me acerca para presentarme el caso y ante eso pido el expediente judicial para analizar y ya el expediente estaba en archivo y al verificar encontré que ya se resolvió una excepción de falta de acción que presentó Madelaire, pero nunca fue notificada a las partes dicha resolución y al no notificar no corrió el plazo para la prescripción, por lo que nosotros notificamos y apelamos y el tribunal de Apelación confirmo el fallo de primera instancia por lo que recurrimos a la Corte y la sala constitucional hace lugar a la acción y anuló los fallos de primera y segunda instancia, por lo que el juicio se retrotrae al inicio de la demanda para que Madelaire conteste”, indicó el citado profesional.
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Asimismo, González se refirió sobre si Andy recibió ayuda o no de parte del autor del accidente “Andy no recibió ninguna ayuda en ningún momento y su familia fue la que siempre estuvo a lado de él”. Sostuvo que " nunca hubo una propuesta sería de parte de Madelaire”.
LE PRACTICARON 52 CIRUGÍAS
“Económicamente este señor dejó un enorme bache en mi familia porque mis padres casi vendieron la casa, pero gracias a Dios también mis amigos estuvieron con nosotros”, dijo la víctima del accidente, Andy Moreno
Sostuvo que en estos últimos años se tuvo que realizar 52 cirugías en Paraguay, Argentina y Alemania para poder tener una vida más llevadera, “pero el bache económico que me dejó este señor no tiene nombre. Hace 18 años que estoy luchando con una demanda civil para cobrar algo”, puntualizó. El joven reclama justicia.
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En la Corte se presenta intenso lobby de ternados para el cargo de Fiscalía Adjunta
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia deberá estudiar varias ternas para el cargo de Fiscalía Adjunta, cuyos integrantes son fiscales en ejercicio del cargo y es por ello que los mismos están intensificando la visita a los ministros de la máxima instancia judicial.
Es importante mencionar que los altos magistrados son los encargados de elegir a los mejores para ocupar el cargo de fiscal adjunto. El mencionado cargo es sumamente importante para el funcionamiento del Ministerio Público.
Son nueve ternas las que fueron elaboradas por el Consejo de la Magistratura, que ya comunicó a la Corte Suprema de Justicia sobre la conformación de las ternas para que puedan ser analizadas por los ministros de la Corte.
- En la terna número 1 los candidatos son Víctor Joel Paredes Caballero, con 746,35 puntos; Manuel Nicolás Doldán 612,84 y Eugenio Ocampos, 611,96.
- En la terna 2 los postulantes son Karina Liz Caballero Hellion 670,54; Meiji Jesús Sebastián Udagawa Insaurralde, 548,72 y Alma Belinda Zayas Acevedo, 546,7.
- En la terna 3 están Katia Estela Uemura Cabañas, con 598 puntos; María Estefanía González Arevalo, 552,8 y Daniela Beatriz Benítez Benítez, 546,39.
- En la terna 4 los ternados son María Luján Estigarribia Marín, 614 puntos; Ysrael Villalba Ramírez, 559,48 y Marcial Celedonio Machado, 539,36.
- En la terna 5 están Nathalia Paola Silva, 606,08 puntos; Estela Mary Ramírez Medina, 542,74 y Natalia Beatriz Fuster Careaga, 531,56.
- En la terna 6 los candidatos son Nora Cecilia Mendoza, 610,98; Carmen Isabel Bogado Ledesma, 598,3 y Diego Augusto Arzamendia Ovando, 560,22.
- La terna 7 conforman Cynthia Janice Torres Méndez, 607,73 puntos; José Martín Morínigo Coronel, 576,2 y María José Abed Oviedo, 560,48.
- En la terna 8 los postulantes son Pablo René Jesús Zárate González, 601,81 puntos; Belinda Bobadilla, 563,84 y María Asunción Alicia Sapriza Gómez, 506,4.
- En la terna 9 los candidatos son Diego Sebastián Zilbervarg Giménez, 601,6 puntos; Giovanni Grisetti Valiente, 592,97 y Christian José Ortiz Riveros, 571,3.
Una vez que sean electos los nuevos fiscales adjuntos, los mismos deberán jurar ante los ministros de la máxima instancia para luego ocupar sus respectivos cargos.
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Comisión Bicameral de PGN 2025 entra en función tras definir sus autoridades
Las máximas autoridades del Congreso Nacional, el senador Basilio “Bachi” Núñez y el diputado Raúl Latorre encabezaron la instalación de la Comisión Bicameral de Presupuesto 2025 con el fin de analizar el plan de gastos presentado por el Poder Ejecutivo el pasado 30 de agosto, equivalente a unos G. 132,9 billones, o lo que serían USD 17.557 millones.
Durante la sesión preparatoria fueron electos por sus pares la diputada Cristina Villalba para la presidencia de la comisión. Mientras que la vicepresidencia será presidida por el senador Silvio “Beto” Ovelar. Ambos parlamentarios militan en el oficialismo colorado.
Asimismo se definió que la comisión sesionará los días lunes desde las 10:00 hasta las 18:00 para abordar los requerimientos de las diferentes instituciones del Estado. A la vez se aclaró que, si fuera necesario, los jueves podrían también ser convocados los integrantes del bloque.
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En la ocasión, el senador liberal Líder Amarilla planteó la creación de subcomisiones para el tratamiento del PGN, sin embargo la propuesta no prosperó. Mientras que su colega Hermelinda Alvarenga solicitó responsabilidad y compromiso para abordar la iniciativa donde se asignan los recursos públicos a las entidades para el cumplimiento de los planes y programas de desarrollo económico y social.
“Hablando somos espectaculares, pero trabajando no tanto. Es una verdadera vergüenza que cuando vienen las instituciones pequeñas nadie está”, afirmó durante su intervención. El PGN 2025 viene con un incremento del 14 % respecto a lo aprobado para este 2024, un aumento de más de USD 2.000 millones.
El plan de gastos para el 2025 se divide en 2 grandes segmentos. Por un lado, la Administración Central que incluye al Ejecutivo, el Judicial, el Legislativo y los órganos de control. Por otro lado, las entidades descentralizadas que tienen gran prioridad. El incremento total es poco más de los USD 2.000 millones, concentrado preferentemente en un 52 % en las entidades descentralizadas, específicamente, en tres instituciones, como el Banco Nacional de Fomento (BNF), la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y el Instituto de Previsión Social (IPS).
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