La agente fiscal Daysi Sánchez imputó al médico gineco-obstetra que cumplía servicios en el Hospital distrital de Itá, por la presunta comisión del ilícito de violación de cuarentena sanitaria. El doctor en servicio habría tenido contacto con 60 personas, 20 de ellas en la ciudad de Itá.
La unidad fiscal ha solicitado al Juzgado el aislamiento total del mismo en su domicilio. En fecha 21 de junio realizó un procedimiento, específicamente, un parto y atendió a otras cinco embarazadas. Fue finalmente, por disposición de autoridad superior jurisdiccional, sometido al test el día jueves 25 de junio y dio positivo el 27.
De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público, el doctor habría tenido contacto con su ex suegro, quien dio positivo al COVID-19, de acuerdo con el informe remitido por el departamento de Vigilancia Epidemiológica del Hospital Distrital de Itauguá.
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En dicho informe consta que participaron de una reunión familiar de aproximadamente 15 personas el día 13 de junio. El médico se encontraba en la lista de los contactos. Fue así que luego el suegro del médico presentó síntomas desde el 14 de junio y fue sometido a la prueba el 19 de junio, dando positivo al COVID-19.
El gineco-obstetra acudió al Hospital Distrital de Itá el 21 de junio. Posteriormente, los directivos del Hospital tuvieron conocimiento de la exposición y requirieron al médico que se sometiera a la prueba, negándose este a realizársela de acuerdo al informe remitido a la carpeta fiscal.
El médico alegó que no había mantenido contacto con el pariente que dio positivo a la prueba, en contradicción a lo manifestado por el propio médico para el informe, donde consta que sí había tenido contacto con su suegro.
La investigación se basa en determinar si el médico, tras contacto con el paciente positivo, con conocimiento, fue a realizar guardia en el nosocomio sin haber hecho cuarentena preventiva y su actuación como profesional de blanco ante una exposición al contagio con una persona allegada con síntomas de dicha enfermedad.
El gineco-obstetra habría tenido contacto directo con 20 personas en el hospital de Itá, quienes se encuentran en cuarentena a la espera de resultados, totalizando unas 60 personas aproximadamente en los diferentes nosocomios donde acudió a prestar servicios.
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Fiscalía acusa a Diddy Combs de utilizar “poder, violencia y miedo”
- Nueva York, Estados Unidos. AFP.
El rapero Sean “Diddy” Combs recurrió al “poder, la violencia y el miedo” como líder de una organización criminal con décadas de antigüedad, dijo ayer jueves la fiscalía en los alegatos finales de su mediático juicio por asociación ilícita y tráfico sexual. “Contaba con el silencio y la vergüenza para ocultar sus delitos”, denunció la fiscal Christy Slavik, que trata de dejar claro a los 12 miembros del jurado que sellarán la suerte del magnate de la música las razones por las que ha sido inculpado y juzgado por casi dos meses.
Sentado detrás de la fiscal, Combs, de 55 años, escuchaba impertérrito, aunque de vez en cuando escribía notas a sus abogados. Si es declarado culpable de los cargos que incluyen asociación ilícita y tráfico sexual, podría pasar el resto de sus días en la cárcel. Slavik empezó a resumir lo que la fiscalía expuso en horas de declaraciones de 34 testigos, miles de páginas de mensajes de texto y grabaciones telefónicas y videos de sexo explícito mostrados durante más de siete semanas de juicio.
“Utilizó el poder, la violencia y el miedo para conseguir lo que quería”, añadió. Para ello, dijo, se servía de “leales lugartenientes” -ninguno fue llamado a declarar en el juicio- para cubrir sus delitos, entre ellos, trabajos forzados, prostitución, soborno y manipulación de testigos. “No aceptaba un no por respuesta”, completó la fiscal, antes de recordar que el fundador de la discográfica Bad Boy Records “se volvió más poderoso y más peligroso gracias al apoyo de su círculo íntimo y sus negocios”.
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“Drogadas”, “doloridas”
Slavik dejó claro al jurado que este caso no es sobre criminalizar prácticas sexuales poco ortodoxas. “No se trata en absoluto de libre elección”, dijo.
Las mujeres involucradas en sus salvajes orgías sexuales estaban “drogadas, cubiertas de aceite, doloridas y agotadas”, mientras Combs las obligaba a mantener relaciones sexuales con trabajadores del sexo durante horas y a veces días, afirmó.
El músico que puso el hip hop en el panorama mundial de la música obligó, según la fiscalía, a dos mujeres —la cantante Casandra “Cassie” Ventura y, más tarde, a otra que testificó bajo seudónimo— para que mantuvieran relaciones sexuales bajo los efectos de las drogas con acompañantes de pago.
Ambas fueron pareja del magnate, detenido desde septiembre, después de que Ventura presentara una denuncia contra él en 2023 por agresiones sexuales y violación, retirada poco después tras llegar a un acuerdo financiero con Combs.
A su querella le sucedieron denuncias de otras víctimas, que lo condujeron al banquillo.
A lo largo de sus argumentos finales, la fiscal Slavik también hizo referencia al testimonio de un psicólogo forense que explicó al jurado cómo las víctimas quedan atrapadas por sus abusadores.
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Y en un momento impactante, pidió al panel que se pusiera en el lugar de Ventura: “Imaginen el terror de no saber nunca cuándo llegará el próximo golpe”. “Ahora imaginen intentar decirle que no a esa persona”, clamó.
El cargo más grave, el de asociación ilícita, podría enviar a Combs a prisión perpetua en caso de ser declarado culpable. También enfrenta acusaciones de agresión y tráfico sexual y dos más por transporte con fines de prostitución.
Combs, que rehusó testificar para defenderse, lo niega todo. Sus abogados presentarán sus alegatos finales el viernes y se espera que insistan en que las presuntas víctimas eran mujeres que tomaban decisiones adultas.
Aseguran que las relaciones del artista fueron consensuadas y ya han intentado convencer al jurado de que muchos de los testigos lo hicieron por lucro o por despecho.
Muchas de las grabaciones presentadas en el juicio muestran angustia por parte de las presuntas víctimas. Pero muchos de los mensajes también muestran afecto y deseo, lo que la defensa recalcó una y otra vez. Una vez concluyan los alegatos, probablemente el mismo viernes, el jurado se retirará a deliberar.
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Hipótesis formulada por Giuzzio fue derribada por la Fiscalía con su pedido de desestimación
El Ministerio Público realizó el pedido de desestimación de la denuncia contra Horacio Cartes, luego de no encontrar méritos a la denuncia formulada por Arnaldo Giuzzio y otros exfuncionarios del gobierno de Mario Abdo. Sobre esto, el abogado Pedro Ovelar realizó un recuento de cómo se dio esta trama que tenía como fin acabar con la figura política del expresidente y para esto, utilizaron a las instituciones del Estado, a la Justicia e incluso a entidades extranjeras.
“La hipótesis de Giuzzio es totalmente derribada por la Fiscalía porque realiza diligencias para aclarar los hechos”, afirmó Ovelar durante el programa Fuego Cruzado, emitido por GEN/Nación Media, donde expuso que la Fiscalía echó por tierra todas las acusaciones en contra de Cartes y sin que haya elementos para procesarlo por ningún hecho punible.
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El abogado señaló que esta causa tuvo como único objetivo “afectar al movimiento Honor Colorado, dañar la imagen de Cartes y entorpecer la candidatura de Santiago Peña”. Según Ovelar, todo comenzó en diciembre de 2021, tras las elecciones municipales, cuando se iniciaron reuniones secretas en las oficinas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
En estos encuentros participaron Giuzzio, Daniel Farías, Verioska Velasco, la encargada de comunicación de Abdo, cuyas funciones nunca fueron muy claras. El resultado de esos encuentros, según su relato, fue la elaboración de un informe “sin relevancia penal”, filtrado luego a medios de comunicación para generar impacto político y mediático.
“El informe fue enviado de forma espontánea por Seprelad a la Unidad de Inteligencia Financiera de EE.UU. en abril de 2022, pidiendo que la jurisdicción norteamericana interviniera sobre Horacio Cartes y mintiendo sobre supuestas operaciones en paraísos fiscales”, denunció Ovelar.
Aseguró que este informe sirvió como base para posteriores publicaciones en medios de comunicación aliados al abdismo, que fue utilizado por referentes como Mario Abdo, Mauricio Espínola y Desirée Masi antes de su difusión oficial.
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Denuncias carecen de sustento
El abogado enfatizó que la Fiscalía, tras varios años de diligencias, concluyó que no existen hechos punibles ni participación de Cartes en actividades criminales, por lo que solicitó al juez el archivo definitivo del caso. Indicó que esta resolución “desmonta por completo la hipótesis de Giuzzio”, quien había acusado al expresidente de enriquecimiento ilícito, contrabando, evasión y actividades financieras irregulares.
“La Contraloría verificó que el crecimiento patrimonial de Cartes es lícito y justificado, que genere una actividad industrial que produzca algo, no le hace responsable de lo que hacen terceras o cuartos compradores. Tampoco se configura intermediación financiera ilegal por préstamos entre empresas propias o por percibir dividendos no retirados”, explicó.
Ovelar también responsabilizó al exembajador de EE.UU., Marc Ostfield, de haber sido el “ejecutor extranjero” del esquema que derivó en la sanción de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac) contra Cartes. Relató que el caso del avión iraní, fue manipulado para alimentar la narrativa de presuntos vínculos con el terrorismo.
Finalmente, el abogado aseguró que el expresidente fue “condenado mediáticamente” y sancionado por organismos extranjeros, sin derecho a la defensa, a diferencia de los hoy denunciados por Cartes, quienes “tienen todas las garantías procesales para probar su inocencia”. A su vez, criticó los recursos y recusaciones presentados por la defensa de los denunciados, que a su criterio demuestran que “no quieren discutir el fondo de la cuestión”.
“La persecución no terminó con el gobierno anterior. Los daños siguen vigentes, afectando no solo a Horacio Cartes, sino también a miles de trabajadores paraguayos que dependen de su grupo empresarial”, sostuvo. Queda en manos del Poder Judicial resolver si se desestima o no la causa, y en este sentido, Ovelar pidió paciencia ya que el caso contiene muchas complejidades.
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Fiscal imputa a dueño de estación de servicios por contaminación de pozos de agua
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El agente fiscal Orlando David Quintana, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra el Medio Ambiente, de Alto Paraná, imputó al empresario Ramón Zárate Galeano, presidente de la firma Grupo Zagal S.A., por transgresión de la Ley 716/96, ante la contaminación de pozos de agua del barrio San Isidro, de Ciudad del Este.
El caso tiene que ver con una denuncia por ensuciar y alterar el agua, a consecuencia de pérdidas de hidrocarburos de tanques subterráneos, de una estación de servicios, que es operada por la empresa citada, según el escrito de imputación de la Fiscalía.
La investigación es por el hecho que habría producido el 13 de febrero de 2025, en el local ubicado sobre la avenida San José, de la capital del Alto Paraná, donde se constató la presencia de combustible en dos pozos de uso domiciliario, pertenecientes a vecinos que residen frente y a escasos metros de la expendedora de combustible.
“El análisis indica que ambos pozos se abastecen de la misma agua subterránea, lo que refuerza la presunción de contaminación ambiental por pérdidas en tanques o cañerías del surtidor”, refiere el escrito de imputación del empresario propietario de la estación de servicio.
En las diligencias investigativas, durante una inspección en el surtidor, la Fiscalía identificó irregularidades en el plan de gestión ambiental presentado por la empresa ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).
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Proyecto contempla dos tanques, pero tiene cinco
Una de esas irregularidades es que el proyecto contempla solo dos tanques subterráneos de 20.000 litros cada uno. No obstante, en el sitio fueron hallados cuatro tanques de 10.000 litros y uno de 20.000 litros, todos en funcionamiento, así como otros cinco tanques en desuso que no fueron retirados del lugar, según el fiscal de la unidad ambiental.
Tampoco se implementaron pozos de monitoreo, ni se realizó el mantenimiento de las canaletas destinadas a la contención de derrames, conforme a lo previsto en las medidas de mitigación, en base a lo que dice el acta de imputación.
Ante estos hechos, el fiscal Orlando Quintana procesó al responsable de la empresa por la presunta transgresión a la Ley 716/96 y por el ensuciamiento y alteración de las aguas. Asimismo, solicitó al Juzgado la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva.
Para tal efecto, el imputado deberá presentar una caución real o personal por G. 300.000.000, además de presentarse periódicamente ante el Juzgado para el registro de firma, y cumplir con la prohibición de salida del país y de cometer nuevos hechos punibles.
Como medida cautelar, la Fiscalía requirió la clausura de la estación de servicios y la prohibición de innovar en el establecimiento, hasta tanto se apruebe un plan de contingencia ambiental y se verifique el control efectivo de posibles pérdidas de hidrocarburos, a fin de evitar un mayor daño a los recursos naturales de la zona.
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Abogado de Boidanich afirma que fiscalía no reunió elementos tras sobreseimiento
El representante legal de Óscar Boidanich, exministro de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes), el abogado Claudio Lovera, señaló que el Ministerio Púbico no cuenta con los argumentos necesarios para sostener la denuncia en contra de su defendido. El letrado citó que en junio del 2024 se sobreseyó de manera provisional al exfuncionario, y un año después se reabre la causa sin los elementos que prueben la supuesta retención de informes.
“La fiscalía solicitó el sobreseimiento provisional y afirmó en ese momento que no contaba con elementos que cumplan con el estándar que autoriza una acusación, y señaló el sobreseimiento provisional porque indicó al juzgado que esperaba en el plazo de un año pueda reunirse determinados elementos que puedan, en su caso, sería complementar la información analizada y que pueda eventualmente cambiar esta primera apreciación”, explicó Lovera, este jueves, en entrevista al programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Con la reapertura de la causa, el profesional cuestiona que la fiscalía, un año después aún no cuenta con los argumentos. “Lo que ocurrió en el plazo de un año es que el Ministerio Público realizó las diligencias que indicó y todos los resultados justificaron, o en su caso particular, ratificaron que realmente desde la Seprelad no se realizó ningún tipo de conducta tendiente a beneficiar a ninguna persona en concreto, ni en específico, ni en general”, apuntó.
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Prórroga irregular
La acusación de los fiscales Alma Zayas, Diego Arzamendia, Deny Yoon Pak, Jorge Arce y Francisco Cabrera, alega que se habría ocultado información al Ministerio Público sobre las operaciones sospechosas de personas y empresas ligadas a Darío Messer, las cuales habían sido reportadas por tres entidades bancarias; entre junio de 2017 hasta el 16 de abril de 2018.
El abogado refirió que todas las diligencias realizadas por el Ministerio Público favorecían la postura de que no había méritos para acusar. “No obstante, contrariando al resultado de estas diligencias, el Ministerio Público presentó una acusación y manejando el provisional como si fuera nada más una prórroga de tiempo para tomar una postura, y no es una figura prevista en ese sentido”, cuestionó.
No acreditaron motivación
Así también, detalló que cuando la fiscalía imputó y llamó a indagatoria a Boidanich se sostuvo la sospecha que denominan como demora injustificada, en el envío de un informe de inteligencia que fue realizado con una motivación en particular y, según la sospecha que la fiscalía tenía o afirmaba en ese momento, esa motivación era evitar el inicio de una investigación penal.
“Hoy en día, cuando ellos presentan su acusación, claramente sostienen que no acreditaron la existencia de ese motivo, es más, sostienen que ese motivo no existía, pero de todas formas acusan”, sentenció el abogado.